martes, 27 de diciembre de 2011

Planean extender el Metrobús a la 9 de Julio

El Gobierno porteño planea implementar en la avenida 9 de Julio el Metrobús, el sistema de transporte que ya funciona en otra de las arterias más importantes de la ciudad.
El sistema que ya conecta por la extensa Juan B. Justo los barrios de Liniers con Palermo con un carril central exclusivo para colectivos junto con estaciones en medio de la avenida.
La buena aceptación que tuvo el sistema y el bajo costo en relación a otros como el subterráneo hace que en la administración de Mauricio Macri piensen en extenderlo en principio a 9 de Julio, que conecta Constitución con Retiro cruzando el congestionado microcentro, y es considerada una de las avenidas más anchas del mundo.
Se estima comenzar la obra para los primeros meses de 2012 y se estima que comenzaría en paralelo con una obra similar para conectar los barrios de Constitución con Lugano.
La puesta en marcha del Metrobús implica un costo de 2,5 millones de dólares por kilómetro, un costo bajo para una de las obras más valoradas de la gestión Macri para los vecinos, según encuestas que maneja el Gobierno, según publicó un diario porteño. Dos semanas atrás se anunció la creación de una unidad especial a cargo del subsecretario de Transporte para planificar la extensión de la red.
En el Gobierno porteño intentan avanzar con soluciones para el congestionado tránsito de la ciudad y hacen la cuenta que 70 colectivos pueden transportar la misma cantidad de gente que dos mil autos particulares.

Fuente: Diario Z

No podrán demolerse edificios anteriores a 1941

La Justicia porteña ordenó al gobierno evitar la demolición de edificios cuya construcción sea anterior a 1941, ante la próxima pérdida de vigencia de la ley que protege esas edificaciones, informaron organizaciones no gubernamentales que interpusieron el recurso judicial.
La medida fue adoptada por la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario número nueve de la ciudad, Andrea Danas, que aceptó el "argumento de urgencia" presentados por organizaciones como Protocomuna Caballito y Basta de Demoler.
El próximo 31 de diciembre, informaron esas entidades, dejará de tener vigencia la ley 2.548, de Procedimiento Especial de Protección Patrimonial, que protege las edificaciones previas a esa fecha o que se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural en la categoría "Edificios Representativos".
Según estimaron, la medida permitirá proteger de demolición o reformas a unos 140.000 inmuebles anteriores a 1941, que representarían "casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados" de edificación que posee la Capital Federal.
Con esta medida, el gobierno porteño no podrá otorgar permisos de demolición u obra a esos inmuebles, sea de propiedad estatal o privada Según las ong intervinientes, Danas dispuso la prohibición hasta que la Legislatura "decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad".


Fuente: Diario Z

Macri deberá detallar el costo del nuevo árbol de Navidad

La diputada porteña María Elena Naddeo presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Mauricio Macri detalle el costo del Árbol de Navidad que fue instalado en Plaza de Mayo y el mecanismo de contratación y empresa o equipo de trabajo que realizó la tarea.
"La iniciativa del Gobierno porteño puede ser considerada pertinente en el ánimo de festejos en esta época del año. Sin embargo nos hemos enterado por fuentes informales que el árbol instalado por el Ministro de Espacio Público, Diego Santilli, habría costado al presupuesto de la ciudad 420 mil pesos", expresó la legisladora del Frente Progresista y Popular.
En un comunicado, Naddeo consideró "inusual un gasto de tales características y de tan alto costo, teniendo en cuenta que se trata de una obra absolutamente provisoria y de muy rápida elaboración".
"No compartimos el criterio de generar este tipo de gastos cuando se niegan recursos para emprendimientos sociales y otras demandas de mayor prioridad. Entendemos además que una suma como la que ha trascendido denotaría un precio excesivo en función del producto solicitado", apuntó.
El pasado viernes, el Gobierno porteño reinauguró el árbol de Navidad y el pesebre que habían sido incendiados el pasado martes durante una marcha de organizaciones de izquierda en la Plaza de Mayo, al cumplirse diez años de la crisis de diciembre de 2001.
El acto contó con la presencia de la vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal, y el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño Diego Santilli, quien destacó que la reposición del árbol sería a "costo cero": el arquitecto Julio Oropel y de la artista plástica Alicia Esquivel armaron los adornos con elementos reciclados y militantes de la Juventud Pro Peronista aportaron la mano de obra.

Fuente: Diario Z

Alerta por el veto de Macri a la ley de Empresas Recuperadas

El viernes pasado, el Gobierno porteño anunció el veto de una normativa que impulsó Diego Kravetz que extendía el plazo para llevar a cabo la expropiación de empresas recuperadas por parte del Ejecutivo. La medida generó malestar en los trabajadores, quienes sostienen que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, busca dejarlos “al margen de la ley”. Fuerte rechazo en la Legislatura: mañana habrá una conferencia de prensa en repudio. 

Fin de año a puro veto para el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. En el último mes, desde el Ejecutivo se prometió anular la norma aprobada por la Legislatura para la creación de un registro de manteros y artesanos; luego, hizo efectivo la anulación a la ley que regulaba la venta de medicamentos solamente en farmacias; y, ahora, vetó la 4008, por la que se prorroga el plazo que tiene el Ejecutivo para que cumpla con la Ley 1529, que agrupa empresas recuperadas de la Ciudad que fueron declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación de acuerdo a la Ley 238. Esta iniciativa fue impulsada por el legislador (mandato cumplido) Diego Kravetz y aprobada por el Parlamento el 17 de noviembre.

Esta maniobra afecta a 29 empresas que se encuentran radicadas en capital y que fueron recuperadas por los trabajadores. La prórroga en cuestión era de seis años, e incluía la creación de una mesa participativa integrada por representantes del Ejecutivo, legisladores y de las cooperativas de trabajo. Según las cooperativas, esta decisión pone en riesgo más de dos mil puestos de trabajo directos y podría generar un freno al proceso de expropiación donde los viejos patrones o dueños podrían reclamar lo que alguna vez le pertenecía.

En diálogo con Noticias Urbanas, la legisladora de Nuevo Encuentro, Delia Bisutti, explicó que los fundamentos que utiliza el macrismo para vetar la norma “son falaces; porque se sostiene que la ley vulnera la Constitución cuando se refiere a la declaración de utilidad pública de inmuebles e instalaciones, y también cuando hace referencia a la mesa participativa y señala que la reglamentación ejecutiva de las leyes es una prerrogativa propia del Jefe de Gobierno, le corresponde a este trazar los lineamientos y las políticas públicas pertinentes para la ejecución de las leyes la declaración de utilidad pública inmuebles e instalaciones. Eso es mentira”.

Bisutti, junto a Francisco “tito” Nenna, y otros legisladores del interbloque del FpV, encabezará una conferencia de prensa en la Legislatura para manifestar un rechazo. También estarán presentes trabajadores de las cooperativas afectadas. Será mañana, martes, a las 16. “Vamos a conversar con los trabajadores y vamos a estudiar como seguimos para que no se pierda el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho. La intención es que cuando lleguen las sesiones ordinarias en marzo del 2012 ratificar la ley, o alcanzar un grado de acuerdo para debatir y aprobar una nueva normativa”, agregó a NU.

Por otro lado, Eduardo Montes, trabajador de Gráfica Patricios, en diálogo con Radio Gráfica, señaló que Macri “tiene que explicar por qué vetó la ley” y consideró motivos ideológicos. “Lo nuevo era la creación de un espacio, se llama una comisión permanente de seguimiento de la ley, integrada por los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, el estado y los trabajadores. Y él ve como que no es de nuestra incumbencia”.

Y agregó: “Nosotros lo que queremos es laburar, seguir con las actividades que tiene cada una de las empresas desde la producción hasta la función social de las empresas. Entonces nos corre de esa actividad y nos obliga a dar una pelea de resistencia, que es de donde venimos., en ese marco no hay problema porque de la resistencia venimos. Es una cancha no elegida la que nos da a jugar, en términos futbolísticos. Nos posiciona fuera de la ley, esto es claro. Lo que sí hay son acciones para hacer todavía, por agotar, lo que se llamaría una ley de mayoría especial que tendría que volver a votar la legislatura de la ciudad”, explicó Montes.


Fuentes: noticias urbanas, lunes 26 de diciembre de 2011

jueves, 1 de diciembre de 2011

Incidentes durante la protesta docente frente a la Legislatura

Un grupo de manifestantes entremezclados con la protesta gremial frente a la sede del Legislativo porteño, agredieron a varios maestros, diputados y asesores que ingresaban al edificio, y luego fueron dispersados por la policía que estaba en los alrededores. En el marco de su segundo día de paro, los sindicatos levantaron la carpa instalada desde el martes y comenzaron a organizar la marcha que partirá desde Avenida de Mayo y 9 de Julio para exigir que no se apruebe el proyecto macrista que elimina al órgano que designa los cargos en las escuelas, y que esta tarde será tratada en el recinto. Además, anticiparon que iniciarán acciones judiciales contra el gobierno de la ciudad por el descuento del 15 por ciento con que sancionó a quienes adhirieron a las huelgas de las últimas semanas.
El secretario adjunto de Ademys, Néstor Di Milia, informó que los incidentes se registraron cuando "estábamos realizando un abrazo de guardapolvos blancos e irrumpió una patota de 300 personas" que, con bombos y algunos con sus rostros cubiertos, comenzó a golpear y a correr a los docentes y a algunos medios de prensa. El gremialista consideró que "la nueva política del macrismo es más de lo mismo y hay patotas para imponer proyectos antipopulares que rechaza la comunidad educativa".
Por su parte, el secretario general del gremio, Carlos Oroz, denunció que los agresores fueron "barrabravas" del club Boca Juniors "enviados" por el jefe de gobierno local, Mauricio Macri, y advirtió que "el diputado que vote esta tarde" la iniciativa "con este contexto de agresiones" será responsable de eventuales "nuevos incidentes". "Estábamos haciendo una presencia simbólica para dialogar con los legisladores antes de que ingresaran y arribaron tres colectivos repletos con barrabravas de Boca enviados por Macri. Nos pegaron palazos y nos tiraron botellazos, y siguen de manera amenazante frente a Legislatura", puntualizó.
La de hoy es la sexta huelga que los docentes llevan a cabo en los últimos dos meses por la iniciativa oficial de reemplazar las Juntas de Clasificación por un organismo que dejaría bajo la órbita del Ministerio de Educación porteño la designación y el nombramiento de maestros y directivos de instituciones educativas públicas. Mariano Denegris, miembro de UTE-Ctera, insistió con que "el macrismo provocó esta situación al querer avanzar por encima del Estatuto del Docente sin consultar en las escuelas, ya que se limitó a comunicar el proyecto".
Lo que piden los docentes es que el proyecto que estar tarde se tratará sobre tablas, se quite del orden del día -o al menos que no se apruebe- y se discuta lo discuta en los colegios, con toda la comunidad educativa. Ante el rechazo del ministro Esteban Bullrich a esta propuesta, los gremios iniciaron una medida de fuerza que tuvo un alto acatamiento en todo el territorio de la ciudad y que fue sancionado por el gobierno con el descuento en los salarios por los días que no se dictaron clases.
"No vamos a dejar de pelear por más que nos descuenten", ratificó Denegris, quien consideró que "el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y Bullrich no viven de un salario y no entienden la lógica de los trabajadores y pretenden disciplinarnos con el descuento". Por este motivo, adelantó, denunciarán al Ejecutivo para que les reintegre lo quitado en el sueldo de noviembre.

Fuente: Pagina/12, jueves 1 de diciembre de 2011

lunes, 28 de noviembre de 2011

Macri, por las demoliciones sin límites legales

El jefe de Gobierno quiere librarse de la legislación que limita la industria inmobiliaria. Y llega hasta la picaresca trampeando en los horarios de las reuniones.
Antes de comenzar su segundo mandato, Mauricio Macri decidió sacarse de encima un tema que molesta a la industria de la construcción. En apenas diez días, el bloque del PRO en la Legislatura porteña tomó dos iniciativas particularmente agresivas contra la legislación que protege el patrimonio edificado de Buenos Aires y frena las demoliciones. Débil y contradictoria como es, esta legislación ya está afectando la plena libertad con que se demolía en la ciudad. Este viernes, los diputados oficialistas que revistan en la Comisión de Planeamiento legislativa montaron una suerte de comedia de errores para evitar que se renueve la ley 3056. Lo hicieron hasta trampeando en los horarios para evitar que la oposición estuviera siquiera presente en la reunión de comisión.
La ley que irrita al macrismo nació hace cuatro años como una salida de compromiso a la naciente crisis por el patrimonio edificado porteño. Recién asumido, el macrismo se encontró en diciembre de 2007 con una movilización cada vez más evidente sobre el tema. La solución, propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena, fue crear un régimen especial, por un año y en una zona parcial de la ciudad, que obligaba a un trámite especial a la hora de demoler cualquier cosa anterior a 1941.
Al año siguiente hubo que renovar la ley, que fue extendida a toda la Ciudad, acto que se repitió sin sobresaltos cada año. Hasta comenzó a considerarse tradicional que la renovación de la ley, cada año con un número diferente, quedara siempre para la maratónica sesión final del período ordinario. En lo que va del mes, Página/12 había recibido varias seguridades de que el trámite nuevamente sería rutinario.
Resulta difícil exagerar la importancia de la ley 3056, que funciona en definitiva como el único freno posible a la destrucción “por ventanilla” del patrimonio porteño. Bajo su amparo, todo pedido de demolición de edificios construidos hasta 1940 inclusive tiene que ser girado al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, una entidad que –como indica su nombre– tenía ante la plácida tarea de asesorar el ministro de Planificación Urbana en esos temas. Pero el Consejo recibió el poder de vetar las demoliciones, caso en el que el expediente debe ir a la Legislatura para que se vote su catalogación o se lo descarte y pueda ser demolido.
El Consejo nunca se destacó por su rigor, sigue funcionando dentro de un ministerio porteño muy afín a la industria de la construcción y está lleno de funcionarios que obedecen al macrismo. Pero su mera existencia frenó la demolición de cientos de edificios y creó dudas donde antes se sabía que cualquier pieza del patrimonio porteño podía ser destruida sin más. Si la ley no se renueva, el Consejo pierde sus poderes y la situación revierte a 2007, cuando se demolía libremente.
Para que los diputados traten con su voto un proyecto de ley, éste tiene que pasar por un trámite previo. En este caso, debe ser tratado en dos comisiones, la de Planeamiento y la de Cultura. Este viernes tocaba a Planeamiento verlo en su temario del día, y ahí comenzaron las cosas raras. La primera fue un cambio de horario que hizo que la reunión coincidiera con otras ya programadas. Los miembros de la oposición avisaron que llegarían tarde porque los esperaban en la reunión de Presupuesto. Puntualmente, llegaron los miembros por el PRO, con Christian Ritondo a la cabeza y, por fuerza de número, con quórum propio. En la reunión había representantes de Basta de Demoler, Proteger Barracas, Protocomuna Caballito y otros grupos barriales y hasta estaba Anchorena. Los macristas firmaron varios proyectos a tratar, incluyendo el que crea una zona de amortiguación en San Telmo para que no tengan que coexistir torres y casas coloniales. Y súbitamente, en un movimiento coordinado, se levantaron y se fueron, dejando sin firmar el crucial proyecto de renovación de la ley. Sólo el saliente Patricio Di Stefano, que preside la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, se animó a firmarla.
Los vecinos no salían de su asombro y los diputados opositores, cuando llegaron finalmente, no podían contener su furia. Sergio Abrevaya, Eduardo Epzsteyn y Juan Cabandié reclamaron a la presidenta de la comisión, Silvina Pedreira, por la evidente trampa. Pedreira se negó a reabrir el debate, mientras la directora de la comisión, Bárbara Rossen, comentaba abiertamente su acuerdo con “tumbar” una ley “que no me gusta”.
La salida de Ritondo y los suyos no fue discreta, por los vecinos que lo rodeaban. Uno de ellos, con cierta relación con uno de los macristas, le preguntó por qué hacían algo así en lugar de debatir y buscar los votos. “Porque lo ordena Macri –fue la dura respuesta–, se quiere sacar el tema de encima.”
Quienes presenciaron la chicana macrista no pudieron evitar relacionarla con la presentación, el jueves 17, de un proyecto de ley que descabeza de hecho otra comisión dedicada al patrimonio. En este caso fue el turno de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, un ente mixto del Ejecutivo y el Legislativo que tiene asiento en el CAAP y que en los dos últimos años se transformó en una molestia por sus reclamos ante las irregularidades con que se permiten demoliciones. Una tradición es que, ya que el Ejecutivo nombra a miembros obviamente oficialistas para esta comisión, su secretaría general queda para la oposición, ejercida hasta fin de año por la kirchnerista Mónica Capano.
Hace diez días, el macrista Di Stefano presentó un proyecto para nombrar a su propio jefe de asesores como nuevo secretario general y a otros tres macristas como vocales y suplentes. El proyecto iba a ser votado este jueves, pero tuvo que ser pospuesto por la oposición de las asociaciones patrimonialistas y la mala recepción que tuvo la idea hasta en el mismo PRO.

Fuente: Pagina/12, Domingo 27 de noviembre de 2011

viernes, 18 de noviembre de 2011

El jefe de Gobierno, primer trabajador

Una ONG inició una causa porque Macri se negaba a responder sobre sus días de descanso. Las cuentas de la oposición son diferentes. La legisladora Gabriela Cerruti denunció que el jefe de Gobierno estuvo “un tercio de su mandato” fuera del país.
Se supo: Mauricio Macri finalmente dio a conocer la cantidad de días que se tomó de vacaciones. Según el jefe de Gobierno, en los primeros tres años de su gestión estuvo fuera del país 82 días, pero sólo 38 de ellos fueron por “motivos principalmente de índole personal”. Es menos de un tercio de lo que calcularon sus opositores. Macri no entregó este dato en forma voluntaria sino tras ocho meses de resistirse a los fallos judiciales que le ordenaban dar esta información pública. La Ciudad debió pagar las costas de ese juicio, ante la reticencia del funcionario a contestar la simple pregunta que le formulaba la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Tal vez pensando en su segundo mandato, en un encuentro en la UADE, Macri llamó a “recuperar la cultura del trabajo”.
El 2 de marzo de 2010, la ONG le pidió al jefe de Gobierno que le respondiera la cantidad de días de vacaciones que se tomó. Cuando se negó a contestar, ACIJ inició una causa en el fuero Contencioso Administrativo por derecho a la información. El 26 de abril de este año, el juez Hugo Zuleta falló a favor de ACIJ y le ordenó a Macri entregar en cinco días la información solicitada. Nada de eso ocurrió: el gobierno porteño siguió peleando para no contar en público cuántos días de vacaciones se tomaba Macri. La Cámara en lo Contencioso Administrativo advirtió que la apelación no cumplía con los requisitos mínimos de una argumentación y ordenó cumplir el fallo el 25 de agosto.
Finalmente, el gobierno porteño informó al tribunal que “desde el inicio de la gestión (10 de diciembre de 2007) hasta el año 2010, el jefe de Gobierno se encontró de viaje durante 82 días hábiles en total”. “De esos 82 días, 44 días correspondieron a viajes oficiales y 38 a viajes realizados por motivos principalmente de índole personal, aun cuando en su vida personal se encuentra investido por el rol de jefe de Gobierno”, afirmó el abogado que representaba al funcionario PRO. Estos 82 días los discrimina de la siguiente manera:
- 2008: 19 días hábiles (12 oficiales, 7 de vacaciones).
- 2009: 34 días hábiles (13 oficiales, 21 de vacaciones).
- 2010: 29 días hábiles (19 oficiales, 10 de vacaciones).
Es fundamental el uso de la palabra “hábiles”, puesto que podría dar a entender que Macri piensa que sólo es jefe de Gobierno de lunes a viernes en horario de oficina. Este diario reveló en enero de 2009 que, como modus operandi, el líder de PRO solía escaparse en secreto en su jet privado un jueves y volver al lunes siguiente. Con ese método había acumulado en su primer año 33 días de vacaciones.
En ese momento, desde el gobierno porteño enviaron una carta a Página/12 en la que desmintieron cuatro de esos días. Restaban los otros 29, que no se condicen con los siete días hábiles que informa Macri (aquella vez, desde la gestión PRO, sugirieron descontar “los fines de semana y el receso de fin de año”). Vale la pena recordar algunos casos: el 20 de noviembre de 2008, un jueves, Macri viajó en un vuelo de LAN hacia Estados Unidos. Volvió el lunes siguiente. El 30 de noviembre salió en un viaje oficial a Italia, pero primero se tomó unos días con su novia de entonces, Malala Groba, en Miami. El 31 de diciembre se fue otros cinco días a Punta del Este por el fin de año. Esto se repitió el 9 de enero de 2009 y el 16 de enero, cuando eligió como destino Río de Janeiro. La frutilla del postre fue el 22 de enero de ese año, otro jueves, en el que Macri viajó en su jet a Chile, donde Sebastián Piñera lo recibió en su helicóptero privado. Juntos partieron al Parque Tantauco, una isla de ensueño de la que el actual presidente chileno compró una parte (apenas 118 mil hectáreas).
Los 82 días que finalmente declaró Macri se quedan algo cortos con respecto a lo que denunció en 2010 la legisladora de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, quien afirmó que Macri estuvo “un tercio de su mandato” fuera del país. La diputada contó más de un centenar de días de viaje que ella consideró que se camuflaban como viajes oficiales. Y se preguntó por qué motivo un jefe de Gobierno necesita estar tanto tiempo fuera del país.
En el escrito que presentó el gobierno porteño no se contentaron con informar los días, como le venían exigiendo los fallos judiciales desde fines de agosto. También afirmaron que Macri nunca se toma vacaciones, porque es un funcionario electo y siempre está pensando en los porteños: “Resulta sumamente dificultoso diferenciar el ámbito personal del institucional o político. Es una ingenuidad pensar que una ‘licencia’ o ‘vacaciones’ del funcionario cuya responsabilidad es la dirección política de una ‘Ciudad-Estado’ de la magnitud de Buenos Aires le permita la abstracción de sus funciones como lo puede hacer un jefe de departamento o un director de la Administración”, se lee en el texto presentado por el abogado de Macri. Así, mientras toma sol en Punta del Este, Macri no cesaría de preocuparse por dónde se hará el próximo doble carril. Sus escapadas a Estados Unidos para esquiar también irían acompañadas de una profunda meditación sobre los controles a las obras en la Ciudad.

Fuente: Pagina/12, viernes 18 de noviembre de 2011

jueves, 10 de noviembre de 2011

Son 102 los parques y plazas donde quieren instalar bares

El PRO reflotó con cambios una iniciativa rechazada en 2008. Permitirían dos locales de hasta 20 m2 en cada espacio verde, con mesas y sillas. Los concesionarios podrían pagar con obras y servicios. Sería a cambio de un canon y mantenimiento
El Gobierno de Mauricio Macri presentó el proyecto en la Legislatura en 2008, a poco de asumir, pero debió retroceder rápidamente, ya que no solamente hubo rechazo de la oposición sino que también se plantearon dudas en el propio bloque del PRO. Ahora, tras el fuerte apoyo que recibió en las elecciones de julio, el macrismo retoma la idea: quiere otorgar concesiones en parques y plazas de la Ciudad para que se instalen bares y confiterías , operados por empresas privadas.
El nuevo proyecto lleva la firma del jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y es presentado como “un mecanismo de colaboración conjunta entre el Estado y los particulares”, con el objetivo de “incrementar los servicios que se ofrecen en las plazas, para que el vecino pueda disfrutarlas con mayor comodidad”. Entre los puntos más destacados figura que los bares y confiterías deberán contar con baños “de acceso público y gratuito”, mantenidos por los concesionarios.
El canon a pagar por los adjudicatarios debería ser fijado por el Gobierno porteño, pero en el artículo 3 del proyecto se contempla la posibilidad de que no sea en dinero, sino en obras y servicios para el espacio verde.
En 2008, diputados de la oposición cuestionaron lo que calificaron como un intento de privatizar el espacio público , costo político que tampoco querían pagar varios legisladores del PRO.
Entonces, muchos criticaron que el proyecto de ley no ponía límites prácticamente de ningún tipo: ni en cuanto a los parques y plazas que se podían concesionar, ni en cuanto al espacio que podían ocupar los bares y tampoco con respecto a las características edilicias.
Por ese motivo, el proyecto que acaba de presentar Ritondo reglamenta todos los detalles, hasta el extremo de establecer que la mostaza y el ketchup no podrán ofrecerse en pomos sino en sachets individuales.
Pero tal vez lo más importante es que el anexo del proyecto fija cuáles son las plazas en las que se podrán poner bares o confiterías. La lista es de 102 nombres . Incluye al Jardín Botánico y a los parques más grandes y más tradicionales de la Ciudad, como el Tres de Febrero, Chacabuco, Centenario, Lezama, Patricios, Rivadavia, Avellaneda y Los Andes. También a algunas de las plazas que más gente atraen los fines de semana, como la de Barrancas de Belgrano e Irlanda, en Gaona y Donato Alvarez, y hasta la Plaza Lavalle, frente a Tribunales. También se incluyen espacios verdes más chicos, como a la plaza Tupac Amaru (hasta el mes pasado, de los Virreyes) donde está la terminal del subte E, y la plaza del Angel Gris, que homenajea a Alejandro Dolina, en Avellaneda y Donato Alvarez.
En el texto también está específicamente determinado el tamaño de las edificaciones: podrá haber hasta dos locales en cada plaza o parque, con una superficie máxima de 20 metros cuadrados cada uno. Ese metraje no incluye la superficie en la que se podrán colocar mesas al aire libre.
Por lo demás, se reglamentan detalles que tienen que ver, por ejemplo, con la iluminación de los locales: “se hará por luz solar, siempre que sea posible; cuando se necesite emplear luz artificial, ésta deberá ser lo más semejante a la natural”.
“Los parques y las plazas son el espacio público por excelencia para el encuentro. Y se trata de que cada vez ofrezcan más servicios para que la gente las pueda disfrutar”, dijo Ritondo.
El proyecto recién se está comenzando a discutir formalmente en la comisión de Protección y Uso del Espacio Público, en la que no están representados todos los bloques de la oposición. De todas maneras, ya se expresaron rechazos ( ver Críticas...) : Rafael Gentili (Proyecto Sur) hizo una advertencia con la cual, en voz baja, acuerdan algunos macristas: “la Constitución porteña le adjudica la competencia sobre los espacios verdes a las Comunas, por lo que éstas van a tener que intervenir”.

Fuente: Clarin, jueves 10 de noviembre de 2011

Que piensan los docentes?

Testimonios de docentes de la Ciudad de Buenos Aires en contra del Proyecto de Ley sobre el Nuevo Sistema de Clasificación y Designación Docente que se debate en la Legislatura. El proyecto de Ley fue presentado por 7 legisladores y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación porteño.
Entrevista a docentes que opinan sobre el proyecto de anular las juntas de clasificación. Grabado y editado por los Maestros y Maestras del D.E. 15


Los 23 derrumbes que hubo en la Capital

De 2008 a la actualidad hubo en la Ciudad de Buenos Aires 23 derrumbes que provocaron 9 muertos.
Los legisladores de la oposición denunciaron que hubo al menos 23 derrumbes en la Ciudad de Buenos Aires, desde 2008.
Los detalles de cada derrumbe:

4/11/11 Edificio en Bartolomé Mitre al 1200

01/10/11 Caballito, Directorio 428. Un muerto. La víctima, de 23 años y nacionalidad paraguaya, fue aplastada al ceder el techo de una edificación que estaba por ser demolida. La obra había sido denunciada por la UOCRA, debido a incumplimientos en las normas de seguridad.

12/08/2011 Barracas, Escuela n°3 B. Irigoyen. Ubicada en Montes de Oca al 400. Los cielorrasos de 4 aulas del establecimiento educativo se derrumbaron.

12/08/2011 El capataz de una obra en construcción sufrió heridas al quedar atrapado por el derrumbe del encofrado, en el barrio de Floresta. El hecho ocurrió por la tarde, en Campana y Bacacay, cuando los operarios intentaban llenar con hormigón la losa de un primer piso, justo después de la tormenta que se abatió sobre la Ciudad. Cuando cargaban el material, el encofrado se desmoronó y el hombre quedó cubierto de cemento líquido, escombros y maderas.
13/04/2011 Lafinur 3000, se desmoronó una medianera. 3 heridos. Según la Agencia de Control porteña la obra tenía "todos los papeles en regla".
12/2/11 - Báez al 500. Una grúa, de 35 metros de alto y 60 toneladas, cayó sobre tres edificios en Las Cañitas. Destrozó departamentos y provocó daños a vecinos de varias propiedades.

19/01/2011 Una pared medianera, ubicada en la calle Arismendi al 2500, cedió en el barrio porteño de Parque Chas. Los vecinos de la zona habrían llamado a la policía para denunciar la inestabilidad de la obra, pero aseguraron que fueron ignorados.
4/1/11 - Lacarra y Riestra
Murió un obrero de 32 años, que estaba en el interior de una zanja que se desmoronó por las vibraciones de un tractor en una obra.
Fines de Agosto del 2010 El derrumbe tuvo lugar en Roosevelt al 5000, casi esquina avenida Triunvirato, en el mismo barrio donde ocurrió el derrumbe de un gimnasio.

10/09/2010 Boliche Beara: En Scalabrini Ortiz 1638. Dos muertos, 36 heridos.

11/08/2010 Una obra en construcción se desplomó este jueves en Villa del Parque y provocó heridas a una nena. Fue en Álvarez Jonte y Condarco.

08/08/2010 Derrumbe en un gimnasio ubicado en la calle Mendoza 5030. 3 muertos

19/7/2010: Tres pisos de un edificio que estaban siendo refaccionados se derrumbaron en la esquina de las calles Viamonte y Esmeralda, en pleno centro porteño, pero los escombros desprendidos no provocaron lesiones a las personas que pasaban por la zona a pie o en vehículos.

22/03/10 El derrumbe de una medianera de una obra en construcción provocó destrozos en una casa en la calle José Mármol al 800, en el barrio porteño de Boedo. El hecho ocurrió por la noche y, a pesar de que la familia se encontraba comiendo en ese momento, ninguna persona resultó herida.

El 5/03/2010, en Caballito, se derrumbó la medianera de un edificio lindero a una obra en construcción, en San José de Calasanz 638, sin causar víctimas.

3/1/2010: un local comercial que estaba siendo refaccionado se derrumbó pero tampoco causó heridos en el cruce de las avenidas Alvarez Thomas y Jorge Newbery, en el barrio de Colegiales.

19/12/2009: seis personas resultaron lesionadas al desplomarse el techo de una obra en construcción en la que estaban trabajando, en Mataderos. El desmoronamiento de la losa fue adjudicado por el gobierno de la Ciudad al fuerte temporal de viento y lluvia que se registró ese día en el área metropolitana.

16/12/2009: en el barrio de Villa Crespo, un hombre murió y otro sufrió heridas al derrumbarse la losa de una antigua vivienda que era refaccionada en la avenida Córdoba al 4100, casi esquina Pringles.

27/10/2009 Un obrero murió ayer al caer una medianera, en una obra en construcción, en el barrio porteño de Almagro, informaron fuentes policiales y del Gobierno porteño.
El accidente se produjo en una obra en construcción ubicada en Sánchez de Loria 1100, al caer la medianera, lo que causó la muerte de Gustavo Silvero Lescano, de 28 años, soltero y de nacionalidad paraguaya, precisaron las fuentes. Las denuncias por incumplimiento y las correspondientes solicitudes de inspección por parte del organismo oficial fueron presentadas por la UOCRA con fecha 14 de agosto y 22 de septiembre del año en curso", precisó el sindicato.

16/5/2009: dos personas resultaron lesionados al caer parte de una obra en construcción en la calle San Nicolás al 800, en Floresta.

24/02/2009 Una medianera que separaba una residencia universitaria y una panadería se derrumbó en el barrio porteño de San Telmo -Chacabuco 1053- sin causar víctimas.

15/12/2008 6 personas sufrieron lesiones al derrumbarse el encofrado de un edificio en Billinghurst 1153, en Barrio Norte.

8/9/2008, un derrumbe en una obra en demolición mantuvo atrapados a dos obreros, que fueron rescatados, en Valle al 1100, en el barrio de Caballito.

Fuente: Diario Z, jueves 10 de noviembre de2011

lunes, 7 de noviembre de 2011

Los derrumbes y la protección de los medios a Macri

Se registraron varios derrumbres desde que el ingeniero Mauricio Macri es Jefe de Gobierno de la Ciudad. A pesar de los reiterados sucesos, las notas periodísticas nunca nombran al líder del PRO y máximo responsable del distrito.

Se derrumbó un edificio de 10 pisos en la Ciudad de Buenos Aires y los medios hegemónicos no mencionan en ningún renglón al Jefe de Gobierno del distrito, Mauricio Macri.


No se trata de señalar un responsable, sino de pensar por qué los medios evitan nombrar a la máxima autoridad competente en la Ciudad.

El Jefe e Gobierno a quien aún no se lo escuchó realizar declaraciones, siempre le deja su espacio al Jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta, quién realiza todo aquello que se podría esperar de Macri.

Asimismo, los medios evitan realizar los juicios que sí realizan cuando las problemáticas caen en la órbita del Gobierno Nacional y señalan responsables con nombre y apellido.

En ocasión del trágico accidente del tren que arrolló al colectivo sobre las vías del Sarmiento, el Gobierno Nacional pasó a ser inmediato responsable por la demora en el soterramiento del ferrocarril. ¿Y ahora? ¿El Gobierno de la Ciudad no debería controlar las obras en construcción?

Mientras tanto el nombre de Mauricio Macri, como él, brillan por su ausencia.

Fuente: Diario registrado, lunes 7 de noviembre de 2011

Derrumbe y milagro en el microcentro

El cuerpo de atrás de un edificio de Mitre al 1200 se derrumbó después de que apareciera una grieta. Todos los vecinos fueron evacuados antes. Al lado hay una obra en construcción. Hubo una denuncia previa; para el gobierno porteño estaba todo bien.
“Me acordé de las Torres Gemelas”, contó un vecino del edificio de diez pisos de Bartolomé Mitre 1232, que se vino abajo anoche, poco después de las 20.30. Se derrumbaron dos cuerpos de los cuatro de la enorme construcción, de más de 70 años de antigüedad. Media hora antes, los habitantes habían sido evacuados, lo que evitó que hubiese víctimas. A las cinco de la tarde, el Gobierno de la Ciudad había recibido un llamado que alertaba sobre una profunda grieta en el edificio; acudió la Guardia de Auxilio y dispuso la evacuación inmediata, que abarcó toda la manzana y la vereda de enfrente. Cerca de la medianoche, la zona permanecía acordonada, cortados la luz y el gas, y se esperaba que el resto del edificio, surcado por una impresionante grieta, terminara de derrumbarse o pudiera ser apuntalado. Los vecinos consultados por este diario coincidieron en culpar a una gran excavación que, para edificar, se efectúa en un predio lindero.
El edificio se alzaba en Bartolomé Mitre 1232. “Hasta el momento no hay víctimas porque se evacuó toda la manzana, pero estamos haciendo un censo para saber si falta alguien”, dijo Daniel Russo, director de Defensa Civil de la ciudad, y agregó que “todavía hay peligro de derrumbe de la primera parte del edificio, no así de los edificios linderos”. Esa parte “tiene rajaduras y estamos evaluando su sustentabilidad. También suspendimos la línea A de subtes, en prevención de las vibraciones. Todavía nos quedan muchas horas para apuntalar el primer cuerpo del edificio y asegurarnos de que no se venga abajo”.
Walter Nicolás, subsecretario de Emergencias del gobierno porteño, precisó que se recibió un llamado a las 17 sobre riesgo de derrumbe: “Vino gente de la Guardia de Auxilio, constató las fallas y evacuó rápidamente el lugar. Se vinieron abajo cerca de 30 departamentos”. Susana Freyre, arquitecta del Gobierno de la Ciudad, agregó que “la parte del edificio que quede en pie, habrá que tirarla abajo”.
Algunos de los habitantes “son atendidos por el programa Buenos Aires Presente, ya que perdieron todas sus pertenencias”, agregó un funcionario del gobierno porteño. Russo precisó que las familias afectadas son unas 40 y que la mayoría se trasladaron a casas de familiares.
“Vivo... vivía en el quinto piso –contó a este diario una de las vecinas del edificio caído; estaba con su nene, en uno de los bares de Avenida de Mayo y Salta–. Al lado había un estacionamiento y hace tres meses empezaron a hacer una construcción para cocheras. Cuando empezaron a cavar, yo sentía vibraciones en mi casa. La obra siguió. Hoy, a las siete menos cuarto de la tarde, el encargado tocó a la puerta diciendo que el edificio estaba en peligro y había que irse”. La madre de la joven subrayó que “el pozo de la obra de al lado es enorme. No tendría que hacerse un pozo así al lado de dos edificios de 80 años”.
“Quedó todo blanco por la polvareda, pensé que era neblina, la polvareda –contó el Rafa, mozo en la pizzería La Alameda, sobre Avenida de Mayo–.
Hubo un ruido, pero no como un trueno, más bien como cuando chocan dos autos.” Teresa Fernández, vecina de la zona, contaba que “a varios edificios de por medio, también cayeron escombros” y también cuestionaba la excavación de al lado: “No hicieron muros de contención en los cimientos”. “Yo estaba adentro cuando se cayó –dijo Martín, dueño del negocio de Libertad 99, en la esquina de la casa derrumbada–. Se llenó todo de tierra y caían cascotes en el techo. Estábamos por cerrar, ya teníamos los candados sobre el mostrador y se cayeron al suelo por el temblor. Parecía el 11 de septiembre, las Torres Gemelas.”
Apoyada en la vidriera, en Avenida de Mayo y Salta, había una chica que sólo tenía una cajita de vidrio con aserrín y una ruedita, de esas que se usan para hamsters, pero vacía. La chica miraba al suelo y no quería hablar.
La Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño informó que la obra de Bartolomé Mitre 1218/20, lindera al edificio, tenía una denuncia del 5 de agosto por “ruidos molestos y temblores producto de la excavación”. “Ante el pedido del vecino, la Dirección de Fiscalización y Control de Obras (Dgfyco) inspeccionó el lugar el 26 de septiembre y determinó que poseía todos los planos registrados, estructura, submuración y excavación”. “El arquitecto a cargo de la obra es Ezequiel Mariano Rivarola”, que “hasta el momento no se hizo presente en el lugar y se desconoce su paradero”.

Fuente: Pagina/12, sabado 5 de noviembre de 2011

jueves, 3 de noviembre de 2011

Macri amenazó con triplicar el precio del Subte

Un día antes de la reunión convocada por el gobierno nacional para analizar el traspaso de los servicios del subterráneo y el Premetro a la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Marci, advirtió que si no se transfieren los subsidios el costo del pasaje aumentaría de 1,10 a 3,30 ó 3,40. "Hoy no tenemos la plata", justificó el mandatario del distrito más rico del país.
 En el mismo tono, Macri resaltó: "Algunos especulan que el traspaso sería sin recursos. Nosotros no queremos especular con nada. (El ministro de Planificación, Julio) De Vido dijo claramente que esto es sin chicanas. Si uno tiene un plan de inversión que lleva adelante y un sistema tarifario, tiene que sentarse a ver cómo evacúa las dos cosas con equilibrio".
"Las redes de subte necesitan ser modernizadas y ampliadas. Hay que sentarse en una mesa a dialogar para ver cómo nos ayudamos en la gestión del subte. Es parte de la tarea que debe tener cada vez más el gobierno de la ciudad autónoma", pidió el jefe de gobierno.
Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que la transferencia "es una medida en la buena dirección" y evaluó que "sería demasiado burdo, demasiado exagerado" que se concretara sin recursos.

Fuente: Pagina/12, jueves 3 de noviembre de 2011

lunes, 31 de octubre de 2011

Los negocios inmobiliarios son PRO


Una vez más la codicia insaciable de la corporación IRSA pretende usar nuestro barrio como materia prima para sus negocios. Con un Permiso de Obra vencido, en Méndez de Andes 655, se empecinan en levantar tres torres de casi 100 metros de altura burlando la ley 2722 que establece 13,50 mts como altura máxima permitida.

No conforme con lo anterior, por intermedio de Mauricio Macri, IRSA envió nuevamente a la Legislatura el proyecto de rezonificación para construir un hiper- shopping y torres atrás de Ferro. Esto significa, que necesita de la Legislatura para que se le apruebe una “norma especial”, situación contemplada por el Código de Planeamiento Urbano para solicitudes de grupos de vecinos o instituciones intermedias que intentasen salvar inconvenientes provocados por la normativa urbana, pero que IRSA pretende le sea acordada para llevar adelante su interés particular.

Se trata del mismo proyecto sepultado en la última sesión legislativa del 03/12/2009, donde decenas de vecinos presentes junto a miembros de la CAME (Cámara de la Mediana Empresa) y la CAMCAB (Cámara de Comercio de Caballito) reclamamos que fuera retirado de la sesión por los innumerables perjuicios que el mismo traería al barrio. Entre otros, se señalaron “el serio impacto ambiental negativo con el tránsito y los servicios; mayor inseguridad; la destrucción del comercio minorista a cielo abierto, que en muchos casos se trata de familias que han invertido por generaciones sosteniéndolos; la destrucción de la memoria en un área, como la ex -playa de cargas, que atesora un valiosísimo material urbanístico e histórico irrecuperable, vinculado a nuestra identidad.”

“Se trataría-concluimos- de una verdadera devastación de nuestra calidad de vida”. Ni un solo legislador pidió la palabra para defenderlo, y el proyecto se archivó.

¿QUIEN APARTE DEL INGENIERO MACRI Y LA EMPRESA IRSA TIENEN INTERES EN ESTA SOLICITUD DE “NORMAS ESPECIALES” Y TANTO DESINTERÉS EN APLICAR LA LEY CLAUSURANDO OBRAS CON PERMISOS VENCIDOS? QUÉ BUENO SERÍA QUE NOS SORPRENDAN APROBANDO EL PARQUE DEL BICENTENARIO QUE DUERME EL SUEÑO DE LOS JUSTOS DESDE HACE 20 AÑOS JUNTO A ESAS TIERRAS.
NINGÚN VECINO QUIERE BALDÍO Y ABANDONO COMO DESTINO, PERO TAMPOCO LA DESTRUCCIÒN IRREVERSIBLE DEL BARRIO POR EL QUE TANTO HEMOS LUCHADO.

La Legislatura debiera considerar la expropiación del predio involucrado, sin costo dinerario alguno, otorgándole a IRSA otro predio similar, con las normas urbanísticas adecuadas para que tal proyecto de ley, en otra zona de la ciudad aún no densificada y necesitada de emprendimientos edilicios, pueda prosperar contribuyendo a su desarrollo.

Caballito, ya tiene shoppings, complejos comercio-culturales; cadenas de cine, todo en un radio de pocas cuadras.
Caballito NO TIENE parques. Ir al Parque Centenario, al Rivadavia o a plaza Irlanda cualquier fin de semana es verificar que somos uno de los 3 barrios del país que menos metros de espacios parquizados tiene por habitante. La solicitud de NORMAS ESPECIALES del ejecutivo sólo es entendible si se trata de privilegiar la especulación inmobiliaria.

IRSA, apoyada hoy por amigos muy poderosos vuelve a la carga.
NO PODEMOS PERMITIR ESTE AVASALLAMIENTO A NUESTROS DERECHOS CIUDADANOS. NADIE DEBE FALTAR, ES UNA CITA DE HONOR!!!

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 19HS EN ACOYTE Y RIVADAVIA

Plazas vs negocios: porteños privados del espacio público



"En las calles, plazas y parques es donde se construye la identidad ciudadana", dijo el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, cuando le tocó exponer el presupuesto de su cartera para 2012 en la Legislatura, el jueves 20. Lo que no comentó es que no es lo único que el PRO pretende construir en los espacios públicos de la ciudad durante este nuevo mandato.
El contundente triunfo electoral de julio parece haber entusiasmado al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para reflotar viejas iniciativas que implican la modificación del espacio público y que habían sido dejadas de lado en los primeros años de su mandato por la polémica que generaron.
Desde el inicio de la gestión, en 2007, el ejecutivo porteño busca la aprobación de un proyecto de ley para permitir la construcción de un megaemprendimiento inmobiliario, a cargo de la constructora IRSA, en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, junto a la Villa Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica de Costanera Sur. El proyecto pretende ceder el uso del canal que separa a la reserva del predio a la empresa Solares de Santa María SA para el acceso de embarcaciones. Esto obligaría a realizar obras en el canal para que puedan ingresar lanchas y yates de gran calado a la futura marina.
Organizaciones ambientalistas y legisladores de la oposición denuncian que no sólo se está "privatizando" un canal del Río de la Plata, sino que al ser parte de la Reserva Ecológica, está protegido como "humedal de importancia internacional" por la Convención Ramsar.
Pero además, para poder llevarlo a cabo, es necesaria la modificación del Código de Planeamiento Urbano, ya que éste no permite un emprendimiento inmobiliario de tal magnitud. Como compensación, el convenio establece que la empresa cedería 27 hectáreas para la apertura de "calles, espacios verdes y paseos peatonales", aunque en plazos de 20, 30 o 40 años, según cómo avance la obra.
Otra iniciativa que desde hace años el gobierno porteño quiere promover es la construcción de locales gastronómicos y áreas de servicios dentro de los espacios verdes de la ciudad. Frenado en 2008 por temor a quedar como "privatizadores de lo público", el proyecto fue modificado y esta vez afectaría sólo a los espacios más grandes, como el parque Tres de Febrero.
La idea del PRO es emular a los parques de las grandes ciudades del mundo, como el Central Park de Nueva York o el Bois de Boulogne, en París, que cuentan con confiterías y otros locales comerciales. De paso, buscan regularizar la situación de los puestos que actualmente funcionan (como los carritos de choripanes y bebidas).
A diferencia de lo que sucedió en 2008, cuando incluso dentro del macrismo hubo quienes se opusieron a la idea, esta vez el apoyo de los votantes porteños parece haber cambiado la opinión de muchos. Para avanzar, deben derogarse dos ordenanzas dictadas por el ex Concejo Deliberante porteño, que prohíben expresamente estas construcciones.
Los amigos beneficiados
Hace dos semanas, el vicepresidente de la comisión de Protección y Uso del Espacio Público, Adrián Camps, junto al legislador Jorge Selser y la comunera electa Julieta Costa Díaz (los tres de Proyecto Sur) presentaron un recurso de amparo por la presunta cesión de terrenos públicos a la Asociación Argentina de Tenis, que preside Arturo Grimaldi, testigo de casamiento de Mauricio Macri.
Estas tierras, ubicadas en Figueroa Alcorta 7250, habían sido transferidas por la Nación a la Ciudad, a través de la ley 239 de 1999, con el fin de construir un "espacio verde público". Sin embargo, durante años el predio fue utilizado de manera ilegal por el club Obras Sanitarias de la Nación, hasta que en 2009 Macri, a través de un decreto, ordenó desocuparlo y darle el "destino que prevé la ley N° 239".
Pero, según el amparo, el Gobierno de la Ciudad no sólo no cumplió con ese objetivo, sino que le cedió las tierras de manera gratuita a Grimaldi, mediante una certificación (la N° 012113262) firmada por el director General de Concesiones del GCBA, Ezequiel Sabor.
"El macrismo cede terrenos públicos a los amigos o a grupos empresariales para hacer negocios. Para ellos, primero viene el negocio y después la ley", asegura Camps. Además, agrega que "en lugar de ser el Gobierno de la Ciudad el que planifica los proyectos y que después aparezca la constructora para hacerlo, es al revés: una empresa viene, propone, y el Gobierno después intenta modificar las leyes para poder llevarlos a cabo. Pasa tanto en el proyecto de IRSA como en el de la ampliación de la Diagonal Sur".
Un caso particular
La semana pasada, además, el Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura porteña un pedido de autorización para prolongar la avenida Julio A. Roca, mejor conocida como Diagonal Sur, hasta la avenida 9 de Julio. Se trata de un viejo proyecto qe data de 1907, ratificado en 1968 y convertido en ley en 2000, que obligará a expropiar 37 lotes privados (aunque desde siempre sujetos a expropiación), indemnizar a los vecinos que viven allí y desafectar otros tres que pertenecen al GCBA. Uno de estos últimos es la plaza de la esquina de Belgrano y Piedras.
La polémica se generó a partir del tercer artículo del proyecto, firmado por Macri; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, que autoriza a construir y concesionar por 20 años para su explotación un estacionamiento público subterráneo, ya sea por la empresa constructora o por terceros.
La ampliación del Malba
Desde que fundó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, hace ya diez años, Eduardo Costantini, pensó que era necesario ampliar su espacio. En 2007, argumentando que la colección de obras se había duplicado y que la cantidad de visitantes era cada vez mayor, planteó al entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, la posibilidad de incrementar la superficie casi en un 50 por ciento. La obra se realizaría bajo la plaza República del Perú, ubicada junto al museo. No hubo acuerdo en ese entonces.
El proyecto, presentado por el Ejecutivo porteño a instancias del museo, autoriza la concesión "a título gratuito e intransferible del subsuelo del polígono lindante con la sede del museo", de cuatro mil metros cuadrados, a la Fundación Costantini para la construcción de un patio de esculturas subterráneo, una sala de exposiciones, dos auditorios para 80 y 100 personas y una sala para los talleres educativos.
También está prevista la construcción de una lucarna vidriada, que permitirá el ingreso de luz y la posibilidad de que los transeúntes puedan ver el patio de esculturas desde la plaza a través de una enorme placa de cristal. Al igual que en el caso de Solares de Santa María, esta construcción subterránea también requiere modificar el Código, motivo por el cual está siendo tratado en la Legislatura.
Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno de la Ciudad ha mostrado particular énfasis en lo que a espacio público se refiere. La UCEP, organismo ya desarticulado que se encargaba de desalojar de manera violenta los espacios públicos, fue el mejor ejemplo de ello.
Las declaraciones de funcionarios durante la toma del Parque Indoamericano, que les costó la vida a tres personas el año pasado, siguen la misma línea. Sin embargo, cuando se trata de grandes empresas o personas cercanas al jefe de Gobierno, florecen negocios millonarios.
Otras obras controversiales
- Polideportivo en la plaza Marshall Meyer: Vecinos de Saavedra se oponen al llamado a licitación hecho por el gobierno porteño para construir un polideportivo en Goyeneche y Crisólogo Larralde. Se trata de un sector catalogado como U34 donde, según el Código de Planeamiento Urbano, el 85% debe destinarse a espacio verde público.
- Driving de golf en el Parque Sarmiento: Bajo el argumento de que allí se podrá practicar golf gratis en ciertos horarios, el GCBA le otorgó la concesión y explotación a la empresa Servicios Integrales de Alimentación, vinculada al reconocido golfista Florentino Molina. El lugar, que estaría terminado antes de fin de año, contará con noventa boxes, estacionamiento y confitería.
- Terminal de camiones en Parque Roca: El GCBA había cedido a la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas un predio de 15 manzanas en el Parque Mary Terán de Weiss para construir un polo de carga y descarga. Fue frenado por la Justicia el año pasado.

Fuente: Diario Z, jueves 27 de octubre de 2011

El PRO insiste con la venta de 24 inmuebles

El bloque macrista teje acuerdos para llevar el proyecto al recinto antes de fin de año. El fruto de la venta de los inmuebles estará destinado a obras en el tetro San Martín.

Tal como había adelantado Diario Z a mediados de septiembre, el Ejecutivo intenta reflotar un proyecto que estipula la venta de 24 inmuebles considerados "innecesarios para la gestión" y destinar el dinero a la "puesta en valor" del complejo teatral San Martín, entre otras dependencias del Ministerio de Cultura.
El bloque PRO convocó ayer sin éxito a una reunión de tres comisiones en conjunto (Presupuesto, Planeamiento Urbano y Cultura), que necesariamente deben intervenir en el despacho a tratarse en el recinto. Sin embargo, según confirmó una fuente macrista, hubo acuerdo con la oposición para reunir a las tres comisiones el miércoles o viernes de la semana que viene. "Las discusiones del Presupuesto complicaron el tratamiento de los demás proyectos, pero esta ley fue pedida por el Ejecutivo así que hay prioridad", remarcó la misma fuente legislativa.
La semana pasada, mientras se inauguraba la nueva fachada del Teatro San Martín, a la Comisión de Planeamiento llegaban los documentos con la tasación realizada por el Banco Ciudad de los 24 inmuebles que el Gobierno desea vender. El monto asciende a 27 millones, aunque ya hay tres inmuebles que fueron subastados por por un total de 2.228.000 pesos y que esperan su aprobación en la Legislatura.
Si bien la cifra no llega a cumplir las expectativas del Gobierno porteño -estimaba llegar a los 50 millones de pesos y de esta manera cubrir la totalidad de las reformas programadas en el San Martín-, en el Ejecutivo creen que la subasta de todos los inmuebles dejará más de lo estipulado.

Fuente: diario Z, jueves 27 de octubre de 2011

domingo, 23 de octubre de 2011

Nada menos que un barrio de lujo en la Costanera

El PRO logró ayer que un plenario de tres comisiones en la Legislatura porteña sacara un despacho para promover la construcción de un emprendimiento inmobiliario, que incluye un barrio semiprivado con una marina, en el predio situado a orillas del Río de la Plata, donde estuvo la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La iniciativa, impulsada por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sólo tuvo el apoyo de los diputados oficialistas y una disidencia parcial de la UCR, durante una reunión de las comisiones de Planeamiento Urbano, Ecología y Protección y Uso del Espacio Público. En tanto, los bloques de la oposición cuestionaron el “tratamiento express” del proyecto, al que calificaron de “negocio millonario”. Intentarán presentar antes del viernes un despacho pidiendo el envío del proyecto a comisión, adelantó el legislador Adrián Camps, de Proyecto Sur.
A la reunión asistieron habitantes de los barrios de la zona, entre ellos los de la villa Rodrigo Bueno, situada en la Costanera Sur, entre Puerto Madero y el predio en el que funcionó la Ciudad Deportiva de Boca.
El diputado Marcelo Parrilli (Proyecto Sur) propuso que la ciudad “expropie por ley” los terrenos “para que, en vez de un millonario negocio empresario, sea un negocio para todos los porteños”. Expresó que IRSA “promete obras con plazo hasta el año 2051, mientras que su propio estatuto establece que se disuelve el 5 de abril de 2043”.
“No se entiende el apuro de Macri y sus diputados para otorgarle un beneficio de más de 140 millones de dólares al grupo IRSA”, opinó Eduardo Epszteyn, presidente del Bloque Frente Progresista y Popular en la Legislatura.
En tanto, la diputada Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica) calificó de “vergonzoso” al proyecto porque “carece de un estudio de impacto ambiental previo” y “autoriza la construcción de decenas de torres de más de 50 pisos”. La Legislatura “le está dando un tratamiento express al convenio y el bloque del PRO le está otorgando a la empresa un negocio redondo que no deberíamos convalidar en la forma en que se nos propone”, expresó Sánchez Andía.
“El Ejecutivo pretende que la Legislatura apruebe, a las apuradas y sin tocar una coma, un negociado millonario que destruye parte de la Reserva Ecológica e inunda la villa Rodrigo Bueno”, dijo el diputado kirchnerista Francisco “Tito” Nenna. Según el legislador Fabio Basteiro, de Proyecto Sur, las obras “elevarán el nivel de las aguas” e inundarán “un humedal protegido internacionalmente”, lo que pondrá “en riesgo” a las familias que viven en la villa.
El legislador macrista Bruno Screnci Silva negó que la reunión de las tres comisiones tuviera como objetivo lograr un “trámite rápido” del emprendimiento, a cargo de la empresa Solares de Santa María S.A., del grupo inmobiliario IRSA. “Este proyecto debe ser tratado en algún momento”, dijo Screnci, y aseveró que la construcción del barrio se hará en “una zona postergada de la ciudad que no tiene utilidad”.

Fuente: Pagina/12, jueves 20 de octubre de 2011

sábado, 15 de octubre de 2011

Unas canchas de tenis para los amigos

El jefe de Gobierno ordenó el desalojo del lugar que utilizaba desde hace veintiséis años el Club Obras Sanitarias. El predio fue cedido a la Ciudad por Nación para hacer una plaza. La gestión PRO se lo otorgó a la Asociación Argentina de Tenis.
 
El gobierno de Mauricio Macri desalojó un predio del barrio de Belgrano que pertenece al Estado porteño, usufructuado desde hace veintiséis años por el Club Obras Sanitarias, pero en lugar de construir allí un espacio verde, como lo obliga expresamente una ley, se lo dio en concesión a la Asociación Argentina de Tenis (AAT), cuyo presidente, Arturo Grimaldi, es testigo de casamiento del jefe de Gobierno.
La denuncia fue realizada por la integrante electa de la Junta de la Comuna 13 (Belgrano, Núñez, Colegiales), Julieta Costa Díaz, junto a los legisladores Jorge Selser y Adrián Camps (todos de Proyecto Sur), quienes presentaron esta semana un recurso de amparo ante la Justicia porteña para que los terrenos sean restituidos para el uso público.
Se trata de los cotizados lotes ubicados en la avenida Figueroa Alcorta 7350, donde funciona una dependencia del Club Obras Sanitarias de la Nación. Esa ocupación, dice la presentación, es ilegal, ya que los terrenos fueron transferidos por la Nación a la Ciudad, en 1996, para la construcción de un “espacio verde de uso público”. Esa transferencia fue ratificada en 1999 por la ley 239, de la ciudad de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, decidió en 2009, mediante decreto 725-GCBA-2009, intimar a Obras Sanitarias a desocupar los terrenos irregularmente ocupados. En los considerandos del decreto se expresa textualmente que “resulta indispensable concluir con la ocupación irregular del predio en cuestión, y afectar el mismo al destino que prevé la ley N° 239, el decreto nacional N° 670/96, y la escritura de transferencia del año 2000”, es decir “la construcción de un espacio verde de uso público”.
Este decreto fue cuestionado judicialmente por el Club Obras Sanitarias, que pretendía extender la explotación del predio. La Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña rechazó los cuestionamientos en primera y segunda instancia, al entender que el desalojo no afecta los derechos del club, “que desde hace más de dos décadas ha dispuesto del uso y goce gratuito de un importante inmueble en una zona privilegiada de la ciudad”.
A su favor, el club había argumentado que prestaba servicios no solamente a sus socios sino a los alumnos del Instituto José Ingenieros, una escuela privada dependiente de la institución, y a deportistas de la Asociación de Tenis sobre Sillas de Ruedas.
El predio en cuestión consta de 46.300 metros cuadrados, de los cuales Obras Sanitarias ocupa la tercera parte. El resto corresponde a un edificio de la Universidad Di Tella, un local abandonado de lo que fue el boliche Junior, una capilla y la plaza El Salvador.
El desalojo, finalmente, se produjo el 16 de septiembre y no estuvo a cargo de la Policía Metropolitana sino del propio director de Concesiones, Ezequiel Sabor, quien sacó del lugar “a la encargada del buffet y a la concesionaria de las canchas de tenis”, de acuerdo con el relato que consta en la presentación judicial realizada por socios del club Obras, a la que accedió este diario.
La Metropolitana recién se hizo presente “en forma desmesurada” el lunes siguiente, 19 de septiembre, cuando los trabajadores del club intentaron ingresar para cumplir con sus tareas. Según los socios denunciantes, tras el desalojo se otorgó una “concesión gratuita encubierta en favor de la Asociación Argentina de Tenis, que le permite desarrollar todo tipo de actividades, como el alquiler de canchas a particulares.
El interés de los socios no coincide con el de los vecinos. Los primeros pretenden continuar con el uso de las instalaciones del club. El de los vecinos, que se respete la ley y se recupere ese lugar como espacio verde de uso público.
Justamente, unos doscientos vecinos, convocados por la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano –que hace años reclama por la parquización del terreno– marcharon el miércoles 5 de octubre al predio en conflicto y comprobaron que “no sólo seguía ocupado ilegalmente sino que en su interior se lleva adelante una construcción ilegal”, dijo a Página/12 la comunera Costa Díaz. Los vecinos concurrieron con personal de la comisaría 51, ante quienes formularon una denuncia por el delito de usurpación. La consejera hizo lo propio ante la Fiscalía. “Vamos a ver si actúan de manera tan expeditiva como cuando persiguen a la gente sin vivienda que utiliza algún espacio público, como en el caso del Parque Indoamericano, o se hacen los distraídos con los amigos del Poder Ejecutivo.”
El abogado Andrés Gil Domínguez, patrocinante legal de Club Obras Sanitarias, confirmó a Página/12 que “después del desalojo, la Asociación Argentina de Tenis comenzó a hacer trabajos de refacción dentro del espacio presuntamente concesionado, consistentes en “el desmantelamiento del buffet y la construcción de vestuarios”. Agregó que tras el recurso de amparo presentado por los socios del club, “la Justicia suspendió los efectos del desalojo y restituyó el predio al club, pero desde entonces el lugar permanece custodiado por la empresa de seguridad privada de la AAT, Road Investigation”.
El conflicto se ha judicializado con demandas cruzadas. A las ya mencionadas, se suma el recurso de amparo presentado esta semana por los legisladores Jorge Selser y Adrián Camps, que al igual que Costa Díaz pertenecen al Partido Socialista Auténtico. Reclaman que se cumpla con la ley 239 y se construya un espacio verde de uso público en los terrenos de Figueroa Alcorta 7350.
El mismo 5 de octubre, ante la insistencia de los manifestantes, “uno de los ocupantes exhibió la fotocopia de un documento certificado por escribano público entre el señor Arturo Grimaldi y el director de Concesiones del GCABA, Ezequiel Sabor, otorgando este último al primero el uso precario a título gratuito del terreno que es objeto de la ley 239”, dice el escrito presentado por los diputados.
“A la vista de todos siguen allí funcionando diez canchas de tenis cuya utilización requiere del pago de un alquiler, en apariencia administradas por el Carminatti Tennis Center como figura en diversos sitios web dedicados a la práctica del tenis”, agrega la consejera de Proyecto Sur.
Página/12 intentó consultar a la Dirección de Concesiones de la Ciudad, para saber si se había otorgado alguna concesión para el uso del predio desalojado, pero ni su titular, Ezequiel Sabor, ni sus colaboradores pudieron ser localizados.
“El PRO, tan preocupado por el uso indebido del espacio público por parte de vendedores de baratijas o cuidacoches, está entregando a privados por acción o por omisión, un terreno en un lugar privilegiado de la ciudad”, advirtió la integrante de la junta comunal.
En tanto, Gil Domínguez dijo a este diario que tras el primer revés judicial, el Club Obras Sanitarias presentó a la Legislatura un proyecto “para que se le otorgue al club una equiparación a la situación del Club de Amigos, que obtuvo recientemente una prórroga de la concesión del espacio que utiliza por veinte años”.

Fuente: Pagina/12, sabado 15 de octubre de 2011

Macri vetó una ley que obligaba a vender 0Km con kits de seguridad

A pesar de que fue votada mayoritariamente por la bancada PRO y redactada sobre la base de un proyecto de ese sector, entre otros, el jefe de gobierno impidió su puesta en vigencia. Silencio de Dietrich, subsecretario de transporte.
 
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, vetó una ley sancionada en septiembre por la Legislatura, que exigía a los vendedores de autos 0Km de la ciudad de Buenos Aires entregarlos con equipamiento básico de seguridad como matafuego, balizas y botiquín, entre otros, además de un manual de uso y mantenimiento. A pesar de que la norma fue aprobada con 54 votos, la mayoría pertenecientes al oficialismo porteño, Macri impidió su puesta en vigencia vetando los artículos 2 y 3, que le dan sustento. La Ley 3882 se basó en tres proyectos, uno de los cuales pertenece a dos diputados del PRO. “Es una práctica sistemática de Macri, que tiene mayoría pero parece que no la puede manejar”, dijo el legislador del GEN, Martín Hourest, autor de uno de los borradores. “Queda simpático aprobarlo en el recinto, pero después lo corrige con el veto, de esta manera le garantiza a las concesionarias no hacerse cargo del costo que representa”, agregó.
Tiempo Argentino intentó comunicarse con Guillermo Dietrich, subsecretario de Transporte y miembro de una familia propietaria de uno de los concesionarios más importantes de la Argentina, pero el funcionario prefirió no opinar. “Está todo fundamentado en el decreto”, justificó su agente de prensa.
En los fundamentos del decreto 519/11, publicado en el Boletín Oficial del 7 de octubre, se advierte que “los requisitos y condiciones de seguridad que deben cumplir los vehículos en general se encuentran regulados por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449”. Esta ley, sin embargo, establece entre los requisitos para la circulación que el automóvil “posea matafuego y balizas portátiles normalizados”. Es el artículo 40 (Requisitos para circular), que se dirige a los conductores y no a quienes venden los vehículos.
La norma vetada era muy clara en ese sentido. Uno de los proyectos exponía en sus fundamentos que “la comercialización de vehículos automotores, deja librada a la voluntad del adquirente, el cumplimiento normativo de las condiciones de seguridad que aportan”. Este texto pertenece a los legisladores PRO María Karina Spalla y Cristian Ritondo, presidente del bloque oficialista. El tercer proyecto, del diputado de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, hacía énfasis en que el vehículo se entregue con un “Manual de Reparación, Mantenimiento y Despiece respectivo a cada unidad y modelo” y procuraba facilitar “el acceso y la tenencia, en forma gratuita” de los manuales “a las organizaciones que agrupen a los talleres  mecánicos establecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  La ley sancionada no profundizó este último aspecto, aunque incluyó la exigencia de entregar los 0Km con un manual de “uso, reparación y mantenimiento”. De todas formas, fue uno de los artículos que vetó el jefe de gobierno. El decreto lo fundamenta en el hecho de que “la obligación de entregar manuales (…) no encuadra, en lo que a los manuales de reparación respecta, en las previsiones legales vigentes en materia de defensa del consumidor”. Previamente indica que “al incorporar la obligatoriedad de entrega de elementos no exigidos por la legislación nacional (…) el proyecto de Ley bajo análisis avanza sobre cuestiones de Derecho Privado”, según el decreto de veto. Ritondo, coautor de uno de los proyectos, consideró que, a pesar del veto se trata de “una buena ley”. El diputado oficialista dijo a Tiempo Argentino que piensa “insistir” con la aprobación de la norma. “Vamos a evaluar lo que nos dicen y si necesitamos modificar porque cometimos algún error, lo vamos a hacer y si tenemos que insistir, vamos a insistir”, dijo. Por su parte, Abrevaya señaló a la agencia Télam que “Dietrich prioriza los intereses de las concesionarias, que casualmente son el negocio de su familia, a los de los consumidores y usuarios, al evitar que cada persona que compre un auto reciba el Manual, lo que les permitiría contratar libremente con quién reparar su vehículo”. La ley se aprobó en la sesión del 8 de septiembre. La versión taquigráfica no registra ninguna discusión o posición contraria, ni del oficialismo ni de la oposición.

Fuente: Tiempo argentino, sabado 15 de octubre de 2011

viernes, 14 de octubre de 2011

Sin acuerdo por el proyecto de parquímetros en los barrios

Aunque parecía que se aprobaba, el controvertido proyecto que permite llevar los parquímetros a los barrios de la Ciudad naufragó y ni se trató anoche en la Legislatura. La iniciativa había sido acordada entre el macrismo y el presidente de la comisión de Tránsito, Claudio Palmeyro, del moyanista sindicato de taxistas, en un despacho firmado el día anterior.
Sin embargo, como muchos legisladores se enteraron a través de Clarín y otros medios que lo publicaron, pidieron tiempo para proponer cambios o directamente decidieron no apoyarlo. “Había algunas dudas de diputados opositores, que nos pidieron más tiempo y accedimos”, dijo el presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo.
El proyecto propone incorporar al Código de Tránsito un capítulo sobre “estacionamiento regulado” y habilita al Gobierno de la Ciudad a colocar parquímetros en todos los barrios. Si bien habla de “arterias de las áreas centrales principales y locales”, también habilita el estacionamiento tarifado en “otros sectores de la Ciudad donde la demanda, en función de la cantidad de espacios disponibles, así lo justifique”.
Ayer, buscando bajar el tono de una polémica que crecía, Palmeyro dijo por medio de una gacetilla de prensa que “esta ley no determina dónde se instalarían parquímetros ni mucho menos pretende imponer el sistema de estacionamiento medido en los barrios”. Efectivamente, el proyecto no precisa los lugares donde se instalarían parquímetros; pero sí deja abierta la puerta a casi todos los barrios con la imprecisa expresión de “donde la demanda así lo justifique”.
En el Gobierno de la Ciudad sostienen que el primer objetivo es llevar el estacionamiento medido a los centros comerciales a cielo abierto y la zonas con mayores problemas como Puerto Madero, Palermo o Caballito.
La diputada Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) fue una de las que más se movió desde la mañana para persuadir al resto de los legisladores de la oposición de no acompañar el proyecto. “Esto se quiso sacar de apuro . Le da demasiados privilegios a las empresas que ganen la concesión”, dijo. “Nos opusimos al proyecto tal como había sido redactado. Ahí, otros legisladores se dieron cuenta de que había muchos puntos oscuros y decidieron estudiarlo mejor. La verdad, parece que hubiera un afán recaudatorio por encima de todo”, aseguró, por su parte, el ex macrista Daniel Amoroso, de Unión Federal. “Se trata –completó el macrista Avelino Tamargo– de ordenar una situación de caos absoluto en el estacionamient o. Proponemos llevarlo a otras zonas. Los que critican no tienen ninguna propuesta”.

Las claves
El proyecto amplía a las calles principales de todos los barrios porteños la posibilidad del estacionamiento medido.

También permite que las grúas (a cargo de dos empresas con los contratos vencidos) funcionen en toda la Ciudad y en las calles de menor circulación.

Según la Ciudad, el objetivo es ordenar el tránsito, incluso los fines de semana, en zonas comerciales como Palermo, Recoleta o Caballito, y en barrios como Puerto Madero, que funciona como una especie de gran playa a cielo abierto.

Fuente: Clarin, viernes 14 de octubre de 2011

Túpac Amaru ganó la batalla

La Legislatura dispuso que una plaza del barrio de Flores lleve el nombre del dirigente que fue símbolo de la rebelión de los pueblos originarios contra el régimen colonial. El PRO defendió la anterior denominación.

La denominación de una plaza, impuesta por la última dictadura en homenaje al símbolo de la dominación colonial, fue reemplazada por el voto democrático, con una audiencia pública de por medio, por el nombre de un líder de los pueblos originarios que se sublevó contra aquel sometimiento. Se trata de la –hasta ahora– Plaza de los Virreyes, designada así por una ordenanza de facto, el 12 de octubre de 1979, que se llamará desde ahora Túpac Amaru. El cambio fue aprobado por la Legislatura porteña, tras un debate en el que los legisladores del PRO defendieron el antiguo nombre de la plaza. Fue el final de un largo proceso que iniciaron vecinos, docentes y comunidades originarias, plasmadas en un proyecto que presentó en 2005 el ya fallecido Norberto La Porta y que ahora retomó el legislador Gonzalo Ruanova. Un nutrido grupo de alumnos de la Escuela Nº 3 General Savio –ubicada a media cuadra de la plaza– celebró la aprobación, junto a docentes y el director, Ernesto Samar, uno de los impulsores históricos de la modificación.
La plaza Túpac Amaru está ubicada en el cruce de la avenida Eva Perón y Lafuente, en el barrio de Flores. Allí está la cabecera de la Línea E de subte, que aún se llama Plaza de los Virreyes. “Hasta 1979 la plaza se llamaba Armenia –dijo Samar a Página/12–, pero en 1979 la dictadura le cambió el nombre como una homenaje al 12 de octubre”, que hasta hace poco conmemoraba el día de la “raza”. “La propuesta de cambiarle el nombre surgió de un vecino y fue acompañada por distintas organizaciones: la plaza es un centro de reunión de la comunidad boliviana y el lugar donde ensayan las bandas de sikurís”, relató el director.
Túpac Amaru –se llamaba en realidad José Gabriel Condorcanqui, pero adoptó el nombre de su antepasado, el último de los soberanos incas– es un símbolo de la resistencia de los pueblos originarios contra los invasores españoles. En noviembre de 1780, se sublevó contra el corregidor de la provincia de Tinta –en el virreinato del Perú–, a quien tomó prisionero y ejecutó. La sublevación se extendió hasta lo que es hoy Salta y Jujuy, y Túpac Amaru estuvo a punto de llegar a Cuzco, pero en abril de 1781 el movimiento fue sofocado por las fuerzas coloniales. El líder de la insurrección fue mutilado y asesinado, después de haber sido obligado a presenciar la ejecución de su mujer y sus hijos.
“En el Bicentenario de la Revolución de Mayo, en la cual sus máximos dirigentes tomaron como precedente histórico la heroica lucha de Túpac Amaru, es propicio el reconocimiento, así como también modificar un homenaje tomado dentro de un contexto político no democrático”, dice el proyecto en sus fundamentos.
El PRO rechazó la propuesta. Su vocero fue el diputado Patricio Di Stefano, quien argumentó, en nombre de la “pluralidad de opiniones”, que “no es correcto generar una rivalidad” entre los virreyes “que fueron parte de nuestra historia” con los pueblos originarios. “Se dice que los virreyes no eran democráticos, pero en ese tiempo no existía la democracia”, fundamentó. Enfatizó que “se puede homenajear a Túpac Amaru en cualquier otro lado, pero no en ese lugar”. Y generó una catarata de respuestas.
El diputado Martín Hourest (GEN) le recordó a Di Stéfano que la democracia había empezado a transitar su camino, con otras formas, “dos mil años antes” de la época colonial. Fabio Basteiro (Proyecto Sur) reivindicó a Túpac Amaru como un “héroe de la resistencia al genocidio”. Su compañero de banca Rafael Gentili replicó que “la pluralidad no quita los roles que cada uno tuvo en la historia” y Diana Ma-ffía (Coalición Cívica) interpretó los argumentos del PRO: “Tal vez tengamos aquí representantes internos de los intereses coloniales”.
Varios diputados recordaron que todos los virreyes –menos Sobremonte– tienen una calle que lleva su apellido y uno de ellos, Liniers, le da el nombre a un barrio. Luego, María José Lubertino (Encuentro Popular para la Victoria) apoyó el proyecto, pero advirtió sobre la “demora del Ejecutivo porteño en reglamentar la ley de pueblos originarios sancionada hace cinco años: no sólo debemos honrar a los líderes de los pueblos originarios, sino los derechos de los descendientes que viven en la ciudad de Buenos Aires”. Para la aprobación de la norma eran necesarios 31 votos. Fue el momento de más tensión de la sesión, hasta que el presidente del cuerpo, Oscar Moscariello, anunció que había 34 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones. “El proyecto fue presentado por primera vez en 2005 y recién pudo ser tratado ahora: el momento histórico nos permite revisar la historia y discutir las denominaciones”, dijo Ruanova (Nuevo Encuentro) a Página/12. Afuera, los veinte chicos que habían ido con guardapolvos y pancartas, acompañados de maestros y padres, celebraban la aprobación. “Si luchamos contra los virreyes, ¿cómo le íbamos a dejar que tengan el nombre de una plaza?”, dijo uno de los chicos, como para que quede claro que se había hecho justicia.

Fuente: Pagina/12, viernes 14 de octubre de 2011