Las contradicciones de Macri: Dakar sí, Tecnópolis no

Hoy el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el cronograma de cortes de calles, debido a la largada del Rally Dakar. En noviembre, en tanto, se suspendió Tecnópolis por "problemas de circulación".
El Rally Dakar será inaugurado en la Ciudad de Buenos Aires y esto generará innumerables cortes de tránsito. Llama la atención que este evento multitudinario, y que abarca la utilización de varias avenidas porteñas, se celebre sin más inconvenientes, cuando hace unos meses y tras demoras sin sustento Mauricio Macri decidió que Tecnópolis no se llevara a cabo porque la reducción en la circulación iba a afectar a miles de transeúntes.

Repasemos qué afectará el Dakar. Desde ayer, se encuentran interrumpidas las siguientes arterias: hay una reducción de la calzada de la 9 de Julio entre Avenida Santa Fe y Autopista 25 de Mayo (primer carril del lado de Cerrito y primer carril del lado de Carlos Pellegrini), limitada la calzada 9 de Julio entre Avenida Corrientes y Perón (primeros tres carriles del lado de Cerrito y 3 primeros carriles del lado de Carlos Pellegrini), reducida la calzada Plazoleta central de 9 de Julio entre Lavalle y Tucumán (primer carril central del lado de Cerrito y primer carril central del lado de Carlos Pellegrini), limitada la calzada Plazoleta central de 9 de Julio entre Sarmiento e Hipólito Yrigoyen, primer carril central del lado de Cerrito (Lima) y carril central del lado de Carlos Pellegini (Bernardo de Irigoyen), será perjudicada la calzada 9 de Julio entre Plaza de la República y plazoleta triangular central (2 carriles centrales en ambas manos).

Además, habrá corte total de circunvalación de la Plaza de la República lado sur. Por otro lado, a partir de la jornada de ayer comenzó el vallado desde av. del Libertador y Cerrito hasta avenida Corrientes, dejando las bocacalles libres. En tanto, desde mañana a partir de las 10 se cerrará totalmente el tránsito en la Avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Perón, con el cruce por Perón y Mitre liberado, sin ingreso a la 9 de Julio.

También, mañana a las 20:00 habrá corte total de calle Cerrito, entre Av. Corrientes y Perón, y a las 22:00 corte total de Bartolomé Mitre entre Diagonal Norte y 9 de Julio, se producirá una reducción de calzada de Diagonal Norte entre B. Mitre y Plaza de Mayo (2 primeros carriles), y una reducción de calzada de Avenida de Mayo entre Plaza de Mayo y 9 de Julio. Habrá armado de vallados en 9 de Julio entre Avenida Corrientes y Tucumán (con cortes transversales).

Macri ya se olvidó de Tecnópolis

El gobierno de la Ciudad, comandado por Mauricio Macri, fue quien no autorizó la instalación de la muestra Tecnópolis que se iba a desarrollar este año durante diez días, del 19 al 28 de noviembre. La muestra de tecnología y ciencia debía realizarse en trece hectáreas en Recoleta, abarcando desde Retiro hasta la calle Tagle.

"Cómo pueden pensar que pueden cortar el tránsito en esa zona", había dicho Macri y agregó: "No se puede hacer la muestra Tecnópolis a costa de mortificar la vida a millones de personas", manifestó el mandatario comunal. La justificación fue que por un problema de circulación vehicular la muestra debía cancelarse.

Macri y sus funcionaros sostuvieron que los prohibición de manejar por esa zona se iba a producir alrededor de 40 días, sin embargo desde el gobierno nacional confirmaron que los cortes de circulación en la avenida Figueroa Alcorta serían totales sólo el fin de semana del 20 al 22 de noviembre. Pese a esto, el jefe de gobierno porteño, se negó a autorizar ese predio y presentó otras alternativas, que por un problema de insfraestructura, eran imposibles de usar, según anunciaron desde Nación.

DiarioRegistrado.com, miercoles 29 de diciembre de 2010

Legislatura porteña: no hubo acuerdo y se cayó el Presupuesto 2011

El intento fracasó por la falta de acuerdo entre los bloques parlamentarios y ante la negativa de las fuerzas antimacristas de votar un aumento de impuestos planteada por el Ejecutivo y la proyección de gastos calculada para el año próximo, a la que consideraron "electoralista y vergonzosa".

La sesión extraordinaria, convocada para tratar el paquete de leyes que contempla el Presupuesto, la tributaria y la de Código Fiscal, se reanudará a las 17 del lunes 27, según decidieron la mayoría de los bloques en los primeros minutos de hoy.

La postergación fue motorizada por el PRO, al ver que no alcanzaba con las manos alzadas para aprobar, por un lado, el proyecto que incluye la suba del ABL y de Ingresos Brutos, que requiere de 31 votos; pero tampoco para sancionar el proyecto de Presupuesto General de Gastos para el 2011, que demandaba una mayoría simple de los presentes.

En ese marco, los bloques de Encuentro Popular para la Victoria, Proyecto Sur y el MST se manifestaron en contra del cuarto intermedio, con el objetivo de proseguir en el debate y llegar a la votación del paquete de leyes, a sabiendas que, hasta el levantamiento de la sesión, no reunía los votos necesarios.

En ese sentido, el legislador kirchnerista Juan Cabandié tildó de "vergonzosa" a la proyección presupuestaria diseñada por la administración de Mauricio Macri, calculada en 25.500 millones de pesos, "porque no atiende las cuestiones más sensibles de la Ciudad que más requieren de la presencia del Estado, pero tampoco atiende las cuestiones de la clase media".

En sintonía, Gonzalo Ruanova, de la bancada Nuevo Encuentro, añadió que "es imposible votar un presupuesto de un gobierno que prioriza los gastos burocráticos, y que no invierte en infraestructura y mantenimiento de áreas fundamentales que la ciudad y sus ciudadanos necesitan".

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya calificó el proyecto en debate como un "presupuesto claramente electoralista".

"La concepción del presupuesto del bloque Proyecto Sur es muy diferente a la propuesta oficialista. Para nosotros representa una inversión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos propiciando la distribución de la riqueza y no un gasto que debe ser recuperado", dijo Jorge Selser, del espacio que responde a Fernando "Pino" Solanas.

En tanto, la falta de entendimiento entre las fuerzas parlamentarias también está supeditada a la imposibilidad de acordar los tres representantes de la Legislatura porteña ante el Consejo de la Magistratura, cuya terna debe ser votada por el pleno del cuerpo a la brevedad, dado que el mandato de sus antecesores caducó.

Para ello, cada bloque parlamentario presentó, semanas atrás, sus postulantes y suplentes, de entre los cuales deben salir los integrantes del Consejo, lo que despertó roces entre las bancadas opositoras en pugna para ocupar esos lugares.

Sin embargo, los bloques de la oposición sí coincidieron en rechazar el aumento de la tasa de ABL, que el Ejecutivo planeaba incrementar hasta 30 por ciento, previsto dentro de la ley tarifaria para 2011.

"El Presupuesto 2011 no debe tener otro objetivo que el de mejorar la calidad de los habitantes de la Ciudad, sin salirnos bajo ningún punto de vista del sendero que nos conduce hacia nuestro principal objetivo político: reducir la notoria brecha socio-económica existente", dijo el macrista Alvaro González, miembro del bloque PRO a cargo de informar el proyecto.

Diario Z, Jueves 23 de diciembre de 2010

revista Barcelona, diciembre 2010

Aseguran que la gestión de Macri “discrimina a las minorías”

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad elaboró un durísimo informe que denuncia “graves deficiencias en materia humanitaria” en la actual gestión de Mauricio Macri en Buenos Aires.
Muchas de las tendencias señaladas en el Informe 2009 han sido profundizadas, transformándose así en claras políticas de gestión que profundizan el estado de vulneración social en el que se encuentran miles de habitantes de la Ciudad”, sostiene el informe presentado.

Asimismo, se agrega que el tipo de gestión “une desde las tercerizaciones en el área educativa hasta el intento de aplicación de las neopicanas Taser por parte de la flamante Policía Metropolitana, logrando una red cuyo resultado es el extendido incumplimiento de la Constitución de la Ciudad que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar la protección de los derechos humanos”.

El cuestionamiento más grave se da sobre las áreas de salud y educación; el informe señala que existe “desidia en las instituciones que componen el sistema metropolitano de Salud Pública en beneficio de empresas privadas” y “métodos deslegitimadores de la escuela pública”; además del “traslado de gran cantidad de recursos públicos hacia instituciones privadas, delegando lo indelegable, aquello que constituye obligaciones del Estado” o el “afianzamiento de mecanismos de expulsión de sectores de alta vulneración social hacia otras provincias”.

Otra de los cuestionamientos se da sobre la “discriminación a las minorías” que ejerce el Gobierno de Macri, y que se vio con claridad en sus manifestaciones xenófobas en ocasión de la ocupación del Parque Indoamericano.

Macri y los peligros de la xenofobia

Mauricio Macri aseguró que la ocupación en Villa Soldati no se produjo por falta de políticas de vivienda. En su lugar, le echó la culpa a “todo este avance de la inmigración ilegal, donde se oculta el narcotráfico y la delincuencia”. El jefe de Gobierno dejó en claro que su posición es no negociar con los ocupantes del Parque Indoamericano, aunque el miércoles había dicho que iba a dialogar. En cambio, le reclamó a la presidenta Cristina Fernández que “vuelva a mandar a la Policía Federal y terminemos el trabajo que habíamos comenzado”. El gobierno nacional le respondió que era su responsabilidad. Desde distintas partes del arco político, lo acusaron de xenófobo y la embajadora de Bolivia le exigió que se disculpara. A la noche, un grupo de vecinos de Lugano atacó a los ocupantes al grito de “bolivianos, váyanse”. Los incidentes duraron varias horas. A la madrugada, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, anunció que terminaron con otro muerto y tres heridos de bala.

Voceros de la Metropolitana indicaron que la nueva persona muerta no llegó por el SAME, sino en un auto particular (suponen que era un remise), con una herida de bala. La persona no tiene documentos, por lo que iba a demorar su identificación. “No se sabe si era un ocupa, un vecino o producto de otro problema de la villa”, indicó un funcionario porteño.

La ocupación comenzó el martes. El gobierno porteño buscó y consiguió una orden judicial para desalojarlos en un operativo conjunto entre la Federal y la Metropolitana. El intento de sacarlos concluyó con una represión violenta el martes por la noche. Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 22 años y Rosemary Churapuña, boliviana, de 28 años, fueron asesinados por balas de plomo. Los proyectiles que retiraron de los cuerpos pueden provenir de escopetas de la policía o bien de “tumberas”, de fabricación casera. Sus familiares sostienen que fueron asesinados por la policía. Además, hubo decenas de heridos –entre ellos, una bebe– y un joven, Emanuel Ríos, estuvo desaparecido 24 horas. El gobierno nacional separó a los responsables del operativo.

El miércoles, los funcionarios macristas iniciaron una mesa de diálogo con los vecinos y luego concurrieron a una audiencia citada por el juez Roberto Andrés Gallardo. El magistrado, además, allanó la sede de la Metropolitana y el departamento central de la Federal y ordenó que Gendarmería hiciera un cerco en torno al parque para que no ingresara más gente. El gobierno nacional planteó que debía ocuparse la Metropolitana. Ayer, cientos de nuevos ocupantes llegaron al parque. Y, sobre la noche, un grupo de vecinos los atacó con piedras, palos e incluso con armas de fuego.
Contra el inmigrante

El primer día, con cautela, el jefe de Gobierno siguió en silencio los hechos y eligió no salir a hablar, ni mostrarse en el lugar, como había hecho ante los derrumbes. Ayer, optó por hacer una conferencia de prensa donde dio un giro de 180 grados: del diálogo con los ocupantes pasó a decir que no tiene pensado negociar “con personas que cometieron un delito”. Una posición con la que no concordaban varios de sus ministros.

A la conferencia en Bolívar 1 concurrió casi todo el gabinete, junto con la ex vicejefa Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, quien había anticipado la estrategia por la mañana: “Hay una lógica perversa que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar terrenos”, sostuvo el jefe de Gabinete porteño. “Hay una ley muy permisiva respecto de la migración: viene la gente y al poco tiempo de estar en la Argentina, usurpa y después viene Gallardo que obliga al Estado a dar una vivienda. Tenemos que cortar eso”.

Macri salió con el rostro adusto, aunque menos tenso que cuando lo procesaron por las escuchas ilegales. Su estrategia, de entrada, fue trasladarle la responsabilidad al gobierno nacional. “Lamentablemente, retiró la Federal. No hace respetar la ley y tiene una visión hipócrita”, acusó. El líder de PRO se ocupó de acicatear los prejuicios que existen en un sector de la sociedad: cargó contra “una inmigración descontrolada, combinada con narcotráfico y mafia”. “Tenemos que pararla, sancionemos leyes que eviten esta situación. En estos momentos, hay que demostrar coraje”, se infló. Citó, incluso, el ejemplo de Brasil, donde se combate a los narcos con el Ejército. “Delincuentes usufructúan de la desesperación de la gente que necesita una vivienda. En su desembarco, toman control de sectores de la ciudad, como las villas”, aseguró. “Todos los días llegan cien, doscientas personas de la mano del narcotráfico y la delincuencia”, se alarmó Macri, quien sostuvo que “tenemos derecho a saber quiénes son”.

Desde distintos sectores del arco político, lo cuestionaron por xenófobo y la discusión se trasladó a la última sesión de la Legislatura, donde los opositores presentaron proyectos de interpelación para que concurra un abanico de funcionarios macristas. La sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes (ver página 4).
Y con la Federal

“Quiero pedirle a la señora Presidenta que trabajemos juntos. No podemos seguir expuestos a una inmigración descontrolada y al avance del narcotráfico”, aseguró Macri. “Tiene que mandar la fuerza pública y desalojarlos. No podemos darles plata a los que cometieron un delito. Esto se tiene que acabar”, exigió. “No podemos permitir que se loteen los terrenos. No lo vamos a legalizar. Pongamos límites al avance de la delincuencia”, remarcó Macri, quien advirtió que “ante el pedido de agua y alimentos, les dijimos que están abiertos los comedores. No es excusa.” La ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, lo contradijo: afirmó que están cumpliendo con la orden judicial de repartir agua y raciones.

Hubo dos temas que Macri esquivó lo más posible: los asesinatos y la política habitacional. A los muertos, sólo se refirió brevemente: “Lamento las dos muertes, pero no tienen que ver con el desalojo. Fueron con armas tumberas”, afirmó. El jefe de Gobierno esquivó una pregunta sobre si el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) ejecutó sólo el 18 por ciento de su presupuesto. “Pareciera que la ciudad tiene que resolver los problemas de los países limítrofes”, se quejó.

Tras la conferencia de Macri, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le contestó a Macri que sus planteos “son de una Argentina que pasó hace muchos años”. Consideró que tuvo un gesto “xenófobo y descalificador” y que lo que dijo fue “un espanto”. “Se parecen mucho al orden que reclamaba Duhalde a los argentinos desde los Estados Unidos”, sostuvo. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, defendió la llegada de inmigrantes y dijo que “vienen a ayudar al crecimiento de la Argentina”. “Pareciera que los problemas de la ciudad se resuelven si no vienen más peruanos, paraguayos, bolivianos o uruguayos”, advirtió. Sobre el reclamo de desalojo, el ministro de Justicia, Julio Alak, le respondió que la Policía Federal entregó el predio sin ocupantes a la Metropolitana y que es responsabilidad de la Ciudad mantener la guarda del lugar

Pagina/12, viernes 10 de diciembre de 2010

Macri: “Reconozco la incapacidad de la Ciudad en esta situación”

POR ALGO SE EMPIEZA... FALTA QUE RECONOZCA LA INCAPACIDAD EN POLITICAS EDUCATIVAS, DE SALUD, DE VIVIENDA, POLITICAS DE COMO EJECUTAR UN PRESUPUESTO, ETC ETC ETC...

Diario Clarin, 10 de diciembre DE 2010

El jefe de Gobierno porteño volvió a reclamar al Ejecutivo Nacional trabajar en conjunto para resolver el tema. “Si tuviera la Federal a cargo, daría la orden de desalojo”, afirmó.
El jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, aseguró hoy que "si tuviese la Policía Federal" a su cargo, "daría la orden de desalojo del parque" Indoamericano, usurpado por más de 200 familias.

"Reconozco la incapacidad que tiene la Ciudad para administrar esta situación porque no tiene una fuerza policial al nivel del conflicto que estamos manejando", indicó el mandatario comunal.

En declaraciones radiales, el jefe de Gobierno dijo que tomó la decisión de “no pagar más con la plata de los vecinos a gente que viene a usurpar” y agregó que de continuar con este tipo de situaciones “nos vamos a terminar de destruir en un mar de violencia”.

“Con inmigración descontrolada no se puede. Acá había un discursito muy lindo, que se le ha dicho (a la gente) que venga a la Ciudad de Buenos Aires que les damos salud, educación y vivienda gratis. Dejemos de tener ese discurso“, afirmó el jefe comunal.

Macri reveló además que ayer habló por teléfono con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, para comunicarle que "necesitaba hablar" con Cristina Fernández "por este tema, que era muy grave. Necesito que trabajemos en conjunto para resolverlo".

Trabajadores del Colón repudiaron las sanciones del Ejecutivo porteño

Más de 180 músicos de las orquestas Estable y Filarmónica del Teatro Colón se manifestaron hoy al mediodía en adyascencias del coliseo para repudiar las sanciones a 60 trabajadores por parte del Ejecutivo porteño.

También estuvieron presentes miembros del Ballet y el Coro del Colón, quienes a través de la Asociación de Trabadores del Estado (ATE) están reclamando el cumplimiento de un aumento del sueldo de bolsillo del 40 por ciento y la quita de las sanciones.

Según José Piazza, delegado general de los trabajadores del Teatro, un plenario de ATE Capital, Provincial y Nacional podría decidir un paro nacional en repudio de las medidas tomadas por el director del Colón, Pedro Pablo García Caffi, y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, con el apoyo del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

En conversación con Télam, Piazza estimó en alrededor de 400 los trabajadores del Colón presentes en el acto y, como anécdota, contó que muchos de los músicos actuantes tuvieron que tocar parados por la falta de sillas.

El delegado contó que los músicos "se las arreglaron" para tocar con las pocas partituras disponibles y destacó que hubo un fallo favorable en la Justicia acerca de las pésimas condiciones del piso del escenario denunciadas por miembros del Ballet, algunos lesionados.

Denunció asimismo la "desaparición" de objetos y materiales del Teatro, así como de la valiosa documentación acumulada durante un siglo -que incluía los programas de mano con invaluable información- y perdida durante la administración macrista.

El viernes pasado, García Caffi había calificado a los trabajadores del Colón que responden a ATE de "piqueteros" y dijo que la organización gremial tenía como único objetivo impedir el funcionamiento del Teatro.

Escrache de los trabajadores de SBASE

Con tropiezos, se inauguró la estación Corrientes, o lo que los grandes medios omitieron contar

El jefe de Gobierno asistió al acto junto a casi todo su Gabinete, aunque se retiró antes de que terminara. También estaba presente Aníbal Ibarra. Empleados de SBASE reclamaron el pase a planta permanente mientras se pronunciaban los discursos alusivos.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, inauguro la estación Corrientes de la línea H. Al acto, que contó con juegos de luces y bailarines de tango, concurrió casi todo el Gabinete de la Ciudad, legisladores, personal y directivos de Metrovias y contó con la presencia del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, invitado en calidad de legislador. Luego de dirigirse brevemente a la prensa, Macri subió al entrepiso en uno de los ascensores y se retiro del lugar subrepticiamente tras lo que Ibarra acaparo la atención mediática

Los funcionarios restantes subieron al lobby sur de la estación, en donde se había montado un escenario junto a uno de los murales. Allí, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, pronunció un discurso en donde se recordaron las obras en marcha en la red y las que se adjudicarán a fin de mes para la línea H. Enfatizó además la importancia del Subte para la Ciudad y la necesidad de que se avance con la construcción de las líneas F y G, esta última en tratativas con empresas chinas.

A continuación, hizo uso de la palabra el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain, quien fue interrumpido en medio de su alocución por una manifestación de empleados de SBASE en la que reclamaron aumento de salarios y la pronta incorporación a planta permanente de los contratados.

Afuera quedaron militantes de Proyecto Sur, que se habían movilizado hasta el lugar en apoyo al gremio de SBASE. Chain terminó su discurso, visiblemente molesto por la situación, e inmediatamente se apagaron las luces del escenario sin siquiera descubrir la placa conmemorativa. A esa altura, el acto había sido frustrado y Macri ya no estaba presente en la estación para dirigirse a la concurrencia.

Contra la inseguridad, buscan cerrar con rejas todo un barrio

UNA MAS DE MAURICIO Y VAN... SI NO PODEMOS LUCHAR CONTRA LA INSEGURIDAD POR LO MENOS ESCONDAMOSLA. HAY OTRAS MEDIDAS MAS IMPORTANTES ANTES QUE METER ENTRE REJAS A LOS VECINOS. EJEMPLO: HAY VECINOS QUE NO CUENTAN CON GAS NATURAL, USAN GARRAFA. LA ILUMINACION ESTA EN FALTA HACE UN TIEMPO LARGO, CORTAR EL CESPED PARA EVITAR EL DENGUE. SI BIEN ESTAS MEDIDAS NO ACABAN CON LA INSEGURIDAD POR LO MENOS PERMITEN A LOS VECINOS SENTIRSE GENTE. Y POR ULTIMO, POR QUE LA METROPOLITANA EN VEZ DE ESTAR EN LA ZONA DE VILLA URQUIZA NO LA MANDAN A LOS BARRIOS DEL SUR? SERA UNA CUESTION ELECTORALISTA? SERIAN APENAS 16000 VOTOS CONTRA MAS DE 100.000?


Infobae, 27-11-2010

Se trata del barrio Piedrabuena viejo, en Villa Lugano, donde los vecinos se quejaron por los robos que recrudecieron en esa zona . La iniciativa fue pedida por la directora del CGP 8 y publicada en el Boletín Oficial. La construcción del cercado demandará 150 mil pesos

Un barrio en la Ciudad de Buenos será enrejado por los seguidos robos que se incrementaron en la zona, tras las constantes denuncias realizadas en el lugar.

La medida fue pedida por la directora del Centro de Gestión y Participación número 8, Eva Ferraro, ante "la necesidad de preservar a los vecinos de actos de pillaje y hurto", y publicada ayer en el Boletín Oficial.

El enrejado será en seis manzanas de ese barrio, en la zona que da a la avenida Castañares, justo enfrente donde la Fundación Madres de Plaza de Mayo levanta un complejo habitacional de 780 viviendas para gente de muy bajos recursos que viven en diferentes villas aledañas.

El monto que se asignó para este proyecto es de 150.000 pesos, para implementar portones de acceso peatonal y vehicular a lo largo de ese perímetro.

Los vecinos se habían quejado en reiteradas ocasiones por la ola de robos, lo que provocó además el descenso en el valor económico de esas casas pintorescas, ya que en muchos casos las mismas bajaron a casi la mitad del precio que originalmente pedían.

Norberto, uno de los habitantes del barrio, reclamó mayores medidas de seguridad y se quejó porque unos delincuentes rompieron una sala de primeros auxilios que atiende a los habitantes y que por ese motivo hace días que está cerrada.

"Esto así no va más, pedimos que haya mayor control, seguridad, no se puede vivir así", sostuvo este hombre.

El barrio donde las torres no se rinden

Pese a que una ley prohíbe construcciones superiores a doce metros de altura, el gobierno no rechazó los pedidos realizados con anterioridad para construir torres. Los vecinos temen que las autoricen por supuestos “derechos adquiridos”.

Los vecinos de Villa Pueyrredón lograron en mayo la aprobación de una ley que limita la altura de las nuevas construcciones en el barrio, pero el fantasma de las torres sigue vigente. Es que aún están pendientes de resolución trece pedidos de permiso de obra para construir edificios de diez pisos de altura. Esas solicitudes habían sido hechas antes de la sanción de la ley y, si bien los inversionistas no hicieron otro gasto que la compra del terreno, en distintas áreas del gobierno porteño ya hablan de “derechos adquiridos”. Los vecinos aseguran que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, les había prometido que en el barrio no se otorgarían nuevos permisos de obra. Pero como los permisos no fueron denegados, después de tanto tiempo, temen que esa palabra no se cumpla.

“Cuando hay daño ambiental no hay derecho adquirido que valga”, advierte a Página/12 Abel De Grande, uno de los vecinos de Villa Pueyrredón perjudicados por la proliferación de edificios de altura: su casa quedó justo al lado de una torre y uno de los nuevos permisos solicitados es para el terreno que da a la otra medianera. “Si se aprueba, mi casa quedaría encajonada entre dos edificios”, afirmó.

La zona afectada tiene como eje a la calle Salvador María del Carril, una arteria que hasta hace poco se caracterizaba por un perfil de casas bajas, en un barrio donde abundan los pasajes. Los vecinos iniciaron la protesta el año pasado, cuando vieron que el auge de la construcción y los negocios inmobiliarios habían llegado hasta el barrio, con la construcción de unos treinta nuevos edificios de altura.

Los vecinos recurrieron primero a la Justicia. Después de obtener una respuesta negativa a un recurso de amparo, lograron un fallo favorable a una presentación que encabezaron los diputados Rocío Sánchez Andía, Eduardo Epzsteyn, Juan Cabandié y Adrián Camps. El fallo de la jueza Andrea Danas, del 27 de abril de este año, ordenó “la suspensión del otorgamiento de permisos de obras nuevas”. De acuerdo con esa sentencia, el Gobierno de la Ciudad no debería autorizar ninguno de los pedidos realizados.

Días después, el 13 de mayo, la Legislatura aprobó por unanimidad una ley que limita a 12 metros la altura máxima de las nuevas construcciones sobre Del Carril, desde Campana hasta Constituyentes, y sobre La Pampa, hasta Burela. Se trata de la ley 3447, publicada en el Boletín Oficial en junio. Cinco meses después, las trece solicitudes de permisos presentados antes de la sanción de la ley siguen pendientes de resolución.

Ante una consulta de Página/12, en el Ministerio de Planificación y Desarrollo Urbano porteño –donde la Dirección de Registro de Obras y Catastro debe decidir si se autorizan o no las construcciones– explicaron que “los trece expedientes fueron girados en consulta a la Procuración General para definir un criterio”. Pero tanto en ese ministerio como en la Procuración, los vecinos escucharon hablar de los supuestos “derechos adquiridos” de los inversores que iniciaron sus trámites antes de la sanción de la ley, aunque hasta ahora no hayan comprado ni un ladrillo. De los trece trámites, sólo uno fue iniciado este año, otro comenzó en 2007 y los once restantes corresponden al año 2009.

“Sabemos que este estado de indefinición puede durar años y que, tal como ocurre actualmente en Caballito, después de más de dos años de promulgada una ley, comienza la construcción de nuevos edificios burlando la lucha vecinal y la voluntad expresada por la Legislatura”, manifestaron los vecinos a través de un comunicado.

El 18 de octubre último los vecinos de Salvemos al Barrio le presentaron al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, una nota en la que solicitan que “arbitre las medidas necesarias para que las nuevas construcciones se adecuen a la nueva zonificación, dispuesta por la ley 3447”.

“Que se edifiquen torres en una zona en la que han sido prohibidas repetiría los mismos perjuicios y reclamos por los que hemos gestionado todo este tiempo”, expresa el petitorio que los vecinos le entregaron a Macri.

“No estamos en contra de las construcciones –concluye De Grande–, pero queremos que se respete nuestro derecho a una vida digna.”

BLOQUEAN LLAMADAS A TELEFONOS MOVILES EN ESCUELAS Y HOSPITALES PORTEñOS

La insólita medida, adoptada por el Ministerio de Hacienda, priva a los docentes de comunicarse con los padres de alumnos ante una emergencia. El gobierno negó lo evidente, aunque dice que quiere evitar abusos y ahorrar seis millones.

Desde ayer, los maestros que necesiten comunicarse con los padres de algún alumno por razones de emergencia no pueden hacerlo llamando a un teléfono celular. Ese impedimento, que sorprendió a los docentes de numerosas escuelas del sur de la ciudad, obedece a una medida del gobierno porteño, que ordenó bloquear las comunicaciones a equipos móviles, para reducir costos. Las llamadas a celulares son, en muchos casos, la única forma que tiene la escuela de ponerse en contacto con las familias, ya que son miles los hogares en la ciudad que carecen de servicio de telefonía fija. Los directores de los establecimientos tampoco pueden resolver otras emergencias, llamando a los arquitectos de Infraestructura o a la supervisora del distrito escolar. La denuncia llegó a la Defensoría del Pueblo, cuya Area por el Derecho a la Educación presentó pedidos de informes al Ejecutivo y a la empresa Telefónica de Argentina. Los gremios UTE y Ademys y legisladores de la oposición se sumaron a las denuncias y reclamaron el restablecimiento del servicio.

“La medida no sólo alcanzó a las escuelas, sino a hospitales y al Consejo de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes”, dijo a Página/12 el titular del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría, Gustavo Lesbegueris, quien desde las primeras horas de ayer recibió en su oficina los llamados indignados de los directores de las escuelas afectadas.

Uno de ellos fue el de Bettina D’Angelo, de la Escuela Especial Nº 1, ubicada sobre la calle Emilio Mitre, en Parque Chacabuco, donde estudian 166 alumnos en tres turnos, todos con discapacidades mentales. “Es habitual que necesitemos comunicarnos con los papás, por alguna emergencia. Tenemos alumnos con severos trastornos de la personalidad y en el 80 por ciento de los casos el celular es la única manera de comunicarnos con la familia –dijo la directora a este diario–. Tampoco me puedo comunicar ahora con el chofer del micro que lleva a los chicos a Ciudad Oculta, ni con los arquitectos de Infraestructura, por alguna emergencia, ni con la supervisora, fuera del horario de oficina”, puso como ejemplo.

Enrique Samar, director de una escuela del Distrito 11, relató que “en la 24 un chico sufrió un accidente y no pudieron avisar a los padres”. Y adelantó que los directores “vamos a hacer presentaciones hasta que restablezcan el servicio”.

En el Gobierno de la Ciudad dieron una explicación que no resiste el análisis de un niño de salita de cinco: “No se cortó ningún servicio, sino que se implementará un nuevo sistema para que las llamadas a celulares salgan a través de un conmutador. La comunicación saldrá desde un número de celular, con lo que costará cinco veces menos”, dijo a este diario, con una dosis de pudor, un vocero del Gobierno de la Ciudad. La pregunta obvia de por qué no se instalaba primero el conmutador y luego se bloqueaba el servicio, no pudo ser contestada por la fuente. Lo que sí precisó es que a través de este mecanismo se intentará reducir el gasto en llamadas de este tipo de 16 a 6 millones de pesos por año.

Lo cierto es que la operadora automática de Telefónica de Argentina desmentía una y otra vez la versión oficial. “La línea se encuentra bloqueada para la comunicación que usted intenta realizar”, repetía la voz grabada ante cualquier intento.

Lesbegueris también recibió llamadas con denuncias desde los hospitales Piñero y Alvarez y desde el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde el 112 de Telefónica le confirmaron que el pedido de bloqueo había sido efectuado desde el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad el 10 de noviembre último, “para cuatro mil números telefónicos” y se hizo efectivo el sábado 20. Las consecuencias se hicieron visibles ayer, primer día hábil después del fin de semana largo.

Desde el área de comunicaciones de Telefónica se negaron a confirmar la noticia, por razones de “respeto a la privacidad del cliente”. De confirmarse el bloqueo de cuatro mil números, se excedería largamente las sedes educativas, que comprenden 790 edificios con más de un millar de unidades educativas. Tras un llamado a Telecom, la Defensoría comprobó que a esa empresa no se le había hecho igual requerimiento, por lo que en principio el bloqueo afectaría a las escuelas del sur de la ciudad.

El legislador Francisco “Tito” Nenna advirtió que nadie en el Ministerio de Educación porteño había sido informado sobre la insólita medida de ahorro. Nadie lo desmintió. “Esto demuestra la falta de conexión entre los ministerios, producto de la acefalía por la que atraviesa la Ciudad”, dijo. Por su parte, el diputado Eduardo Epzsteyn presentó un proyecto de pedido de informes.

“Ni en la luna de miel deja de atacar a la escuela pública”, ironizó el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López. “Evidentemente los teléfonos son un problema para el jefe de Gobierno”, remató.

“Parece que Macri se excedió en los gastos de su boda y como siempre ajusta en la educación –agregó Manuel Gutiérrez, secretario general de Ademys–. Hacemos responsables directos al ministro de Educación y al jefe de Gobierno por las consecuencias que podría acarrear esta medida, cuando este medio de comunicación se utiliza para comunicarse con la mayoría de los padres ante una emergencia”, advirtió.

Según la explicación oficial, la medida se adoptó a partir de la hipótesis de que en las escuelas se hace un uso desmedido de las llamadas a celulares. “Mediante el nuevo sistema, quedarán registradas en el conmutador las comunicaciones a celulares. El objetivo es que sean una herramienta de trabajo y no para uso personal”, argumentó la fuente.

Desde la Defensoría del Pueblo se elevaron ayer tres pedidos de informes: uno al Ministerio de Hacienda, otro a Educación y el tercero a Telefónica de Argentina. “Hicieron lo mismo que cuando les sacaron los subsidios a las cooperadoras o cortaron las becas a los estudiantes secundarios –comparó Lesbegueris–: ante la sospecha de que hay una irregularidad, primero quitan el derecho, mediante una medida compulsiva y autoritaria, y luego investigan.”

Pagina/12- miercoles 24 de noviembre de 2010

Casi se nos va en pleno casamiento

Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño e imitador profesional de Freddie Mercury, sufrió durante su casamiento un ataque de asfixia cuando se tragó por accidente el bigote que había comprado para deleitar a los presentes con una nueva imitación del líder de Queen.

Todo sucedió cuando, en el medio de la fiesta, el ex presidente de Boca Juniors se subió al escenario para regalarle a su flamante mujer, la diseñadora textil Juliana Awada, un mini recital. ¿El primer tema? Something, el clásico de The Beatles escrito por el difunto George Harrison.
Luego, llegaría el susto. “Acá ha venido mi amigo Freddie para cantarme algo”, anunció el líder del PRO quien con un simple movimiento logró ponerse el bigote postizo y sorprender, una vez más, a todos los presentes.

Lo que sucedió después logró alterar a la multitud. Según relató Jorge Rial, desde su cuenta en la red social Twitter, en el medio del primer tema, Macri quiso tomar aire y, por accidente, se tragó el bigote.

La música se detuvo y el político comenzó a ahogarse lo que provocó pánico entre todos los presentes. Por suerte para Mauricio, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, se apresuró y le practicó el protocolo de socorrismo.

Pero nada de eso funcionó y el funcionario le recomendó que hiciera el esfuerzo y se tragara el bigote. Con un poco de agua, el jefe de Gobierno porteño finalmente logró aliviarse y volver a la fiesta.

Juliana Awada: dime con quien te casas y te dire quien eres

Tal como fuera publicado en la revista noticias del 6 de marzo " Juliana Awada: denunciada por trabajo esclavo" y en una de las notas de tapa del diario Crónica del domingo 7 de marzo "El glamour puede tener su lado negro", la Alameda vienen denunciando a la firma Awada desde octubre del 2006 antes Juzgado Federal y ante el Ministerio de Trabajo por basar su producción en talleres clandestinos, donde se explota brutalmente a migrantes indocumentados por una paga miserable y donde existe además presumiblemente el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La primer denuncia realizada por la Alameda contra la firma Awada en la que se la acusa de violar la ley de migraciones (art 117 a 121) y la ley de trabajo a domicilio (art 4, 35 y 36) en los talleres donde confeccionan sus prendas y de los cuales es solidariamente responsable, se realizó el 18 octubre ante la fiscalia federal de Patricio Evers e inmediatamente después recayó en la megacausa que en aquel entonces administraba el Dr Oyarbide.
A principios de marzo de este año, el costurero Osvaldo Martín Garcia denuncia un taller clandestino de planchado y estampado que trabaja para varias marcas, entre las cuales se encuentra Awada. Garcia denuncia que trabajaba en pésimas condiciones de salubridad e higiene, extensas jornadas de trabajo y por una paga miserable muy por debajo del convenio colectivo; que entre sus compañeros varios estaban indocumentados y vivían miserablemente en el taller y que su propia esposa tuvo que trabajar hasta las vísperas del parto por cesarea. Este taller está ubicado en Virasoro 1638, Villa Crespo, Capital Federal y según el costurero denunciante nunca fue inspeccionado como corresponde.
Juliana Awada ha sido varias veces denunciada (prima de Daniel Awada denunciado por el gobierno anterior y la Defensoria por trabajo esclavo de su firma Cheeky en enero de 2007) y es la actual novia del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. El mismo Jefe de Gobierno que incumple la ley de trabajo a domicilio y que NO HA ENCONTRADO A UNA SOLA MARCA USANDO TALLERES CLANDESTINOS desde que asumió, cuando el gobierno anterior había denunciado penalmente a 35 y la Defensoría del Pueblo a más de 60. El Jefe de Gobierno tanto en su vida pública como privada demuestra una coherencia intachable: en todos los casos encubre y se niega a denunciar y sancionar la utilización de talleres clandestinos con trabajo esclavo por parte de las marcas.

Fuente: Argentinaahoraonunca.blogspot.com

Denuncian a Macri por irregularidades en la licitación de las ART

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti; y el titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ejecutivo de la Ciudad, Lisandro Greco, fueron denunciados hoy por "la posible comisión de los delitos de cohecho y violación de los deberes de funcionario público".

En una denuncia, a la que Télam tuvo acceso, el legislador porteño Marcelo Parrilli demandó una investigación judicial por la licitación para el Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo (ART), mediante un concurso de precios que "ha sido diseñado de manera tal que favorece, por sobre cualquier otro posible oferente, a una empresa aseguradora específica", en referencia a MAPFRE Argentina.

La acción quedó radica ante el juzgado de instrucción 45, a cargo de la magistrada María Fontbona de Pombo, y en ella se pidió como "medida cautelar" que "a los fines de evitar la consumación del ilícito denunciado se disponga la inmediata suspensión del curso de la licitación".

Según el legislador socialista, el objeto de la licitación "abarca la prestación del servicio de ART a un total de 116.000 agentes cuyas remuneraciones alcanzan a 470 millones de pesos al mes de abril de 2010".

"Se trata de un contrato millonario que causará gran perjuicio al erario público", afirmó Parrilli, quien señaló sus "serias sospechas" que la licitación "ha sido deliberadamente instrumentada para beneficiar al grupo económico" sin fundamentación ya que "las restricciones impuestas inicialmente para la adjudicación fueron reducidas".

Parrilli reclama "las correspondientes pericias contables sobre los antecedentes de la licitación y la incidencia que la misma, de aprobarse, tenga sobre el erario público indicándose, específicamente, los mayores costos con relación a la contratación anterior y los precios medios de mercado" y que se llame a indagatoria a Macri y a sus colaboradores.

Fuente: Diario Z

La Justicia de la Ciudad ordenó reabrir el servicio de zooterapia

La jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar en la que ordena al gobierno la reapertura.
La jueza porteña Elena Liberatori ordenó al gobierno de la Ciudad reabrir el Servicio de Zooterapia, a partir de una denuncia del abogado y dirigente kirchnerista Juan Manuel Di Teodoro.

El Servicio de Zooterapia, que dependía del Ministerio de Salud porteño y se desarrollaba desde hacía 17 años en Parque Roca, fue cerrado por decisión del gobierno de la Ciudad hace aproximadamente dos meses.

El servicio estaba integrado por un equipo de profesionales que, acompañados por un grupo de perros entrenados, trataban a niños con discapacidad mental, motora, física y/o sensorial y diversos trastornos sociales.

Fuente: diario Z, jueves 11 de noviembre de 2010

Macri insiste con privatizar Aerolíneas Argentinas

CREO QUE MAURI DEBERIA LLAMARSE A SILENCIO POR UN BUEN TIEMPO... SI ES PARA SIEMPRE MEJOR. CREO QUE ES EL MISMO MACRI QUE CONTRAJO DEUDA PRIVADA HACE TREINTA AÑOS Y LUEGO FUE EL ESTADO QUIEN ABSORBIO TODO ESO (DEUDA EXTERNA). DE MAS ESTA DECIR QUE MACRI HACE LOBBY JUNTO A LAVAGNA Y UNOS CUANTOS MAS PARA QUE AEROLINEAS VUELVA A MANOS PRIVADAS. Y SI ESTA EMPRESA AUN NO ES RENTABLE ES PORQUE ENTRE OTROS MOTIVOS VIAJA A DESTINOS QUE NADIE QUIERE VOLAR POR NO DEJAR GANANCIAS, DE ESTA MANERA, SI LA EMPRESA ESTATAL NO VIAJARA A ESAS CIUDADES PASARIA A SER UN LUGAR FANTASMA AL QUE MUY POCOS PODRIAN LLEGAR.

DIARIO REGISTRADO.COM, 7-11-10

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, volvió hoy a reclamar al Estado Nacional que reprivatice Aerolíneas Argentinas, al considerar que "no vale la pena que sea" estatal "en las condiciones" que presta el servicio.

En declaraciones radiales, Macri reiteró que los ciudadanos sólo comparten "las pérdidas" de la compañía para que "se divierta" el titular de la empresa, Mariano Recalde. "En estas condiciones, no vale la pena que sea argentina, que sea de todos los argentinos", enfatizó Macri, al analizar las cancelaciones y demoras en vuelos de cabotaje que se produjeron en Ezeiza debido a conflictos entre diferentes gremios.

El privatizador Macri opinó que la compañía careció de previsión ante el cierre del aeroparque Jorge Newbery para su remodelación. "No es una emergencia, hubo todo el tiempo del mundo para organizar esto", dijo, y se quejó al evaluar el cambio de lugar para las operaciones de los vuelos de cabotaje.

El jefe de gobierno porteño reiteró a radio Mitre su crítica contra el déficit de Aerolíneas Argentinas al calcular que, con el dinero que en un año "gasta" la empresa, el gobierno porteño, que él encabeza, urbanizaría "todas las villas de la Capital".

Para finalizar, cuestionó que "todos" los argentinos tengan "que compartir las pérdidas para que Recalde se divierta".

Macri deberá pagar una multa diaria por la paralización de obras en un hospital de Lugano

El Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, deberá pagar una multa diaria de 100 pesos por la paralización de las obras de un hospital público en el barrio Villa Lugano. El castigo fue impuesto por la jueza porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña Elena Liberatori, quien libró un oficio a la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno porteño para que se ponga en práctica la medida. Además, la magistrada le aplicó un embargo de 3.200 pesos al ministro de Salud Jorge Lemus sobre su salario.


El dinero que se retenga a ambos funcionarios deberá ser depositado "en una cuenta que deberá abrirse a tal efecto en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal tribunales, a la orden del juez y como perteneciente a estos autos", según la resolución.

La multa y embargo estarán vigentes hasta tanto el Gobierno "demuestre con el sustento documental pertinente haber tomado las decisiones respectivas para la construcción de las obras correspondientes a la segunda etapa del denominado Hospital Lugano".

El plan para construir un hospital general de agudos en Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo -zona del CGP 8- data de 1986, por una ley de aquel año, pero recién en la gestión de Jorge Telerman (2005-2007) empezaron las obras.


Sin embargo, la construcción del centro sanitario se detuvo en la gestión de Macri y, por eso, un grupo de vecinos de aquellos barrios fueron a la Justicia.

Gracias nestor!!!!

Rodríguez Larreta juntó firmas contra los motochorros

NO SE QUE PRETENDE RODRIGUEZ LARRETA. SI SON GOBIERNO SE SUPONE QUE SON LOS ENCARGADOS DE PREPARAR LAS LEYES Y PROYECTOS QUE SERVIRAN PARA QUE "ESTE BUENO VIVIR EN BUENOS AIRES". PARA QUE JUNTA FIRMAS? PARA QUE LOS MOTOCHORROS SE VUELVAN DELIVERY? PARA QUE CIRCULEN POR LA BICISENDA? ME DIJERON QUE EN EL REINO DEL REVES...

Ciudad1.com
El jefe de Gabinete porteño participó de esta inciativa popular en Recoleta que busca ampliar las medidas aprobadas por la Legislatura para prevenir asaltos.

"Tengo un compromiso con cada madre y padre de la Ciudad para combatir a los motochorros, pero no podemos hacerlo con una ley que es insuficiente. Salimos a la calle a juntar firmas, a juntar fuerzas, para que la Legislatura nos acompañe y así poder conseguir una ley que frene los delitos en moto", expresó Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gabinete de la Ciudad además afirmó: "No podemos perder más tiempo. La seguridad de los porteños así lo demanda. Tenemos que defender la vida, tenemos que proteger a las familias argentinas".

Esta iniciativa popular se realizó en el barrio de Recoleta y fue impulsada por el rabino Sergio Bergman. "Con el apoyo masivo de los porteños vamos a volver a insistir en las leyes que necesitamos para cuidar la vida de nuestras familias", dijo Rodríguez Larreta.

El funcionario participó de la recolección junto con el subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, el director general de Descentralización y Participación Ciudadana, Juan Pablo Graña, y el director del CGPC 2, Facundo Carrillo.

Denuncian al Gobierno porteño por cerrar un servicio de zooterapia

Padres de niños discapacitados reclamaron hoy, en la Legislatura porteña, la “inmediata reapertura” del servicio de zooterapia que la gestión macrista ofrecía hasta hace un mes en el Parque Roca, donde asistían cerca de 500 pacientes. La denuncia fue acompañada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y un grupo de legisladores.

Un grupo de legisladores porteños acompañaron a padres de niños discapacitados que reclamaron hoy, en el Parlamento de la Ciudad, la “inmediata reapertura” del servicio de zooterapia que la gestión macrista ofrecía hasta hace un mes en el Parque Roca, a donde asistían cerca de 500 pacientes

En la conferencia de prensa estuvieron presentes María Elena Naddeo, Raul Puy, Diana Maffía y Jorge Selser. También la defensora adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz. Naddeo, durante su discurso, anunció que presentó, junto a los diputados/as de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Salud Mental, un pedido de informes "donde cuestionamos por qué no se efectivizó el pase a planta permanente a los responsables de este programa, en vez de cerrar el servicio y además por qué no se presentó una propuesta alternativa".

Laura, mamá de Martina, dijo que la Zooterapia le cambió la vida a su hija: "antes no se comunicaba y ahora lo hace y aumentó su lenguaje". "No puedo entender cómo van a cerrar algo que es tan importante para nuestros hijos", agregó.

Susana Olmedo, mamá de Noelia, de 13 años, dijo "no puede ser que cada vez que cambia el jefe de gobierno tengo que luchar para que no cierren el servicio". "Tendrían que venir a decirnos si necesitamos mas terapistas, más elementos, mejores comodidades en vez de cerrarlo", criticó.

Amelia, mamá de Milagros, reflexionó "el mundo de la discapacidad es un gran mundo. La sociedad no nos acepta, no les gusta vernos, no les gusta compartir un ascensor y eso termina carcomiendo la autoestima de los chicos". "Es inmoral que quieran cerrar este servicio, haré todo lo que tenga que hacer para que siga funcionando", terminó.

Desde 1993 se realiza en el Parque Roca esta actividad y, según se informó, uno de los problemas centrales y que ha generado el cierre de este servicio se origina en la resolución del Ministerio de Salud por la cual se exige la restitución de la coordinadora del subprograma de zooterapia, Elsa Szwarcman, a su cargo de base en el hospital Piñero. Szwarcman, por su parte, denunció además una persecución a todo el equipo de trabajo y el robo de historias clínicas. "Ellos -por el Ejecutivo porteño- buscan la forma de quedarse con el espacio".

Los padres denunciaron que actualmente Zooterapia no tiene responsable a cargo, nadie cuida de los animales y el servicio es inexistente por lo que cientos de niños y adolescentes que presenten discapacidad mental, motora, física y/o sensorial se ven perjudicados y sin asistencia.

DENUNCIA DE UNA ONG: No usan el presupuesto para la "Salud Sexual"

La ONG Fundamind denunció que el Gobierno porteño dejó de ejecutar el 70% del presupuesto destinado para el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que busca prevenir el embarazo adolescente. La ONG detalló que no se está cumpliendo la ley y que el índice de adolescentes de 12 a 19 años embarazadas en la Capital argentina ascendió de 7,2% en 2007 a 19% en 2008.

De inquilinos a condenados

La política de desalojos del gobierno de Macri encontró un aliado en la Justicia: un fallo condenó a seis meses de prisión a nueve inquilinos que fueron acusados de usurpar una vivienda en San Telmo. Cinco son madres y uno es un anciano de 77 años.

La Justicia porteña condenó a nueve inquilinos de condición humilde a seis meses de prisión. Les atribuye haber despojado de su vivienda en el barrio de San Telmo a un hombre de origen japonés que se considera un linyera. La información, que se desprende del fallo de la jueza María Luisa Escrich, parece un escarmiento contra las usurpaciones que se producen en la ciudad de Buenos Aires. Pero es mucho más que eso. Resulta un precedente jurídico contra las personas sin techo que ni siquiera alcanzan a pagar una pieza de hotel y subalquilan casas de dudosa habitabilidad. Cinco madres –una, por tener antecedentes, deberá cumplir la pena en la cárcel–, un anciano de 77 años, un desocupado, un obrero panadero y un mensajero son los acusados. Diez niños viven con ellos en el caserón de Chacabuco 630, todos hijos de las condenadas, que en su mayoría trabajan como empleadas domésticas. Escrich, basándose en la acusación del fiscal Angel Carestia, señala que “los imputados se valieron de violencia para ingresar y permanecer en el inmueble en cuestión”, cuando no hay pruebas que respalden tal aseveración en las quince carillas de su sentencia. Los abogados defensores apelarán ante la Cámara lo que una comisión de apoyo a estos vecinos definió como “un nuevo ataque de Macri contra el pueblo”.

El 12 de octubre se conocieron los fundamentos del controvertido fallo del Juzgado Nº 20 en lo Penal, Contravencional y de Faltas. La jueza dio por acreditado que “los imputados despojaron a Néstor Nakama de la tenencia pacífica que el mismo gozaba del inmueble de la calle Chacabuco 630/34 de esta ciudad, mediante el uso de la violencia y hasta la fecha permanecen en él”. La única violencia que quedó acreditada por los testimonios de algunos testigos en el juicio se la atribuyen al presunto propietario. Mariela del Carmen Aguirre, la mujer condenada a prisión efectiva, declaró que la amenazó “con prenderla fuego, paseándose con un bidón de querosén”. Una vecina del barrio aportada por la defensa, Ana Raquel Melnik, describió que Nakama peleaba con un supuesto socio, Carlos Benítez, y que en una ocasión éste “se fue mal, lastimado, agredido, que después no fueron nunca más hasta que en el verano el señor oriental se paseaba con un bidón de nafta amenazando que iba a quemar la casa, a los vecinos, etcétera”.

El denunciante nunca mostró el título que lo acredita como dueño de la vivienda y alegó que figura a nombre de la esposa de su primo, Julia Serikyaku. Su primo es un tal Ryoki Nakama. Benítez, el individuo que mencionó Melnik en su declaración, es quien le subalquiló la vivienda al grupo de inquilinos, a razón de 400 pesos por mes y por persona. La compartía con el japonés, según lo expresó hasta la propia jueza: “Con respecto a la existencia del Sr. Benítez, se encuentra probado que el mismo existió y vivió en el lugar. Ello por cuanto, los testigos Mauro, Villera y López Angeloni (todos declararon a favor de Nakama) confirmaron su existencia”. O sea, el hombre que según los condenados les alquiló una habitación en Chacabuco 630 resultó amigo de Nakama. De la sentencia se desprende que Benítez tuvo una causa por robo en el Juzgado de Instrucción Nº 17. Y en el barrio dicen que también era futbolista de Boca. La dupla, además, se dedicaba a la compraventa de chatarra.

En el fallo se menciona que de la prueba obrante surge que “la situación de calle en la que se encuentra el denunciante es a consecuencia del despojo sufrido”. El japonés o descendiente de japoneses es caracterizado en un texto que difundió el Comité de Apoyo a los Inquilinos, que tiene base en la Asamblea Popular de San Telmo, como un “ciruja, presunto contador público, con dos condenas por estafa, investigado por la muerte dudosa (envenenamiento) de una prima en 2005, que –¡oh casualidad!– lo quería echar de la vivienda”. También dice el texto que estuvo internado en el Hospital Borda en abril último por “representar un peligro para sí y para terceros”. Además, transcribe el dato de una causa por insania que se tramitó en el Juzgado Civil Nº 22.

Escrich condenó a penas de prisión a las cinco mujeres y cuatro hombres, basándose en parte en que “no existe contrato de alquiler, recibo de pago o cualquier elemento que pruebe la buena fe de la ocupación por parte de los imputados”. Y por ende, desestimó los testimonios de dos de las acusadas (Aguirre y Alejandra de la Cruz Aparicio, una empleada doméstica y vendedora de comidas) “de haber pagado por el alquiler de las habitaciones del inmueble de Chacabuco 630 al Sr. Benítez, encargado del lugar”.

La jueza coincidió con la acusación del fiscal Carestia contra Aguirre, Aparicio, Edith Angélica Cuello, Margarita Martínez, Valeria Rosa Valenzuela, Javier Alejandro Valenzuela, Carlos Hugo Pourrian, Robustiano Ayala y Cristian Nores porque, según ellos, invadieron la propiedad “entre los días 8 y 10 de diciembre de 2009, reemplazando la cadena y candado originales de la puerta de ingreso y permaneciendo en él, despojando así de la tenencia al Sr. Néstor Osvaldo Nakama, quien lo ocupaba previamente”. Carestia, cotitular de la Fiscalía Nº 6, es el mismo que intervino en la acusación contra la destituida jueza Rosa Parrilli –aquella que discriminó a dos empleadas del área de Tránsito del gobierno porteño– y que también pidió identificar a piqueteros que acamparon en la Avenida 9 de Julio en diciembre del año pasado.

El Comité de Apoyo a los inquilinos condenados que se constituyó en San Telmo denunció en duros términos a Escrich y Carestia. En un afiche donde aparecen en una fotografía los ocupantes de Chacabuco 630 junto a los diez niños que viven allí, y bajo el título “Estos son los presos de Macri”, señala: “El 4 de octubre el fiscal Angel Carestia y la jueza María Luisa Escrich, por cuenta y orden de su jefe, Mauricio Macri, condenaron a nueve humildes inquilinos a cumplir penas de seis meses de prisión acusándolos de usurpar la vivienda que, de buena fe, alquilaban desde hacía más de un año, en Chacabuco 630. Peor todavía: ordenaron que el inmueble le fuera entregado a un conocido y desquiciado estafador que ni es el propietario ni pudo acreditar ningún derecho sobre el mismo”.

Pagina 12, Lunes 18 de octubre de 2010, por Gustavo Veiga

Comisión Investigadora: insultos, golpes y corridas

La reunión de la Comisión Especial Investigadora debió concluir antes de lo esperado y pasar a cuarto intermedio. Sergio Burstein -víctima de las escuchas telefónicas ilegales e integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA- declaraba como testigo y los cruces entre éste y los diputados del PRO, que insistían en preguntar acerca de la vida personal de Burstein y el motivo por el cuál no apelaba el sobreseimiento de Guillermo Montenegro, se volvieron cada vez más fuertes. Legisladores del bloque oficialista reiteraron además sus acusaciones al diputado Marcelo Parrilli en relación a supuestas amenazas de su asesor al diputado PRO Cristian Ritondo.

De la violencia verbal se pasó rápidamente a la violencia física. El periodista Fernando Alonso, de Canal 7, fue golpeado en una confusa pelea en la que estuvieron involucrados asesores de diputados PRO, legisladores de distintos bloques y personal de seguridad de la Legislatura. Burstein debió salir rapidamente, en medio de empujones y corridas, del Salón Montevideo, en el que se realizaba la reunión.

Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) sostuvo en relación al trato de los diputados macristas a Sergio Burstein que "el PRO trata a una víctima como si fuera victimario, transforma al acusador en acusado".

En relación a la situación que se vivió antes de que la Comisión Investigadora se viera obligada a pasar a un cuarto intermedio, el diputado Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) afirmó que "la única respuesta del macrismo es la provocación y el insulto. Durante tres horas le faltaron el respeto a Sergio Burstein y por eso se generaron los incidentes en los que, entre otros, fue golpeado el periodista de Canal 7 Fernando Alonso. Con participación y control popular en la comisión investigadora habría menos provocaciones."

Diario Z, jueves 14 de octubre de 2010

Mauricio Macri: "Gracias a veinte periodistas el país vive el fin del kirchnerismo”

SUERTE QUE TODAVIA NO ESTAMOS EN CAMPAÑA, SINO SERIAN BOLUDECES DE ESTE ESTILO A CADA MOMENTO

Las palabras que Mauricio Macri dijo hoy en Córdoba darán que hablar tanto en el Gobierno, como en la oposición, y sobre todo en los medios de comunicación. Es que el jefe de Gobierno porteño aseguró que está en "el mejor momento" de su vida y consideró que el país vive "el fin del kirchnerismo" gracias a "veinte periodistas que dijeron que no".

El líder del PRO fue la figura estelar en un almuerzo del ciclo "Voces Federales" de la cordobesa Fundación Mediterranea, donde ante un auditorio conformado por empresarios, dirigentes gremiales de empresas y algunos políticos, admitió que es "precandidato presidencial" para las generales de 2011.

"Soy precandidato a la Presidencia, y por ahora lo que nos importa es hacer crecer el PRO", manifestó a la prensa, evitando definirse sobre una eventual acuerdo con el peronismo federal. Sin embargo, momentos antes, había hecho favorables comentarios sobre la gestión en San Luis del peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá, de quien dijo: "Invirtió la plata en obras y no hizo como otros, no le dio empleos a sus amigos".

Periodismo y oposición. Entre los "veinte periodistas" responsables de lo que consideró la etapa final del actual gobierno, Macri incluyó a Joaquin Morales Solá, Eduardo Van Der Kooy, Jorge Lanata, Nelson Castro, Magdalena Ruiz Guiñazú y los cordobeses Mario Pereyra y Miguel Clariá (de la radio Cadena 3).

Según el líder del PRO, "en un primer momento" los periodistas sustituyeron a la oposición política en la Argentina. "Los Kirchner nos quisieron contar una historia sesgada y ellos dijeron que no", subrayó. "Ahora la oposicion está más organizada", indicó el ex presidente de Boca, quien se sintió tan cómodo que hasta habló de su vida personal. Confirmó que se casa en noviembre y dijo: "Estoy enamorado".

Aunque su apellido es casi un símbolo empresario, Macri tuvo palabras críticas para los empresarios nacionales, a quienes calificó como "los mayores accionistas de la decadencia que va desde 1910 hasta ahora", considerado además que "el kirchnerismo puso de manifiesto la falta de dignidad del empresariado argentino".

En esos términos, les reclamó más participación en la vida política y les advirtió a los presentes: "Entre ustedes puede estar el próximo Berardi", en relación al padre de Matías, el joven secuestrado y asesinado días pasados en Buenos Aires.

Ordenan al gobierno porteño suspender ingreso de camiones en Parque Sarmiento

La jueza Elena Liberatori dio lugar a la medida cautelar presentada por la defensora Adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz, y ordenó al gobierno porteño que suspenda el ingreso de camiones con tierra y escombros al Parque Sarmiento. Pidió además que se abstenga de llevar adelante acciones "que no se compadezcan con el destino de urbanización parque" de ese predio.

Muñiz realizó esta presentación, por derecho propio, al comprobar el uso indebido del Predio del Parque Sarmiento para la carga y descarga de escombros, y solicitó "la desocupación de piedras y tierra de procedencia externa depositados indebidamente en ese espacio verde".

La defensora Adjunta elevó el 2 de Agosto pasado un informe sobre estas falencias al Ministro de Desarrollo Económico del GCBA, Francisco Cabrera, y al subsecretaria de Deportes Francisco Irarrazaval donde explicaba esta situación y detallaba que en esa inspección se encontró "con montículos de tierra y piedras, que aparentemente son escombros extraídos de la obra que se esta realizando sobre la ampliación del subte línea B". Al tiempo que se observa obras que se encuentran sin perimetrar, camiones que circulan en sendas peatonales y zanjas peligrosas "lo cual representa un riesgo para los niños que concurren a la colonia", puntualizó el informe, entre otros temas que se verificaron.

Clausuras masivas: la guitarra en el ropero

El macrismo respondió a la tragedia de Beara cerrando lugares donde se toca música en vivo, incluido el Café Vinilo, sede oficial del Festival de Jazz. Las bandas se refugian en casas particulares y los músicos protestan en la calle.

El derrumbe en el boliche Beara marcó el inicio de una ola de clausuras in­discriminada a los ba­res y restaurantes donde tocan bandas. Lo notable es que mu­chos estaban expresamente auto­rizados para hacerlo. Por ejemplo, el Café Vinilo, uno de los lugares afectados, fue sede en 2009 del Festival de Jazz organizado por el gobierno porteño y está seleccio­nado para serlo en 2010. El direc­tor del festival, el pianista Adrián Iaies, iba a presentar el próximo sábado allí su disco Cinemateca finlandesa.

"Nos eligieron por las capaci­dades técnicas y físicas del lugar, las mismas por las que ahora nos clausuraron", dice el dueño, Eze­quiel Ordóñez, que cuenta que el restaurante afectado tuvo nueve inspecciones previas a la tragedia de Beara y nunca vieron proble­mas. Hasta ahora: "Estaba tocan­do Diego Schissi Quinteto cuando llegaron los inspectores y nos pi­dieron que levantáramos el show porque si no clausuraban. Como nos negamos, procedieron", ex­plica Ordóñez. Hoy tienen inha­bilitado el escenario pero no el restaurante. Y agregó: "Están ac­tuando de manera ilógica, prime­ro te clausuran y luego se fijan si estás bien habilitado".

Inspecciones encubiertas con agentes que se hacen pasar por público, uso de la fuerza y aprie­tes: los músicos y los dueños de bares sostienen que el macrismo está sensibilizado por el derrumbe de Palermo e inició una suerte de "persecución a la música en vivo". El sábado pasado, un inspector entró a los empujones al club Vuela el Pez, donde uno de sus socios festeja­ba el cumpleaños. "Se identificó como Horacio, ingresó corriendo y filmando con un teléfono", de­nunció Demián, otro de los due­ños. El agente decidió clausurar porque -según consta en el acta- había personas bailando. "Es fal­so, había dos chicas paradas mo­viendo el torso, pero eso no es un baile", dice Demián. Era la terce­ra vez que abría Vuela el Pez, lue­go de nueve largos meses de trá­mites para obtener la habilitación. Los jóvenes del Espacio Cultu­ral Bonpland descubrieron a dos agentes encubiertos del Gobierno que visitaban el lugar mostrándo­se interesados en las actividades. malestar es grande y abundan las anécdotas de maltrato. En un bar de Villa Ortúzar, por ejemplo, los inspectores fingieron que eran público y después apretaron al dueño, que pidió anonimato por temor a las represalias.

Javier Ibáñez, titular de la Agencia Gubernamental de Con­trol, reconoció durante su interpe­lación en la Legislatura, que se de­dica a rastrear a través de las redes sociales de internet, webs y blogs los lugares donde hay shows de música en vivo. "No creía que eso existía, hasta que me cayó un ins­pector con una hoja impresa de la invitación que hice para un show 17íntimo a través de Facebook", ase­guró el dueño de un bar ubicado en Belgrano.

Subversivas corcheas

Este lunes, más de mil perso­nas se movilizaron frente a la Je­fatura de Gobierno porteña y cor­taron la Avenida de Mayo con un reclamo doble: que se frenen las clausuras y que se reglamente la ley de Concertación Musical de la Ciudad, sancionada hace más de un año. Opinan que esto solucio­naría la situación de los espacios que desarrollan actividades cultu­rales y que son perseguidos por el Estado. "El macrismo inició una caza de brujas, una persecución grotesca de la música en vivo", aseguró Diego Boris, socio funda­dor de la Unión de Músicos Inde­pendientes e integrante del gru­po musical La Tolva. Boris pone de ejemplo el Café Vinilo, donde el bar está habilitado pero el escena­rio no: "Es un emblema, con eso te están diciendo que la música es un peligro", sintetizó. La marcha convocó a figuras como Liliana Herrero, Teresa Parodi y Leopoldo Federico, pero también a muchos jóvenes que se manifestaron con instrumentos musicales en plena calle. Ningún funcionario los re­cibió aunque quedó pendiente una cita con el ministro de Cultu­ra, Hernán Lombardi, y la Agencia Gubernamental de Control.

Fuerte resistencia a una nueva medida de Macri

Eliminó la participación ciudadana en la designación de jueces. Lo acusan de hablar de calidad institucional mientras atenta contra ella.


La decisión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, de derogar el decreto que brindaba una mayor transparencia en el proceso de designación de los jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia provocó no pocas críticas. La norma de 2003, que ahora Macri dejó sin efecto, fue decretada por el entonces jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, y abría a la participación ciudadana el nombramiento de jueces por medio de audiencias públicas. Exigía además la publicación de los antecedentes del candidato, su currículum y compromiso con los valores democráticos y los Derechos Humanos.
En diálogo con Tiempo Argentino, Ibarra se mostró sorprendido por la decisión del procesado jefe de gobierno porteño y señaló: “La derogación del decreto fue una instrucción del propio Mauricio Macri, y significa un verdadero retroceso en el proceso de designación del cargo más importante dentro del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires.” El legislador señaló además que “es muy significativo que mientras Macri se la pasa hablando de mejorar la calidad institucional, claramente retrocede y anula procedimientos participativos y públicos”.
En la misma línea se pronunció el también legislador Francisco “Tito” Nenna quien aseguró a este diario que la medida adoptada por el jefe de gobierno “es la ratificación de una política orientada hacia las prohibiciones, que plantea volver a los tiempos más nefastos del neoliberalismo e incluso de la dictadura militar donde la participación ciudadana y el protagonismo de la sociedad y el pueblo estaban reducidos a su mínima expresión, si no eliminados por completo.”
Nenna recordó además que “esta no es la primera vez que Macri avanza en este sentido, ya había vetado en su momento la participación de los foros de consulta ciudadanos sobre seguridad en la época en que todavía no existía la (Policía) Metropolitana” y sentenció: “Con esto está dejando en claro cuál es el modelo político que sustenta el jefe de gobierno y que apunta a la anulación de la participación democrática y protagonista de la ciudadanía, en favor de una política absolutamente conservadora, centralizada en el gobierno y que beneficie a los sectores que él representa, que son los del poder concentrado y más privilegiado.”

Explotación sexual habilitada

Miradas al sur, Domingo26 de septiembre de 2010

El sitio web de la Ciudad Salí Seguro, que calificaba como apto al boliche Beara, tiene en su listado a cuatro prostíbulos de Liniers. La noche de la tragedia de Palermo, dos inspectores visitaron el local

Salí Seguro, la página de internet donde se consigna el estado edilicio y grado de seguridad de los boliches y salones de fiestas porteños, contiene a prostíbulos dentro de su listado.
El portal está cuestionado luego del derrumbe del sector VIP en Beara Club, ya que calificaba a ese boliche de la avenida Scalabrini Ortiz como “regular”, esto es, “en buen estado”. El jueves 10 de septiembre, como resultado de la caída del entrepiso, en ese local murieron dos jóvenes mujeres y resultaron heridas más de 30 personas.
La página web fue puesta en marcha hace poco menos de un año, promocionada por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y jóvenes actores, y hasta el día de hoy invita a que se lea ya que, según señala, “podés informarte y priorizar tu seguridad al momento de salir a boliches y recitales”. Y de prostíbulos habría que agregar. Así, varios de esta clase de “locales” de Liniers figuran en Salí Seguro bajo el paraguas de “bares nocturnos”(ver gráfico). En casi todos los casos han sido allanados y clausurados en junio por el juez Sergio Torres a cargo del juzgado federal Número 12.
Historia de un horror habitual. Durante el verano pasado, una chica argentina de 19 años llegó a la avenida General Paz 10.610 por un aviso de trabajo. Frente a la garita de la Policía Federal en la esquina de General Paz y Rivadavia, al lado de la pizzería La Farola de Liniers, estaba el ingreso al calvario de la esclavitud sexual. La chica llegó ahí para hacer limpieza. Cumplió las ocho horas y quiso retirarse. Pero la encerraron y la violaron. Ella terminó sometida a constantes “clientes” que mantenían relaciones sexuales contra su voluntad de manera gratuita en lo que constituye el llamado “ablande”, así se denomina al proceso de quiebre de la voluntad de resistencia de una mujer o niña.
La joven logró liberarse en el medio de una trifulca entre varios “clientes” y los custodios del prostíbulo y se presentó en la sede de La Alameda, una organización que desde hace años viene peleando contra la explotación sexual y cuyos abogados asesoraron a la mujer para que, luego de un exhaustivo tratamiento psicológico, se presente a declarar. Pocas semanas después de su testimonio la Justicia federal allanó los cinco prostíbulos en los que era esclavizada.
Esos lugares fueron clausurados por los delitos de trata de personas, explotación de mujeres y reducción a la servidumbre. Sin embargo, el Gobierno porteño los legaliza en Salí Seguro para que cualquiera pueda concurrir.
El Cielo de Carhué, ubicado en Carhué 91, para el gobierno PRO es un bar nocturno habilitado. Poco importó que tuviera una orden de clausura judicial por funcionar allí un prostíbulo. Para el Gobierno también es bar nocturno el inmueble de avenida General Paz llamado Lucrecia, donde fue esclavizada la chica que declaró con identidad reservada en el juzgado de Torres. El tercer lugar de explotación sexual queda en Gana 112, ubicado a la vuelta de la iglesia San Cayetano. Vecinos de la agrupación Liniers Así No Te Queremos denunciaron la existencia de estos lugares ante la Procuración Nacional, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Justicia Contravencional hace 10 meses. “Es para llorar. No se puede ser tan corrupto. Comprobamos que denunciamos prostíbulos y resulta ser que se encuentran habilitados como bares nocturnos en Salí Seguro”.
Princess es un famoso prostíbulo en Liniers, ubicado en Cosquín 32 y que aún no fue allanado por la Justicia federal. Salí Seguro también es oficializado y categorizado por el gobierno macrista como bar nocturno y es el único de estos lugares de explotación sexual que aparece como clausurado.
En Montiel 56, sin nombre hay otra “casa de tolerancia” como se las llama en la Ley de Profilaxis y fue denunciado hace un año ante la Justicia y oficinas públicas. Hoy está clausurado. Pero para Salí Seguro sigue siendo un inocente bar nocturno. “Ésta es la prueba de la corrupción. Acá se mueve mucha guita”, cerró un vecino de Liniers que teme dar su identidad.

Los alertas. Pero la desidia de la página Salí Seguro, esa web que las dos chicas que murieron en Beara quizá miraron para ver si el boliche estaba en buenas condiciones tiene más inseguridades. Antes del derrumbe del entrepiso, dos arquitectos y padres de una víctima fallecida en República Cromañón informaron al propio titular de la AGC, Javier Ibáñez, de deficiencias en Salí Seguro tales como la aparición desproporcionada de fiestas privadas. “Existe una gran cantidad de locales que tenían vencido el plazo para presentar el certificado anual de habilitación. Quedaban dos conclusiones: o no estaban actualizados los datos o realmente figuraban como vigentes pero no habilitados”, sostuvo Raúl Morales ante el funcionario. En tanto, Adriana Magnoli, también madre de una víctima de Cromañón, le planteó a Ibáñez en esa audiencia: “Si bien se dice que son ‘fiestas privadas’ no es así ya que se promocionan por internet, a través de listas o llamando a teléfonos anónimos, donde puede ir cualquiera, con lo cual de privadas no tienen nada. Al margen de que se cobra la entrada (por consumición) y que generalmente tocan bandas”.
El titular de la Agencia de Control argumentó que esas fiestas se realizan en domicilios privados y eso implicaría pedir órdenes de allanamiento. Miradas al Sur accedió a un documento hasta ahora desconocido que deja en evidencia que Beara Club tenía modalidad de boliche aunque los inspectores no lo advirtieron.
En una inspección hecha en el boliche de la calle Scalabrini Ortiz el 6 de agosto, figura en el acta oficial, que “se desarrollaba una fiesta privada” con “150 personas” y que los medios de salida se encuentran “libres operables” y la “salida visible”. Para el abogado querellante de las víctimas de República Cromañón, José Iglesias, los inspectores “no pudieron dejar de ver que llegaron a ese boliche justamente por una publicidad en internet. Nadie invita a sus amigos a un fiesta íntima convocada por internet como lo demuestra ese papel”.
Una de las sobrevivientes de Beara, Denisse Domke, de 19 años, señaló en un reportaje que había patovicas y que “en la parte posterior del local existía una puerta que creíamos que era de emergencia, pero estaba cerrada con un candado enorme que todos intentaban romper con lo que encontraban pero era imposible”.

La calle Cabrera cambió su circulación

PARECE QUE ESTA SEMANA LES QUEDO UN HUECO EN LA AGENDA Y DIJERON: ¿QUE HACEMOS? Y CAMBIEMOS EL SENTIDO DE CIRCULACION DE ALGUNA CALLE, QUE SEAN MENOS DE DIEZ CUADRAS ASI NO TENEMOS QUE ESTAR PINTANDO SENDAS PEATONALES Y DEMAS BOLUDECES COMO ESTAR CAMBIANDO LOS SEMAFOROS DE LUGAR. DESPUES LLAMAMOS A TODOS LOS MEDIOS, SACAMOS LA PUBLICIDAD EN TODOS LOS DIARIOS Y CUANDO LA OPOSICION NOS VENGA A CORRER CON QUE NO EJECUTAMOS EL PRESUPUESTO LE CHANTAMOS ESTE TENDAL DE OBRAS EN LA CARA. LO DE TAPAR BACHES YA FUE, SE NOS VA MUCHA PLATA Y NO NOS DEJA GANANCIAS. LO DE LAS RAMPAS TAMPOCO, EL NEGOCIO DEL MOMENTO SON LOS CONTRACARRILES Y EL CAMBIO DEL SENTIDO DE CIRCULACION DE LAS CALLES!!! MARQUITOS... MANDA ESTE MEMO A TODAS LAS REDACCIONES. ENCARGATE DE QUE SALGA EN TODOS LOS MEDIOS!!!

La calle José A. Cabrera cambió hoy su sentido de circulación entre Scalabrini Ortiz y Godoy Cruz, en el barrio porteño de Palermo. El cambio se inició a las 10, cuando personal del Gobierno porteño realizó el cambio de semáforos y carteles en el lugar.

De esta manera, el nuevo sentido será hacia el sur y mantendrá el sentido que tenía (norte-sur) desde Scalabrini Ortíz hacia el centro, informó el gobierno porteño.

El subsecretario de gobierno porteño, Guillermo Dietrich, sostuvo que este cambio se realizó "a partir de pedidos que realizaron los vecinos para mejorar el tránsito en la zona".

El funcionario explicó a la prensa que antes del cambio las calles Gorriti, Cabrera y Niceto Vega corrían en el mismo sentido y después de Scalabrini Ortiz, Niceto Vega desaparecía y quedaban solo dos calles -Cabrera y Gorriti- en dirección al centro.

De esta manera, "modificar el sentido de Cabrera -de Scalabrini Ortiz hacia Godoy Cruz- recupera su funcionalidad en dirección hacia el norte", sostuvo.

Asimismo, señaló que el sentido norte de Cabrera colabora como alternativa ante posibles inconvenientes de tránsito que puedan generarse en el cruce de las avenidas Córdoba y Scalabrini Ortiz.

También dijo que con el cambio de sentido de la calle Cabrera, el conductor tiene la opción alternativa de viajar hacia el norte sin necesidad de llegar hasta la avenida Córdoba y no afecta el recorrido de los colectivos.