La ministra de Desarrollo Social y vicejefa de gobierno porteño electa María Eugenia Vidal defendió los planes sociales con que cuenta la Capital Federal para atender a personas en situación de calle. Y, en el escenario que le brindó la Corte Suprema, una audiencia pública para tratar el caso de una ciudadana boliviana con un hijo discapacitado que hubiera caído en el desamparo de no ser por medidas cautelares judiciales, se quejó de que el gobierno nacional no le transfiere los fondos para llevar adelante un completo plan de construcción de viviendas para cubrir el déficit de 50 mil unidades que reconoció.
La solidez y claridad de su exposición chocó con las limitaciones de la realidad. Ante las profundas preguntas de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, y del ministro Juan Carlos Maqueda, Vidal admitió que son pocas las soluciones habitacionales permanentes. Y ante ese escenario, los lugares temporales en los que los indigentes pueden dormir, vivir y transcurrir sus días son la mejor herramienta que puede ofrecer la administración porteña. Los planes sociales –traducidos en subsidios– tienen una duración máxima de diez meses, transcurridos los cuales el beneficiario sólo tiene como alternativa para seguir cobrándolos obtener una medida cautelar de la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario local.
“¿Ustedes no actúan sobre la gente más pobre si no es con orden judicial?”, preguntó Highton. La ministra Vidal explicó las limitaciones legales que debe respetar, destacó la preocupación de su gobierno por la situación de pobreza extrema y desamparo, defendió la función social de “paradores, refugios y hogares” que alternativamente brindan asistencia y cobijo a unas 1300 personas. Pero la jueza de la Corte no pareció conformarse: “Si no hay juicio no hay nada más allá de los diez meses.”
El gobierno porteño y la Defensoría General fueron convocadas por la Corte para tratar la situación de la ciudadana boliviana Sonia Yolanda Quisberth Castro, madre de Jorge, un niño nacido el 28 de junio de 2005 con un retraso mental “grave” y problemas “auditivos y visuales”. En 2006 quedó en real situación de calle, viviendo en la intersección de las calles Pichincha y Brasil. Cuando vencieron los términos de los subsidios del estado porteño recurrió a la justicia. Hoy percibe gracias a medidas cautelares 1700 pesos, 833 por la incapacidad del menor y otros 450 por la extensión de un plan asistencial.
Esa fue la parte de la historia que contó Vidal. Pero el defensor oficial ante la Corte Julián Langevín precisó dónde y cómo viven madre e hijo: “Una habitación de un hotel familiar (en el Bajo Flores), un lugar de tres por tres metros que no tiene ventanas (es decir que carece de luz solar), que no tiene un lugar de juegos porque no se les permite a los menores jugar en los pasillos. Se accede a un primer piso por escalera, lo cual es una situación no recomendable para un chico en esta condición. La habitación tiene una sola cama matrimonial en donde pernoctan ambos.”
La mujer –dijo Vidal– tiene un crédito otorgado por 165 mil pesos, que no tomó porque no presentó la propiedad que compraría con ese dinero. Pero entre Highton de Nolasco, Maqueda y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, desentrañaron que para acceder al préstamo (en este y en cualquier caso) es necesario un sueldo mínimo de 2000 pesos.
Vidal reivindicó que Buenos Aires tiene la “oferta social más amplia” e incluso destacó que en materia habitacional no hay planes similares ni a nivel nacional, ni en ninguna provincia. Y contrapuso en ese escenario que de un presupuesto anual de 800 millones de pesos para la construcción de viviendas, la mayor parte deben ser entregados por el gobierno nacional, que “no ha cumplido en los últimos cinco años”
Fuente: Tiempo Argentino, viernes 16 de septiembre de 2011
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