lunes, 31 de octubre de 2011

Los negocios inmobiliarios son PRO


Una vez más la codicia insaciable de la corporación IRSA pretende usar nuestro barrio como materia prima para sus negocios. Con un Permiso de Obra vencido, en Méndez de Andes 655, se empecinan en levantar tres torres de casi 100 metros de altura burlando la ley 2722 que establece 13,50 mts como altura máxima permitida.

No conforme con lo anterior, por intermedio de Mauricio Macri, IRSA envió nuevamente a la Legislatura el proyecto de rezonificación para construir un hiper- shopping y torres atrás de Ferro. Esto significa, que necesita de la Legislatura para que se le apruebe una “norma especial”, situación contemplada por el Código de Planeamiento Urbano para solicitudes de grupos de vecinos o instituciones intermedias que intentasen salvar inconvenientes provocados por la normativa urbana, pero que IRSA pretende le sea acordada para llevar adelante su interés particular.

Se trata del mismo proyecto sepultado en la última sesión legislativa del 03/12/2009, donde decenas de vecinos presentes junto a miembros de la CAME (Cámara de la Mediana Empresa) y la CAMCAB (Cámara de Comercio de Caballito) reclamamos que fuera retirado de la sesión por los innumerables perjuicios que el mismo traería al barrio. Entre otros, se señalaron “el serio impacto ambiental negativo con el tránsito y los servicios; mayor inseguridad; la destrucción del comercio minorista a cielo abierto, que en muchos casos se trata de familias que han invertido por generaciones sosteniéndolos; la destrucción de la memoria en un área, como la ex -playa de cargas, que atesora un valiosísimo material urbanístico e histórico irrecuperable, vinculado a nuestra identidad.”

“Se trataría-concluimos- de una verdadera devastación de nuestra calidad de vida”. Ni un solo legislador pidió la palabra para defenderlo, y el proyecto se archivó.

¿QUIEN APARTE DEL INGENIERO MACRI Y LA EMPRESA IRSA TIENEN INTERES EN ESTA SOLICITUD DE “NORMAS ESPECIALES” Y TANTO DESINTERÉS EN APLICAR LA LEY CLAUSURANDO OBRAS CON PERMISOS VENCIDOS? QUÉ BUENO SERÍA QUE NOS SORPRENDAN APROBANDO EL PARQUE DEL BICENTENARIO QUE DUERME EL SUEÑO DE LOS JUSTOS DESDE HACE 20 AÑOS JUNTO A ESAS TIERRAS.
NINGÚN VECINO QUIERE BALDÍO Y ABANDONO COMO DESTINO, PERO TAMPOCO LA DESTRUCCIÒN IRREVERSIBLE DEL BARRIO POR EL QUE TANTO HEMOS LUCHADO.

La Legislatura debiera considerar la expropiación del predio involucrado, sin costo dinerario alguno, otorgándole a IRSA otro predio similar, con las normas urbanísticas adecuadas para que tal proyecto de ley, en otra zona de la ciudad aún no densificada y necesitada de emprendimientos edilicios, pueda prosperar contribuyendo a su desarrollo.

Caballito, ya tiene shoppings, complejos comercio-culturales; cadenas de cine, todo en un radio de pocas cuadras.
Caballito NO TIENE parques. Ir al Parque Centenario, al Rivadavia o a plaza Irlanda cualquier fin de semana es verificar que somos uno de los 3 barrios del país que menos metros de espacios parquizados tiene por habitante. La solicitud de NORMAS ESPECIALES del ejecutivo sólo es entendible si se trata de privilegiar la especulación inmobiliaria.

IRSA, apoyada hoy por amigos muy poderosos vuelve a la carga.
NO PODEMOS PERMITIR ESTE AVASALLAMIENTO A NUESTROS DERECHOS CIUDADANOS. NADIE DEBE FALTAR, ES UNA CITA DE HONOR!!!

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 19HS EN ACOYTE Y RIVADAVIA

Plazas vs negocios: porteños privados del espacio público



"En las calles, plazas y parques es donde se construye la identidad ciudadana", dijo el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, cuando le tocó exponer el presupuesto de su cartera para 2012 en la Legislatura, el jueves 20. Lo que no comentó es que no es lo único que el PRO pretende construir en los espacios públicos de la ciudad durante este nuevo mandato.
El contundente triunfo electoral de julio parece haber entusiasmado al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para reflotar viejas iniciativas que implican la modificación del espacio público y que habían sido dejadas de lado en los primeros años de su mandato por la polémica que generaron.
Desde el inicio de la gestión, en 2007, el ejecutivo porteño busca la aprobación de un proyecto de ley para permitir la construcción de un megaemprendimiento inmobiliario, a cargo de la constructora IRSA, en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, junto a la Villa Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica de Costanera Sur. El proyecto pretende ceder el uso del canal que separa a la reserva del predio a la empresa Solares de Santa María SA para el acceso de embarcaciones. Esto obligaría a realizar obras en el canal para que puedan ingresar lanchas y yates de gran calado a la futura marina.
Organizaciones ambientalistas y legisladores de la oposición denuncian que no sólo se está "privatizando" un canal del Río de la Plata, sino que al ser parte de la Reserva Ecológica, está protegido como "humedal de importancia internacional" por la Convención Ramsar.
Pero además, para poder llevarlo a cabo, es necesaria la modificación del Código de Planeamiento Urbano, ya que éste no permite un emprendimiento inmobiliario de tal magnitud. Como compensación, el convenio establece que la empresa cedería 27 hectáreas para la apertura de "calles, espacios verdes y paseos peatonales", aunque en plazos de 20, 30 o 40 años, según cómo avance la obra.
Otra iniciativa que desde hace años el gobierno porteño quiere promover es la construcción de locales gastronómicos y áreas de servicios dentro de los espacios verdes de la ciudad. Frenado en 2008 por temor a quedar como "privatizadores de lo público", el proyecto fue modificado y esta vez afectaría sólo a los espacios más grandes, como el parque Tres de Febrero.
La idea del PRO es emular a los parques de las grandes ciudades del mundo, como el Central Park de Nueva York o el Bois de Boulogne, en París, que cuentan con confiterías y otros locales comerciales. De paso, buscan regularizar la situación de los puestos que actualmente funcionan (como los carritos de choripanes y bebidas).
A diferencia de lo que sucedió en 2008, cuando incluso dentro del macrismo hubo quienes se opusieron a la idea, esta vez el apoyo de los votantes porteños parece haber cambiado la opinión de muchos. Para avanzar, deben derogarse dos ordenanzas dictadas por el ex Concejo Deliberante porteño, que prohíben expresamente estas construcciones.
Los amigos beneficiados
Hace dos semanas, el vicepresidente de la comisión de Protección y Uso del Espacio Público, Adrián Camps, junto al legislador Jorge Selser y la comunera electa Julieta Costa Díaz (los tres de Proyecto Sur) presentaron un recurso de amparo por la presunta cesión de terrenos públicos a la Asociación Argentina de Tenis, que preside Arturo Grimaldi, testigo de casamiento de Mauricio Macri.
Estas tierras, ubicadas en Figueroa Alcorta 7250, habían sido transferidas por la Nación a la Ciudad, a través de la ley 239 de 1999, con el fin de construir un "espacio verde público". Sin embargo, durante años el predio fue utilizado de manera ilegal por el club Obras Sanitarias de la Nación, hasta que en 2009 Macri, a través de un decreto, ordenó desocuparlo y darle el "destino que prevé la ley N° 239".
Pero, según el amparo, el Gobierno de la Ciudad no sólo no cumplió con ese objetivo, sino que le cedió las tierras de manera gratuita a Grimaldi, mediante una certificación (la N° 012113262) firmada por el director General de Concesiones del GCBA, Ezequiel Sabor.
"El macrismo cede terrenos públicos a los amigos o a grupos empresariales para hacer negocios. Para ellos, primero viene el negocio y después la ley", asegura Camps. Además, agrega que "en lugar de ser el Gobierno de la Ciudad el que planifica los proyectos y que después aparezca la constructora para hacerlo, es al revés: una empresa viene, propone, y el Gobierno después intenta modificar las leyes para poder llevarlos a cabo. Pasa tanto en el proyecto de IRSA como en el de la ampliación de la Diagonal Sur".
Un caso particular
La semana pasada, además, el Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura porteña un pedido de autorización para prolongar la avenida Julio A. Roca, mejor conocida como Diagonal Sur, hasta la avenida 9 de Julio. Se trata de un viejo proyecto qe data de 1907, ratificado en 1968 y convertido en ley en 2000, que obligará a expropiar 37 lotes privados (aunque desde siempre sujetos a expropiación), indemnizar a los vecinos que viven allí y desafectar otros tres que pertenecen al GCBA. Uno de estos últimos es la plaza de la esquina de Belgrano y Piedras.
La polémica se generó a partir del tercer artículo del proyecto, firmado por Macri; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, que autoriza a construir y concesionar por 20 años para su explotación un estacionamiento público subterráneo, ya sea por la empresa constructora o por terceros.
La ampliación del Malba
Desde que fundó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, hace ya diez años, Eduardo Costantini, pensó que era necesario ampliar su espacio. En 2007, argumentando que la colección de obras se había duplicado y que la cantidad de visitantes era cada vez mayor, planteó al entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, la posibilidad de incrementar la superficie casi en un 50 por ciento. La obra se realizaría bajo la plaza República del Perú, ubicada junto al museo. No hubo acuerdo en ese entonces.
El proyecto, presentado por el Ejecutivo porteño a instancias del museo, autoriza la concesión "a título gratuito e intransferible del subsuelo del polígono lindante con la sede del museo", de cuatro mil metros cuadrados, a la Fundación Costantini para la construcción de un patio de esculturas subterráneo, una sala de exposiciones, dos auditorios para 80 y 100 personas y una sala para los talleres educativos.
También está prevista la construcción de una lucarna vidriada, que permitirá el ingreso de luz y la posibilidad de que los transeúntes puedan ver el patio de esculturas desde la plaza a través de una enorme placa de cristal. Al igual que en el caso de Solares de Santa María, esta construcción subterránea también requiere modificar el Código, motivo por el cual está siendo tratado en la Legislatura.
Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno de la Ciudad ha mostrado particular énfasis en lo que a espacio público se refiere. La UCEP, organismo ya desarticulado que se encargaba de desalojar de manera violenta los espacios públicos, fue el mejor ejemplo de ello.
Las declaraciones de funcionarios durante la toma del Parque Indoamericano, que les costó la vida a tres personas el año pasado, siguen la misma línea. Sin embargo, cuando se trata de grandes empresas o personas cercanas al jefe de Gobierno, florecen negocios millonarios.
Otras obras controversiales
- Polideportivo en la plaza Marshall Meyer: Vecinos de Saavedra se oponen al llamado a licitación hecho por el gobierno porteño para construir un polideportivo en Goyeneche y Crisólogo Larralde. Se trata de un sector catalogado como U34 donde, según el Código de Planeamiento Urbano, el 85% debe destinarse a espacio verde público.
- Driving de golf en el Parque Sarmiento: Bajo el argumento de que allí se podrá practicar golf gratis en ciertos horarios, el GCBA le otorgó la concesión y explotación a la empresa Servicios Integrales de Alimentación, vinculada al reconocido golfista Florentino Molina. El lugar, que estaría terminado antes de fin de año, contará con noventa boxes, estacionamiento y confitería.
- Terminal de camiones en Parque Roca: El GCBA había cedido a la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas un predio de 15 manzanas en el Parque Mary Terán de Weiss para construir un polo de carga y descarga. Fue frenado por la Justicia el año pasado.

Fuente: Diario Z, jueves 27 de octubre de 2011

El PRO insiste con la venta de 24 inmuebles

El bloque macrista teje acuerdos para llevar el proyecto al recinto antes de fin de año. El fruto de la venta de los inmuebles estará destinado a obras en el tetro San Martín.

Tal como había adelantado Diario Z a mediados de septiembre, el Ejecutivo intenta reflotar un proyecto que estipula la venta de 24 inmuebles considerados "innecesarios para la gestión" y destinar el dinero a la "puesta en valor" del complejo teatral San Martín, entre otras dependencias del Ministerio de Cultura.
El bloque PRO convocó ayer sin éxito a una reunión de tres comisiones en conjunto (Presupuesto, Planeamiento Urbano y Cultura), que necesariamente deben intervenir en el despacho a tratarse en el recinto. Sin embargo, según confirmó una fuente macrista, hubo acuerdo con la oposición para reunir a las tres comisiones el miércoles o viernes de la semana que viene. "Las discusiones del Presupuesto complicaron el tratamiento de los demás proyectos, pero esta ley fue pedida por el Ejecutivo así que hay prioridad", remarcó la misma fuente legislativa.
La semana pasada, mientras se inauguraba la nueva fachada del Teatro San Martín, a la Comisión de Planeamiento llegaban los documentos con la tasación realizada por el Banco Ciudad de los 24 inmuebles que el Gobierno desea vender. El monto asciende a 27 millones, aunque ya hay tres inmuebles que fueron subastados por por un total de 2.228.000 pesos y que esperan su aprobación en la Legislatura.
Si bien la cifra no llega a cumplir las expectativas del Gobierno porteño -estimaba llegar a los 50 millones de pesos y de esta manera cubrir la totalidad de las reformas programadas en el San Martín-, en el Ejecutivo creen que la subasta de todos los inmuebles dejará más de lo estipulado.

Fuente: diario Z, jueves 27 de octubre de 2011

domingo, 23 de octubre de 2011

Nada menos que un barrio de lujo en la Costanera

El PRO logró ayer que un plenario de tres comisiones en la Legislatura porteña sacara un despacho para promover la construcción de un emprendimiento inmobiliario, que incluye un barrio semiprivado con una marina, en el predio situado a orillas del Río de la Plata, donde estuvo la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La iniciativa, impulsada por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sólo tuvo el apoyo de los diputados oficialistas y una disidencia parcial de la UCR, durante una reunión de las comisiones de Planeamiento Urbano, Ecología y Protección y Uso del Espacio Público. En tanto, los bloques de la oposición cuestionaron el “tratamiento express” del proyecto, al que calificaron de “negocio millonario”. Intentarán presentar antes del viernes un despacho pidiendo el envío del proyecto a comisión, adelantó el legislador Adrián Camps, de Proyecto Sur.
A la reunión asistieron habitantes de los barrios de la zona, entre ellos los de la villa Rodrigo Bueno, situada en la Costanera Sur, entre Puerto Madero y el predio en el que funcionó la Ciudad Deportiva de Boca.
El diputado Marcelo Parrilli (Proyecto Sur) propuso que la ciudad “expropie por ley” los terrenos “para que, en vez de un millonario negocio empresario, sea un negocio para todos los porteños”. Expresó que IRSA “promete obras con plazo hasta el año 2051, mientras que su propio estatuto establece que se disuelve el 5 de abril de 2043”.
“No se entiende el apuro de Macri y sus diputados para otorgarle un beneficio de más de 140 millones de dólares al grupo IRSA”, opinó Eduardo Epszteyn, presidente del Bloque Frente Progresista y Popular en la Legislatura.
En tanto, la diputada Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica) calificó de “vergonzoso” al proyecto porque “carece de un estudio de impacto ambiental previo” y “autoriza la construcción de decenas de torres de más de 50 pisos”. La Legislatura “le está dando un tratamiento express al convenio y el bloque del PRO le está otorgando a la empresa un negocio redondo que no deberíamos convalidar en la forma en que se nos propone”, expresó Sánchez Andía.
“El Ejecutivo pretende que la Legislatura apruebe, a las apuradas y sin tocar una coma, un negociado millonario que destruye parte de la Reserva Ecológica e inunda la villa Rodrigo Bueno”, dijo el diputado kirchnerista Francisco “Tito” Nenna. Según el legislador Fabio Basteiro, de Proyecto Sur, las obras “elevarán el nivel de las aguas” e inundarán “un humedal protegido internacionalmente”, lo que pondrá “en riesgo” a las familias que viven en la villa.
El legislador macrista Bruno Screnci Silva negó que la reunión de las tres comisiones tuviera como objetivo lograr un “trámite rápido” del emprendimiento, a cargo de la empresa Solares de Santa María S.A., del grupo inmobiliario IRSA. “Este proyecto debe ser tratado en algún momento”, dijo Screnci, y aseveró que la construcción del barrio se hará en “una zona postergada de la ciudad que no tiene utilidad”.

Fuente: Pagina/12, jueves 20 de octubre de 2011

sábado, 15 de octubre de 2011

Unas canchas de tenis para los amigos

El jefe de Gobierno ordenó el desalojo del lugar que utilizaba desde hace veintiséis años el Club Obras Sanitarias. El predio fue cedido a la Ciudad por Nación para hacer una plaza. La gestión PRO se lo otorgó a la Asociación Argentina de Tenis.
 
El gobierno de Mauricio Macri desalojó un predio del barrio de Belgrano que pertenece al Estado porteño, usufructuado desde hace veintiséis años por el Club Obras Sanitarias, pero en lugar de construir allí un espacio verde, como lo obliga expresamente una ley, se lo dio en concesión a la Asociación Argentina de Tenis (AAT), cuyo presidente, Arturo Grimaldi, es testigo de casamiento del jefe de Gobierno.
La denuncia fue realizada por la integrante electa de la Junta de la Comuna 13 (Belgrano, Núñez, Colegiales), Julieta Costa Díaz, junto a los legisladores Jorge Selser y Adrián Camps (todos de Proyecto Sur), quienes presentaron esta semana un recurso de amparo ante la Justicia porteña para que los terrenos sean restituidos para el uso público.
Se trata de los cotizados lotes ubicados en la avenida Figueroa Alcorta 7350, donde funciona una dependencia del Club Obras Sanitarias de la Nación. Esa ocupación, dice la presentación, es ilegal, ya que los terrenos fueron transferidos por la Nación a la Ciudad, en 1996, para la construcción de un “espacio verde de uso público”. Esa transferencia fue ratificada en 1999 por la ley 239, de la ciudad de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, decidió en 2009, mediante decreto 725-GCBA-2009, intimar a Obras Sanitarias a desocupar los terrenos irregularmente ocupados. En los considerandos del decreto se expresa textualmente que “resulta indispensable concluir con la ocupación irregular del predio en cuestión, y afectar el mismo al destino que prevé la ley N° 239, el decreto nacional N° 670/96, y la escritura de transferencia del año 2000”, es decir “la construcción de un espacio verde de uso público”.
Este decreto fue cuestionado judicialmente por el Club Obras Sanitarias, que pretendía extender la explotación del predio. La Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña rechazó los cuestionamientos en primera y segunda instancia, al entender que el desalojo no afecta los derechos del club, “que desde hace más de dos décadas ha dispuesto del uso y goce gratuito de un importante inmueble en una zona privilegiada de la ciudad”.
A su favor, el club había argumentado que prestaba servicios no solamente a sus socios sino a los alumnos del Instituto José Ingenieros, una escuela privada dependiente de la institución, y a deportistas de la Asociación de Tenis sobre Sillas de Ruedas.
El predio en cuestión consta de 46.300 metros cuadrados, de los cuales Obras Sanitarias ocupa la tercera parte. El resto corresponde a un edificio de la Universidad Di Tella, un local abandonado de lo que fue el boliche Junior, una capilla y la plaza El Salvador.
El desalojo, finalmente, se produjo el 16 de septiembre y no estuvo a cargo de la Policía Metropolitana sino del propio director de Concesiones, Ezequiel Sabor, quien sacó del lugar “a la encargada del buffet y a la concesionaria de las canchas de tenis”, de acuerdo con el relato que consta en la presentación judicial realizada por socios del club Obras, a la que accedió este diario.
La Metropolitana recién se hizo presente “en forma desmesurada” el lunes siguiente, 19 de septiembre, cuando los trabajadores del club intentaron ingresar para cumplir con sus tareas. Según los socios denunciantes, tras el desalojo se otorgó una “concesión gratuita encubierta en favor de la Asociación Argentina de Tenis, que le permite desarrollar todo tipo de actividades, como el alquiler de canchas a particulares.
El interés de los socios no coincide con el de los vecinos. Los primeros pretenden continuar con el uso de las instalaciones del club. El de los vecinos, que se respete la ley y se recupere ese lugar como espacio verde de uso público.
Justamente, unos doscientos vecinos, convocados por la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano –que hace años reclama por la parquización del terreno– marcharon el miércoles 5 de octubre al predio en conflicto y comprobaron que “no sólo seguía ocupado ilegalmente sino que en su interior se lleva adelante una construcción ilegal”, dijo a Página/12 la comunera Costa Díaz. Los vecinos concurrieron con personal de la comisaría 51, ante quienes formularon una denuncia por el delito de usurpación. La consejera hizo lo propio ante la Fiscalía. “Vamos a ver si actúan de manera tan expeditiva como cuando persiguen a la gente sin vivienda que utiliza algún espacio público, como en el caso del Parque Indoamericano, o se hacen los distraídos con los amigos del Poder Ejecutivo.”
El abogado Andrés Gil Domínguez, patrocinante legal de Club Obras Sanitarias, confirmó a Página/12 que “después del desalojo, la Asociación Argentina de Tenis comenzó a hacer trabajos de refacción dentro del espacio presuntamente concesionado, consistentes en “el desmantelamiento del buffet y la construcción de vestuarios”. Agregó que tras el recurso de amparo presentado por los socios del club, “la Justicia suspendió los efectos del desalojo y restituyó el predio al club, pero desde entonces el lugar permanece custodiado por la empresa de seguridad privada de la AAT, Road Investigation”.
El conflicto se ha judicializado con demandas cruzadas. A las ya mencionadas, se suma el recurso de amparo presentado esta semana por los legisladores Jorge Selser y Adrián Camps, que al igual que Costa Díaz pertenecen al Partido Socialista Auténtico. Reclaman que se cumpla con la ley 239 y se construya un espacio verde de uso público en los terrenos de Figueroa Alcorta 7350.
El mismo 5 de octubre, ante la insistencia de los manifestantes, “uno de los ocupantes exhibió la fotocopia de un documento certificado por escribano público entre el señor Arturo Grimaldi y el director de Concesiones del GCABA, Ezequiel Sabor, otorgando este último al primero el uso precario a título gratuito del terreno que es objeto de la ley 239”, dice el escrito presentado por los diputados.
“A la vista de todos siguen allí funcionando diez canchas de tenis cuya utilización requiere del pago de un alquiler, en apariencia administradas por el Carminatti Tennis Center como figura en diversos sitios web dedicados a la práctica del tenis”, agrega la consejera de Proyecto Sur.
Página/12 intentó consultar a la Dirección de Concesiones de la Ciudad, para saber si se había otorgado alguna concesión para el uso del predio desalojado, pero ni su titular, Ezequiel Sabor, ni sus colaboradores pudieron ser localizados.
“El PRO, tan preocupado por el uso indebido del espacio público por parte de vendedores de baratijas o cuidacoches, está entregando a privados por acción o por omisión, un terreno en un lugar privilegiado de la ciudad”, advirtió la integrante de la junta comunal.
En tanto, Gil Domínguez dijo a este diario que tras el primer revés judicial, el Club Obras Sanitarias presentó a la Legislatura un proyecto “para que se le otorgue al club una equiparación a la situación del Club de Amigos, que obtuvo recientemente una prórroga de la concesión del espacio que utiliza por veinte años”.

Fuente: Pagina/12, sabado 15 de octubre de 2011

Macri vetó una ley que obligaba a vender 0Km con kits de seguridad

A pesar de que fue votada mayoritariamente por la bancada PRO y redactada sobre la base de un proyecto de ese sector, entre otros, el jefe de gobierno impidió su puesta en vigencia. Silencio de Dietrich, subsecretario de transporte.
 
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, vetó una ley sancionada en septiembre por la Legislatura, que exigía a los vendedores de autos 0Km de la ciudad de Buenos Aires entregarlos con equipamiento básico de seguridad como matafuego, balizas y botiquín, entre otros, además de un manual de uso y mantenimiento. A pesar de que la norma fue aprobada con 54 votos, la mayoría pertenecientes al oficialismo porteño, Macri impidió su puesta en vigencia vetando los artículos 2 y 3, que le dan sustento. La Ley 3882 se basó en tres proyectos, uno de los cuales pertenece a dos diputados del PRO. “Es una práctica sistemática de Macri, que tiene mayoría pero parece que no la puede manejar”, dijo el legislador del GEN, Martín Hourest, autor de uno de los borradores. “Queda simpático aprobarlo en el recinto, pero después lo corrige con el veto, de esta manera le garantiza a las concesionarias no hacerse cargo del costo que representa”, agregó.
Tiempo Argentino intentó comunicarse con Guillermo Dietrich, subsecretario de Transporte y miembro de una familia propietaria de uno de los concesionarios más importantes de la Argentina, pero el funcionario prefirió no opinar. “Está todo fundamentado en el decreto”, justificó su agente de prensa.
En los fundamentos del decreto 519/11, publicado en el Boletín Oficial del 7 de octubre, se advierte que “los requisitos y condiciones de seguridad que deben cumplir los vehículos en general se encuentran regulados por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449”. Esta ley, sin embargo, establece entre los requisitos para la circulación que el automóvil “posea matafuego y balizas portátiles normalizados”. Es el artículo 40 (Requisitos para circular), que se dirige a los conductores y no a quienes venden los vehículos.
La norma vetada era muy clara en ese sentido. Uno de los proyectos exponía en sus fundamentos que “la comercialización de vehículos automotores, deja librada a la voluntad del adquirente, el cumplimiento normativo de las condiciones de seguridad que aportan”. Este texto pertenece a los legisladores PRO María Karina Spalla y Cristian Ritondo, presidente del bloque oficialista. El tercer proyecto, del diputado de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, hacía énfasis en que el vehículo se entregue con un “Manual de Reparación, Mantenimiento y Despiece respectivo a cada unidad y modelo” y procuraba facilitar “el acceso y la tenencia, en forma gratuita” de los manuales “a las organizaciones que agrupen a los talleres  mecánicos establecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  La ley sancionada no profundizó este último aspecto, aunque incluyó la exigencia de entregar los 0Km con un manual de “uso, reparación y mantenimiento”. De todas formas, fue uno de los artículos que vetó el jefe de gobierno. El decreto lo fundamenta en el hecho de que “la obligación de entregar manuales (…) no encuadra, en lo que a los manuales de reparación respecta, en las previsiones legales vigentes en materia de defensa del consumidor”. Previamente indica que “al incorporar la obligatoriedad de entrega de elementos no exigidos por la legislación nacional (…) el proyecto de Ley bajo análisis avanza sobre cuestiones de Derecho Privado”, según el decreto de veto. Ritondo, coautor de uno de los proyectos, consideró que, a pesar del veto se trata de “una buena ley”. El diputado oficialista dijo a Tiempo Argentino que piensa “insistir” con la aprobación de la norma. “Vamos a evaluar lo que nos dicen y si necesitamos modificar porque cometimos algún error, lo vamos a hacer y si tenemos que insistir, vamos a insistir”, dijo. Por su parte, Abrevaya señaló a la agencia Télam que “Dietrich prioriza los intereses de las concesionarias, que casualmente son el negocio de su familia, a los de los consumidores y usuarios, al evitar que cada persona que compre un auto reciba el Manual, lo que les permitiría contratar libremente con quién reparar su vehículo”. La ley se aprobó en la sesión del 8 de septiembre. La versión taquigráfica no registra ninguna discusión o posición contraria, ni del oficialismo ni de la oposición.

Fuente: Tiempo argentino, sabado 15 de octubre de 2011

viernes, 14 de octubre de 2011

Sin acuerdo por el proyecto de parquímetros en los barrios

Aunque parecía que se aprobaba, el controvertido proyecto que permite llevar los parquímetros a los barrios de la Ciudad naufragó y ni se trató anoche en la Legislatura. La iniciativa había sido acordada entre el macrismo y el presidente de la comisión de Tránsito, Claudio Palmeyro, del moyanista sindicato de taxistas, en un despacho firmado el día anterior.
Sin embargo, como muchos legisladores se enteraron a través de Clarín y otros medios que lo publicaron, pidieron tiempo para proponer cambios o directamente decidieron no apoyarlo. “Había algunas dudas de diputados opositores, que nos pidieron más tiempo y accedimos”, dijo el presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo.
El proyecto propone incorporar al Código de Tránsito un capítulo sobre “estacionamiento regulado” y habilita al Gobierno de la Ciudad a colocar parquímetros en todos los barrios. Si bien habla de “arterias de las áreas centrales principales y locales”, también habilita el estacionamiento tarifado en “otros sectores de la Ciudad donde la demanda, en función de la cantidad de espacios disponibles, así lo justifique”.
Ayer, buscando bajar el tono de una polémica que crecía, Palmeyro dijo por medio de una gacetilla de prensa que “esta ley no determina dónde se instalarían parquímetros ni mucho menos pretende imponer el sistema de estacionamiento medido en los barrios”. Efectivamente, el proyecto no precisa los lugares donde se instalarían parquímetros; pero sí deja abierta la puerta a casi todos los barrios con la imprecisa expresión de “donde la demanda así lo justifique”.
En el Gobierno de la Ciudad sostienen que el primer objetivo es llevar el estacionamiento medido a los centros comerciales a cielo abierto y la zonas con mayores problemas como Puerto Madero, Palermo o Caballito.
La diputada Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) fue una de las que más se movió desde la mañana para persuadir al resto de los legisladores de la oposición de no acompañar el proyecto. “Esto se quiso sacar de apuro . Le da demasiados privilegios a las empresas que ganen la concesión”, dijo. “Nos opusimos al proyecto tal como había sido redactado. Ahí, otros legisladores se dieron cuenta de que había muchos puntos oscuros y decidieron estudiarlo mejor. La verdad, parece que hubiera un afán recaudatorio por encima de todo”, aseguró, por su parte, el ex macrista Daniel Amoroso, de Unión Federal. “Se trata –completó el macrista Avelino Tamargo– de ordenar una situación de caos absoluto en el estacionamient o. Proponemos llevarlo a otras zonas. Los que critican no tienen ninguna propuesta”.

Las claves
El proyecto amplía a las calles principales de todos los barrios porteños la posibilidad del estacionamiento medido.

También permite que las grúas (a cargo de dos empresas con los contratos vencidos) funcionen en toda la Ciudad y en las calles de menor circulación.

Según la Ciudad, el objetivo es ordenar el tránsito, incluso los fines de semana, en zonas comerciales como Palermo, Recoleta o Caballito, y en barrios como Puerto Madero, que funciona como una especie de gran playa a cielo abierto.

Fuente: Clarin, viernes 14 de octubre de 2011

Túpac Amaru ganó la batalla

La Legislatura dispuso que una plaza del barrio de Flores lleve el nombre del dirigente que fue símbolo de la rebelión de los pueblos originarios contra el régimen colonial. El PRO defendió la anterior denominación.

La denominación de una plaza, impuesta por la última dictadura en homenaje al símbolo de la dominación colonial, fue reemplazada por el voto democrático, con una audiencia pública de por medio, por el nombre de un líder de los pueblos originarios que se sublevó contra aquel sometimiento. Se trata de la –hasta ahora– Plaza de los Virreyes, designada así por una ordenanza de facto, el 12 de octubre de 1979, que se llamará desde ahora Túpac Amaru. El cambio fue aprobado por la Legislatura porteña, tras un debate en el que los legisladores del PRO defendieron el antiguo nombre de la plaza. Fue el final de un largo proceso que iniciaron vecinos, docentes y comunidades originarias, plasmadas en un proyecto que presentó en 2005 el ya fallecido Norberto La Porta y que ahora retomó el legislador Gonzalo Ruanova. Un nutrido grupo de alumnos de la Escuela Nº 3 General Savio –ubicada a media cuadra de la plaza– celebró la aprobación, junto a docentes y el director, Ernesto Samar, uno de los impulsores históricos de la modificación.
La plaza Túpac Amaru está ubicada en el cruce de la avenida Eva Perón y Lafuente, en el barrio de Flores. Allí está la cabecera de la Línea E de subte, que aún se llama Plaza de los Virreyes. “Hasta 1979 la plaza se llamaba Armenia –dijo Samar a Página/12–, pero en 1979 la dictadura le cambió el nombre como una homenaje al 12 de octubre”, que hasta hace poco conmemoraba el día de la “raza”. “La propuesta de cambiarle el nombre surgió de un vecino y fue acompañada por distintas organizaciones: la plaza es un centro de reunión de la comunidad boliviana y el lugar donde ensayan las bandas de sikurís”, relató el director.
Túpac Amaru –se llamaba en realidad José Gabriel Condorcanqui, pero adoptó el nombre de su antepasado, el último de los soberanos incas– es un símbolo de la resistencia de los pueblos originarios contra los invasores españoles. En noviembre de 1780, se sublevó contra el corregidor de la provincia de Tinta –en el virreinato del Perú–, a quien tomó prisionero y ejecutó. La sublevación se extendió hasta lo que es hoy Salta y Jujuy, y Túpac Amaru estuvo a punto de llegar a Cuzco, pero en abril de 1781 el movimiento fue sofocado por las fuerzas coloniales. El líder de la insurrección fue mutilado y asesinado, después de haber sido obligado a presenciar la ejecución de su mujer y sus hijos.
“En el Bicentenario de la Revolución de Mayo, en la cual sus máximos dirigentes tomaron como precedente histórico la heroica lucha de Túpac Amaru, es propicio el reconocimiento, así como también modificar un homenaje tomado dentro de un contexto político no democrático”, dice el proyecto en sus fundamentos.
El PRO rechazó la propuesta. Su vocero fue el diputado Patricio Di Stefano, quien argumentó, en nombre de la “pluralidad de opiniones”, que “no es correcto generar una rivalidad” entre los virreyes “que fueron parte de nuestra historia” con los pueblos originarios. “Se dice que los virreyes no eran democráticos, pero en ese tiempo no existía la democracia”, fundamentó. Enfatizó que “se puede homenajear a Túpac Amaru en cualquier otro lado, pero no en ese lugar”. Y generó una catarata de respuestas.
El diputado Martín Hourest (GEN) le recordó a Di Stéfano que la democracia había empezado a transitar su camino, con otras formas, “dos mil años antes” de la época colonial. Fabio Basteiro (Proyecto Sur) reivindicó a Túpac Amaru como un “héroe de la resistencia al genocidio”. Su compañero de banca Rafael Gentili replicó que “la pluralidad no quita los roles que cada uno tuvo en la historia” y Diana Ma-ffía (Coalición Cívica) interpretó los argumentos del PRO: “Tal vez tengamos aquí representantes internos de los intereses coloniales”.
Varios diputados recordaron que todos los virreyes –menos Sobremonte– tienen una calle que lleva su apellido y uno de ellos, Liniers, le da el nombre a un barrio. Luego, María José Lubertino (Encuentro Popular para la Victoria) apoyó el proyecto, pero advirtió sobre la “demora del Ejecutivo porteño en reglamentar la ley de pueblos originarios sancionada hace cinco años: no sólo debemos honrar a los líderes de los pueblos originarios, sino los derechos de los descendientes que viven en la ciudad de Buenos Aires”. Para la aprobación de la norma eran necesarios 31 votos. Fue el momento de más tensión de la sesión, hasta que el presidente del cuerpo, Oscar Moscariello, anunció que había 34 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones. “El proyecto fue presentado por primera vez en 2005 y recién pudo ser tratado ahora: el momento histórico nos permite revisar la historia y discutir las denominaciones”, dijo Ruanova (Nuevo Encuentro) a Página/12. Afuera, los veinte chicos que habían ido con guardapolvos y pancartas, acompañados de maestros y padres, celebraban la aprobación. “Si luchamos contra los virreyes, ¿cómo le íbamos a dejar que tengan el nombre de una plaza?”, dijo uno de los chicos, como para que quede claro que se había hecho justicia.

Fuente: Pagina/12, viernes 14 de octubre de 2011

Cual pulsera de Mujer Maravilla

Cada uno costó más de 1500 pesos. El ministro de Justicia justificó ante los legisladores su adquisición con el argumento de que son antibalas. También tuvo que dar cuenta por la compra de pistolas a una empresa que ya había entregado una partida defectuosa.

Las compras de relojes a más de 1500 pesos cada uno para la Policía Metropolitana y de pistolas a una empresa que ya entregó material defectuoso formaron parte del menú en la audiencia en la Legislatura a la que asistió el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. El funcionario macrista defendió el incremento de presupuesto y sostuvo que los relojes cuestan eso porque son antibalas. Los legisladores de la oposición cuestionaron “el despilfarro de la Metropolitana”.
Casi completamente rapado, Montenegro hizo su entrada a la Comisión de Presupuesto al mediodía. “Para mí, Montenegro se mimetizó con el personal policial a cargo”, lo gastó por Twitter el legislador Diego Kravetz. El ministro no tuvo una visita complicada, si se la compara con las que le tocó pasar con la designación de Jorge “Fino” Palacios y la comisión investigadora de las escuchas ilegales. Montenegro detalló que para finales del año que viene el 40 por ciento de los agentes de la Metropolitana serán egresados de su academia y bajará el ingreso de policías de otras fuerzas. También anunció que la Metropolitana empezará a patrullar la Comuna 4 el año próximo con camionetas.
Luego de su exposición vinieron las preguntas y las críticas por los manejos presupuestarios. El legislador de Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova quiso saber por qué “pasamos de 38 a 50 millones para seguridad privada”. Montenegro retrucó que está cubriendo objetivos que dejó la Policía Federal. “Felicito al ministro por lograr incrementar sus recursos y ser su ministerio el quinto en importancia, con una incidencia del 6 por ciento”, ironizó Julio Raffo, de Proyecto Sur. “Representa un 4,96 por ciento”, le aclaró Montenegro. “Ha aumentado y seguirá aumentando”, avisó.
Luego llegó el turno del ibarrista Eduardo Epszteyn, quien desplegó sus dudas sobre una serie de compras de la Metropolitana. Empezó por la adquisición de 33 relojes por 59.994 pesos. “¿Para qué compran relojes por 1500 pesos cada uno?”, preguntó Epszteyn. “Son relojes especiales, antibalísticos”, le contestó Montenegro. A la discusión se sumó el macrista Alvaro González, que preside la Comisión de Presupuesto: “Son relojes como los del agente 86”, lanzó. La kirchnerista María José Lubertino aportó lo suyo entre las risas: hizo el gesto de juntar los brazos para protegerse como los brazaletes de la Mujer Maravilla.
Epszteyn volvió a la carga con otras compras: advirtió que la empresa Trompia, a la que le habían comprado las primeras 850 pistolas Beretta Px4 Storm había tenido problemas con los cargadores. Según un informe de la Auditoría que recordó Epszteyn, “el 13 de enero de 2010 el comisionado general de la Policía Metropolitana eleva una nota a la Jefatura Policial notificando la devolución de 385 cargadores sobre un total de 450, que presentaban fisuras en el lateral derecho. Conjuntamente se devuelven cuatro pistolas”. El 80 por ciento de los cargadores era defectuoso.
El mismo informe de la auditoría señala que “el precio abonado por el bien supera al primer precio de referencia en un 96 por ciento”. De 2500 pesos de referencia a 4635 pesos. Por ley, no debería superar el 5 por ciento. A pesar de esto –advirtió Epszteyn– volvieron a comprarle a Trompia este año. Esta vez, mil pistolas Beretta por 910 mil euros.
Montenegro quedó en responderle sobre éste y otros temas: los 120 mil pesos en “consultoría en materia de comunicación institucional” a la firma AR y Asociados, de Alejandra Rafuls, junto a otros dos millones ochocientos mil pesos en consultorías, una resolución que permite que la empresa Froilán-Taraborelli Automobile S.A. “promocione los beneficios en cuestión entre el personal de la fuerza” en las distintas dependencias de la Metropolitana, del inolvidable camión hidrante (ver aparte).
“La presentación del ministro Montenegro fue una vez más sumamente desprolija: no puede fundamentar un incremento del presupuesto del 90 por ciento y con un informe de Auditoría que señala las irregularidades”, indicó Epszteyn a Página/12. En tanto, el kirchnerista Francisco “Tito” Nenna estimó que “el PRO despilfarra recursos públicos en seguridad”.

Fuente: Pagina/12, viernes 14 de octubre de 2011

sábado, 1 de octubre de 2011

El PRO saca los trapitos

El proyecto del macrismo para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavi­drios obtuvo despacho fa­vorable en la Comisión de Justicia de la Legislatura, pese a las críticas que recibió por parte de la oposición. La iniciativa que busca modificar el ar­tículo 79 del Código Contravencio­nal fue impulsada por el PRO en 2010 y no prosperó. Fortalecido tras las elecciones, el oficialismo porteño decidió promoverlo nuevamente.
El proyecto establece multas de entre $200 y $2.000 e incluso pe­nas de arresto -de uno a cin­co días- para aquellas personas que ofrezcan cuidar automóviles. Para los limpiavidrios, la pena se­ría de hasta tres días de arresto. Para su aprobación, el proyecto re­quiere de una mayoría especial de 31 votos, por lo que el PRO debe­rá conseguir el apoyo de al menos siete legisladores de la oposición.

Por su parte, los ocho diputados de la oposición que integran la comi­sión trabajaron en un proyecto al­ternativo. Gonzalo Ruanova (Nue­vo Encuentro) consideró que "para modificar determinadas situaciones, la herramienta no es modificar el Contravencional sino poner a trabajar a las fuerzas de seguri­dad". Los legisladores proponen re­glamentar la actividad de los cuida­coches y crear un registro. Ruanova consideró que "hay gente que apa­renta cuidar autos y roba, pero tam­bién hay gente que aparenta andar en bicicleta y roba, no por eso va­mos a prohibir andar en bicicleta".
En tanto Rafael Gentili (Proyec­to Sur), dijo a Diario Z: "Antes de modificar el código hay que regu­lar la actividad: se debe contemplar la cuestión social. Hay un tema eco­nómico que hace que se recurra a esa cuestion informal y a la vez está la molestia de todos nosotros don­de se forma una estructra con con­nivencia policial que obliga y fija el pago. Tenemos que intervenir pero con la sanción que propone el PRO no se logra nada".

Fuente: Diario Z, jueves 29 de septiembre de 2011

Escándalo en la AGC: mejor no hablar de ciertas cosas

La Justicia investiga a la Agencia Gubernamental de Control por irregularidades en habilitaciones. Mientras, los empresarios denunciantes y familiares de damnificados reciben amenazas telefónicas.

Juan recibe llamadas anó­nimas a su trabajo, en las que una voz repite el nom­bre de su hija muerta. AMariana la llaman a su casa para recomendarle que se cuide y si­lencie sus denuncias. A Nazarena la amenazan con sacarle la pau­ta de su programa de radio. Y a otra persona le dejan una foto del jardín de sus hijos al lado del ca­nasto de la basura con un encar­go: silencio. Todos cometieron el mismo pecado: denunciar a fun­cionarios de la Agencia Guberna­mental de Control (AGC).
No se trata de un organismo cualquiera. La AGC fue creada por el gobierno PRO con el objetivo de mejorar el sistema de habilitacio­nes y control luego de la tragedia ocurrida en Cromañón. Sin embar­go, en los últimos dos años se con­virtió en un área sensible e investi­gada por la Justicia. El incendio de un geriátrico en Almagro, las de­nuncias de extorsión de empresarios de la noche, cinco muertos por los derrumbes de un gimnasio en Villa Urquiza y el boliche Bea­ra en Palermo y la presunta esta­fa con connivencia de empleados del gobierno porteño al marido de una vedette pusieron en la picota a una agencia sospechada, que ya tiene varios funcionarios imputados y cinco renuncias.
Pero según las experiencias recogidas por Diario Z, parece además que denunciar estos ilíci­tos conlleva un costo adicional: el de los aprietes y amenazas.
Juan Lizarraga perdió a su hija Ariana, quien murió luego de que el entrepiso del boliche Beara de Palermo se desplomara sobre ella. A una semana de la tragedia, co­menzó a recibir llamadas anóni­mas de voces que nombraban a su hija y cortaban el teléfono.
Nazarena Vélez, en cambio, denunció públicamente a funcionarios de la AGC, quienes habrían actuado en connivencia con priva­dos para habilitar el ex Cine Los Ángeles con documentación ro­bada a su esposo, el empresario Fabián Rodríguez. Unos días des­pués de la denuncia, Rodríguez recibió llamadas "intimidatorias". Esta vez, según asegura, no fue­ron anónimas, sino del diputado del PRO Avelino Tamargo.
"En un tono amistoso y jodón me decía que no hinchemos con la denuncia porque Nazarena po­día perder la pauta en su progra­ma de FM La Isla y que además yo iba a tener problemas con mi negocio particular", señaló Rodrí­guez a Diario Z.
A estas intimidaciones se suma la sufrida por Mariana Bustos, que luego de denunciar que su hogar está en peligro de derrumbe debi­do a una construcción aledaña re­cibió numerosas llamadas durante la madrugada que le valieron una protección policial. Del otro lado del teléfono escuchaba: "Queda­te tranquila, no te metas más, no sigas denunciando".
Ante esta situación, los distin­tos denunciantes y damnificados comenzaron a comunicarse en­tre ellos, compartir sus historias y preocupaciones, hasta que el viernes 23 confluyeron en un café de Palermo, junto a legisladores de distintas fuerzas, el defensor del Pueblo adjunto, Gerardo Gó­mez Coronado, y el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matan­za, Pablo Pimentel.
Todos coincidieron en que los casos denunciados forman parte de la "negligencia y omisión del Gobierno de la Ciudad" en el área de habilitaciones y control.
Pero los asistentes a la reunión no son los únicos que denuncian irregularidades en el área. La dipu­tada de SI en Nuevo Encuentro y presidenta de la Comisión de De­sarrollo Económico, Delia Bisutti, remarcó que tras la presentación en la Legislatura del titular de la AGC, Javier Ibáñez, que se desligó de las denuncias de corrupción, comenzaron a llegar otros testi­monios que están siendo reco­lectados para sumarlos a la cau­sa, como el de dos dueños de un centro cultural ubicado en Belgra­no que sufrieron una excesiva de­mora de los trámites de habilita­ción y que recibieron la visita de gestores que se "vendían como poseedores de vínculos adentro de la AGCpara acelerar los trámi­tes", relataron a este diario.
El grupo de vecinos también fue recibido por el senador de Proyecto Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik, quien se mos­tró preocupado por lo que consi­deró como una situación "delicada y preocupante". "La idea es plan­tear la problemática que sufrimos muchos vecinos de la Ciudad y además estamos reclamando que se unifiquen las causas porque los funcionarios implicados son los mismos", aseguró Bustos.
Consultado por Diario Z, un vocero de la AGC, aclaró que Ibáñez ya dio sus explicaciones en el parlamento porteño y dijo que todo se resolverá en la Justicia. Además resaltó que hubo cam­bios en el área, para tratar de me­jorar la gestión.
COMO CROMAGNON
"Nosotros creemos que esto va a terminar siendo una megacausa de asociación ilícita segui­da de muerte porque, sin duda, la finalidad de toda esa red de co­rrupción es hacer dinero: las con­secuencias están a la vista", re­marcó Lizarraga. "La AGC cayó en la misma lógica que antes de Cromañón. Más allá de la corrup­ción, los controles no funcionan", advirtió el legislador de la Coali­ción Cívica, Sergio Abrevaya.
La intención de los vecinos tuvo su correlato en la Justicia. El juez Juan Ramos Padilla -quien venía investigando a la AGC por diversas causas- pidió a través de un oficio, el expediente del caso Beara. Se trata de la tragedia que se produjo hace un año, cuando el entrepiso del local bailable ce­dió, provocando la muerte de Le­ticia Provedo y de Ariana Lizarra­ga, la hija de Juan.
Desde entonces, la causa judi­cial tramita con pocos avances, en el juzgado a cargo de Alicia Iermini, quien tiene un pedido de juicio po­lítico por mal desempeño en la cau­sa del asesinato de Walter Bulacio.
El pedido de Ramos Padilla, busca unificar todas las causas, en la idea de que existe una red de tráfico de influencias que cobra coimas a boliches nocturnos, comerciantes y constructores para agilizar habilitaciones, para adver­tir sobre posibles inspecciones y evitar o levantar clausuras.
El juez no sólo investiga a los cinco funcionarios macristas que renunciaron o fueron echados en el último año, envueltos en escándalos y tragedias, sino que también tiene a la actual AGC en la mira. Una se­rie de escuchas telefónicas que se encuentran en plena desgrabación aportarían datos sobre la continui­dad de prácticas non santas en el sistema de control porteño.
Un dato no menor es que en el último allanamiento realizado a la AGC a fines de agos­to, además de los lega­jos de ex funcionarios, Padilla ordenó secues­trar los del titular de la AGC Javier Ibáñez y del director de Habilitacio­nes Especiales Pablo Seikuscas.
A esto se suma el procesamien­to de la ex directora de Fiscaliza­ción y Control, Vanesa Bercowski, que surgió de escuchas telefónicas en poder del juez. En ellas, según trascendió, se habría detectado un "sistema de avisos" al cual los due­ños de los boliches estarían "sus­criptos" para evitar inspecciones.
Por las causas en las que en­tiende Ramos Padilla hay también tres gestores privados imputados que habrían actuado como inter­mediarios para lograr habilitacio­nes de locales bailables.
Los ángeles de Nazarena
El impacto mediático de las de­claraciones de Nazarena Vélez tuvo su correlato en la actuación de la Justicia. El marido de Vélez, Fabián Rodríguez, empresario y confeso "ex macrista" fue víctima, según la fiscal Graciela Gils Carbó, de una maniobra que involucró a funcio­narios de la AGC, quienes facilita­ron que dos empresarios se apro­pien del emprendimiento de cine y teatro Los Ángeles, del cual Ro­dríguez era uno de sus titulares. La fiscal determinó que se había fra­guado una cesión de habilitación mediante firmas falsas. "Pidie­ron la transferencia de la habilita­ción, que fue otorgada por Martín Farrell, Pablo Seiskuscas y Mar­tín Córdoba, sin atenerse a la nor­mativa específicamente dispuesta para ese trámite", explicó la fiscal en su escrito. Ramos Padilla hizo lugar al pedido de indagatoria de los tres funcionarios, aunque aún no ha fijado las fechas.
Según explicó el empresario Ro­dríguez a Diario Z, en 2008 adqui­rió junto a su socio Rodrigo García el local del ex cine Los Án­geles, ubicado en la ave­nida Corrientes al 1700, para habilitarlo como un complejo teatral. Tiem­po después, se asoció a otros dos empresarios, Diego Noguera y Aldo Funes.
Entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, mientras esta­ba en Villa Carlos Paz produ­ciendo espectáculos de su es­posa, según afirma Rodríguez, sus socios transfirieron la habi­litación a nombre de ellos, pero de manera fraudulenta. Cuan­do regresó a Buenos Aires, no lo dejaron ingresar en el teatro.La situación fue denunciada por Vélez en el programa de Susa­na Giménez y el escándalo explo­tó. Según Rodríguez, Tamargo lo "apretó". Meses antes había sido el propio Tamargo, quien había presentado a Rodríguez y Farrell para "ayudarlo" en el trámite de la habilitación.
Ya sin el complejo de cines, presuntamente estafado por sus ex socios, en sede judicial, el em­presario aceptó que el juez Ramos Padilla interviniera sus teléfonos y los de Nazarena. Los resultados de las escuchas resultaron intere­santes para el juez y para la fiscal Carbó: en un encuentro casual que se produjo en una heladería de la Avenida del Libertador entre Naza­rena y Samantha Farjat, la ex me­diática le comentó a la modelo que su novio, Leandro Camani, estaba pasando por la misma situación que Rodríguez. Por eso se pusieron en contacto. "Camani llamó y dijo que él no denunciaba nada en la Justicia porque `la mueve' adentro de la AGC", cuenta Rodríguez.
El novio de Farjat se jactó de ser amigo y compinche del direc­tor de Habilitaciones y Permisos, Manuel Sandberg Haedo, íntimo amigo de Farrell.
Pero el tráfico de influen­cias Leandro Camani sería aún más importante. Rodríguez de­talló que en una de las llamadas "aconsejó discontinuar con la cau­sa porque él podía solucionarla". "Camani dijo que él había conse­guido el permiso para el funciona­miento de Beara". El trámite, de hecho, estuvo a cargo de Panta­rotto, abogado del boliche. La ha­bilitación de Beara está cuestio­nada porque fue otorgada pese a recomendaciones en contrario. Las escuchas indicarían que, ade­más, hubo dinero de por medio.
Para los denunciantes, la irrup­ción del "caso Nazarena" repre­sentó la posibilidad de hacer visi­ble su reclamo. "Esperamos que la Justicia avance y unifique las cau­sas en el juzgado de Ramos Padilla, que ha hecho un trabajo interesan­te porque no se limitó a investigar cada caso en particular, sino que trata de desentrañar lo que está detrás de la actuación guberna­mental", se esperanzó el abogado de Mariana Bustos y querellante en la causa del derrumbe de Villa Urquiza, Walter Mercury.
La causa que involucra a la AGCse remonta al 17 de noviem­bre de 2009, cuando dos ancianos comieron por última vez en la clíni­ca de rehabilitación de Santa María de los Buenos Ayres. Luego murie­ron mientras otros 16 intentaban recuperarse de la intoxicación. Los alimentos estaban podridos.
El caso llegó a manos del juez Padilla, quien desplazó a las autori­dades porteñas como auxiliares de la investigación luego de ver cómo un camión de basura de la Ciu­dad retiraba objetos que podían ser elementos probatorios. Suce­día justo cuando él inspeccionaba el lugar y encontraba -entre otras bondades- medicamentos venci­dos, deficiencias en el suministro de agua y heladeras sin funcionar. Ninguna de estas anomalías había sido detectada por las dos inspec­ciones previas que había realizado en ese año la Agencia.
Tal vez eso fue lo que motivó a Ramos Padilla, a disponer que la División de Defraudaciones y Esta­fas de la Policía Federal allanara las oficinas de Habilitaciones y del Mi­nisterio de Salud porteños. Ése fue el origen de la causa cuya instruc­ción aún continúa, alimentada co­tidianamente por derrumbes evi­tables, y denuncias de pedidos de coimas e irregularidades varias a la hora de habilitar e inspeccionar.

Fuente: Diario Z, jueves 29 de septiembre de 2011
DZ/km

Repudian que la Metropolitana ocupe un espacio verde

Vecinos repudiarán la instalación de un centro de inteligencia de la policía Metropolitana en un espacio verde. Será este sábado durante un Festival Folclórico y Homenaje a Gustavo "Cuchi" Leguizamón en la plaza Salvador Allende del barrio porteño de Saavedra.
Liliana Herrero, Lorena Astudillo, Mavi Diaz, Guillermo Klein, Franco Luciani, Bruno Arias, Roxana Amed y Luciana Jury serán algunos de los animadores del Festival Folclórico y Homenaje a Gustavo "Cuchi" Leguizamón que se realizará mañana de 16 a 21 en la plaza Salvador Allende del barrio porteño de Saavedra donde los vecinos aprovecharán a expresar su reclamo contra el Gobierno de la Ciudad.

“Las cosas se mezclan de una manera maravillosa”, resumió Juan Martín Leguizamón, uno de los hijos del Cuchi, al repasar la confluencia entre el tributo al enorme artista salteño (que ayer hubiera cumplido 94 años y de quien el martes se cumplieron 11 años de su muerte) y la defensa vecinal de los espacios verdes públicos del barrio de Saavedra.

Leguizamón indicó que “organizaciones barriales y la asamblea de vecinos de Saavedra compartimos la inquietud a partir de un proyecto del macrismo para ocupar tres o cuatro plazas del corredor de la avenida Goyeneche (antes llamada Donado) hasta la avenida General Paz”.

En esa traza de unas 12 cuadras que quedó a partir del proyecto de la trunca autopista Au3, el gobierno porteño “construyó una comisaría y quiere hacer un centro de inteligencia de la Metropolitana y un polideportivo que estará a ocho cuadras del Parque Sarmiento que es enorme y está abandonado por la ciudad”, detalló.

Como respuesta a este avance sobre los espacios verdes, los vecinos organizados le están dando nombre a las plazas de la zona: Juana Azurduy, Damián García (un vecino que murió en un hecho de violencia en el fútbol), Edmundo Rivero, Carpani-Berni, Rabino Meyer, “Cuchi” Leguizamón y Salvador Allende (sita en Goyeneche y Tamborini) donde mañana se realizará la celebración en torno al pianista y compositor.

“La gente del barrio sostiene ciertas posturas frente a la vida y `Cuchi` también ha tenido este tipo de compromisos e ideas. Así que armar esta jornada es una manera de apreciarlo más integralmente y no solamente como músico y le da un enorme plus a esta fiesta”, señaló Leguizamón.

En el Festival actuarán Liliana Herrero, Cuartoelemento, Lorena Astudillo, Mavi Diaz y las Folkies, Guillermo Klein, Franco Luciani, Bruno Arias, Negros de Miércoles, Roxana Amed, Luciana Jury, Luis Leguizamón, José Piazza (de la Filarmónica del Colón), Diego León & Upiti i´Llama, Lucrecia Longarini, Rocío Palazzo y Fabián Sauma, Palo Blanco y Leonardo Andersen-Aníbal Domínguez-Marina Lupi, entre otros.

“Todos estos artistas vienen por amor al `Cuchi` y nadie cobra un peso, pero además a mi viejo nada le hubiera gustado más que esta movilización generada por gente del barrio”, arriesgó acerca del encuentro apoyado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Asociación Civil Sembrar Conciencia.

Fuente: El argentino, Sabado 1 de octubre de 2011