Cada uno costó más de 1500 pesos. El ministro de Justicia justificó ante
los legisladores su adquisición con el argumento de que son antibalas.
También tuvo que dar cuenta por la compra de pistolas a una empresa que
ya había entregado una partida defectuosa.
Las compras de relojes a más de 1500 pesos cada uno para la Policía
Metropolitana y de pistolas a una empresa que ya entregó material
defectuoso formaron parte del menú en la audiencia en la Legislatura a
la que asistió el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo
Montenegro. El funcionario macrista defendió el incremento de
presupuesto y sostuvo que los relojes cuestan eso porque son antibalas.
Los legisladores de la oposición cuestionaron “el despilfarro de la
Metropolitana”.
Casi completamente rapado, Montenegro hizo su entrada a la Comisión
de Presupuesto al mediodía. “Para mí, Montenegro se mimetizó con el
personal policial a cargo”, lo gastó por Twitter el legislador Diego
Kravetz. El ministro no tuvo una visita complicada, si se la compara con
las que le tocó pasar con la designación de Jorge “Fino” Palacios y la
comisión investigadora de las escuchas ilegales. Montenegro detalló que
para finales del año que viene el 40 por ciento de los agentes de la
Metropolitana serán egresados de su academia y bajará el ingreso de
policías de otras fuerzas. También anunció que la Metropolitana empezará
a patrullar la Comuna 4 el año próximo con camionetas.
Luego de su exposición vinieron las preguntas y las críticas por los
manejos presupuestarios. El legislador de Nuevo Encuentro Gonzalo
Ruanova quiso saber por qué “pasamos de 38 a 50 millones para seguridad
privada”. Montenegro retrucó que está cubriendo objetivos que dejó la
Policía Federal. “Felicito al ministro por lograr incrementar sus
recursos y ser su ministerio el quinto en importancia, con una
incidencia del 6 por ciento”, ironizó Julio Raffo, de Proyecto Sur.
“Representa un 4,96 por ciento”, le aclaró Montenegro. “Ha aumentado y
seguirá aumentando”, avisó.
Luego llegó el turno del ibarrista Eduardo Epszteyn, quien desplegó
sus dudas sobre una serie de compras de la Metropolitana. Empezó por la
adquisición de 33 relojes por 59.994 pesos. “¿Para qué compran relojes
por 1500 pesos cada uno?”, preguntó Epszteyn. “Son relojes especiales,
antibalísticos”, le contestó Montenegro. A la discusión se sumó el
macrista Alvaro González, que preside la Comisión de Presupuesto: “Son
relojes como los del agente 86”, lanzó. La kirchnerista María José
Lubertino aportó lo suyo entre las risas: hizo el gesto de juntar los
brazos para protegerse como los brazaletes de la Mujer Maravilla.
Epszteyn volvió a la carga con otras compras: advirtió que la
empresa Trompia, a la que le habían comprado las primeras 850 pistolas
Beretta Px4 Storm había tenido problemas con los cargadores. Según un
informe de la Auditoría que recordó Epszteyn, “el 13 de enero de 2010 el
comisionado general de la Policía Metropolitana eleva una nota a la
Jefatura Policial notificando la devolución de 385 cargadores sobre un
total de 450, que presentaban fisuras en el lateral derecho.
Conjuntamente se devuelven cuatro pistolas”. El 80 por ciento de los
cargadores era defectuoso.
El mismo informe de la auditoría señala que “el precio abonado por
el bien supera al primer precio de referencia en un 96 por ciento”. De
2500 pesos de referencia a 4635 pesos. Por ley, no debería superar el 5
por ciento. A pesar de esto –advirtió Epszteyn– volvieron a comprarle a
Trompia este año. Esta vez, mil pistolas Beretta por 910 mil euros.
Montenegro quedó en responderle sobre éste y otros temas: los 120
mil pesos en “consultoría en materia de comunicación institucional” a la
firma AR y Asociados, de Alejandra Rafuls, junto a otros dos millones
ochocientos mil pesos en consultorías, una resolución que permite que la
empresa Froilán-Taraborelli Automobile S.A. “promocione los beneficios
en cuestión entre el personal de la fuerza” en las distintas
dependencias de la Metropolitana, del inolvidable camión hidrante (ver
aparte).
“La presentación del ministro Montenegro fue una vez más sumamente
desprolija: no puede fundamentar un incremento del presupuesto del 90
por ciento y con un informe de Auditoría que señala las
irregularidades”, indicó Epszteyn a Página/12. En tanto, el kirchnerista
Francisco “Tito” Nenna estimó que “el PRO despilfarra recursos públicos
en seguridad”.
Fuente: Pagina/12, viernes 14 de octubre de 2011
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viernes, 14 de octubre de 2011
sábado, 1 de octubre de 2011
Repudian que la Metropolitana ocupe un espacio verde
Vecinos repudiarán la instalación de un centro de inteligencia de
la policía Metropolitana en un espacio verde. Será este sábado durante
un Festival Folclórico y Homenaje a Gustavo "Cuchi" Leguizamón en la plaza Salvador Allende del barrio porteño de Saavedra.
Liliana Herrero, Lorena Astudillo, Mavi Diaz, Guillermo Klein, Franco
Luciani, Bruno Arias, Roxana Amed y Luciana Jury serán algunos de los
animadores del Festival Folclórico y Homenaje a Gustavo "Cuchi" Leguizamón
que se realizará mañana de 16 a 21 en la plaza Salvador Allende del
barrio porteño de Saavedra donde los vecinos aprovecharán a expresar su
reclamo contra el Gobierno de la Ciudad.
“Las cosas se mezclan de una manera maravillosa”, resumió Juan Martín Leguizamón, uno de los hijos del Cuchi, al repasar la confluencia entre el tributo al enorme artista salteño (que ayer hubiera cumplido 94 años y de quien el martes se cumplieron 11 años de su muerte) y la defensa vecinal de los espacios verdes públicos del barrio de Saavedra.
Leguizamón indicó que “organizaciones barriales y la asamblea de vecinos de Saavedra compartimos la inquietud a partir de un proyecto del macrismo para ocupar tres o cuatro plazas del corredor de la avenida Goyeneche (antes llamada Donado) hasta la avenida General Paz”.
En esa traza de unas 12 cuadras que quedó a partir del proyecto de la trunca autopista Au3, el gobierno porteño “construyó una comisaría y quiere hacer un centro de inteligencia de la Metropolitana y un polideportivo que estará a ocho cuadras del Parque Sarmiento que es enorme y está abandonado por la ciudad”, detalló.
Como respuesta a este avance sobre los espacios verdes, los vecinos organizados le están dando nombre a las plazas de la zona: Juana Azurduy, Damián García (un vecino que murió en un hecho de violencia en el fútbol), Edmundo Rivero, Carpani-Berni, Rabino Meyer, “Cuchi” Leguizamón y Salvador Allende (sita en Goyeneche y Tamborini) donde mañana se realizará la celebración en torno al pianista y compositor.
“La gente del barrio sostiene ciertas posturas frente a la vida y `Cuchi` también ha tenido este tipo de compromisos e ideas. Así que armar esta jornada es una manera de apreciarlo más integralmente y no solamente como músico y le da un enorme plus a esta fiesta”, señaló Leguizamón.
En el Festival actuarán Liliana Herrero, Cuartoelemento, Lorena Astudillo, Mavi Diaz y las Folkies, Guillermo Klein, Franco Luciani, Bruno Arias, Negros de Miércoles, Roxana Amed, Luciana Jury, Luis Leguizamón, José Piazza (de la Filarmónica del Colón), Diego León & Upiti i´Llama, Lucrecia Longarini, Rocío Palazzo y Fabián Sauma, Palo Blanco y Leonardo Andersen-Aníbal Domínguez-Marina Lupi, entre otros.
“Todos estos artistas vienen por amor al `Cuchi` y nadie cobra un peso, pero además a mi viejo nada le hubiera gustado más que esta movilización generada por gente del barrio”, arriesgó acerca del encuentro apoyado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Asociación Civil Sembrar Conciencia.
Fuente: El argentino, Sabado 1 de octubre de 2011
“Las cosas se mezclan de una manera maravillosa”, resumió Juan Martín Leguizamón, uno de los hijos del Cuchi, al repasar la confluencia entre el tributo al enorme artista salteño (que ayer hubiera cumplido 94 años y de quien el martes se cumplieron 11 años de su muerte) y la defensa vecinal de los espacios verdes públicos del barrio de Saavedra.
Leguizamón indicó que “organizaciones barriales y la asamblea de vecinos de Saavedra compartimos la inquietud a partir de un proyecto del macrismo para ocupar tres o cuatro plazas del corredor de la avenida Goyeneche (antes llamada Donado) hasta la avenida General Paz”.
En esa traza de unas 12 cuadras que quedó a partir del proyecto de la trunca autopista Au3, el gobierno porteño “construyó una comisaría y quiere hacer un centro de inteligencia de la Metropolitana y un polideportivo que estará a ocho cuadras del Parque Sarmiento que es enorme y está abandonado por la ciudad”, detalló.
Como respuesta a este avance sobre los espacios verdes, los vecinos organizados le están dando nombre a las plazas de la zona: Juana Azurduy, Damián García (un vecino que murió en un hecho de violencia en el fútbol), Edmundo Rivero, Carpani-Berni, Rabino Meyer, “Cuchi” Leguizamón y Salvador Allende (sita en Goyeneche y Tamborini) donde mañana se realizará la celebración en torno al pianista y compositor.
“La gente del barrio sostiene ciertas posturas frente a la vida y `Cuchi` también ha tenido este tipo de compromisos e ideas. Así que armar esta jornada es una manera de apreciarlo más integralmente y no solamente como músico y le da un enorme plus a esta fiesta”, señaló Leguizamón.
En el Festival actuarán Liliana Herrero, Cuartoelemento, Lorena Astudillo, Mavi Diaz y las Folkies, Guillermo Klein, Franco Luciani, Bruno Arias, Negros de Miércoles, Roxana Amed, Luciana Jury, Luis Leguizamón, José Piazza (de la Filarmónica del Colón), Diego León & Upiti i´Llama, Lucrecia Longarini, Rocío Palazzo y Fabián Sauma, Palo Blanco y Leonardo Andersen-Aníbal Domínguez-Marina Lupi, entre otros.
“Todos estos artistas vienen por amor al `Cuchi` y nadie cobra un peso, pero además a mi viejo nada le hubiera gustado más que esta movilización generada por gente del barrio”, arriesgó acerca del encuentro apoyado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Asociación Civil Sembrar Conciencia.
Fuente: El argentino, Sabado 1 de octubre de 2011
viernes, 9 de septiembre de 2011
Un nuevo homicidio cometido por un integrante de la Policía Metropolitana
Un efectivo de la Policía Metropolitana que se encontraba fuera de
servicio asesinó ayer a Bruno Pappa, de 26 años, en el barrio porteño de
Chacarita. De acuerdo con los datos brindados por testigos del hecho,
el funcionario fue asaltado por Pappa y otro joven, quienes lo
amenazaron con una réplica de una pistola y le quitaron su mochila y su
billetera. El policía los dejó alejarse pero luego se identificó, los
alcanzó, forcejeó con uno de ellos y le disparó cuando ya se encontraba
en el piso.
Este nuevo hecho de violencia policial extrema se suma a los homicidios de Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, quienes fueron asesinados el 15 de agosto por David Alejandro Barrios, un efectivo de la Metropolitana que se encontraba fuera de servicio arriba de un colectivo en la localidad bonaerense de Avellaneda. Es decir que se trata del tercer muerto a manos de funcionarios de esa institución en menos de un mes. Además, una semana antes de los asesinatos de Marchioni y Romero, el oficial de la misma fuerza Juan José Lisondo baleó en la cabeza a un vecino luego de una discusión personal en el partido de Lomas de Zamora. La víctima logró sobrevivir pero sufrió graves lesiones.
La violación reiterada de las normativas sobre uso de la fuerza letal –tanto internacionales, como de la Policía Metropolitana– exige una respuesta institucional de parte de las máximas autoridades civiles a cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Pone de manifiesto, una vez más, que los riesgos para la vida de los particulares y de los propios policías aumentan notablemente cuando agentes fuera de servicio intervienen en lo que consideran una situación delictiva.
Para Marcela Perelman, coordinadora del área de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, “el hecho de que un funcionario dispare en la cabeza de una persona que se encuentra huyendo o reducida constituye un hecho de violencia extrema y un uso inadmisible de la fuerza letal que ocasiona un daño muy superior al que se pretende evitar y que se encuentra en contradicción con las normas internacionales y de la propia institución”.
La creación de la Policía Metropolitana tuvo como objetivo generar una fuerza de seguridad capacitada para intervenir en la prevención y represión de contravenciones y delitos menores. El proceso institucional impulsado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para contar con una policía diferenciada de las existentes tiene serias deficiencias y en los últimos meses se han reiterado casos en los que se reproducen las peores prácticas de uso abusivo de la fuerza letal.
La Ley 2894/08 de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires, establece en su capítulo II los principios de actuación que deben cumplir los integrantes de la Policía Metropolitana. Respecto del uso de la fuerza letal, el artículo 28 delimita las situaciones en que el empleo de la fuerza es legítimo. Al respecto, el inciso g) sostiene que el uso de la coacción sólo es válido “siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar”. En tanto, el inciso h) restringe el uso de armas de fuego “solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación”.
Sin embargo, no se ha escuchado hasta ahora ningún tipo de condena a la actitud del policía por parte de sus superiores. El único que se refirió al caso fue el superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, Ricardo Pedace, quien sostuvo que el Poder Judicial deberá determinar si se trató de un caso de legítima defensa. Sus declaraciones no señalaron la importancia de la investigación interna y, lejos de cuestionar el uso desproporcionado de la fuerza letal, se orientaron a ponderar el parecido del arma de juguete con una real.
Desde el CELS demandamos que se esclarezcan las responsabilidades penales por parte de la justicia y que se lleve adelante la investigación administrativa correspondiente, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.
Fallas de origen: lo viejo de la nueva policía
La ciudad de Buenos Aires tuvo su propia experiencia en el ámbito de las fuerzas de seguridad a partir de la creación de la Policía Metropolitana por la Ley 3255. El proceso institucional impulsado por el gobierno de Mauricio Macri para contar con una policía local diferenciada de las existentes ha fracasado. Sus dos primeros jefes, Jorge Palacios, impugnado al momento de su designación por el CELS y otras organizaciones, y Osvaldo Chamorro, ambos ex policías federales, fueron desplazados de sus cargos de manera sucesiva en medio de un escándalo por espionaje ilegal. La designación de Eugenio Burzaco como jefe civil de la fuerza no ha implicado un cambio estructural ni una solución para los problemas que mantiene la nueva policía desde su puesta en marcha.
El obstáculo más grave y de difícil solución a futuro está relacionado con el modo en que la fuerza ha sido integrada. La selección de sus funcionarios estuvo plagada de irregularidades debidas al traspaso de un grupo de la Policía Federal a la Metropolitana. El 83% de los cargos jerárquicos (superintendentes, comisionados generales, mayores y simples) está ocupado por ex policías federales. De ese grupo, alrededor del 80% comenzó sus tareas en la Federal en la década de 1970, la mayor parte en comisarías de la ciudad.
Fuente: comunicado del CELS (centro de estudios legales y sociales), sabado 10 de septiembre
Este nuevo hecho de violencia policial extrema se suma a los homicidios de Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, quienes fueron asesinados el 15 de agosto por David Alejandro Barrios, un efectivo de la Metropolitana que se encontraba fuera de servicio arriba de un colectivo en la localidad bonaerense de Avellaneda. Es decir que se trata del tercer muerto a manos de funcionarios de esa institución en menos de un mes. Además, una semana antes de los asesinatos de Marchioni y Romero, el oficial de la misma fuerza Juan José Lisondo baleó en la cabeza a un vecino luego de una discusión personal en el partido de Lomas de Zamora. La víctima logró sobrevivir pero sufrió graves lesiones.
La violación reiterada de las normativas sobre uso de la fuerza letal –tanto internacionales, como de la Policía Metropolitana– exige una respuesta institucional de parte de las máximas autoridades civiles a cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Pone de manifiesto, una vez más, que los riesgos para la vida de los particulares y de los propios policías aumentan notablemente cuando agentes fuera de servicio intervienen en lo que consideran una situación delictiva.
Para Marcela Perelman, coordinadora del área de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, “el hecho de que un funcionario dispare en la cabeza de una persona que se encuentra huyendo o reducida constituye un hecho de violencia extrema y un uso inadmisible de la fuerza letal que ocasiona un daño muy superior al que se pretende evitar y que se encuentra en contradicción con las normas internacionales y de la propia institución”.
La creación de la Policía Metropolitana tuvo como objetivo generar una fuerza de seguridad capacitada para intervenir en la prevención y represión de contravenciones y delitos menores. El proceso institucional impulsado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para contar con una policía diferenciada de las existentes tiene serias deficiencias y en los últimos meses se han reiterado casos en los que se reproducen las peores prácticas de uso abusivo de la fuerza letal.
La Ley 2894/08 de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires, establece en su capítulo II los principios de actuación que deben cumplir los integrantes de la Policía Metropolitana. Respecto del uso de la fuerza letal, el artículo 28 delimita las situaciones en que el empleo de la fuerza es legítimo. Al respecto, el inciso g) sostiene que el uso de la coacción sólo es válido “siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar”. En tanto, el inciso h) restringe el uso de armas de fuego “solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación”.
Sin embargo, no se ha escuchado hasta ahora ningún tipo de condena a la actitud del policía por parte de sus superiores. El único que se refirió al caso fue el superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, Ricardo Pedace, quien sostuvo que el Poder Judicial deberá determinar si se trató de un caso de legítima defensa. Sus declaraciones no señalaron la importancia de la investigación interna y, lejos de cuestionar el uso desproporcionado de la fuerza letal, se orientaron a ponderar el parecido del arma de juguete con una real.
Desde el CELS demandamos que se esclarezcan las responsabilidades penales por parte de la justicia y que se lleve adelante la investigación administrativa correspondiente, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.
Fallas de origen: lo viejo de la nueva policía
La ciudad de Buenos Aires tuvo su propia experiencia en el ámbito de las fuerzas de seguridad a partir de la creación de la Policía Metropolitana por la Ley 3255. El proceso institucional impulsado por el gobierno de Mauricio Macri para contar con una policía local diferenciada de las existentes ha fracasado. Sus dos primeros jefes, Jorge Palacios, impugnado al momento de su designación por el CELS y otras organizaciones, y Osvaldo Chamorro, ambos ex policías federales, fueron desplazados de sus cargos de manera sucesiva en medio de un escándalo por espionaje ilegal. La designación de Eugenio Burzaco como jefe civil de la fuerza no ha implicado un cambio estructural ni una solución para los problemas que mantiene la nueva policía desde su puesta en marcha.
El obstáculo más grave y de difícil solución a futuro está relacionado con el modo en que la fuerza ha sido integrada. La selección de sus funcionarios estuvo plagada de irregularidades debidas al traspaso de un grupo de la Policía Federal a la Metropolitana. El 83% de los cargos jerárquicos (superintendentes, comisionados generales, mayores y simples) está ocupado por ex policías federales. De ese grupo, alrededor del 80% comenzó sus tareas en la Federal en la década de 1970, la mayor parte en comisarías de la ciudad.
Fuente: comunicado del CELS (centro de estudios legales y sociales), sabado 10 de septiembre
domingo, 10 de abril de 2011
La Metropolitana en la mira
La fuerza casi no cumple tareas. Apenas opera en dos comunas, no puede investigar delitos y la ley sólo le permite evitar contravenciones. Propaganda Pro vs. seguridad.
La polémica que se desató con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el lunes 4 de abril, cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, anunció que retiraría las custodias de la Policía Federal de los edificios de jurisdicción porteña, puso sobre la mesa una incógnita que comenzó a vislumbrarse en diciembre del año pasado, durante la toma del Parque Indoamericano: ¿para qué se creó la Policía Metropolitana si no interviene en conflictos que están bajo su competencia? ¿Qué tareas puede o debe efectuar la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri según su documento interno?
De acuerdo con la ley de creación de la Metropolitana, esta fuerza tiene competencia para impedir usurpaciones, amenazas, lesiones en riña y está habilitada para trabajar como agente de tránsito y también como custodia preventiva en edificios públicos, entre otras labores. Se trata de delitos transferidos a la ciudad. Por otra parte, no interviene en homicidios –aunque esto depende de cómo haya acontecido la fatalidad– ni en casos de tráfico de armas (se trata de un delito federal). Hasta aquí, la letra de molde que especifica las tareas que la policía local puede realizar.
La pregunta inevitable que surge entonces es: ¿por qué no cumple íntegramente con sus tareas? La negativa del Pro a aportar efectivos que reemplacen a los federales en la custodia de casi un centenar de espacios porteños –de los cuales la mayoría no registra antecedentes violentos– tiene, como mínimo, un contrapunto: la custodia preventiva es una labor que hoy está cumpliendo la Metropolitana, por caso, en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, a cargo de Guillermo Montenegro. Donde, por cierto, los “azules” también hacían adicionales.
“El macrismo no quiere sacar la Metropolitana de la calle –analiza un especialista en seguridad– porque pierde visibilidad y se daña la imagen del Pro a pocos meses de las presidenciales.” Esta afirmación se basa en una verdad, a esta altura, de Perogrullo: al día de hoy la Metropolitana –al menos en 13 de las 15 comunas– es puro marketing. Es simplemente un dispositivo de visualización.
“Hay dos maneras de distribuir el cuerpo operativo de una fuerza de seguridad –explica el especialista–: se dispersan en diferentes zonas o se concentran en una. La Metropolitana podría haber cubierto las 15 comunas de la ciudad. Desde el gobierno decidieron optar por el segundo modelo: concentrar todos los agentes en la comuna 12 y otros en la 15, hasta saturar la zona de efectivos policiales. Se trata de una decisión eminentemente política.”
Ante este panorama, el legislador de Igualdad Social Martín Hourest se pregunta: “¿Qué problema de seguridad ataca esta fuerza?”. Y se responde: “La Metropolitana es un show más del macrismo. Únicamente ofrece cobertura territorial en una sola comuna, la 12. El resto se asemeja a una representación en un showroom armado. Me refiero al patrullaje en Palermo, La Boca y Plaza de Mayo, una estrategia que tiene por fin que los efectivos sean vistos por los porteños. Hay una espectacularización de la seguridad que no se corresponde con el mapa de delito”.
Y agregó: “El campo de acción de la Metropolitana está basado en un componente de clase muy fuerte porque sus efectivos están ubicados en las zonas habitadas por los ciudadanos que tienen un alto poder de formulación de opinión pública. La Metropolitana es marketing político. En la comuna 12 quizá caiga el índice de robos. Pero la realidad es que en Palermo un móvil de la Metropolitana se pasea ante los restaurantes para que la gente los vea. No hay un abordaje de la seguridad en serio, por eso tenemos problemas”, concluyó.
Para el legislador porteño Gonzalo Ruanova, integrante de la Comisión de Seguridad, “el modelo de la Policía Metropolitana está en crisis. No pudo prevenir la toma de viviendas en Parque Avellaneda; tampoco pudo disuadir el choque de bandas armadas en el Indoamericano, y ahora, de acuerdo con lo que dicen los funcionarios del Pro, no está capacitada para cuidar edificios públicos. El gran dilema entonces es para qué está. El gobierno que asuma en diciembre de 2011 deberá repensar el modelo de policía que quiere para la ciudad. La Metropolitana es un proyecto que tiene un año de implementación y, además de su inacción, ya tuvo 14 purgas”, concluyó el diputado por Nuevo Encuentro.
Luego de la polémica surgida por el retiro de oficiales de la Federal, la ministra Garré se contactó con Montenegro con el fin de “coordinar esfuerzos para reforzar juntos la seguridad pública en la jurisdicción”, según difundió el Ministerio de Seguridad nacional en un comunicado. En el mismo texto se aclaró que no se iba a modificar “la decisión ya tomada de rescindir el convenio de 2006 por el que las autoridades porteñas contrataban servicios de policía adicional de la Policía Federal”.
El ministro macrista, por su parte, aclaró por los medios que sólo habló por teléfono con la ministra Garré y que no se logró –por el momento– ningún acuerdo sino que reclamó algún tipo de solución que garantice la seguridad en los lugares que no cuenten más con los adicionales de los azules. Y volvió a repetir lo que sostiene todo el Pro: la Metropolitana no tiene personal para cubrir los “vacíos” que quedaron.
Entonces, rendida ante la ineficacia que la fuerza policial creada por Macri demuestra en cada conflicto, la pregunta se hace recurrente: ¿para qué sirve la Metropolitana?
Revista Ventitres
La polémica que se desató con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el lunes 4 de abril, cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, anunció que retiraría las custodias de la Policía Federal de los edificios de jurisdicción porteña, puso sobre la mesa una incógnita que comenzó a vislumbrarse en diciembre del año pasado, durante la toma del Parque Indoamericano: ¿para qué se creó la Policía Metropolitana si no interviene en conflictos que están bajo su competencia? ¿Qué tareas puede o debe efectuar la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri según su documento interno?
De acuerdo con la ley de creación de la Metropolitana, esta fuerza tiene competencia para impedir usurpaciones, amenazas, lesiones en riña y está habilitada para trabajar como agente de tránsito y también como custodia preventiva en edificios públicos, entre otras labores. Se trata de delitos transferidos a la ciudad. Por otra parte, no interviene en homicidios –aunque esto depende de cómo haya acontecido la fatalidad– ni en casos de tráfico de armas (se trata de un delito federal). Hasta aquí, la letra de molde que especifica las tareas que la policía local puede realizar.
La pregunta inevitable que surge entonces es: ¿por qué no cumple íntegramente con sus tareas? La negativa del Pro a aportar efectivos que reemplacen a los federales en la custodia de casi un centenar de espacios porteños –de los cuales la mayoría no registra antecedentes violentos– tiene, como mínimo, un contrapunto: la custodia preventiva es una labor que hoy está cumpliendo la Metropolitana, por caso, en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, a cargo de Guillermo Montenegro. Donde, por cierto, los “azules” también hacían adicionales.
“El macrismo no quiere sacar la Metropolitana de la calle –analiza un especialista en seguridad– porque pierde visibilidad y se daña la imagen del Pro a pocos meses de las presidenciales.” Esta afirmación se basa en una verdad, a esta altura, de Perogrullo: al día de hoy la Metropolitana –al menos en 13 de las 15 comunas– es puro marketing. Es simplemente un dispositivo de visualización.
“Hay dos maneras de distribuir el cuerpo operativo de una fuerza de seguridad –explica el especialista–: se dispersan en diferentes zonas o se concentran en una. La Metropolitana podría haber cubierto las 15 comunas de la ciudad. Desde el gobierno decidieron optar por el segundo modelo: concentrar todos los agentes en la comuna 12 y otros en la 15, hasta saturar la zona de efectivos policiales. Se trata de una decisión eminentemente política.”
Ante este panorama, el legislador de Igualdad Social Martín Hourest se pregunta: “¿Qué problema de seguridad ataca esta fuerza?”. Y se responde: “La Metropolitana es un show más del macrismo. Únicamente ofrece cobertura territorial en una sola comuna, la 12. El resto se asemeja a una representación en un showroom armado. Me refiero al patrullaje en Palermo, La Boca y Plaza de Mayo, una estrategia que tiene por fin que los efectivos sean vistos por los porteños. Hay una espectacularización de la seguridad que no se corresponde con el mapa de delito”.
Y agregó: “El campo de acción de la Metropolitana está basado en un componente de clase muy fuerte porque sus efectivos están ubicados en las zonas habitadas por los ciudadanos que tienen un alto poder de formulación de opinión pública. La Metropolitana es marketing político. En la comuna 12 quizá caiga el índice de robos. Pero la realidad es que en Palermo un móvil de la Metropolitana se pasea ante los restaurantes para que la gente los vea. No hay un abordaje de la seguridad en serio, por eso tenemos problemas”, concluyó.
Para el legislador porteño Gonzalo Ruanova, integrante de la Comisión de Seguridad, “el modelo de la Policía Metropolitana está en crisis. No pudo prevenir la toma de viviendas en Parque Avellaneda; tampoco pudo disuadir el choque de bandas armadas en el Indoamericano, y ahora, de acuerdo con lo que dicen los funcionarios del Pro, no está capacitada para cuidar edificios públicos. El gran dilema entonces es para qué está. El gobierno que asuma en diciembre de 2011 deberá repensar el modelo de policía que quiere para la ciudad. La Metropolitana es un proyecto que tiene un año de implementación y, además de su inacción, ya tuvo 14 purgas”, concluyó el diputado por Nuevo Encuentro.
Luego de la polémica surgida por el retiro de oficiales de la Federal, la ministra Garré se contactó con Montenegro con el fin de “coordinar esfuerzos para reforzar juntos la seguridad pública en la jurisdicción”, según difundió el Ministerio de Seguridad nacional en un comunicado. En el mismo texto se aclaró que no se iba a modificar “la decisión ya tomada de rescindir el convenio de 2006 por el que las autoridades porteñas contrataban servicios de policía adicional de la Policía Federal”.
El ministro macrista, por su parte, aclaró por los medios que sólo habló por teléfono con la ministra Garré y que no se logró –por el momento– ningún acuerdo sino que reclamó algún tipo de solución que garantice la seguridad en los lugares que no cuenten más con los adicionales de los azules. Y volvió a repetir lo que sostiene todo el Pro: la Metropolitana no tiene personal para cubrir los “vacíos” que quedaron.
Entonces, rendida ante la ineficacia que la fuerza policial creada por Macri demuestra en cada conflicto, la pregunta se hace recurrente: ¿para qué sirve la Metropolitana?
Revista Ventitres
jueves, 27 de enero de 2011
Los vigiladores privados marchan en contra del convenio con el PRO
El Sindicato Único de Trabajadores Custodios y Afines de la República Argentina (SUTCARA) decidió en una Asamblea Extraordinaria realizada el viernes 21 de enero emprender "un plan de lucha, ratificando el repudio a las medidas tomadas días atrás por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
El viernes 25 de febrero a las 12 los trabajadores marcharán desde la sede de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), ubicada en Montevideo 666, hasta la Legislatura Porteña.
El sindicato expresó su rechazo al convenio firmado por el Sindicato Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina, CAESI y el gobierno de la Ciudad para que los cerca de 30.000 agentes de seguridad privada que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires colaboren con la Policía Metropolitana..
A través de un comunicado, el gremio afirmó que "El gobierno de la Ciudad Autónoma en complicidad con la Cámara Empresarial, "olvidando" la participación del gremio, resolvió tomar decisiones autoritarias, utilizando a los trabajadores de la seguridad y otros en beneficio propio". Además, calificó a las medidas de "ilegales" y "de neto corte electoralista".
Fuente: diario Z
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