sábado, 17 de septiembre de 2011

Macri ya tiene $ 1.190 millones extra para subas de precios

Aunque la ley demoró ayer en el orden del día por largos debates sobre otras normas, el PRO consiguió otra vez con velocidad inusual los votos necesarios para aprobar una ampliación del Presupuesto por $ 1.190 millones. Es parte de la nueva política porteña, llevada al recinto, tras la reelección de Mauricio Macri y el efecto de las primarias que sacó de la carrera a varios bloques. Así, el PRO conformó una mayoría automática, que inclusive supera el mínimo necesario para el quórum de 31, y alcanza 34, con diez diputados más que los propios del oficialismo porteño. Curiosamente, dentro de ese lote, estuvo, cuando se aprobó el endeudamiento por u$s 500 millones, el socialista Julián DAn, que reporta a Roy Cortina, candidato a diputado nacional en las listas de Hermes Binner. Una rareza.

Ayer, el macrismo logró más que eso -46 votos a favor- para aprobar la ampliación del Presupuesto luego de un año legislativo donde la oposición fue más que áspera con el PRO, al punto de retrasar la sanción del Presupuesto 2011. Otra vez, como en la sesión anterior, el titular de la Comisión de Presupuesto, Álvaro González, presentó a Carina Spalla, la mujer del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, como miembro informante del PRO, quien leyó el proyecto.
La diputada explicó la pauta de inflación utilizada del 8%, y que «la realidad económica superó la expectativa» en ese sentido y en cuanto al crecimiento estimado.

Spalla habló de una superación en 1.200 millones de la recaudación sobre lo estimado, pero que también sobre lo proyectado hay variaciones en los costos de servicios y aumentos salariales.

Del total solicitado por Grindetti, se destinarán $ 207 millones para volcar a los compromisos de aumentos de sueldos a los empleados municipales. Spalla indicó que en Educación se tiene que cubrir el aumento de la leche, del transporte escolar, de las viandas y los mayores costos de las obras en ejecución.
La «redeterminación de precios» se aplicará en todos los ministerios, pero especialmente se llevará buena parte de la ampliación el aumento del costo de los contratos de recolección de residuos en el área de Espacio Público.

Rubros

Del total, unos $ 600 millones extra se recaudaron por concepto de Ingresos Brutos, mientras por un mayor patentamiento de vehículos 0 km, otros $ 157 millones y $ 20 millones de previsión anual de las contribuciones inmobiliarias, $ 150 millones por la implementación del plan de pagos, $ 154 por incremento de la recaudación en el rubro Sellos y $ 190 millones en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, por un reajuste producto del «buen rendimiento de la recaudación nacional», de acuerdo con el proyecto. Para este año, Macri ya tiene más de $ 27.000 millones.

El bloque Proyecto Sur (Solanas) votó en contra, pero se sumaron algunos peronistas y adherentes de Elisa Carrió a la votación.
El macrismo sumó ayer el proyecto de ampliación del Presupuesto a la lista de despachos que cobraron rapidez en las elecciones en menos de un mes, desde que se reactivó la Legislatura porteña, luego de las primarias del 14 de agosto pasado, con el efecto que le viene provocando a su favor el resultado de los comicios locales al PRO.

El viento a favor anima al oficialismo porteño a intentar también incorporar el aumento de las tasas inmobiliarias que se cobran como Alumbrado Barrido y Limpieza en el proyecto de Presupuesto 2012 que el Ejecutivo local enviará en dos semanas a la Legislatura.

Fuente: Ambito financiero, sabado 17 de septiembre de 2011

Los estudiantes, en la mira de Macri

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, continúa con su plan de desarticular la lucha de los estudiantes secundarios. Luego de ratificar su intención de instalar cámaras de seguridad en escuelas públicas, pese a la negativa de la Justicia, ahora firmó un decreto que busca regular el funcionamiento de los centros de estudiantes de la ciudad y limitar los espacios de reclamo y participación.
Se trata del decreto reglamentario de la Ley 135, aprobada por la Legislatura porteña en 1998 que “autoriza la constitución de centros de estudiantes en los establecimientos de enseñanza media de nivel secundario y/o terciarios”. La norma 330/011 fue firmada el 16 de junio pasado, en el medio de reclamos y tomas estudiantiles por obras edilicias prometidas. Establece plazos para la conformación de los centros (deben efectuarse antes del 15 de abril de cada año) e intenta limitar la participación a la hora de sentarse a negociar con el Ministerio de Educación porteño. Luego de realizarse las elecciones, los presidentes de los centros de estudiantes de cada una de las 15 comunas se deberán reunir en una asamblea y elegir por mayoría simple a un representante. Estos 15 referentes estarán habilitados a llevar los reclamos a la cartera educativa.
Este proceso de selección, según el decreto, deberá realizarse dentro de los 30 días de conformados los centros de estudiantes y el Ministerio porteño podrá “designar un veedor a simple petición de un centro o cualquier autoridad local” y dispondrá del lugar para la realización de la asamblea.
Los centros de estudiantes salieron a rechazar este decreto por considerar que busca “burocratizar y controlar” el funcionamiento de los espacios de participación. Hoy, también se movilizarán contra esta avanzada del gobierno porteño y en reclamo de los planes de obra incumplidas.

Fuente: Pagina/12, sabado 17 de septiembre de 2011

La Corte puso en un aprieto a Vidal

Fue durante la audiencia pública convocada por el tribunal para tratar el caso de una mujer boliviana y su hijo que viven en condiciones precarias. La ministra del PRO y vicejefa de gobierno electa reivindicó la oferta social porteña.

La ministra de Desarrollo Social y vicejefa de gobierno porteño electa María Eugenia Vidal defendió los planes sociales con que cuenta la Capital Federal para atender a personas en situación de calle. Y, en el escenario que le brindó la Corte Suprema, una audiencia pública para tratar el caso de una ciudadana boliviana con un hijo discapacitado que hubiera caído en el desamparo de no ser por medidas cautelares judiciales, se quejó de que el gobierno nacional no le transfiere los fondos para llevar adelante un completo plan de construcción de viviendas para cubrir el déficit de 50 mil unidades que reconoció.
La solidez y claridad de su exposición chocó con las limitaciones de la realidad. Ante las profundas preguntas de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, y del ministro Juan Carlos Maqueda, Vidal admitió que son pocas las soluciones habitacionales permanentes. Y ante ese escenario, los lugares temporales en los que los indigentes pueden dormir, vivir y transcurrir sus días son la mejor herramienta que puede ofrecer la administración porteña. Los planes sociales –traducidos en subsidios– tienen una duración máxima de diez meses, transcurridos los cuales el beneficiario sólo tiene como alternativa para seguir cobrándolos obtener una medida cautelar de la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario local.
“¿Ustedes no actúan sobre la gente más pobre si no es con orden judicial?”, preguntó Highton. La ministra Vidal explicó las limitaciones legales que debe respetar, destacó la preocupación de su gobierno por la situación de pobreza extrema y desamparo, defendió la función social de “paradores, refugios y hogares” que alternativamente brindan asistencia y cobijo a unas 1300 personas. Pero la jueza de la Corte no pareció conformarse: “Si no hay juicio no hay nada más allá de los diez meses.”
El gobierno porteño y la Defensoría General fueron convocadas por la Corte para tratar la situación de la ciudadana boliviana Sonia Yolanda Quisberth Castro, madre de Jorge, un niño nacido el 28 de junio de 2005 con un retraso mental “grave” y problemas “auditivos y visuales”. En 2006 quedó en real situación de calle, viviendo en la intersección de las calles Pichincha y Brasil. Cuando vencieron los términos de los subsidios del estado porteño recurrió a la justicia. Hoy percibe gracias a medidas cautelares 1700 pesos, 833 por la incapacidad del menor y otros 450 por la extensión de un plan asistencial.
Esa fue la parte de la historia que contó Vidal. Pero el defensor oficial ante la Corte Julián Langevín precisó dónde y cómo viven madre e hijo: “Una habitación de un hotel familiar (en el Bajo Flores), un lugar de tres por tres metros que no tiene ventanas (es decir que carece de luz solar), que no tiene un lugar de juegos porque no se les permite a los menores jugar en los pasillos. Se accede a un primer piso por escalera, lo cual es una situación no recomendable para un chico en esta condición. La habitación tiene una sola cama matrimonial en donde pernoctan ambos.”
La mujer –dijo Vidal– tiene un crédito otorgado por 165 mil pesos, que no tomó porque no presentó la propiedad que compraría con ese dinero. Pero entre Highton de Nolasco, Maqueda y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, desentrañaron que para acceder al préstamo (en este y en cualquier caso) es necesario un sueldo mínimo de 2000 pesos.
Vidal reivindicó que Buenos Aires tiene la “oferta social más amplia” e incluso destacó que en materia habitacional no hay planes similares ni a nivel nacional, ni en ninguna provincia. Y contrapuso en ese escenario que de un presupuesto anual de 800 millones de pesos para la construcción de viviendas, la mayor parte deben ser entregados por el gobierno nacional, que “no ha cumplido en los últimos cinco años”


Fuente: Tiempo Argentino, viernes 16 de septiembre de 2011

viernes, 9 de septiembre de 2011

Un nuevo homicidio cometido por un integrante de la Policía Metropolitana

Un efectivo de la Policía Metropolitana que se encontraba fuera de servicio asesinó ayer a Bruno Pappa, de 26 años, en el barrio porteño de Chacarita. De acuerdo con los datos brindados por testigos del hecho, el funcionario fue asaltado por Pappa y otro joven, quienes lo amenazaron con una réplica de una pistola y le quitaron su mochila y su billetera. El policía los dejó alejarse pero luego se identificó, los alcanzó, forcejeó con uno de ellos y le disparó cuando ya se encontraba en el piso.

Este nuevo hecho de violencia policial extrema se suma a los homicidios de Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, quienes fueron asesinados el 15 de agosto por David Alejandro Barrios, un efectivo de la Metropolitana que se encontraba fuera de servicio arriba de un colectivo en la localidad bonaerense de Avellaneda. Es decir que se trata del tercer muerto a manos de funcionarios de esa institución en menos de un mes. Además, una semana antes de los asesinatos de Marchioni y Romero, el oficial de la misma fuerza Juan José Lisondo baleó en la cabeza a un vecino luego de una discusión personal en el partido de Lomas de Zamora. La víctima logró sobrevivir pero sufrió graves lesiones.

La violación reiterada de las normativas sobre uso de la fuerza letal –tanto internacionales, como de la Policía Metropolitana– exige una respuesta institucional de parte de las máximas autoridades civiles a cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Pone de manifiesto, una vez más, que los riesgos para la vida de los particulares y de los propios policías aumentan notablemente cuando agentes fuera de servicio intervienen en lo que consideran una situación delictiva.

Para Marcela Perelman, coordinadora del área de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, “el hecho de que un funcionario dispare en la cabeza de una persona que se encuentra huyendo o reducida constituye un hecho de violencia extrema y un uso inadmisible de la fuerza letal que ocasiona un daño muy superior al que se pretende evitar y que se encuentra en contradicción con las normas internacionales y de la propia institución”.

La creación de la Policía Metropolitana tuvo como objetivo generar una fuerza de seguridad capacitada para intervenir en la prevención y represión de contravenciones y delitos menores. El proceso institucional impulsado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para contar con una policía diferenciada de las existentes tiene serias deficiencias y en los últimos meses se han reiterado casos en los que se reproducen las peores prácticas de uso abusivo de la fuerza letal.

La Ley 2894/08 de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires, establece en su capítulo II los principios de actuación que deben cumplir los integrantes de la Policía Metropolitana. Respecto del uso de la fuerza letal, el artículo 28 delimita las situaciones en que el empleo de la fuerza es legítimo. Al respecto, el inciso g) sostiene que el uso de la coacción sólo es válido “siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar”. En tanto, el inciso h) restringe el uso de armas de fuego “solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación”.

Sin embargo, no se ha escuchado hasta ahora ningún tipo de condena a la actitud del policía por parte de sus superiores. El único que se refirió al caso fue el superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, Ricardo Pedace, quien sostuvo que el Poder Judicial deberá determinar si se trató de un caso de legítima defensa. Sus declaraciones no señalaron la importancia de la investigación interna y, lejos de cuestionar el uso desproporcionado de la fuerza letal, se orientaron a ponderar el parecido del arma de juguete con una real.

Desde el CELS demandamos que se esclarezcan las responsabilidades penales por parte de la justicia y que se lleve adelante la investigación administrativa correspondiente, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.


Fallas de origen: lo viejo de la nueva policía

La ciudad de Buenos Aires tuvo su propia experiencia en el ámbito de las fuerzas de seguridad a partir de la creación de la Policía Metropolitana por la Ley 3255. El proceso institucional impulsado por el gobierno de Mauricio Macri para contar con una policía local diferenciada de las existentes ha fracasado. Sus dos primeros jefes, Jorge Palacios, impugnado al momento de su designación por el CELS y otras organizaciones,  y Osvaldo Chamorro, ambos ex policías federales, fueron desplazados de sus cargos de manera sucesiva en medio de un escándalo por espionaje ilegal.  La designación de Eugenio Burzaco como jefe civil de la fuerza no ha implicado un cambio estructural ni una solución para los problemas que mantiene la nueva policía desde su puesta en marcha.


El obstáculo más grave y de difícil solución a futuro está relacionado con el modo en que la fuerza ha sido integrada. La selección de sus funcionarios estuvo plagada de irregularidades debidas al traspaso de un grupo de la Policía Federal a la Metropolitana. El 83% de los cargos jerárquicos (superintendentes, comisionados generales, mayores y simples) está ocupado por ex policías federales. De ese grupo, alrededor del 80% comenzó sus tareas en la Federal en la década de 1970, la mayor parte en comisarías de la ciudad.

Fuente: comunicado del CELS (centro de estudios legales y sociales),  sabado 10 de septiembre

jueves, 8 de septiembre de 2011

García Caffi deberá reincorporar trabajador despedido

La justicia Nacional Laboral resolvió ordenar la reincorporación de uno de los trabajadores cesanteados días atrás por una resolución del director del Teatro Colón, Pedro Pablo García Caffi. En el fallo se destaca que la cesantía se habría dispuesto mientras el trabajador “estaba amparado por la garantía de inmunidad gremial”.

La jueza Yolanda Scheidegger, a cargo del Juzgado Nacional Laboral Nº 28, resolvió ordenar al Gobierno de la Ciudad y al director del Ente Autárquico Teatro Colón, Pedro Pablo García Caffi, que reincorpore a Carlos Fernández –uno de los 8 trabajadores cesanteados días atrás- “en las mismas condiciones que ostentaba al momento de disponerse el cese, con el consiguiente cobro de haberes, hasta que exista sentencia definitiva con relación a la cuestión de fondo”.

En el fallo al que tuvo acceso NU, la magistrada sostiene que “los argumentos expuestos (por el trabajador)” para que se haga lugar al pedido de reincorporación como medida cautelar “son plenamente aplicables”, y que “acreditan verosímilmente, prima facie, que el accionante ostentaría la calidad gremial invocada” por lo que habría sido objeto de una medida de cesantía durante el lapso en que habría estado amparado por la garantía de inmunidad gremial, sin haber la empleadora acudido al expediente de la previa exclusión de tutela.

“Este nuevo triunfo de los trabajadores del Colón, no sólo pone de manifiesto la irracional, ilegal y persecutoria actitud que sistemáticamente despliega el director general del EATC, García Caffi, contra los trabajadores, sino señala una vez más los límites precisos y absolutamente justos, que le sigue marcando la Justicia a este funcionario”, expresaron los trabajadores del Colón en un comunicado de prensa.

Y, tras agradecer al equipo jurídico de ATE-Capital, adelantaron su confianza en que la justicia nacional laboral continuará fallando en este mismo sentido ordenando la reincorporación de la totalidad de los delegados de ATE cesanteados.

“Macri y Caffi aprenderán la dura lección, de que no hay porcentaje electoral que garantice la impunidad, el abuso y el acoso. Compañeros, afortunadamente la dictadura terminó hace más de 28 años y hoy vivimos en democracia. Pero a esta democracia hay que cuidarla y defenderla todos los días. Los derechos de los trabajadores se pueden defender desde lo gremial, lo político y lo jurídico. La dignidad la defendemos cada uno y todos en conjunto”, concluyeron.

Fuente: noticiasurbanas.com, viernes 9 de septiembre de 2011

Preocupación por proyecto inmobiliario de IRSA

El legislador Francisco 'Tito' Nenna presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo local para que brinde precisiones sobre el desarrollo inmobiliario de edificios de 50 pisos, con embarcaderos y parques, en la ex Ciudad Deportiva del club Boca Juniors.
El legislador Francisco "Tito" Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) advirtió hoy sobre el avance de un proyecto inmobiliario de lujo en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors,  que podría poner en peligro la villa Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica.
"La empresa Solares de Santa María planea construir un complejo de torres con parques y embarcaderos sobre el canal perteneciente a la Reserva Ecológica", y agregó: "como para el ingreso de naves se precisa más espacio y mayor caudal de agua, terminará invadiendo terreno de la reserva e inundando la villa Rodrigo Bueno".
A través de un pedido de informes, el diputado kirchnerista reclamó al Gobierno porteño que detalle cuáles serán los "usos posibles o sostenibles del canal de desagüe y la forma en que se va a preservar la flora y fauna del humedal", y también preguntó "cómo se mantendrá el nivel de agua para el ingreso de barcos y qué medidas se implementarán para no inundar la villa Rodrigo Bueno".
"El macrismo habilita un desarrollo inmobiliario de lujo invadiendo terreno protegido por legislación nacional e internacional, a la vez que sigue especulando con la posibilidad de que a las villas las tape el agua", aseguró.
El proyecto inmobiliario comprende la construcción de un barrio en Costanera Sur con once torres de 50 pisos, parques públicos y un embarcadero. La inversión sería de 650 millones de dólares.
El terreno en cuestión fue otorgado al club xeneize en 1965 pero pasó a manos de la Municipalidad de Buenos Aires más tarde. En 1997, el grupo IRSA adquirió la titular de ese espacio.
A su vez, la Reserva Ecológica de la Costanera Sur fue designada Parque Natural y Zona de Reserva en 2003. En 2005, se la declaró Sitio Ramsar según normativa de la UNESCO.

Fuente: Diario Z, jueves 8 de septiembre de 2011

En el Borda ya esperan nuevos vecinos

MACRI ANUNCIO LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO CIVICO EN TERRENOS DEL NEUROPSIQUIATRICO, EN BARRACAS. En tres años se mudarán el jefe de Gobierno y cinco ministerios, para “promover el desarrollo de la zona sur”. Para financiar la obra, pretenden vender el tradicional Edificio del Plata. Garantizan la continuidad del hospital.
En tres años, la Jefatura de Gobierno porteña y cinco de sus ministerios estará en el barrio de Barracas, en un predio que hoy pertenece al Hospital Borda. Ocupará unas tres hectáreas de ese espacio que, asegura el Ejecutivo, no son utilizadas por el neuropsiquiátrico, pese a que allí hay dos edificios. El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien de esta manera reflota un proyecto lanzado al comienzo de su gestión. Esta vez, a diferencia de aquélla, el proyecto garantiza la continuidad del hospital en ese lugar. Para financiar el proyecto, el gobierno propone vender por subasta pública el tradicional Edificio del Plata, ubicado a dos cuadras del Obelisco.
Según Macri, el proyecto apunta a “promover el desarrollo de la zona sur de la ciudad”. La iniciativa consiste en construir un centro cívico, que estará dentro del llamado “distrito gubernamental”, un polígono que incluye a todos los ministerios que ya funcionan en barrios del sur de la Ciudad (Justicia y Seguridad, Salud, Desarrollo Social).
En el nuevo edificio, además de la sede de la Jefatura de Gobierno, estarán los ministerios de Educación, Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Económico y Hacienda. Para su construcción, el gobierno porteño llamará a un concurso público de proyectos y precios, con participación en el jurado de la Sociedad Central de Arquitectos. El proyecto prevé la construcción de 40 mil metros cuadrados, más 10 mil de subsuelo, con una inversión estimada en 250 millones de dólares. La altura de los edificios será de entre cuatro y seis pisos y la construcción deberá ser ambientalmente sustentable.
El sitio elegido es la esquina de la avenida Amancio Alcorta y Perdriel, a siete cuadras de la estación Plaza Constitución. Se trata de dos parcelas que en los planos aparecen como vacías, pero en las que aparecen dos edificios (ver foto) cuyo destino no se precisó. En una tercera parcela, donde hoy está la Unidad Penitenciaria del Borda, que será demolida, habrá un espacio verde.
La iniciativa fue presentada el martes a los jefes de bloque de la Legislatura por un grupo de ministros encabezado por la vicejefa electa, María Eugenia Vidal. Allí, los funcionarios dieron a conocer un cálculo optimista, según el cual las propiedades en la zona se valorizarán desde los actuales 900 dólares el metro cuadrado a unos 1600, cuando se traslade allí la sede del gobierno.
La diputada Gabriela Alegre (Frente para la Victoria) reclamó en la reunión que “si se hace una inversión importante para trasladar la sede del gobierno, también se invierta en la infraestructura, hoy degradada, del Hospital Borda, así como en el edificio del ex hospital Rawson”, ubicado en un predio lindero, donde hoy funciona la Dirección de Medicina del Trabajo y un hogar para la Tercera Edad.
Alegre y su par Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) calificaron respectivamente de “inusual” y “opaca” la convocatoria a un concurso de proyectos y de precios. “Por lo general, primero se hace un concurso de ideas y luego, a partir de la ganadora, se llama a licitación”, cuestionó Epszteyn.
Macri hizo el anuncio acompañado por Vidal y por el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. Ese ministerio había elaborado en 2008, al comienzo de la gestión macrista, un megaplán que incluía la construcción de un centro cívico en esa zona, el desarrollo de un “cinturón verde del sur” y el reemplazo de los neuropsiquiátricos Borda y Moyano por una veintena de centros de internación en distintos puntos de la Ciudad. La resistencia que generó esa iniciativa entre trabajadores y profesionales de la salud mental hizo naufragar la iniciativa.
Ahora, los funcionarios aseguran la continuidad del Borda y el Moyano en ese lugar. Pero la anunciada es sólo la primera etapa de un plan acerca del cual no se dieron más detalles. Por lo pronto, en los planos exhibidos aparecen otros espacios tan vacíos como codiciados (marcados como 001, 002 y 008 en el plano).
En la gestión PRO aseguran que no es necesaria la aprobación legislativa para avanzar con el proyecto: el predio ya está catalogado para el uso “Equipamiento”, que es válido tanto para un hospital como para un ministerio. Lo que sí necesita el macrismo es el permiso legislativo para enajenar el Mercado del Plata.

 Fuente: Pagina/12, jueves 8 de septimbre de 2011

sábado, 3 de septiembre de 2011

La Ciudad, el nuevo polo argentino de creación de contenidos audiovisuales

Por ley, la Capital ya tiene su Distrito Audiovisual que comprende cinco barrios porteños: Palermo, Villa Ortuzar, Colegiales, Chacarita y Paternal. Las empresas radicadas en esas zonas tendrán importantes beneficios impositivos
La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley que exime del pago de tres impuestos a las productoras de cine y TV en la Comuna 14.
Se tratará de un Distrito Audiovisual que se extiende en parte de los barrios de Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar, Colegiales y Paternal, dentro de la cual las PYMES del sector y las empresas que se radiquen dentro del distrito, no pagarán Ingresos Brutos, ABL, ni Sello.
La norma, que fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, acaba de ser aprobada por 43 votos a favor, 7 en contra (de parte del bloque de Proyecto Sur y la Coalición Cívica) y una abstención.
El Distrito Audiovisual abarca un área comprendida por las calles Fray Justo Santa María de Oro y Guatemala, las vías del ramal a José León Suárez del ferrocarril Mitre, Federico Lacroze, Álvarez Thomas, Forest, Avenida de los Incas, Holmberg, La Pampa, Triunvirato, Combatientes de Malvinas, Chorroarín, San Martín, Paysandú, Warnes, Dorrego, las vías del tren San Martín, Córdoba, Uriarte y Oro hasta Guatemala.
La ley declara como industria a la actividad audiovisual y tiene como objetivo promover el desarrollo de la prestación de servicios de esa industria, el procesamiento del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen y sonido, incluyendo la actividad de los laboratorios, sin importar el sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión; y también a la posproducción.
En la Ciudad se concentra casi el 60% de la producción del país, con más de 400 empresas audiovisuales que emplean a un total de 53.000 personas. Además, cabe destacar que en la Capital Federal hay más de 6.000 estudiantes en carreras relacionadas con la industria audiovisual


Fuente: Infobae.com, Sabado 3 de septiembre de 2011