Gracias nestor!!!!

Rodríguez Larreta juntó firmas contra los motochorros

NO SE QUE PRETENDE RODRIGUEZ LARRETA. SI SON GOBIERNO SE SUPONE QUE SON LOS ENCARGADOS DE PREPARAR LAS LEYES Y PROYECTOS QUE SERVIRAN PARA QUE "ESTE BUENO VIVIR EN BUENOS AIRES". PARA QUE JUNTA FIRMAS? PARA QUE LOS MOTOCHORROS SE VUELVAN DELIVERY? PARA QUE CIRCULEN POR LA BICISENDA? ME DIJERON QUE EN EL REINO DEL REVES...

Ciudad1.com
El jefe de Gabinete porteño participó de esta inciativa popular en Recoleta que busca ampliar las medidas aprobadas por la Legislatura para prevenir asaltos.

"Tengo un compromiso con cada madre y padre de la Ciudad para combatir a los motochorros, pero no podemos hacerlo con una ley que es insuficiente. Salimos a la calle a juntar firmas, a juntar fuerzas, para que la Legislatura nos acompañe y así poder conseguir una ley que frene los delitos en moto", expresó Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gabinete de la Ciudad además afirmó: "No podemos perder más tiempo. La seguridad de los porteños así lo demanda. Tenemos que defender la vida, tenemos que proteger a las familias argentinas".

Esta iniciativa popular se realizó en el barrio de Recoleta y fue impulsada por el rabino Sergio Bergman. "Con el apoyo masivo de los porteños vamos a volver a insistir en las leyes que necesitamos para cuidar la vida de nuestras familias", dijo Rodríguez Larreta.

El funcionario participó de la recolección junto con el subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, el director general de Descentralización y Participación Ciudadana, Juan Pablo Graña, y el director del CGPC 2, Facundo Carrillo.

Denuncian al Gobierno porteño por cerrar un servicio de zooterapia

Padres de niños discapacitados reclamaron hoy, en la Legislatura porteña, la “inmediata reapertura” del servicio de zooterapia que la gestión macrista ofrecía hasta hace un mes en el Parque Roca, donde asistían cerca de 500 pacientes. La denuncia fue acompañada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y un grupo de legisladores.

Un grupo de legisladores porteños acompañaron a padres de niños discapacitados que reclamaron hoy, en el Parlamento de la Ciudad, la “inmediata reapertura” del servicio de zooterapia que la gestión macrista ofrecía hasta hace un mes en el Parque Roca, a donde asistían cerca de 500 pacientes

En la conferencia de prensa estuvieron presentes María Elena Naddeo, Raul Puy, Diana Maffía y Jorge Selser. También la defensora adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz. Naddeo, durante su discurso, anunció que presentó, junto a los diputados/as de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Salud Mental, un pedido de informes "donde cuestionamos por qué no se efectivizó el pase a planta permanente a los responsables de este programa, en vez de cerrar el servicio y además por qué no se presentó una propuesta alternativa".

Laura, mamá de Martina, dijo que la Zooterapia le cambió la vida a su hija: "antes no se comunicaba y ahora lo hace y aumentó su lenguaje". "No puedo entender cómo van a cerrar algo que es tan importante para nuestros hijos", agregó.

Susana Olmedo, mamá de Noelia, de 13 años, dijo "no puede ser que cada vez que cambia el jefe de gobierno tengo que luchar para que no cierren el servicio". "Tendrían que venir a decirnos si necesitamos mas terapistas, más elementos, mejores comodidades en vez de cerrarlo", criticó.

Amelia, mamá de Milagros, reflexionó "el mundo de la discapacidad es un gran mundo. La sociedad no nos acepta, no les gusta vernos, no les gusta compartir un ascensor y eso termina carcomiendo la autoestima de los chicos". "Es inmoral que quieran cerrar este servicio, haré todo lo que tenga que hacer para que siga funcionando", terminó.

Desde 1993 se realiza en el Parque Roca esta actividad y, según se informó, uno de los problemas centrales y que ha generado el cierre de este servicio se origina en la resolución del Ministerio de Salud por la cual se exige la restitución de la coordinadora del subprograma de zooterapia, Elsa Szwarcman, a su cargo de base en el hospital Piñero. Szwarcman, por su parte, denunció además una persecución a todo el equipo de trabajo y el robo de historias clínicas. "Ellos -por el Ejecutivo porteño- buscan la forma de quedarse con el espacio".

Los padres denunciaron que actualmente Zooterapia no tiene responsable a cargo, nadie cuida de los animales y el servicio es inexistente por lo que cientos de niños y adolescentes que presenten discapacidad mental, motora, física y/o sensorial se ven perjudicados y sin asistencia.

DENUNCIA DE UNA ONG: No usan el presupuesto para la "Salud Sexual"

La ONG Fundamind denunció que el Gobierno porteño dejó de ejecutar el 70% del presupuesto destinado para el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que busca prevenir el embarazo adolescente. La ONG detalló que no se está cumpliendo la ley y que el índice de adolescentes de 12 a 19 años embarazadas en la Capital argentina ascendió de 7,2% en 2007 a 19% en 2008.

De inquilinos a condenados

La política de desalojos del gobierno de Macri encontró un aliado en la Justicia: un fallo condenó a seis meses de prisión a nueve inquilinos que fueron acusados de usurpar una vivienda en San Telmo. Cinco son madres y uno es un anciano de 77 años.

La Justicia porteña condenó a nueve inquilinos de condición humilde a seis meses de prisión. Les atribuye haber despojado de su vivienda en el barrio de San Telmo a un hombre de origen japonés que se considera un linyera. La información, que se desprende del fallo de la jueza María Luisa Escrich, parece un escarmiento contra las usurpaciones que se producen en la ciudad de Buenos Aires. Pero es mucho más que eso. Resulta un precedente jurídico contra las personas sin techo que ni siquiera alcanzan a pagar una pieza de hotel y subalquilan casas de dudosa habitabilidad. Cinco madres –una, por tener antecedentes, deberá cumplir la pena en la cárcel–, un anciano de 77 años, un desocupado, un obrero panadero y un mensajero son los acusados. Diez niños viven con ellos en el caserón de Chacabuco 630, todos hijos de las condenadas, que en su mayoría trabajan como empleadas domésticas. Escrich, basándose en la acusación del fiscal Angel Carestia, señala que “los imputados se valieron de violencia para ingresar y permanecer en el inmueble en cuestión”, cuando no hay pruebas que respalden tal aseveración en las quince carillas de su sentencia. Los abogados defensores apelarán ante la Cámara lo que una comisión de apoyo a estos vecinos definió como “un nuevo ataque de Macri contra el pueblo”.

El 12 de octubre se conocieron los fundamentos del controvertido fallo del Juzgado Nº 20 en lo Penal, Contravencional y de Faltas. La jueza dio por acreditado que “los imputados despojaron a Néstor Nakama de la tenencia pacífica que el mismo gozaba del inmueble de la calle Chacabuco 630/34 de esta ciudad, mediante el uso de la violencia y hasta la fecha permanecen en él”. La única violencia que quedó acreditada por los testimonios de algunos testigos en el juicio se la atribuyen al presunto propietario. Mariela del Carmen Aguirre, la mujer condenada a prisión efectiva, declaró que la amenazó “con prenderla fuego, paseándose con un bidón de querosén”. Una vecina del barrio aportada por la defensa, Ana Raquel Melnik, describió que Nakama peleaba con un supuesto socio, Carlos Benítez, y que en una ocasión éste “se fue mal, lastimado, agredido, que después no fueron nunca más hasta que en el verano el señor oriental se paseaba con un bidón de nafta amenazando que iba a quemar la casa, a los vecinos, etcétera”.

El denunciante nunca mostró el título que lo acredita como dueño de la vivienda y alegó que figura a nombre de la esposa de su primo, Julia Serikyaku. Su primo es un tal Ryoki Nakama. Benítez, el individuo que mencionó Melnik en su declaración, es quien le subalquiló la vivienda al grupo de inquilinos, a razón de 400 pesos por mes y por persona. La compartía con el japonés, según lo expresó hasta la propia jueza: “Con respecto a la existencia del Sr. Benítez, se encuentra probado que el mismo existió y vivió en el lugar. Ello por cuanto, los testigos Mauro, Villera y López Angeloni (todos declararon a favor de Nakama) confirmaron su existencia”. O sea, el hombre que según los condenados les alquiló una habitación en Chacabuco 630 resultó amigo de Nakama. De la sentencia se desprende que Benítez tuvo una causa por robo en el Juzgado de Instrucción Nº 17. Y en el barrio dicen que también era futbolista de Boca. La dupla, además, se dedicaba a la compraventa de chatarra.

En el fallo se menciona que de la prueba obrante surge que “la situación de calle en la que se encuentra el denunciante es a consecuencia del despojo sufrido”. El japonés o descendiente de japoneses es caracterizado en un texto que difundió el Comité de Apoyo a los Inquilinos, que tiene base en la Asamblea Popular de San Telmo, como un “ciruja, presunto contador público, con dos condenas por estafa, investigado por la muerte dudosa (envenenamiento) de una prima en 2005, que –¡oh casualidad!– lo quería echar de la vivienda”. También dice el texto que estuvo internado en el Hospital Borda en abril último por “representar un peligro para sí y para terceros”. Además, transcribe el dato de una causa por insania que se tramitó en el Juzgado Civil Nº 22.

Escrich condenó a penas de prisión a las cinco mujeres y cuatro hombres, basándose en parte en que “no existe contrato de alquiler, recibo de pago o cualquier elemento que pruebe la buena fe de la ocupación por parte de los imputados”. Y por ende, desestimó los testimonios de dos de las acusadas (Aguirre y Alejandra de la Cruz Aparicio, una empleada doméstica y vendedora de comidas) “de haber pagado por el alquiler de las habitaciones del inmueble de Chacabuco 630 al Sr. Benítez, encargado del lugar”.

La jueza coincidió con la acusación del fiscal Carestia contra Aguirre, Aparicio, Edith Angélica Cuello, Margarita Martínez, Valeria Rosa Valenzuela, Javier Alejandro Valenzuela, Carlos Hugo Pourrian, Robustiano Ayala y Cristian Nores porque, según ellos, invadieron la propiedad “entre los días 8 y 10 de diciembre de 2009, reemplazando la cadena y candado originales de la puerta de ingreso y permaneciendo en él, despojando así de la tenencia al Sr. Néstor Osvaldo Nakama, quien lo ocupaba previamente”. Carestia, cotitular de la Fiscalía Nº 6, es el mismo que intervino en la acusación contra la destituida jueza Rosa Parrilli –aquella que discriminó a dos empleadas del área de Tránsito del gobierno porteño– y que también pidió identificar a piqueteros que acamparon en la Avenida 9 de Julio en diciembre del año pasado.

El Comité de Apoyo a los inquilinos condenados que se constituyó en San Telmo denunció en duros términos a Escrich y Carestia. En un afiche donde aparecen en una fotografía los ocupantes de Chacabuco 630 junto a los diez niños que viven allí, y bajo el título “Estos son los presos de Macri”, señala: “El 4 de octubre el fiscal Angel Carestia y la jueza María Luisa Escrich, por cuenta y orden de su jefe, Mauricio Macri, condenaron a nueve humildes inquilinos a cumplir penas de seis meses de prisión acusándolos de usurpar la vivienda que, de buena fe, alquilaban desde hacía más de un año, en Chacabuco 630. Peor todavía: ordenaron que el inmueble le fuera entregado a un conocido y desquiciado estafador que ni es el propietario ni pudo acreditar ningún derecho sobre el mismo”.

Pagina 12, Lunes 18 de octubre de 2010, por Gustavo Veiga

Comisión Investigadora: insultos, golpes y corridas

La reunión de la Comisión Especial Investigadora debió concluir antes de lo esperado y pasar a cuarto intermedio. Sergio Burstein -víctima de las escuchas telefónicas ilegales e integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA- declaraba como testigo y los cruces entre éste y los diputados del PRO, que insistían en preguntar acerca de la vida personal de Burstein y el motivo por el cuál no apelaba el sobreseimiento de Guillermo Montenegro, se volvieron cada vez más fuertes. Legisladores del bloque oficialista reiteraron además sus acusaciones al diputado Marcelo Parrilli en relación a supuestas amenazas de su asesor al diputado PRO Cristian Ritondo.

De la violencia verbal se pasó rápidamente a la violencia física. El periodista Fernando Alonso, de Canal 7, fue golpeado en una confusa pelea en la que estuvieron involucrados asesores de diputados PRO, legisladores de distintos bloques y personal de seguridad de la Legislatura. Burstein debió salir rapidamente, en medio de empujones y corridas, del Salón Montevideo, en el que se realizaba la reunión.

Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) sostuvo en relación al trato de los diputados macristas a Sergio Burstein que "el PRO trata a una víctima como si fuera victimario, transforma al acusador en acusado".

En relación a la situación que se vivió antes de que la Comisión Investigadora se viera obligada a pasar a un cuarto intermedio, el diputado Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) afirmó que "la única respuesta del macrismo es la provocación y el insulto. Durante tres horas le faltaron el respeto a Sergio Burstein y por eso se generaron los incidentes en los que, entre otros, fue golpeado el periodista de Canal 7 Fernando Alonso. Con participación y control popular en la comisión investigadora habría menos provocaciones."

Diario Z, jueves 14 de octubre de 2010

Mauricio Macri: "Gracias a veinte periodistas el país vive el fin del kirchnerismo”

SUERTE QUE TODAVIA NO ESTAMOS EN CAMPAÑA, SINO SERIAN BOLUDECES DE ESTE ESTILO A CADA MOMENTO

Las palabras que Mauricio Macri dijo hoy en Córdoba darán que hablar tanto en el Gobierno, como en la oposición, y sobre todo en los medios de comunicación. Es que el jefe de Gobierno porteño aseguró que está en "el mejor momento" de su vida y consideró que el país vive "el fin del kirchnerismo" gracias a "veinte periodistas que dijeron que no".

El líder del PRO fue la figura estelar en un almuerzo del ciclo "Voces Federales" de la cordobesa Fundación Mediterranea, donde ante un auditorio conformado por empresarios, dirigentes gremiales de empresas y algunos políticos, admitió que es "precandidato presidencial" para las generales de 2011.

"Soy precandidato a la Presidencia, y por ahora lo que nos importa es hacer crecer el PRO", manifestó a la prensa, evitando definirse sobre una eventual acuerdo con el peronismo federal. Sin embargo, momentos antes, había hecho favorables comentarios sobre la gestión en San Luis del peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá, de quien dijo: "Invirtió la plata en obras y no hizo como otros, no le dio empleos a sus amigos".

Periodismo y oposición. Entre los "veinte periodistas" responsables de lo que consideró la etapa final del actual gobierno, Macri incluyó a Joaquin Morales Solá, Eduardo Van Der Kooy, Jorge Lanata, Nelson Castro, Magdalena Ruiz Guiñazú y los cordobeses Mario Pereyra y Miguel Clariá (de la radio Cadena 3).

Según el líder del PRO, "en un primer momento" los periodistas sustituyeron a la oposición política en la Argentina. "Los Kirchner nos quisieron contar una historia sesgada y ellos dijeron que no", subrayó. "Ahora la oposicion está más organizada", indicó el ex presidente de Boca, quien se sintió tan cómodo que hasta habló de su vida personal. Confirmó que se casa en noviembre y dijo: "Estoy enamorado".

Aunque su apellido es casi un símbolo empresario, Macri tuvo palabras críticas para los empresarios nacionales, a quienes calificó como "los mayores accionistas de la decadencia que va desde 1910 hasta ahora", considerado además que "el kirchnerismo puso de manifiesto la falta de dignidad del empresariado argentino".

En esos términos, les reclamó más participación en la vida política y les advirtió a los presentes: "Entre ustedes puede estar el próximo Berardi", en relación al padre de Matías, el joven secuestrado y asesinado días pasados en Buenos Aires.

Ordenan al gobierno porteño suspender ingreso de camiones en Parque Sarmiento

La jueza Elena Liberatori dio lugar a la medida cautelar presentada por la defensora Adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz, y ordenó al gobierno porteño que suspenda el ingreso de camiones con tierra y escombros al Parque Sarmiento. Pidió además que se abstenga de llevar adelante acciones "que no se compadezcan con el destino de urbanización parque" de ese predio.

Muñiz realizó esta presentación, por derecho propio, al comprobar el uso indebido del Predio del Parque Sarmiento para la carga y descarga de escombros, y solicitó "la desocupación de piedras y tierra de procedencia externa depositados indebidamente en ese espacio verde".

La defensora Adjunta elevó el 2 de Agosto pasado un informe sobre estas falencias al Ministro de Desarrollo Económico del GCBA, Francisco Cabrera, y al subsecretaria de Deportes Francisco Irarrazaval donde explicaba esta situación y detallaba que en esa inspección se encontró "con montículos de tierra y piedras, que aparentemente son escombros extraídos de la obra que se esta realizando sobre la ampliación del subte línea B". Al tiempo que se observa obras que se encuentran sin perimetrar, camiones que circulan en sendas peatonales y zanjas peligrosas "lo cual representa un riesgo para los niños que concurren a la colonia", puntualizó el informe, entre otros temas que se verificaron.

Clausuras masivas: la guitarra en el ropero

El macrismo respondió a la tragedia de Beara cerrando lugares donde se toca música en vivo, incluido el Café Vinilo, sede oficial del Festival de Jazz. Las bandas se refugian en casas particulares y los músicos protestan en la calle.

El derrumbe en el boliche Beara marcó el inicio de una ola de clausuras in­discriminada a los ba­res y restaurantes donde tocan bandas. Lo notable es que mu­chos estaban expresamente auto­rizados para hacerlo. Por ejemplo, el Café Vinilo, uno de los lugares afectados, fue sede en 2009 del Festival de Jazz organizado por el gobierno porteño y está seleccio­nado para serlo en 2010. El direc­tor del festival, el pianista Adrián Iaies, iba a presentar el próximo sábado allí su disco Cinemateca finlandesa.

"Nos eligieron por las capaci­dades técnicas y físicas del lugar, las mismas por las que ahora nos clausuraron", dice el dueño, Eze­quiel Ordóñez, que cuenta que el restaurante afectado tuvo nueve inspecciones previas a la tragedia de Beara y nunca vieron proble­mas. Hasta ahora: "Estaba tocan­do Diego Schissi Quinteto cuando llegaron los inspectores y nos pi­dieron que levantáramos el show porque si no clausuraban. Como nos negamos, procedieron", ex­plica Ordóñez. Hoy tienen inha­bilitado el escenario pero no el restaurante. Y agregó: "Están ac­tuando de manera ilógica, prime­ro te clausuran y luego se fijan si estás bien habilitado".

Inspecciones encubiertas con agentes que se hacen pasar por público, uso de la fuerza y aprie­tes: los músicos y los dueños de bares sostienen que el macrismo está sensibilizado por el derrumbe de Palermo e inició una suerte de "persecución a la música en vivo". El sábado pasado, un inspector entró a los empujones al club Vuela el Pez, donde uno de sus socios festeja­ba el cumpleaños. "Se identificó como Horacio, ingresó corriendo y filmando con un teléfono", de­nunció Demián, otro de los due­ños. El agente decidió clausurar porque -según consta en el acta- había personas bailando. "Es fal­so, había dos chicas paradas mo­viendo el torso, pero eso no es un baile", dice Demián. Era la terce­ra vez que abría Vuela el Pez, lue­go de nueve largos meses de trá­mites para obtener la habilitación. Los jóvenes del Espacio Cultu­ral Bonpland descubrieron a dos agentes encubiertos del Gobierno que visitaban el lugar mostrándo­se interesados en las actividades. malestar es grande y abundan las anécdotas de maltrato. En un bar de Villa Ortúzar, por ejemplo, los inspectores fingieron que eran público y después apretaron al dueño, que pidió anonimato por temor a las represalias.

Javier Ibáñez, titular de la Agencia Gubernamental de Con­trol, reconoció durante su interpe­lación en la Legislatura, que se de­dica a rastrear a través de las redes sociales de internet, webs y blogs los lugares donde hay shows de música en vivo. "No creía que eso existía, hasta que me cayó un ins­pector con una hoja impresa de la invitación que hice para un show 17íntimo a través de Facebook", ase­guró el dueño de un bar ubicado en Belgrano.

Subversivas corcheas

Este lunes, más de mil perso­nas se movilizaron frente a la Je­fatura de Gobierno porteña y cor­taron la Avenida de Mayo con un reclamo doble: que se frenen las clausuras y que se reglamente la ley de Concertación Musical de la Ciudad, sancionada hace más de un año. Opinan que esto solucio­naría la situación de los espacios que desarrollan actividades cultu­rales y que son perseguidos por el Estado. "El macrismo inició una caza de brujas, una persecución grotesca de la música en vivo", aseguró Diego Boris, socio funda­dor de la Unión de Músicos Inde­pendientes e integrante del gru­po musical La Tolva. Boris pone de ejemplo el Café Vinilo, donde el bar está habilitado pero el escena­rio no: "Es un emblema, con eso te están diciendo que la música es un peligro", sintetizó. La marcha convocó a figuras como Liliana Herrero, Teresa Parodi y Leopoldo Federico, pero también a muchos jóvenes que se manifestaron con instrumentos musicales en plena calle. Ningún funcionario los re­cibió aunque quedó pendiente una cita con el ministro de Cultu­ra, Hernán Lombardi, y la Agencia Gubernamental de Control.

Fuerte resistencia a una nueva medida de Macri

Eliminó la participación ciudadana en la designación de jueces. Lo acusan de hablar de calidad institucional mientras atenta contra ella.


La decisión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, de derogar el decreto que brindaba una mayor transparencia en el proceso de designación de los jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia provocó no pocas críticas. La norma de 2003, que ahora Macri dejó sin efecto, fue decretada por el entonces jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, y abría a la participación ciudadana el nombramiento de jueces por medio de audiencias públicas. Exigía además la publicación de los antecedentes del candidato, su currículum y compromiso con los valores democráticos y los Derechos Humanos.
En diálogo con Tiempo Argentino, Ibarra se mostró sorprendido por la decisión del procesado jefe de gobierno porteño y señaló: “La derogación del decreto fue una instrucción del propio Mauricio Macri, y significa un verdadero retroceso en el proceso de designación del cargo más importante dentro del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires.” El legislador señaló además que “es muy significativo que mientras Macri se la pasa hablando de mejorar la calidad institucional, claramente retrocede y anula procedimientos participativos y públicos”.
En la misma línea se pronunció el también legislador Francisco “Tito” Nenna quien aseguró a este diario que la medida adoptada por el jefe de gobierno “es la ratificación de una política orientada hacia las prohibiciones, que plantea volver a los tiempos más nefastos del neoliberalismo e incluso de la dictadura militar donde la participación ciudadana y el protagonismo de la sociedad y el pueblo estaban reducidos a su mínima expresión, si no eliminados por completo.”
Nenna recordó además que “esta no es la primera vez que Macri avanza en este sentido, ya había vetado en su momento la participación de los foros de consulta ciudadanos sobre seguridad en la época en que todavía no existía la (Policía) Metropolitana” y sentenció: “Con esto está dejando en claro cuál es el modelo político que sustenta el jefe de gobierno y que apunta a la anulación de la participación democrática y protagonista de la ciudadanía, en favor de una política absolutamente conservadora, centralizada en el gobierno y que beneficie a los sectores que él representa, que son los del poder concentrado y más privilegiado.”