La Justicia investiga a la Agencia Gubernamental de Control por
irregularidades en habilitaciones. Mientras, los empresarios
denunciantes y familiares de damnificados reciben amenazas telefónicas.
Juan recibe llamadas anónimas a su trabajo, en las que una voz repite el nombre de su hija muerta. AMariana la llaman a su casa para recomendarle que se cuide y silencie sus denuncias. A Nazarena la amenazan con sacarle la pauta de su programa de radio. Y a otra persona le dejan una foto del jardín de sus hijos al lado del canasto de la basura con un encargo: silencio. Todos cometieron el mismo pecado: denunciar a funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
No se trata de un organismo cualquiera. La AGC fue creada por el gobierno PRO con el objetivo de mejorar el sistema de habilitaciones y control luego de la tragedia ocurrida en Cromañón. Sin embargo, en los últimos dos años se convirtió en un área sensible e investigada por la Justicia. El incendio de un geriátrico en Almagro, las denuncias de extorsión de empresarios de la noche, cinco muertos por los derrumbes de un gimnasio en Villa Urquiza y el boliche Beara en Palermo y la presunta estafa con connivencia de empleados del gobierno porteño al marido de una vedette pusieron en la picota a una agencia sospechada, que ya tiene varios funcionarios imputados y cinco renuncias.
Pero según las experiencias recogidas por Diario Z, parece además que denunciar estos ilícitos conlleva un costo adicional: el de los aprietes y amenazas.
Juan Lizarraga perdió a su hija Ariana, quien murió luego de que el entrepiso del boliche Beara de Palermo se desplomara sobre ella. A una semana de la tragedia, comenzó a recibir llamadas anónimas de voces que nombraban a su hija y cortaban el teléfono.
Nazarena Vélez, en cambio, denunció públicamente a funcionarios de la AGC, quienes habrían actuado en connivencia con privados para habilitar el ex Cine Los Ángeles con documentación robada a su esposo, el empresario Fabián Rodríguez. Unos días después de la denuncia, Rodríguez recibió llamadas "intimidatorias". Esta vez, según asegura, no fueron anónimas, sino del diputado del PRO Avelino Tamargo.
"En un tono amistoso y jodón me decía que no hinchemos con la denuncia porque Nazarena podía perder la pauta en su programa de FM La Isla y que además yo iba a tener problemas con mi negocio particular", señaló Rodríguez a Diario Z.
A estas intimidaciones se suma la sufrida por Mariana Bustos, que luego de denunciar que su hogar está en peligro de derrumbe debido a una construcción aledaña recibió numerosas llamadas durante la madrugada que le valieron una protección policial. Del otro lado del teléfono escuchaba: "Quedate tranquila, no te metas más, no sigas denunciando".
Ante esta situación, los distintos denunciantes y damnificados comenzaron a comunicarse entre ellos, compartir sus historias y preocupaciones, hasta que el viernes 23 confluyeron en un café de Palermo, junto a legisladores de distintas fuerzas, el defensor del Pueblo adjunto, Gerardo Gómez Coronado, y el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel.
Todos coincidieron en que los casos denunciados forman parte de la "negligencia y omisión del Gobierno de la Ciudad" en el área de habilitaciones y control.
Pero los asistentes a la reunión no son los únicos que denuncian irregularidades en el área. La diputada de SI en Nuevo Encuentro y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Delia Bisutti, remarcó que tras la presentación en la Legislatura del titular de la AGC, Javier Ibáñez, que se desligó de las denuncias de corrupción, comenzaron a llegar otros testimonios que están siendo recolectados para sumarlos a la causa, como el de dos dueños de un centro cultural ubicado en Belgrano que sufrieron una excesiva demora de los trámites de habilitación y que recibieron la visita de gestores que se "vendían como poseedores de vínculos adentro de la AGCpara acelerar los trámites", relataron a este diario.
El grupo de vecinos también fue recibido por el senador de Proyecto Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik, quien se mostró preocupado por lo que consideró como una situación "delicada y preocupante". "La idea es plantear la problemática que sufrimos muchos vecinos de la Ciudad y además estamos reclamando que se unifiquen las causas porque los funcionarios implicados son los mismos", aseguró Bustos.
Consultado por Diario Z, un vocero de la AGC, aclaró que Ibáñez ya dio sus explicaciones en el parlamento porteño y dijo que todo se resolverá en la Justicia. Además resaltó que hubo cambios en el área, para tratar de mejorar la gestión.
COMO CROMAGNON
"Nosotros creemos que esto va a terminar siendo una megacausa de asociación ilícita seguida de muerte porque, sin duda, la finalidad de toda esa red de corrupción es hacer dinero: las consecuencias están a la vista", remarcó Lizarraga. "La AGC cayó en la misma lógica que antes de Cromañón. Más allá de la corrupción, los controles no funcionan", advirtió el legislador de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya.
La intención de los vecinos tuvo su correlato en la Justicia. El juez Juan Ramos Padilla -quien venía investigando a la AGC por diversas causas- pidió a través de un oficio, el expediente del caso Beara. Se trata de la tragedia que se produjo hace un año, cuando el entrepiso del local bailable cedió, provocando la muerte de Leticia Provedo y de Ariana Lizarraga, la hija de Juan.
Desde entonces, la causa judicial tramita con pocos avances, en el juzgado a cargo de Alicia Iermini, quien tiene un pedido de juicio político por mal desempeño en la causa del asesinato de Walter Bulacio.
El pedido de Ramos Padilla, busca unificar todas las causas, en la idea de que existe una red de tráfico de influencias que cobra coimas a boliches nocturnos, comerciantes y constructores para agilizar habilitaciones, para advertir sobre posibles inspecciones y evitar o levantar clausuras.
El juez no sólo investiga a los cinco funcionarios macristas que renunciaron o fueron echados en el último año, envueltos en escándalos y tragedias, sino que también tiene a la actual AGC en la mira. Una serie de escuchas telefónicas que se encuentran en plena desgrabación aportarían datos sobre la continuidad de prácticas non santas en el sistema de control porteño.
Un dato no menor es que en el último allanamiento realizado a la AGC a fines de agosto, además de los legajos de ex funcionarios, Padilla ordenó secuestrar los del titular de la AGC Javier Ibáñez y del director de Habilitaciones Especiales Pablo Seikuscas.
A esto se suma el procesamiento de la ex directora de Fiscalización y Control, Vanesa Bercowski, que surgió de escuchas telefónicas en poder del juez. En ellas, según trascendió, se habría detectado un "sistema de avisos" al cual los dueños de los boliches estarían "suscriptos" para evitar inspecciones.
Por las causas en las que entiende Ramos Padilla hay también tres gestores privados imputados que habrían actuado como intermediarios para lograr habilitaciones de locales bailables.
Los ángeles de Nazarena
El impacto mediático de las declaraciones de Nazarena Vélez tuvo su correlato en la actuación de la Justicia. El marido de Vélez, Fabián Rodríguez, empresario y confeso "ex macrista" fue víctima, según la fiscal Graciela Gils Carbó, de una maniobra que involucró a funcionarios de la AGC, quienes facilitaron que dos empresarios se apropien del emprendimiento de cine y teatro Los Ángeles, del cual Rodríguez era uno de sus titulares. La fiscal determinó que se había fraguado una cesión de habilitación mediante firmas falsas. "Pidieron la transferencia de la habilitación, que fue otorgada por Martín Farrell, Pablo Seiskuscas y Martín Córdoba, sin atenerse a la normativa específicamente dispuesta para ese trámite", explicó la fiscal en su escrito. Ramos Padilla hizo lugar al pedido de indagatoria de los tres funcionarios, aunque aún no ha fijado las fechas.
Según explicó el empresario Rodríguez a Diario Z, en 2008 adquirió junto a su socio Rodrigo García el local del ex cine Los Ángeles, ubicado en la avenida Corrientes al 1700, para habilitarlo como un complejo teatral. Tiempo después, se asoció a otros dos empresarios, Diego Noguera y Aldo Funes.
Entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, mientras estaba en Villa Carlos Paz produciendo espectáculos de su esposa, según afirma Rodríguez, sus socios transfirieron la habilitación a nombre de ellos, pero de manera fraudulenta. Cuando regresó a Buenos Aires, no lo dejaron ingresar en el teatro.La situación fue denunciada por Vélez en el programa de Susana Giménez y el escándalo explotó. Según Rodríguez, Tamargo lo "apretó". Meses antes había sido el propio Tamargo, quien había presentado a Rodríguez y Farrell para "ayudarlo" en el trámite de la habilitación.
Ya sin el complejo de cines, presuntamente estafado por sus ex socios, en sede judicial, el empresario aceptó que el juez Ramos Padilla interviniera sus teléfonos y los de Nazarena. Los resultados de las escuchas resultaron interesantes para el juez y para la fiscal Carbó: en un encuentro casual que se produjo en una heladería de la Avenida del Libertador entre Nazarena y Samantha Farjat, la ex mediática le comentó a la modelo que su novio, Leandro Camani, estaba pasando por la misma situación que Rodríguez. Por eso se pusieron en contacto. "Camani llamó y dijo que él no denunciaba nada en la Justicia porque `la mueve' adentro de la AGC", cuenta Rodríguez.
El novio de Farjat se jactó de ser amigo y compinche del director de Habilitaciones y Permisos, Manuel Sandberg Haedo, íntimo amigo de Farrell.
Pero el tráfico de influencias Leandro Camani sería aún más importante. Rodríguez detalló que en una de las llamadas "aconsejó discontinuar con la causa porque él podía solucionarla". "Camani dijo que él había conseguido el permiso para el funcionamiento de Beara". El trámite, de hecho, estuvo a cargo de Pantarotto, abogado del boliche. La habilitación de Beara está cuestionada porque fue otorgada pese a recomendaciones en contrario. Las escuchas indicarían que, además, hubo dinero de por medio.
Para los denunciantes, la irrupción del "caso Nazarena" representó la posibilidad de hacer visible su reclamo. "Esperamos que la Justicia avance y unifique las causas en el juzgado de Ramos Padilla, que ha hecho un trabajo interesante porque no se limitó a investigar cada caso en particular, sino que trata de desentrañar lo que está detrás de la actuación gubernamental", se esperanzó el abogado de Mariana Bustos y querellante en la causa del derrumbe de Villa Urquiza, Walter Mercury.
La causa que involucra a la AGCse remonta al 17 de noviembre de 2009, cuando dos ancianos comieron por última vez en la clínica de rehabilitación de Santa María de los Buenos Ayres. Luego murieron mientras otros 16 intentaban recuperarse de la intoxicación. Los alimentos estaban podridos.
El caso llegó a manos del juez Padilla, quien desplazó a las autoridades porteñas como auxiliares de la investigación luego de ver cómo un camión de basura de la Ciudad retiraba objetos que podían ser elementos probatorios. Sucedía justo cuando él inspeccionaba el lugar y encontraba -entre otras bondades- medicamentos vencidos, deficiencias en el suministro de agua y heladeras sin funcionar. Ninguna de estas anomalías había sido detectada por las dos inspecciones previas que había realizado en ese año la Agencia.
Tal vez eso fue lo que motivó a Ramos Padilla, a disponer que la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal allanara las oficinas de Habilitaciones y del Ministerio de Salud porteños. Ése fue el origen de la causa cuya instrucción aún continúa, alimentada cotidianamente por derrumbes evitables, y denuncias de pedidos de coimas e irregularidades varias a la hora de habilitar e inspeccionar.
Fuente: Diario Z, jueves 29 de septiembre de 2011
DZ/km
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