Subte: ahora prometen hacer al menos 2 kilómetros por año

NO ES UN CHISTE DE LA REVISTA BARCELONA, SALIO PUBLICADO EN EL CLARIN DE AYER...

Es una quinta parte de lo que se había propuesta en campaña. Para fin de año está prevista la inauguración de una estación y otra cinco en 2011. El objetivo es alcanzar los 100 kilómetros, como Santiago de Chile.

Lejos de aquella promesa de campaña de construir 10 kilómetros de subte por año, y con obras en marcha en siete estaciones tras el parate de 2009 por la falta de financiación, en el Gobierno porteño hablan ahora de "al menos 2 kilómetros por año". Y confirman que a fin de año se inaugurará la estación Corrientes, que permitirá conectar la línea H con la B. Será el segundo cortes de cintas de la gestión macrista: en 2008 se abrieron las estaciones Puán y Carabobo, en la línea A.


"Es mejor hacer 2 o 3 kilómetros por año que nada. Es un promedio que podemos cumplir, y se estaría invirtiendo casi el 5% del presupuesto de la Ciudad", aseguró el presidente de SBASE, Juan Pablo Piccardo, en diálogo con Clarín.com.


Actualmente, la Ciudad está construyendo 7 estaciones: 3 en la H (Corrientes, Parque Patricios y Hospitales), 2 en la A (San José de Flores y San Pedrito) y 2 en la línea B (Juan Manuel de Rosas y Echeverría). A eso se le suma la ampliación de la E, aunque esa obra está a cargo de la Nación.


Con el ritmo actual, sigue firme la inauguración de la estación Corrientes para fin de año y otras cinco estaciones en 2011. "A las 4 de la A y la B estamos sumando la estación Parque Patricios, en el tramo sur de la H, para el último trimestre del año próximo", confirmó Piccardo desde China.


¿Cómo se financian todas esas obras?. "La emisión de Bono Tango fue una decisión muy acertada, aceleró la construcción de las estaciones en marcha y permitió lanzar las nuevas licitaciones (son seis estaciones en el tramo norte de la H). A eso hay que sumarle unos 200 millones en los próximos cinco años del Fondo permanente (para la ampliación del subte)", explicó el titular de Subterráneos de Buenos Aires.


Actualmente, la red de subtes tiene apenas 47 kilómetros, lo que coloca a la Ciudad en el quinto puesto de América Latina, detrás de México, San Pablo, Río de Janeiro y Santiago de Chile. Con las 13 estaciones en camino, podría llegar a 60 kilómetros. Pero la proyección a largo plazo es alcanzar los 100 kilómetros que tiene actualmente la capital chilena. Para eso será fundamental cómo evoluciona la negoaciación con los chinos, que pretenden construir la línea G, que uniría el Cid Campeador con Retiro.

Los vecinos pararon la obra en Parque Las Heras

La Justicia ordenó el viernes una medida precautelar que prohíbe cualquier modificación, destrucción, demolición y/o acción que implique alteración alguna en el Parque Las Heras.

Debido a lo que la Justicia ordenó, la obra se encuentra ya suspendida, con una faja en la zona de acceso que dice "Interdicción Judicial de innovar en la obra", junto a una copia de la resolución.

El amparo que permitió la suspensión de la obra fue presentado por cuatro vecinos integrantes del Consejo Consultivo de Palermo -entre ellos Nicole Fraga Louzao del PSA en Proyecto Sur- con el patrocinio letrado del Dr. Pedro Kesselman. El expediente se encuentra actualmente en manos del Juez Roberto Andrés Gallardo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2.

El sábado pasado por la mañana, los vecinos realizaron un nuevo abrazo al parque como parte del plan de difusión de la resistencia que iniciaron contra la playa de estacionamiento, acompañados por el legislador porteño Adrián Camps -del Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur- quien ha presentado, hace ya varios meses, un proyecto del ley pidiendo la derogación de las leyes 469, 3057 y 3058 que habilitan la construcción de playas de estacionamiento subterráneas, en 28 plazas de la Ciudad, entre otras ubicaciones.

"Con este tipo de obra, lo único que se consigue es facilitar el ingreso de automóviles a la Ciudad de Buenos Aires; este tipo de políticas no sólo es totalmente retrógrada sino, además, insostenible. Buenos Aires tiene ya un exceso de vehículos y lo correcto es fomentar el transporte público de pasajeros, por ejemplo, a través de la inversión en la ampliación de las redes de subterráneos", aseguró el diputado porteño y agregó: "Otro problema fundamental que se presenta es la destrucción de los espacios verdes públicos. El proyecto afecta los pocos espacios verdes que le quedan a la población de la zona norte y, en el caso de la Comuna 13, la totalidad de sus plazas: Noruega, Alberti y Barrancas de Belgrano".

Camps advirtió también, sobre otro de los graves problemas que provoca este tipo de obra: "Las plazas van a quedar impermeabilizadas, se va a convertir en una maceta. Porque con la construcción de los estacionamientos subterráneos se va a perder el contacto entre la capa de tierra superior y las napas de agua, generando dificultades para que se escurra el agua de lluvia. En el futuro esto puede provocar un agravamiento de las inundaciones en épocas de importantes y frecuentes precipitaciones".

Fuente: Diario Z

Dejan de pagar subsidios a los sobrevivientes del incendio en Cromañón

Desde el Gobierno de la Ciudad explican que la medida se tomó porque ya pasaron cinco años.

A cinco años de la tragedia de Cromañón, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió dejar de pagar el subsidio de 600 pesos a 290 sobrevivientes . En respuesta a la postura, un grupo de familiares se presentaron ayer en la Jefatura de Gobierno con la intención de ser recibidos por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Pese a que el funcionario no los recibió y prometió hacerlo el próximo miércoles, desde el Gobierno defendieron la decisión y explicaron que los beneficiados por el programa era gente que “no pertenece a familias con ingresos elevados”.

“Ya pasaron más de cinco años de la tragedia y a todas estas personas se les sigue garantizando la cobertura médica. Los ingresos de las familias de estos chicos en muchos casos eran superiores a los cinco mil pesos . Y también detectamos familias con ingresos de más de diez mil, cuyos hijos seguían cobrando el subsidio”, explicó al diario Clarín Edgardo Berón, subsecretaria de Derechos Humanos.

Desde el lado de los familiares se argumentó que ese dinero era destinado a cubrir los gastos de tratamiento médico y psicológico. Además, desmintieron que todos los beneficiarios del subsidio tengan los ingresos alegados por el Gobierno porteño. “ Lo que hicieron en la Ciudad con estos chicos es totalmente arbitrario . Hay familias que tienen ingresos por apenas dos mil pesos y les cortaron el subsidio”, denunció Nilda Gómez, madre de un adolescente fallecido en la tragedia.

En tanto, el subsidio de 1.200 pesos a los padres de las 187 personas muertas en el incendio sigue en pie y los 600 pesos en discordia siguen siendo entregados a más de mil sobrevivientes. En total, el programa distribuye 14 millones de pesos.

un poco de humor

Vida y obra de Eduardo Schabner, responsable de la seguridad de las obras del Subte

Schabner, procesado por la Justicia en 2008, fue ratificado por Macri al frente de la seguridad de las obras del Subte contrariamente a lo que estipula la Constitución. Tampoco cumple con los requisitos profesionales para desempeñar su cargo.
Tras el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, en donde murieron tres personas, la seguridad de las obras vuelve a estar bajo la lupa en la Ciudad de Buenos Aires. La expansión del Subte, que involucra los esfuerzos de cientos de trabajadores en condiciones potencialmente peligrosas, no podía ser dejada de lado.

Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), responsable de la ejecución de los trabajos de expansión de la red, posee un cuerpo de profesionales dedicados a velar por la seguridad de quienes ejecutan los trabajos. Sin embargo, los nombramientos no siempre siguen lo dispuesto por las regulaciones vigentes. Este parece ser el caso de Eduardo Schabner, técnico minero nombrado Coordinador de Seguridad e Higiene de SBASE en 2007, durante la gestión Telerman. Su ingreso a la empresa se produjo un año antes: fue contratado como inspector en la misma area de la empresa estatal.

Resulta paradójico tan rápido ascenso, e incluso la contratación, de una persona que ya estaba imputada por la muerte de catorce mineros en la denominada "Tragedia de Mina 5" en los yacimientos carboníferos de Rio Turbio (YCRT). YCRT había sido concesionada en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, a Sergio Taselli incluyendo un subsidio anual en dólares para garantizar la operación del emprendimiento. Gracias a los fondos obtenidos de YCRT, en 1999 Taselli pudo comprar el 51% de las acciones de Metropolitano, concesionario que explotaba los ferrocarriles San Martín, Roca y Belgrano Sur hasta que Néstor Kirchner revocó el contrato en 2004 (San Martín) y 2007 (Roca y Belgraso Sur). En 2002, Eduardo Duhalde había decidido rescindir el contrato de concesión de YCRT a Taselli, por lo que el control del complejo minero pasó a manos del Estado. Es en este contexto en el que Schabner pasa a desempeñarse como jefe de seguridad en las minas.

De Rio Turbio a SBASE

El 16 de abril de 2004, una inspección de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz realizó una inspección a la mina. Según el diario La Capital, en el acta que labraron los inspectores se dejó constancia de la resistencia de Schabner a que verificaran la sala de ventiladores principales. "Nos dirigimos hacia la superficie en dirección al asentamiento de los ventiladores principales de la mina CH3M4 y se ingresó hacia el interior, más allá de la negativa inicial del jefe de seguridad, Eduardo Schabner", dijeron textualmente los inspectores. Además, detectaron problemas en los drenajes de agua.

En función de lo observado entonces, los inspectores recomendaron la creación de un "area de mantenimiento minero" que contemplara la corección es los defectos observados. Entre ellos, hicieron notar el funcionamiento anormal de la cinta transportadora que movía el carbón hasta la superficie, que habría sido la causante del incendio que terminó con la vida de catorce mineros el 16 de junio de 2004. Además, los inspectores dejaron constancia de que no existía una línea eléctrica alternativa para alimentar la ventilación.

Tras la tragedia de mina 5, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señaló a Schabner como uno de los responsables del desastre. Esto no impidió al Senado nacional contratarlo, entre enero y marzo de 2006, como asesor del senador Marcelo López Arias -integrante de la Comisión Bicameral Especial de Segumiento de las Facultades Delegadas en el Poder Ejecutivo- sin que mediara objeción ni del secretario parlamentario ni del senador Gerardo Morales, que presidía dicha comisión. En junio de 2008, el juez federal Gerardo Caamaño dictó el procesamiento de Schabner y otros directivos de YCRT por "estrago doloso" por los hechos de mina 5, además de trabársele un embargo por dos millones de pesos. En julio pasado, la causa se elevó a juicio oral.

También en 2006, Schabner fue contratado como inspector de Seguridad e Higiene en SBASE por la incipiente gestión Telerman. Un año después, fue ascendido a Coordinador de Seguridad e Higiene, puesto que mantiene desde entonces aunque no sin objeciones. La Asociación Amigos del Subte sostiene que Schabner no cuenta con el título habilitante para ejercer dicha función, además de incumplir con normativas constitucionales y resoluciones administrativas que impiden la contratación de personas procesadas por delitos contra la administración pública. La resolución 1830/2005, modificatoria del art. 16 del Decreto 911/96, ley 19.587, Higiene y Seguridad en el Trabajo, expresa lo siguiente:

“… Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estar dirigidas por graduados universitarios, a saber:
a) Ingenieros Laborales,
b) Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo,
c) Ingenieros; Químicos y Arquitectos con cursos de posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo de no menos de CUATROCIENTAS (400) horas de duración, autorizados por los organismos oficiales con competencia desarrollados en Universidades estatales o privadas,
d) Los graduados universitarios que a la fecha del dictado de la presente reglamentación posean incumbencias profesionales habilitantes para el ejercicio de dicha función, o
e) Los Técnicos en Higiene y Seguridad reconocidos por la Resolución M.T.S.S. N° 313 de fecha 11 de mayo de 1983.
El ejercicio de la dirección de las prestaciones de Higiene y Seguridad será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad o función en la misma obra en construcción …"

Operación intensiva: Macri anuncio el complejo hospitalario sur

Revista veintitres, 5 de agosto de 2010

La controvertida iniciativa de Techint de fusionar tres nosocomios conlleva una inversión de 172 millones de dólares que, además, libera tierras fiscales para negocios inmobiliarios y no da garantías de salubridad.

El martes 3 de agosto, Mauricio Macri convocó a conferencia de prensa. Pero no se trató de un nuevo capítulo en el escándalo de las escuchas ilegales. Esta vez, ante cámaras y micrófonos, el jefe de gobierno porteño se mostró exultante. “Enviaremos a la Legislatura porteña el proyecto del Complejo Hospitalario Sur”, anunció. Más allá de la sonrisa de ocasión, la unificación de los hospitales Muñiz, Udaondo y Ferrer sigue bajo sospecha y no es motivo de alegría para los afectados.

Tal como publicó Veintitrés el 10 de junio pasado, se trata de una controvertida iniciativa de Techint: fusionar esos tres nosocomios conlleva una inversión de 172 millones de dólares que, además, libera tierras fiscales para negocios inmobiliarios y no da garantías de salubridad.

El lanzamiento del complejo sanitario –que ocupará el predio de 68.792 metros cuadrados donde actualmente funciona el Muñiz y dispondrá de 120 consultorios y 593 camas– se realizó luego de que el ministro de Salud, Jorge Lemus, firmara un acta acuerdo a fines de julio con las cúpulas de los gremios involucrados: la Asociación de Médicos Municipales, Sutecba y UPCN. Las bases, en cambio, rechazaron el convenio y acusaron a los sindicatos de traición. “Todo lo que está pasando es muy angustiante”, reflexiona Alicia Barrera, una de las pocas médicas del Muñiz que se animó a revelar su nombre ante el temor a represalias. “Hace 32 años que trabajo en el hospital y vi muchas cosas, pero jamás una como esta. Nuestro gremio nos traicionó porque firmó a espaldas de los trabajadores un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad. La gran mayoría de los médicos del Muñiz no estábamos de acuerdo con la unificación.”

Esa postura quedó de manifiesto en una solicitada que confeccionó el personal médico, tras una asamblea, pero nunca llegó a difundirse por decisión de la cúpula gremial. “Mientras se lleve a cabo el denominado ‘master plan’ –denunciaba la proclama–, la desinversión que se acentuó en los dos últimos años, llevó a clausurar el 50 por ciento de las camas de terapia intensiva (...). La falta de mantenimiento y equipamiento es notoria (...) El ‘master plan’ significa privatización, desinversión, achicamiento, pérdida de identidad.”

Pero esto no todo. Mientras Macri sonreía para los flashes durante la conferencia, sus diputados en la Comisión de Salud se negaban a apoyar un pedido de informe sobre el megaproyecto sanitario, para saber con qué criterio se firmó el convenio y cuál sería la deuda contraída con Techint.
“El Ejecutivo le pagaría en contraprestación a la empresa con la concesión del mantenimiento del hospital. Pero los números no cierran”, explicó la legisladora Gabriela Alegre, de Encuentro Popular para la Victoria. El presupuesto porteño destina 172 millones de pesos anuales para mantener a los 33 hospitales de la ciudad. Si se tiene en cuenta que para el Complejo Hospitalario Sur se prevé una inversión de 172 millones de dólares, el mismo terminaría de saldarse recién dentro de 40 años. Para Alegre, “es un gran negocio. Por eso, hay que averiguar qué destino les darán a los otros predios y cuáles serán las consecuencias sanitarias de unificar patologías tan disímiles como la pulmonar, la gastroenterológica y la infecciosa”.

Al cierre de esta edición, el proyecto no había ingresado a la Legislatura. Pero, una vez más, como sucede con la investigación por el espionaje, el debate en el recinto dará la última palabra.

El pozo ciego de Mauricio

Miradas al sur, domingo 22 de agosto de 2010

Nuevos datos demuestran que tras la extraña muerte de un buzo en el entubamiento del Arroyo Maldonado, el Gobierno porteño no acató una orden de Prefectura para frenar las obras y ocultó el hecho.

El Gobierno de la Ciudad y la empresa italiana Ghella, constructora de los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado, no acataron una orden de Prefectura para detener las obras tras la confusa muerte del buzo Rodrigo Ojeda, ocurrida allí el 8 de abril. El pedido se formuló pocas horas después del fallecimiento, con la intención de preservar el lugar y poder hacer las averiguaciones correspondientes. Así surge del acta labrada por la entidad naval y a la que tuvo acceso Miradas al Sur. El Gobierno porteño y empresa desoyeron la orden, y muchas pruebas quedaron tapadas “con la intención de que el caso no trascienda”, según señaló una fuente de Prefectura que regularmente visita la obra. Y es que la incomodidad que tiene el Ejecutivo de la Ciudad por el caso no es menor, ya que la muerte del trabajador sucedió cuando pesaban sobre la obra dos fallos judiciales, tanto de primera como de segunda instancia, que aún están vigentes y que ordenan la suspensión de las actividades. Las demandas fueron presentadas ante los tribunales por los ex legisladores Milcíades Peña y Facundo Di Filippo junto al actual edil Sergio Abrevaya.
La firma Ghella, a cargo de la obra, está asociada a Iecsa cuyo presidente Ángelo Calcaterrra es primo hermano de Mauricio Macri. Tanto el juez en lo contencioso administrativo federal, Vicente Cataldo, como la Cámara de Apelaciones detectaron que no se hacían –ni se hacen– las inspecciones que la Ley exige, además de que tampoco se cumplían –ni se cumplen– elementales normas de protección laboral para los trabajadores. La publicación del hecho la semana pasada en Miradas al Sur motivó que el legislador de Encuentro Para la Victoria Juan Cabandié presente un pedido de informes ante el Ejecutivo porteño para saber por qué se ocultaron estos hechos. Las denuncias, al igual que en el caso del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, ponen bajo la lupa la falta de inspecciones en diversas obras de la Ciudad.

Se pudo evitar. “El 8 de abril a las 14 horas, Ojeda junto a otros tres buzos de la empresa Almirón SRL descendieron 30 metros bajo tierra para realizar tareas de reparación en la cabeza de la tuneladora”, relató uno de los testigos del hecho a Miradas al Sur. Durante dos horas intentaron abrir la escotilla que comunicaba con el sector donde se encontraba la máquina que debían arreglar, pero no lo lograron. Al desistir de la misión, los buzos fueron a una cámara (que no es la hiperbárica que debería estar allí, según establece la Ley) para compensar sus flujos sanguíneos por la presión que existe a esa profundidad. Al salir del pozo uno de ellos comenzó a sentir fuertes dolores de cadera, en tanto que otros empezaron a padecer mareos, sordera y varias molestias que les duraron hasta el día siguiente, cuando volvieron a la obra y entraron de nuevo a la cámara compensadora. Distinta fue la suerte de Ojeda. Al salir del pozo, se empezó a sentir mal, lo sentaron, se le dieron vuelta los ojos y se desvaneció. A las 17 llegó la ambulancia de la empresa Vittal. Los médicos intentaron reanimarlo pero, en el trayecto al Hospital Fernández, falleció.
La última inspección en la obra hecha por la Dirección General de Protección del Trabajo, a cargo de Enrique Rodríguez, fue en 2008. El titular de ese organismo es contador, a pesar de que por ley debe tener nivel terciario en materia de seguridad e higiene.
“Ojeda ya había alertado sobre la falta de protección laboral que allí existía”, señaló a Miradas al Sur un testigo de la muerte del buzo, quien agregó que “por las características de su labor, no debía trabajar más de seis horas por día”. Sin embargo, Ojeda ingresaba diariamente a la obra a las 7 de la mañana y salía a las 17. “Por su categoría como buzo, no podía estar haciendo tareas de refacción a tanta profundidad sino que éstas debían ser realizadas por personas con mayor experiencia. La empresa era conciente de esta situación pero no le importó”, destacó el testigo. El apuro por terminar la obra era tan grande que el deceso se produjo poco después de las 17, y a las 22 de ese mismo día, ya se habían retomado las tareas.

La punta de la pirámide. Pero los problemas en los túneles aliviadores del Maldonado no sólo ocurren en las profundidades, sino también en las alturas. Uno de sus principales directores es el ingeniero Eduardo Samuel Cohen quien no tiene título habilitante para estar al frente de la construcción de los túneles que buscan terminar con las históricas inundaciones que padece la Ciudad. Cohen –según señala la Ley que reglamentó la obra– debería ser ingeniero civil, pero es ingeniero eléctrico. Además cuenta con el antecedente de ser quien aprobó los planos truchos del boliche El Reventón, el salón bailable que pasó a llamarse República Cromañón cuando lo compró Omar Chabán. “Cohen estaba a cargo de inspeccionar el lugar. La Defensoría del Pueblo se lo exigió varias veces, pero nunca lo hizo. También se le pidió que reclame la instalación de extractores de aire y un sistema de energía de auxilio, pero tampoco lo llevó adelante. Con Aníbal Ibarra, Cohen fue Director General de Instalaciones Eléctricas”, advierte Gustavo Arce, familiar directo de una de víctima del incendio.

Apurados. “No les importa nada, ellos van a toda velocidad y hay muchas cosas que se están haciendo mal. Por ejemplo, para ahorrar costos, Ghella usa la mitad del acero que debería. En vez de utilizar 136 kilogramos de ese metal por metro cúbico de hormigón, se usan 75 kilogramos. En las últimas semanas hubo varias reuniones de trabajo ya que empezaron a aparecer rajaduras y no saben cómo resolverlas. Proponen ponerle una lechada, una masa de agua y cal que se usa en construcciones menores pero que no sirve para obras de semejante envergadura”, describió la fuente de Prefectura.
“La empresa no sólo no cumple con recaudos mínimos de seguridad laboral, sino que ha hecho varios pedidos oficiales al Gobierno porteño para que se le compense monetariamente supuestas demoras en las que habría incurrido el Estado en la aprobación de algunos aspectos técnicos; al decir de la empresa, eso los habría perjudicado”, agregó.
Milcíades Peña calificó como vergonzosa esta actitud. “Además de la negligencia y falta de inspecciones de parte del Estado, Ghella no quiere pagar un seguro de impacto ambiental aduciendo que son costos excesivos. Pero aún peor es la actitud del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que decidió hacerse cargo de este seguro, según se publicó días atrás en el Boletín Oficial. Chaín y Cohen deben renunciar ya mismo por todas las irregularidades cometidas y para evitar nuevas muertes”, reclamó Peña. “Ghella subvaluó el precio de la obra al momento de la licitación y ahora busca recuperar el valor con adicionales injustificados, que el Gobierno porteño concede sin reparo alguno. Además, quien ganó la licitación para realizar el estudio de impacto ambiental fue Geodata, también italiana, y curiosamente, socia de Ghella en varias obras a lo largo del mundo”, remató el ex legislador.

Solución policial al conflicto en las escuelas

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD LES DICE A LOS DIRECTORES DE ESCUELAS TOMADAS QUE HAGAN LA DENUNCIA EN LA COMISARIA

En un memorándum que se distribuyó ayer en las escuelas medias, el Ministerio de Educación propone hacer una lista con los estudiantes que participan de las tomas y entregarla a la policía. También se acusa a los padres de incumplir los deberes de patria potestad.

El Ministerio de Educación porteño recomienda a los directores de las escuelas tomadas por estudiantes “efectuar una denuncia ante la Policía Federal” ante “la posible configuración de un delito por parte de los participantes”, es decir, los estudiantes, y también por “los padres de los menores, por incumplimiento de los deberes correspondientes a la patria potestad”. La indicación, que se distribuyó ayer a través de un memorándum en todas las escuelas de nivel medio, generó preocupación entre el personal docente de conducción, sobre todo porque en uno de los puntos sugiere que la mencionada denuncia policial debería ir acompañada de un acta donde conste, entre otros datos, el “listado lo más completo posible de alumnos/as que participen de la medida”.

Consultado por Página/12, el titular del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo porteña, Gustavo Lesbegueris, expresó que “el gobierno porteño parece más preocupado en confeccionar listas de estudiantes para denunciarlos ante la policía que en garantizar a las comunidades educativas adecuadas y suficientes condiciones de infraestructura, seguridad, habitabilidad y accesibilidad” en las escuelas.

Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación porteña (UTE-Ctera), anunció, en declaraciones a este diario, que el gremio “está llamando a desobedecer ese memorándum”. “La única forma de resolver los conflictos es mediante el diálogo y con más presupuesto para infraestructura edilicia”, afirmó el dirigente del gremio docente.

Las tomas de escuelas comenzaron el martes en el colegio Mariano Acosta y se extendieron a seis en los días siguientes: el Manuel Belgrano y el Normal 6, el miércoles, y el Confederación Suiza, el Lengüitas y el Cornelio Saavedra, que se sumaron ayer. La protesta tiene como eje el reclamo por un mayor presupuesto para infraestructura, cuya caída en los últimos dos años, sumada a la subejecución de las partidas, se pone de manifiesto con los graves problemas edilicios en muchos establecimientos. Los estudiantes convocaron para hoy a una marcha hacia el Ministerio de Educación porteño y anuncian más tomas de colegios para la semana que viene (ver recuadro).

Desde el Ministerio de Educación porteño, el titular de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, Max Gulmanelli, explicó que el memorándum es “sólo una sugerencia”, que justificó porque “el director es responsable civil y patrimonial por los daños que pudieran ocurrir en la escuela”.

–Si la función de su cargo es de apoyo a la comunidad educativa, ¿por qué no dialoga con la comunidad que está reclamando? –le preguntó este diario.

–No dialogamos en un escenario de tomas porque hay una ruptura del diálogo que se venía manteniendo por la otra parte.

El memorándum 921750, al que accedió Página/12, tiene fecha de ayer y está firmado por el director general de Educación de Gestión Estatal, Roberto Angrisani. Está dirigido a los directores y rectores de escuelas Media, Técnica, Artística, de Adultos y Formación Docente, y se titula “Procedimientos para las tomas de escuelas”.

El texto sugiere que las autoridades “se comuniquen telefónicamente en el mismo día de la toma con los padres de los alumnos individualizados como participantes” para “informales de la situación y pedirles que retiren a sus hijos en plazo perentorio, atento haber cesado el servicio educativo por cumplimiento del horario escolar”.

También recomienda a los directivos “permanecer en la escuela en resguardo del inmueble y los bienes que integran su patrimonio”. También sostiene que “corresponde dar aviso al SAME y al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

Lejos de retirar a sus hijos del establecimiento, muchos padres concurrieron a apoyar la medida e incluso participaron de asambleas, como en el Lengüitas, de Juncal y Salguero, donde los estudiantes resolvieron tomar el edificio “en solidaridad con los demás colegios secundarios”, ya que, reconocen, en su escuela no hay problemas edilicios, según expresaron a través de un comunicado.

“El memorándum del Ministerio de Educación expresa la escasa vocación para dialogar y mediar con los estudiantes que reclaman por mejoras edilicias”, dijo Lesbegueris a Página/12. “En vez de resolver el conflicto con una denuncia policial, judicializando la protesta, el gobierno debería aplicar en estos casos la ley de Mediación Escolar, aunque probablemente desconozcan su existencia.”

La ley de Mediación Escolar, sancionada en abril de 2009, crea un sistema para “promover métodos cooperativos en el abordaje de conflictos”, que cuenta con un “equipo de mediadores escolares”, quienes intervendrán “a solicitud de las autoridades de las escuelas”.

“Durante las tomas que hubo en la gestión de Mariano Narodowski, el ministerio les pedía a los directores la lista con los chicos que participaban de la medida. Ahora van más allá: quieren entregar esa lista a la policía”, se alarmó Eduardo López, de UTE-Ctera. El dirigente sostiene que si bien el memo está redactado en tono de sugerencia, “en la práctica, cuando un directivo no toma en cuenta las indicaciones que se le dan por escrito, es sancionable, según el reglamento”.

Los reclamos por problemas edilicios en las escuelas porteñas se han intensificado, ya que, en casi tres años de gestión, el macrismo sólo logró terminar una sola escuela (en Barracas) y tuvo que recurrir a la venta de terrenos en Catalinas Norte para engrosar el magro presupuesto para infraestructura. Ese dinero se utilizaría para reanudar las obras paralizadas en el Polo Educativo Saavedra y para construir una decena de escuelas en la zona sur de la Ciudad, que padece desde hace años una endémica escasez de vacantes.

Pagina/12, viernes 20 de agosto de 2010

Para descargar tensiones

Sigue pasando el tiempo y sigo pensando: cuando se cumpliran lso cuatro años para que este terrorifico gobierno de Macri se acabe! Porque a decir verdad nunca estuvo bueno, ni estara bueno Buenos Aires mientras esta persona siga en el poder. Los que vivimos en la ciudad estamos hartos de sus negociados personales, el desmoronamiento de la educacion y la salud publica, la poca iniciativa de sus legisladores. No solo no cumplio un solo item de los prometidos en campaña sinoo que tambien esta derrumbando la ciudad, nos caemos a pedazos. Para muestra basta la tragedia del gimnasio en Urquiza. No fue solo la inaccion del ingeniero a cargo. Hay toda una cadena de responsabilidades que fallan. Que quien este a cargo de controlar y fiscalizar todo esto sea un dirigente de la comision directiva del club Boca juniors nos da la pauta de cuan hundido esta este Titanic porteño. Que digan que el nivel de metros cuadrados construidos este año es el mismo que hace diez años atras es una falta de respeto a los ciudadanos. Pero por suerte falta poco, pronto la pesadilla finalizara.

Macrigate: Amigo en problemas

Revista veintitres, 2 de agosto de 2010

Como adelantó Veintitrés en su última portada, el secretario de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Ibarra, está llamado a ser la nueva pieza clave en el escándalo del espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri. Es casi un hecho que antes de que termine la primera semana de agosto el juez federal Norberto Oyarbide habrá tomado la decisión de citar a Ibarra para que preste declaración indagatoria. Si ese llamado se concreta en los plazos previstos, en poco más de 15 días Ibarra debería estar visitando los tribunales de Comodoro Py, luego de lo cual el magistrado podría sumarlo a la larga lista de procesados en este affaire.

El delito imputado al poderoso secretario porteño podría ser el mismo por el que Macri y el ex comisario Jorge “Fino” Palacios ya fueron procesados en dos oportunidades: partícipe de una asociación ilícita dedicada a realizar escuchas telefónicas. Otra figura delictiva que podría caberle a Ibarra, que antes de recalar en el Ministerio de Hacienda fue el hombre fuerte de la cartera de Educación, es la de encubrimiento, por haber sido responsable del ingreso de Ciro James en el gobierno porteño a través de su contratación.

Pero la importancia de Ibarra en el Macrigate no sólo remite a su rol como funcionario, sino a su vínculo con los personajes principales del relato que Oyarbide intentar reconstruir. El secretario es uno de los gerentes que Macri trajo consigo desde sus empresas privadas para formar un círculo de confianza en el Ejecutivo porteño, donde tuvo y tiene cargos estratégicos, con manejo de personal y caja. Se entiende: con el jefe del Pro, Ibarra tiene veinte años de negocios compartidos. Fue ejecutivo en varias compañías del holding Socma, director en la ruinosa concesión macrista en el Correo Argentino y gerente general en Boca Juniors. Justamente, en Boca trabó relación con el “Fino” Palacios, designado jefe de seguridad del club cuando Ibarra era una de las máximas autoridades y Macri el presidente.

Todos estos elementos hacen que, cuando se siente ante el juez, Ibarra tenga mucho que responder, por saberlo de primera mano. Por ejemplo:

- ¿Por pedido o recomendación de quién James desembarcó en la Ciudad? En ese momento, Ibarra era el subsecretario a cargo de las contrataciones de personal en el Ministerio de Educación, con libertad de acción y manejo de fondos millonarios. Macri y el ex ministro Mariano Narodowski dijeron que la recomendación vino de la Universidad de La Matanza, una versión negada por las autoridades de esa casa de altos estudios. Además, el propio Palacios había dicho: “A James lo recomendé yo”, en referencia a su gestión para que su ex subordinado en la Federal entrara a la Metropolitana.

- ¿Cómo se justifica el sueldo privilegiado que James recibió por un año? A pesar de no tener muchos avales en temas educativos –sí los poseía en cuanto a espionaje–, se le firmaron contratos por 6.000 pesos mensuales y se reasignaron partidas, algo difícil de logar sin consentimiento político.

- ¿Por qué no hay registro alguno del paso de James por ese ministerio? Para la Cámara de Apelaciones, la versión más atendible es que el espía no cumplía ninguna función en el área de Educación y que mientras percibía allí un importante sueldo, “se concentraba en la actividad de inteligencia”.

La pregunta que se hace Oyarbide es cuál será la versión de Ibarra. Pronto se sabrá. La respuesta del funcionario podría marcar el futuro político de Macri, el hombre para quien trabaja hace dos décadas y que hoy, además de la batalla por el juicio político en la Legislatura, podría tener que enfrentar un segundo frente judicial. Sucede que en la causa por la ruidosa licitación del mobiliario urbano, donde hace dos meses la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento del jefe de gobierno, también podría haber novedades para Macri.

Barrio Norte también sufre la patología PRO

El Hospital Rivadavia, el centenario centro de salud padece la falta de insumos y mantenimiento para sus salas, camillas y quirófanos.

A partir del próximo jueves, desde las 18 horas, los vecinos de Barrio Norte podrán ver en los jardines internos del Hospital Rivadavia una muestra fotográfica cuyo tema será el estado crítico en que se encuentran las instalaciones de ese centro de salud porteño. La exposición se mantendrá por una semana hasta que, el jueves 19 de este mes, también a las 18, se realice un abrazo simbólico pidiendo por el histórico edificio de ese barrio y por la salud pública de la ciudad de Buenos Aires, en general.
“El hospital (Rivadavia) depende única y exclusivamente del Gobierno porteño y va a contramano de las políticas inclusivas. La salud es un derecho, lo que también sostiene el Gobierno Nacional, hay un divorcio entre el proyecto nacional, que abre todo el tiempo nuevos espacios, y la desidia del Gobierno de la Ciudad, que cierra espacios, cierra hospitales, cierra escuelas, los espacios públicos etcéteras. Abandonando totalmente a las personas que habitamos este barrio”.
“Antes nos reuníamos en la plaza de Las Heras y Pueyrredón pero como el gobierno de (Mauricio) Macri está haciendo un estacionamiento, ahora está toda cerrada. Ya lo hizo con la otra, la de la avenida Coronel Díaz”, denuncia Bohmecke, y lo dice claramente, a pesar de su afectación idiomática: “Es un gobierno que con el presupuesto no está encargándose de las cosas que hacen falta, sino que emprende obras que no tienen nada que ver”.
los trabajadores del hospital, anoticiaron del estado paupérrimo de las instalaciones y de las versiones que airean las intenciones oficiales de cerrar la institución sanitaria. En esa ocasión es que pudieron tomar algunas de las fotos que son parte de la muestra que todos los días funcionará entre las 12 y las 19.
Bohmecke, escribió un artículo en el que detallan que “al problema edilicio se suman la falta de luz y gas, la carencia de insumos y las dificultades para entregar turnos. Allí se atiende a buena parte de la población, y tanto el personal profesional, el de enfermería, el de maestranza... son excelentes, pero no dan abasto por falta de insumos y de nombramientos. Han cerrado varios sectores”, comenta Heidi Bohmecke a Miradas al Sur. Y sentencia, con toda la gracia de un alemán que habla lunfardo: “Este Gobierno de la Ciudad no atiende la salud pública, no atiende la educación, ni la vivienda, ni el trabajo, que son los cuatro pilares de una sociedad sana. Esto es como una mesa de cuatro patas, que son la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, y si una de esas patas falla, puedes poner todos los manjares que quieras arriba de la mesa, que se te va a ir todo a la miércoles”.
“Si no tenés salud no estás en condiciones de trabajar, no vas a adquirir vivienda, no vas a poder tener educación, esas cuatro patas son fundamentales”.
El Hospital Rivadavia ha sido declarado Patrimonio Histórico de la Nación, por lo que debería encontrarse bajo una comprometida protección oficial.
Antes de realizar el abrazo simbólico se entregará un petitorio a las autoridades del Hospital exigiendo la normalización de los servicios, así como el reacondicionamiento de su estructura edilicia.
Bohmecke es periodista. Y hasta tiene su máster en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Actualmente escribe una columna en el Argentinisches Tageblatt, el único diario alemán que se publica en la Argentina. Es dirigido por el ex funcionario de la dictadura Roberto Alemann. Bohemecke asegura que, a pesar de todo, tiene total libertad al escribir allí.

HISTORIA CLÍNICA
La vida de lo que hoy es el Hospital Rivadavia, tuvo sus idas y vueltas pero mantuvo a lo largo de la historia su vigencia sanitaria.
-1774. Se funda el Hospital de Mujeres al 800 de la calle Bartolomé Mitre.
-1822. Durante la presidencia de Bernardino Rivadavia el nosocomio pasa a manos de las autoridades provinciales.
-1876. Se compran los terrenos para la realización del nuevo Hospital de Mujeres en la esquina de las calles Chavango y del Sar (hoy Las Heras y Bustamante). El edificio se levantó donde había un viejo arroyo (calle Austria).
-1880. Se nacionalizan los terrenos y se coloca la piedra fundacional.
-1887. El 27 de abril se inaugura con el nuevo nombre de Hospital General de Mujeres Rivadavia, en su nueva ubicación de la Avenida Las Heras. Y luego vuelve a cambiar su nombre por el de Hospital Bernardino Rivadavia.
-1946. Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el Hospital pasó a ser administrado por el Ministerio de Salud Pública.
-1996. De acuerdo a lo establecido por la Constitución de 1994, el Hospital Rivadavia pasa a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
-2010. Sin insumos, con falta de gas y luz, habitaciones y salas en estado deplorable y dificultades para entregar turnos, el Hospital Rivadavia atraviesa su peor período de decadencia y de ausencia de políticas de salud pública del actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cierre del parque Las Heras

Les cuento... una de las soluciones para el reordenamiento del transito en la ciudad es la construccion de cocheras subterraneas debajo de las principales plazas de la ciudad, este es un proyecto que data de hace diez años pero recien ahora se pudo poner en marcha.
Parafraseando tristemente a Luis Abelardo Patti, quien decia que para resolver un delito hay que violar varias leyes, Mauricio para poder llevar a cabo cada proyecto necesita violar varias leyes.
por ley 3057 artículo 4: "Los estacionamientos deberán ser construidos exclusivamente a cielo CERRADO" !!!!!!
destrucción de vegetación.. claramente VIOLANDO LA LEY!!!.. ley 3057 artículo 7: "..garantizando que las obras no afecten la vegetación, ni la arqueología, ni las estructuras existente.."!!!!!
Por un tema de menores costos para la obra (que paga la empresa, no la ciudad!) quieren construir estacionamientos subterráneos a sólo 3m de profundidad A CIELO ABIERTO (violando la ley 3057 art 4!) en el Parque Las Heras poniendo EN RIESGO:
- LA VIDA de los 1500 alumnos de las escuelas del Parque: por la constante entrada y salida de vehículos (y 3000 chicos que circulan a diario por ahí) [es ridículo poner 500 cocheras donde hay 3 escuelas!!!]
- los ARBOLES y espacios verdes del Parque declarado SITIO HISTORICO en 2007 [es ridículo poner 500 cocheras reduciendo un espacio verde y destruyendo un sitio histórico!!!]
- RESTOS DE LA CARCEL a pocos metros de profundidad (por ello no les queda otra que cavar no más de 3m-> o sea, o perjudican los árboles o destruyen restos de la cárcel - NO ES LUGAR PARA LA OBRA!!) [es ridículo poner 500 cocheras donde hay riesgo de dañar patrimonio histórico!!!]
- el ECOSISTEMA de flora y fauna generado en el parque.. control natural de plagas?.. ya de por sí la cantidad de pájaros que habitan.

ADEMAS:
- privan de acceso al menos por 1 año a TODA la ciudad de este espacio verde, social y cultural UNICO.
- con sólo 3m de profundidad de tierra, el parque quedará reducido a un PARQUE MACETERO con flores y arbustos/arbolitos - favoreciendo MAS INUNDACIONES por la escasa tierra para absorber las lluvias
- perjudicarán a todos los vecinos propietarios de la zona al bajar drásticamente la cotización del m2 de sus inmuebles ya que dejarán de ofrecer la calidad de vida de aire renovado en un espacio verde frondoso y tranquilo por otro ruidoso y contaminado con un parque macetero con vereda, rejas, canteros, etc.
- los inicios de la obra están provocando el incremento de ratas y alacranes en las inmediaciones, como lo han detectado en una de las escuelas, poniendo en riesgo la salud de alumnos y vecinos por enfermedades y picaduras. Es que bajo tierra están los restos de la penitenciaría y el movimiento de tierra está empezando a interferir con ese habitat subterráneo.

Cómo PROteger a los chicos

Pagina/12, Lunes 2 de agosto
Funcionarios porteños habían denunciado a dos padres que viven con sus hijos bajo la Autopista 25 de Mayo, de exponerlos al frío polar. A su vez, Macri y funcionarios de su gobierno fueron denunciados por incumplimiento y por abuso de autoridad.

La topadora del gobierno porteño no se anda con sutilezas. Si los palos de la UCEP y los desalojos compulsivos se discontinuaron, ahora su política consiste en denunciar a los pobres más pobres. Padres de ocho familias en situación de calle fueron acusados ante la Justicia de exponer a sus hijos menores al frío polar y negarse a que los socorrieran. Se les imputó el abandono de persona. Por esta conducta, Mauricio Macri, su ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, y algunos funcionarios de menor rango también terminaron denunciados. Los diputados nacionales Liliana Parada y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, los responsabilizan de dos delitos de acción pública: incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. “Es difícil encontrar casos en los cuales de manera tan manifiesta se haya recurrido a la criminalización de personas en un alto nivel de vulnerabilidad violando la normativa y procedimientos vigentes para ocultar el incumplimiento de sus funciones”, dice el escrito que fue presentado el viernes ante el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 2 a cargo de Diana Ester Delest.

Todo se inició cuando el 19 de julio pasado, de madrugada, el abogado Daniel Enrique Magán, en representación del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, denunció en una comisaría a los padres de dos menores que viven con ambos en la calle, debajo de la Autopista 25 de Mayo. Media hora después, lo imitaba el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo. Acusaba a la misma pareja integrada por un cartonero y una mujer indocumentada, de 51 y 40 años, respectivamente, instando a la acción penal contra ellos. Sus hijos tienen 10 años y 10 meses. La fiscal que intervino, Claudia Barcia, no dio curso a la denuncia porque el hecho no constituía delito ya que, “las personas sindicadas como autoras se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad”.

Parada y Lozano, basándose en un informe del asesor tutelar de menores Gustavo Moreno, sostienen en su denuncia que “surge asimismo que el día 13 de julio el subsecretario Acevedo y el director general de Asistencia Inmediata, Pablo Gabriel Díaz, denunciaron a otros padres con sus hijos menores de edad en situación de calle, quienes rechazaron recursos habitacionales”. Moreno también afirma que esas presentaciones se transformaron en “una conducta sistemática del Poder Ejecutivo local”. Según él, los funcionarios porteños pretenden “dejar a salvo sus responsabilidades personales, a la luz de la ineficiencia de los órganos del Poder Ejecutivo que representan, luego del fallecimiento de un bebé de 25 días en situación de calle a principios de julio”.

Moreno alude al caso de Luis, una criatura que murió de una neumopatía debajo de la Autopista 25 de Mayo, sobre la calle Pichincha, en la madrugada del 4 de julio. Su mamá, Paola Fernández, le contó a Página/12 lo que había sucedido en la edición del 7 de julio: “Enseguida lo llevé al Hospital Garrahan, porque era el lugar más cercano que tenía. Los médicos lo tuvieron 20 minutos para reanimarlo, pero ya había fallecido”. La familia, encabezada por Marcos Navarro Almeida, el padre del bebé, tiene otros cinco chicos y vive por ahora en un hotel de Constitución. Padres como Marcos y Paola son los que denuncia el gobierno macrista por abandono de persona.

“Habilitar este canal de persecución por parte de un funcionario que debe velar por el fortalecimiento familiar y por el Consejo de Derechos, cuando el resultado de su denuncia puede implicar que los padres resulten condenados y privados de su libertad, implica el mayor de los absurdos”, afirman los diputados en su denuncia.

Parada y Lozano le atribuyen responsabilidad penal a Macri porque dicen que “todo esto no puede ser decisión de funcionarios de segundo rango de dos diferentes áreas sin haber una clara decisión del jefe de Gobierno y de la ministra (por Vidal), por más que frente a los trascendidos y/o negativa del fiscal, asesor tutelar, etc., decidieran desistir, el delito que denunciamos ya fue consumado con la radicación de sus denuncias”.

Para los legisladores nacionales, la medida del jefe de Gobierno se enmarca en “la política de persecución de los más vulnerables que comenzó por la represión mediante la UCEP y ahora termina con la criminalización mediante estas denuncias penales...”. Además de llevar ante la Justicia a Macri, Vidal y Acevedo, también lo hicieron con los integrantes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuestionan que el denominado operativo frío –con el propósito de sacar a los sin techo de la calle– y, por el cual se ofrecen comidas, frazadas y paradores “es un paliativo coyuntural y analgésico que desembarca en circunstancias de abandono demasiado profundas y arraigadas”.

Los paradores, argumentan, “son espacios en los que es difícil obtener una cama, donde muchas veces se hacen largas colas para entrar y donde es común en invierno que no haya plazas disponibles y que, salvo uno de ellos donde no es fácil el ingreso, las familias son separadas porque no son mixtos. Además, para ingresar deben abandonar el lugar que obtuvieron en la calle y las pertenencias, con el riesgo de perderlo todo”.

La denuncia también menciona cómo el gobierno porteño “ayudó considerablemente a aumentar la situación de calle mediante una enorme cantidad de desalojos administrativos” en los que “cientos de niños fueron arrojados con sus padres a la calle de un día para el otro, pese a estar escolarizados, sin protección alguna del Estado”. Organizaciones que marcharon el 13 de julio para protestar contra esta política social con un frazadazo, estiman que la población en situación de calle asciende a unas 15 mil personas. Para el ejecutivo de la ciudad, apenas llega a un 10 por ciento de esa cantidad. Al poco tiempo de que Macri asumiera la jefatura de Gobierno, se estimaba que había 800 niños viviendo en plazas y parques. Dos de ellos, Ludmila y Luis, murieron por causas evitables. Sus padres y otros padres con hijos en situación de calle son denunciados penalmente. El darwinismo social del gobierno porteño les permite a sus funcionarios organizar la ciudad con prescindencia de los más débiles.

Un monje negro de Macri

Pagina/12, 25 de Julio de 2010 por Gustavo Veiga

Estuvo en Socma, en el Correo Argentino y en Boca. Fue segundo de Mariano Narodowski en Educación y le atribuyen haber intervenido en el nombramiento del espía Ciro James. Ahora está en la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda porteño.


Andrés Horacio Ibarra es un funcionario multipropósito del gobierno porteño. O lo que en la práctica resulta igual: un estrecho colaborador de Mauricio Macri. Su compromiso no reconoce fronteras. A fojas 23, el fallo de la Cámara Federal que ratificó el procesamiento de su jefe le dedica algunas consideraciones. Lo vincula con Jorge “el Fino” Palacios y Ciro James; recuerda que el ex ministro de Educación, Mariano Narodowski, lo señaló virtualmente como responsable de la contratación del espía. Esto no debería sorprender. Una de sus especialidades son los recursos humanos. Hoy tiene a su cargo el control de los 124 mil empleados de la Ciudad, función que cumple desde el Ministerio de Hacienda. Allí recaló a mediados de junio este licenciado en Economía egresado de la UCA y ex miembro del staff gerencial del grupo Socma. Si no llegó a integrar el gabinete fue porque se le encomendaron otros menesteres. Desde un discretísimo segundo plano, como antes lo hizo en el Correo Argentino o en el club Boca Juniors, siempre acompañó a su mentor, el líder del PRO en acentuado declive.

Igual que si se tratara de un futbolista codiciado, en su último traspaso, Ibarra cambió la Secretaría de Educación por la de Recursos Humanos. Se sentía incómodo con el ministro Esteban Bullrich, quien le había recortado atribuciones, aunque no el salario. Cobraba una remuneración mensual bruta equivalente al 90 por ciento del sueldo de un ministro. Sus ingresos ascendían a 21.510 pesos por el aparatoso cargo que mantenía desde la gestión de Narodowski: subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del ministerio.

Así como James tenía línea directa con el comisario Palacios, Ibarra conserva la suya con Macri. En Educación siempre fue un poder paralelo. En el 9º piso del edificio de Paseo Colón 255 circulan habladurías en torno del despacho ministerial. Hay empleados que dicen haber observado cómo Bullrich sacó hasta las fotos, preocupado por la versión de que le habrían colocado micrófonos. Desde un piso más abajo, en las oficinas que ocupaban Carlos Lelio, Pablo Martín Legorburu y otros funcionarios transferidos a Recursos Humanos, siempre hubo chisporroteos con el ministro. Ahora están bajo el ala de Néstor Grindetti, en Hacienda.
Del Correo a Boca

Cuando el juez Eduardo Favier Dubois (h) decretó la quiebra del Correo Argentino, el 16 de diciembre de 2003, a Ibarra se le prohibió la salida del país durante casi siete meses. Ocupaba el cargo de director titular de la empresa que regenteaba Sideco Americana SA (tenía el 69,23 por ciento del paquete accionario). La deuda que dejó el Grupo Macri ascendía a 659 millones de dólares de la convertibilidad y, durante su gestión, el holding puso en práctica el plan de retiros voluntarios y despidos más grande de su historia. Unos 3 mil empleados perdieron sus puestos. El directorio de Sideco estaba integrado por su presidente, Angel Calcaterra, el propio Grindetti y Jorge Rubén Aguado, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, entre otros. La interdicción dispuesta por Favier Dubois también alcanzó a las autoridades de Socma y a Franco Macri, quien se negó a pagar el canon del Correo hasta que el gobierno de Néstor Kirchner tomó la administración en sus manos.

En febrero de 2004, Ibarra llegó a Boca para ocupar la gerencia general. El jefe de Gobierno porteño, que por entonces cumplía su segundo mandato como presidente del club, lo rescató del Correo. El personal de la popular asociación civil temió lo peor. Al economista se le atribuían los despidos salvajes de la empresa telepostal. Macri delegó en él ciertos negocios en China –organizó giras e intentó colocar la marca Boca en ese preciado mercado– y así consolidó su versatilidad, que había puesto al servicio del holding familiar desde principios de los años ’80. De viaje por Barcelona, se ufanó de haber aumentado los recursos comerciales de la institución un 230 por ciento. Fanático xeneize, a fin de cuentas tenía un motivo para pavonearse.

En el club, Ibarra acompañó con su firma operaciones clave y, durante su gestión, Boca le inventó a Palacios el cargo de gerente de seguridad que hasta su llegada no existía. El ex jefe de la Policía Metropolitana ahora detenido cumplía sus funciones desde una oficina en la planta baja de la Bombonera. Otros comisarios, Pedro Santa Eugenia y Jorge Gómez, apuntalaban el aparato de seguridad. El ex vicepresidente boquense y dirigente peronista Roberto Digón confirmó ante el juez Norberto Oyarbide la manera en que Palacios e Ibarra trabajaron juntos en la institución mientras Macri la conducía.

Esto se desprende del fallo de los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah: “Semejante margen de acción no puede ser atribuido en soledad a Jorge A. Palacios. Quien iba a ser jefe de la Policía Metropolitana, empero, sí tenía relación con Andrés Ibarra, quien era gerente general del club Boca Juniors cuando aquél, en el año 2006, fue designado jefe de Seguridad. Según el testimonio de Digón, Palacios dependía directamente de Ibarra”.

Tanta confianza delegó Macri en su colaborador que, para otorgarle la gerencia general, desplazó a un histórico empleado jerárquico como Eduardo Cafaro, quien terminó en Boca Crece con retención de su cargo, el emprendimiento comercial del ex presidente para hacer caja con la marca del club. Tiempo después, aquél recibió una indemnización de 1.500.000 dólares. El ingreso de Ibarra le había salido a la tesorería demasiado caro. En su entorno se comenta que el secretario de Recursos Humanos del Gobierno porteño añora aquella etapa boquense. Podía definir una obra o contratación importante con sólo poner su rúbrica, algo que en el Estado no puede hacer con tanta celeridad. Producto de aquellos años de bonanza y éxitos deportivos, quedó como muestra el libro Pasión y gestión, claves del ciclo de Macri en Boca, que presentó en la Feria del Libro el 7 de mayo de 2009 el periodista Fernando Niembro. Ibarra lo escribió junto al propio Macri y Alberto Ballve para dejar testimonio de una etapa que le permitió al jefe de Gobierno porteño saltar del club a la ciudad. Detrás de él también saltó el dúo dinámico de Palacios y James. Los dos están presos y el candidato presidencial del PRO acaba de recibir la confirmación de su procesamiento. Al protagonista de esta historia, el secretario de Recursos Humanos, podrían indagarlo en el expediente que amenaza con derrumbar las aspiraciones políticas de su jefe.