Una jueza prohibió que en dos escuelas y un jardín maternal públicos se instalen las cámaras de seguridad que el gobierno porteño pretende colocar en 330 edificios públicos, 92 de los cuales son establecimientos educativos.
El fallo de la magistrada en lo contencioso administrativo Elena Liberatori es un precedente importante para reclamar que la decisión se extienda al resto de los inmuebles, siempre y cuando quede firme. Ayer, en el Ministerio de Justicia y Seguridad que conduce Guillermo Montenegro y está a cargo de la licitación, preferían escudarse en la falta de notificación para no hablar de la resolución. Sin embargo, una fuente de la cartera citada por la agencia estatal de noticias Télam insistía que “en las ciudades más importantes del mundo se toman ese tipo de medidas para prevenir hechos de inseguridad, accidentes o siniestros, como incendios. Responde a un concepto preventivo y amplio de la seguridad.”
Liberatori se pronunció a favor del planteo de padres de alumnos que concurren a dos establecimientos del nivel primario del distrito escolar 6 (que abarca los barrios de Once, Almagro y Boedo) y del jardín que funciona en la Maternidad Sardá. Se presentaron con el patrocinio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH), que ayer no descartaban elevar reclamos similares.
En el fallo, al que accedió Tiempo Argentino, la jueza encontró “un conflicto de derechos o intereses” porque “por un lado se encuentra el legítimo interés del Estado local en la protección de sus bienes y edificios, pero por otro lado se encuentra en juego el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y en el artículo 12 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. También consideró contradictoria y confusa la información aportada por el gobierno porteño en cuanto al horario en que funcionarán las cámaras (antes, durante o después de la clase) y la ubicación de las mismas (dentro o en el perímetro de los establecimientos).
Para la jueza Liberatori, “no se desprende” de las resoluciones oficiales sobre las cámaras de seguridad “cuál fue el criterio utilizado para establecer los ‘objetivos’ de vigilancia, en particular, los establecimientos educativos, ya que no se encuentran todos pero si se encuentran los que fueron ‘tomados’. Sin perjuicio de ello, resulta al menos llamativo advertir que de los 92 (noventa y dos) establecimientos educativos elegidos como ‘objetivos de vigilancia, casi la mitad de ellos (específicamente 44) se encuentran ubicados en la delimitada como ‘Zona 3’, conformada por los barrios de Flores, Parque Chacabuco, Lugano, Villa Riachuelo, Soldati, Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda.”
Además, la magistrada porteña considera que “esta asignación aparece al menos como sugestiva, arbitraria”, y “refleja una visión ‘criminalizante’ de los habitantes de estos barrios, hecho no menor en tanto proviene del propio Estado en Democracia”.
Fuente: tiempo argentino, miercoles 17 de agosto de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario