"En las calles, plazas y
parques es donde se construye la identidad ciudadana", dijo el ministro
de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, cuando le tocó
exponer el presupuesto de su cartera para 2012 en la Legislatura, el
jueves 20. Lo que no comentó es que no es lo único que el PRO pretende
construir en los espacios públicos de la ciudad durante este nuevo
mandato.
El contundente triunfo electoral de julio parece haber entusiasmado
al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para reflotar viejas iniciativas
que implican la modificación del espacio público y que habían sido
dejadas de lado en los primeros años de su mandato por la polémica que
generaron.
Desde el inicio de la gestión, en 2007, el ejecutivo porteño busca la
aprobación de un proyecto de ley para permitir la construcción de un
megaemprendimiento inmobiliario, a cargo de la constructora IRSA, en la
ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, junto a la Villa Rodrigo Bueno y la
Reserva Ecológica de Costanera Sur. El proyecto pretende ceder el uso
del canal que separa a la reserva del predio a la empresa Solares de
Santa María SA para el acceso de embarcaciones. Esto obligaría a
realizar obras en el canal para que puedan ingresar lanchas y yates de
gran calado a la futura marina.
Organizaciones ambientalistas y legisladores de la oposición
denuncian que no sólo se está "privatizando" un canal del Río de la
Plata, sino que al ser parte de la Reserva Ecológica, está protegido
como "humedal de importancia internacional" por la Convención Ramsar.
Pero además, para poder llevarlo a cabo, es necesaria la modificación
del Código de Planeamiento Urbano, ya que éste no permite un
emprendimiento inmobiliario de tal magnitud. Como compensación, el
convenio establece que la empresa cedería 27 hectáreas para la apertura
de "calles, espacios verdes y paseos peatonales", aunque en plazos de
20, 30 o 40 años, según cómo avance la obra.
Otra iniciativa que desde hace años el gobierno porteño quiere
promover es la construcción de locales gastronómicos y áreas de
servicios dentro de los espacios verdes de la ciudad. Frenado en 2008
por temor a quedar como "privatizadores de lo público", el proyecto fue
modificado y esta vez afectaría sólo a los espacios más grandes, como el
parque Tres de Febrero.
La idea del PRO es emular a los parques de las grandes ciudades del
mundo, como el Central Park de Nueva York o el Bois de Boulogne, en
París, que cuentan con confiterías y otros locales comerciales. De paso,
buscan regularizar la situación de los puestos que actualmente
funcionan (como los carritos de choripanes y bebidas).
A diferencia de lo que sucedió en 2008, cuando incluso dentro del
macrismo hubo quienes se opusieron a la idea, esta vez el apoyo de los
votantes porteños parece haber cambiado la opinión de muchos. Para
avanzar, deben derogarse dos ordenanzas dictadas por el ex Concejo
Deliberante porteño, que prohíben expresamente estas construcciones.
Los amigos beneficiados
Hace dos semanas, el vicepresidente de la comisión de Protección y
Uso del Espacio Público, Adrián Camps, junto al legislador Jorge Selser y
la comunera electa Julieta Costa Díaz (los tres de Proyecto Sur)
presentaron un recurso de amparo por la presunta cesión de terrenos
públicos a la Asociación Argentina de Tenis, que preside Arturo
Grimaldi, testigo de casamiento de Mauricio Macri.
Estas tierras, ubicadas en Figueroa Alcorta 7250, habían sido
transferidas por la Nación a la Ciudad, a través de la ley 239 de 1999,
con el fin de construir un "espacio verde público". Sin embargo, durante
años el predio fue utilizado de manera ilegal por el club Obras
Sanitarias de la Nación, hasta que en 2009 Macri, a través de un
decreto, ordenó desocuparlo y darle el "destino que prevé la ley N°
239".
Pero, según el amparo, el Gobierno de la Ciudad no sólo no cumplió
con ese objetivo, sino que le cedió las tierras de manera gratuita a
Grimaldi, mediante una certificación (la N° 012113262) firmada por el
director General de Concesiones del GCBA, Ezequiel Sabor.
"El macrismo cede terrenos públicos a los amigos o a grupos
empresariales para hacer negocios. Para ellos, primero viene el negocio y
después la ley", asegura Camps. Además, agrega que "en lugar de ser el
Gobierno de la Ciudad el que planifica los proyectos y que después
aparezca la constructora para hacerlo, es al revés: una empresa viene,
propone, y el Gobierno después intenta modificar las leyes para poder
llevarlos a cabo. Pasa tanto en el proyecto de IRSA como en el de la
ampliación de la Diagonal Sur".
Un caso particular
La semana pasada, además, el Gobierno de la Ciudad envió a la
Legislatura porteña un pedido de autorización para prolongar la avenida
Julio A. Roca, mejor conocida como Diagonal Sur, hasta la avenida 9 de
Julio. Se trata de un viejo proyecto qe data de 1907, ratificado en 1968
y convertido en ley en 2000, que obligará a expropiar 37 lotes privados
(aunque desde siempre sujetos a expropiación), indemnizar a los vecinos
que viven allí y desafectar otros tres que pertenecen al GCBA. Uno de
estos últimos es la plaza de la esquina de Belgrano y Piedras.
La
polémica se generó a partir del tercer artículo del proyecto, firmado
por Macri; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro
de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, que autoriza a construir y
concesionar por 20 años para su explotación un estacionamiento público
subterráneo, ya sea por la empresa constructora o por terceros.
La ampliación del Malba
Desde que fundó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires,
hace ya diez años, Eduardo Costantini, pensó que era necesario ampliar
su espacio. En 2007, argumentando que la colección de obras se había
duplicado y que la cantidad de visitantes era cada vez mayor, planteó al
entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, la posibilidad de
incrementar la superficie casi en un 50 por ciento. La obra se
realizaría bajo la plaza República del Perú, ubicada junto al museo. No
hubo acuerdo en ese entonces.
El proyecto, presentado por el Ejecutivo porteño a instancias del
museo, autoriza la concesión "a título gratuito e intransferible del
subsuelo del polígono lindante con la sede del museo", de cuatro mil
metros cuadrados, a la Fundación Costantini para la construcción de un
patio de esculturas subterráneo, una sala de exposiciones, dos
auditorios para 80 y 100 personas y una sala para los talleres
educativos.
También está prevista la construcción de una lucarna vidriada, que
permitirá el ingreso de luz y la posibilidad de que los transeúntes
puedan ver el patio de esculturas desde la plaza a través de una enorme
placa de cristal. Al igual que en el caso de Solares de Santa María,
esta construcción subterránea también requiere modificar el Código,
motivo por el cual está siendo tratado en la Legislatura.
Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno de la
Ciudad ha mostrado particular énfasis en lo que a espacio público se
refiere. La UCEP, organismo ya desarticulado que se encargaba de
desalojar de manera violenta los espacios públicos, fue el mejor ejemplo
de ello.
Las declaraciones de funcionarios durante la toma del Parque
Indoamericano, que les costó la vida a tres personas el año pasado,
siguen la misma línea. Sin embargo, cuando se trata de grandes empresas o
personas cercanas al jefe de Gobierno, florecen negocios millonarios.
Otras obras controversiales
- Polideportivo en la plaza Marshall Meyer: Vecinos de Saavedra se
oponen al llamado a licitación hecho por el gobierno porteño para
construir un polideportivo en Goyeneche y Crisólogo Larralde. Se trata
de un sector catalogado como U34 donde, según el Código de Planeamiento
Urbano, el 85% debe destinarse a espacio verde público.
- Driving de golf en el Parque Sarmiento: Bajo el argumento de que
allí se podrá practicar golf gratis en ciertos horarios, el GCBA le
otorgó la concesión y explotación a la empresa Servicios Integrales de
Alimentación, vinculada al reconocido golfista Florentino Molina. El
lugar, que estaría terminado antes de fin de año, contará con noventa
boxes, estacionamiento y confitería.
- Terminal de camiones en Parque Roca: El GCBA había cedido a la
Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de
Cargas un predio de 15 manzanas en el Parque Mary Terán de Weiss para
construir un polo de carga y descarga. Fue frenado por la Justicia el
año pasado.
Fuente: Diario Z, jueves 27 de octubre de 2011
Una vez más la codicia insaciable de la corporación IRSA pretende usar
nuestro barrio como materia prima para sus negocios. Con un Permiso de
Obra vencido, en Méndez de Andes 655, se empecinan en levantar tres
torres de casi 100 metros de altura burlando la ley 2722 que establece
13,50 mts como altura máxima permitida.
