El trabajo de militar por el PRO bajo presión

En la agencia que debe controlar las condiciones de seguridad e higiene de espacios privados, los empleados contratados tienen que repartir volantes y hacer proselitismo bajo la amenaza de perder sus trabajos. En asamblea, exigieron el cese de las presiones.

 

Hacer campaña obligando a los empleados públicos es PRO. O algo parecido. Desde hace dos meses los contratados de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sufren presiones para salir a hacer campaña en favor de la candidatura de Mauricio Macri a jefe de Gobierno. Todo esto en la entidad que ostenta el poder de policía para determinar y controlar las condiciones de habilitación, seguridad e higiene de lugares privados, construcciones y control de alimentos. Es decir, de aquella encargada de inspeccionar lo que sucede en la ciudad. Los empleados son obligados a cumplir tareas que distan mucho de aquellas por las que fueron tomados. Los directores de cada área bajaron la orden para que los contratados hicieran campaña. No de una concientización ligada a las tareas de la AGC, sino de una campaña proselitista a favor del PRO. La amenaza que reciben los empleados es que la colaboración será muy tenida en cuenta a la hora de pensar la continuidad que tendrá su contrato.

En la trama que se teje en el organismo encargado de controlar la seguridad e higiene de la ciudad se mezclan el desvío de fondos públicos, el abuso de poder y las presiones a trabajadores. Todas las versiones coinciden en que fue el director ejecutivo de la Agencia, Javier Ibáñez, quien bajó la orden a los directores de cada área para que facilitaran personal para hacer campaña proselitista. La directiva se focalizó en los contratados, que suman más de mil. Se les dijo que hay dos listas: una con los nombres de los que colaboran y otra con aquellos que no lo hacen. También se les dijo que esas listas tendrán un peso muy importante a la hora de renovar los contratos y que, incluso, esos datos servirían para que la relación laboral, que puede ser cortada en cualquier momento sin ningún derecho a indemnización, se termine antes de tiempo, ya que los contratados no tienen asegurada su continuidad, no reciben aportes sociales y deben refrendar su contrato cada año sin importar su antigüedad. Cerca de la mitad de la planta de contratados tiene un sueldo de 2550 pesos por mes. La presión también toca a los pasantes de la Agencia, que cobran 1800 pesos.
En diálogo con este diario, nueve empleados de la Agencia denunciaron la misma situación. La mayoría no se conoce entre sí y, sin embargo, todos coincidieron en cómo funciona la operatoria. Este tipo de prácticas alcanzaría, a su vez, a otras dependencias del Gobierno de la Ciudad.
La puesta en práctica de esa colaboración muestra también un desvío de fondos públicos. Desde que comenzó la campaña, cada día, entre las 10 y las 11 de la mañana, camionetas oficiales que salen de la puerta de la Agencia, ubicada en el barrio de Once –Perón 2933–, trasladan a empleados para hacer tareas proselitistas. A veces tiran volantes bajo las puertas, otras se ubican en las esquinas con sombrillas para repartir volantes del PRO que dicen “Sos bienvenido” y “Mauricio 2011”. En las dos jornadas en que este diario hizo guardia frente a la Agencia, dos camionetas pertenecientes al gobierno porteño –con chapas HTW333 y HTW337– salieron del estacionamiento oficial ubicado sobre la calle Boulogne Sur Mer. Se detuvieron en la puerta de la dependencia y subieron a empleados munidos de cajas, sombrillas y volantes del PRO. Las camionetas Mercedes Benz Sprinter llevaron a los empleados de la Agencia hasta la Comuna 7, de Flores. Allí repartieron volantes o pusieron mesas del PRO. El personal, en lugar de estar trabajando en la dependencia encargada de inspeccionar las irregularidades en la ciudad, estaba haciendo campaña.
Los empleados forzados a militar aseguraron que tienen miedo, que no tienen opción. Otros dijeron que prefieren no cuestionárselo y que eso les permite trabajar tres horas e irse a su casa en lugar de estar en la AGC. Ninguno se animó a dar su nombre, que es el gran problema que tienen todas las denuncias que circulan en la Agencia. Una de las contratadas, que fue obligada a hacer campaña, cuenta: “Repartí volantes de la comuna 7 debajo de las puertas de las casas. Mi jefe directo me dijo que fue el director ejecutivo el que bajó la orden. Me lo propusieron y no tenía ningún lugar para decir que no, porque me da miedo mi continuidad laboral. En mi caso, por suerte, sólo fui dos veces, pero me dijeron que puede ser que me necesiten otra vez”.
“El martes 14 de junio hicimos una asamblea en la que faltaba gente. Cuando preguntamos por qué, nos dijeron que los empleados se habían ido a volantear a las 10.30 en una camioneta. Nosotros tenemos la información de que utilizan a contratados de distintas áreas de la Agencia en horario de trabajo”, asegura Daniel Rubio, representante alterno de Sutecba en la AGC. Y continúa: “La gente viene y nos plantea lo que está pasando, pero cuando llega el momento de firmarlo se borran como consecuencia del miedo que provoca la precarización laboral: el sistema de contratados es tan precario que permite al gobierno rescindirlo en cualquier momento sin ninguna causa. Sin una denuncia formal no podemos hacer más que el reclamo en asamblea. Todos saben lo que pasa, pero nadie se anima a denunciar con nombre y apellido”. Rubio también asegura que la situación se da en distintas áreas pero que, como los empleados no quieren dar sus nombres, él tampoco puede brindar datos específicos sobre los puestos que ocupan.
En asamblea, los trabajadores de la AGC aprobaron un acta donde le reclamaron al director ejecutivo: “El inmediato cese en la presión a los compañeros de locación de servicios a fin de participar en tareas de proselitismo político, con la amenaza de no renovación de su contrato”. El acta lleva la firma de 21 representantes de los trabajadores. La respuesta de Ibáñez de la AGC no se hizo esperar. Paradójicamente, no negó que los empleados sean utilizados en horario laboral para hacer campaña, desviando fondos públicos, ni que haya camionetas y grupos que salen desde la AGC para realizar tareas proselitistas. Lo único que dijo fue: “Negamos cualquier tipo de presión”. “Fue una respuesta en la que se justificó”, comenta Rubio. Luego de eso, los delegados gremiales les dijeron a los contratados que se nieguen a ser utilizados para hacer campaña, pero los contratados siguen sintiendo que no tienen respaldo alguno para negarse.
Más allá de que distintas fuentes confirmaron que la operatoria no se hace sólo en la comuna 7, todos coincidieron en que ese es el lugar preferido de las campañas motorizadas desde la AGC, por el director ejecutivo Ibáñez y por el director de Legal y Técnica, Osmar Alza. Este último, casualmente, es delegado del PRO en esa comuna.

Fuente: Pagina/12, lunes 18 de julio de 2011

Un chico sufrió fractura de cráneo al caer una reja del Parque Chacabuco

El viernes 8 de julio, Natalia Asprea llevó a su hijo Salvador (de 5 años) y a otro amiguito a disfrutar del Parque Chacabuco, como suelen hacerlo habitualmente desde que la familia se mudó a tres cuadras, en 2005. Alrededor de las 16, se dirigieron al sector de juegos, ubicado sobre Eva Perón y Achával, y cuando su “gordo”, como lo llama ella, fue a abrir la puerta enrejada para ingresar, esta se le vino encima provocándole una doble fractura de cráneo. Su madre denunció que “el portón, de unos 200 kilos de peso, se encontraba fuera de las bisagras, mal apoyado y sin fajas de seguridad”, en un tramo de obras que, se suponía, habían sido estrenadas hace pocos meses por el macrismo, antes de que un amparo frenara el resto de los trabajos en el parque. El gobierno porteño aseguró haber despedido “al empleado responsable” y ofreció costear los medicamentos, aunque finalmente lo debieron pagarlos los propios padres.
“Llegando al sector de juegos, agarró la puerta para abrirla. Estaba mal apoyada, sin faja, fuera de las bisagras y lo fue aplastando, primero las piernas y lo último fue la cabeza. Corrí shockeada y con las dos manos no podía levantarla. Él estaba abajo, aplastado, con sangre que le salía del oído, una situación espantosa”, relató la madre a Tiempo Argentino.
Alguien la ayudó con la puerta y Natalia pudo salir con el nene en un taxi rumbo a la Clínica Santa Isabel, donde le efectuaron una tomografía que dio como resultado “una fractura del peñasco a nivel de cráneo y otra más también en esa zona”. Pasó más de una hora y media hasta que su oído paró de sangrar, y tras permanecer 72 horas en observación, Salvador fue dado de alta. Durante tres semanas deberá guardar reposo, y un tiempo después podrá volver al jardín de infantes, tomando precauciones para no recibir nuevos golpes en la cabeza. “Unos pocos centímetros más hacia la nuca y la historia sería completamente distinta”, sostuvo Natalia, y remarcó el daño psicológico: “No sé ahora cómo va a estar cuando vuelva a jugar. Nos vinimos a vivir acá por el parque, cuando llevaba seis meses de embarazo, para que el nene tuviera dónde jugar. Y ahora me dice que no quiere volver ahí.”
Ella y su pareja, Leonardo, hicieron la denuncia y llamaron al gobierno de la Ciudad. “Estaban esperando que los llamáramos, porque se habían enterado por un vecino.” Les dijeron que la persona a cargo “ya había sido sacada de su puesto” y se ofrecieron a conseguir la amoxicilina + clavulánico que precisa Salvador. “Pero al final, no lo hicieron y lo compramos nosotros”, afirmó Natalia. Luego de la denuncia, empleados municipales retiraron las rejas que estaban en mal estado. “No sé por qué no lo hicieron antes. El padre de un amigo de mi hijo nos dijo que hacía tres semanas que la puerta estaba así. Le podría haber tocado a cualquiera.”
Salvador recuerda el episodio y le repite a su madre que no fue culpa de él, que “no quería que se me cayera”. Ella le explica que el culpable es la persona que debía encargarse del lugar. Y su hijo le responde: “Entonces, esa persona tiene que recibir una prenda.” <
Antecedentes
A principios de diciembre de 2009, Zahira Morales, de 6 años, resultó herida por la caída de un árbol en Plaza Almagro. Después de pasar un mes internada, le dieron el alta, aunque volvió a tener una recaída en abril de este año. Su madre aseguró que “el mayor responsable es Mauricio Macri. Una plaza debería ser uno de los lugares más seguros de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no fue así.”
En un mes, entre agosto y septiembre de 2010, hubo dos derrumbes (uno en un gimnasio de Villa Urquiza y otro en Beara, un boliche de Palermo) que causaron la muerte, en total, de cinco personas, y más de 30 heridos. Todos los familiares aseguraron que no recibieron ningún llamado oficial en solidaridad por lo ocurrido.
El 15 de junio de este año, una alumna de 7º grado del Colegio Normal 7, de Almagro, sufrió un fuerte golpe en un costado del cuerpo cuando se le vino encima la puerta de acceso al establecimiento, reinaugurado en febrero, pese a las denuncias de los padres de que no estaba en condiciones.
“Esquivando obstáculos”
Según relató Natalia Asprea, el sector del accidente fue remodelado recientemente. “Lo inauguraron a fines del año pasado. No pensás que en un sector nuevo va a haber bisagras rotas y puertas desprendidas”, consideró la madre de Salvador. Las obras en Parque Chacabuco comenzaron en 2009, por un valor de $ 99 millones. Los vecinos denunciaron el remplazo del espacio verde por cemento, el quite de luminarias históricas y la modificación del patrimonio histórico del centenario lugar. Luego, un amparo frenó las obras, y a finales de junio, el juez Roberto Gallardo comenzó a citar a funcionarios macristas para que explicaran en qué consistían. “Comenzaron a trabajar sin presentar plan de obras ni estudio de impacto ambiental. Tenías que ir esquivando obstáculos. En ese contexto, a alguien se le puede caer una puerta en la cabeza, puede tropezar con un adoquín o caer a un pozo”, comentó a Tiempo Argentino Carlos Gullo, representante electo por la Comuna 7.

Fuente: Tiempo argentino, lunes 18 de julio de 2011

Clausuras masivas: la guitarra en el ropero

El macrismo respondió a la tragedia de Beara cerrando lugares donde se toca música en vivo, incluido el Café Vinilo, sede oficial del Festival de Jazz. Las bandas se refugian en casas particulares y los músicos protestan en la calle.

El derrumbe en el boliche Beara marcó el inicio de una ola de clausuras in­discriminada a los ba­res y restaurantes donde tocan bandas. Lo notable es que mu­chos estaban expresamente auto­rizados para hacerlo. Por ejemplo, el Café Vinilo, uno de los lugares afectados, fue sede en 2009 del Festival de Jazz organizado por el gobierno porteño y está seleccio­nado para serlo en 2010. El direc­tor del festival, el pianista Adrián Iaies, iba a presentar el próximo sábado allí su disco Cinemateca finlandesa.

"Nos eligieron por las capaci­dades técnicas y físicas del lugar, las mismas por las que ahora nos clausuraron", dice el dueño, Eze­quiel Ordóñez, que cuenta que el restaurante afectado tuvo nueve inspecciones previas a la tragedia de Beara y nunca vieron proble­mas. Hasta ahora: "Estaba tocan­do Diego Schissi Quinteto cuando llegaron los inspectores y nos pi­dieron que levantáramos el show porque si no clausuraban. Como nos negamos, procedieron", ex­plica Ordóñez. Hoy tienen inha­bilitado el escenario pero no el restaurante. Y agregó: "Están ac­tuando de manera ilógica, prime­ro te clausuran y luego se fijan si estás bien habilitado".

Inspecciones encubiertas con agentes que se hacen pasar por público, uso de la fuerza y aprie­tes: los músicos y los dueños de bares sostienen que el macrismo está sensibilizado por el derrumbe de Palermo e inició una suerte de "persecución a la música en vivo". El sábado pasado, un inspector entró a los empujones al club Vuela el Pez, donde uno de sus socios festeja­ba el cumpleaños. "Se identificó como Horacio, ingresó corriendo y filmando con un teléfono", de­nunció Demián, otro de los due­ños. El agente decidió clausurar porque -según consta en el acta- había personas bailando. "Es fal­so, había dos chicas paradas mo­viendo el torso, pero eso no es un baile", dice Demián. Era la terce­ra vez que abría Vuela el Pez, lue­go de nueve largos meses de trá­mites para obtener la habilitación. Los jóvenes del Espacio Cultu­ral Bonpland descubrieron a dos agentes encubiertos del Gobierno que visitaban el lugar mostrándo­se interesados en las actividades. malestar es grande y abundan las anécdotas de maltrato. En un bar de Villa Ortúzar, por ejemplo, los inspectores fingieron que eran público y después apretaron al dueño, que pidió anonimato por temor a las represalias.

Javier Ibáñez, titular de la Agencia Gubernamental de Con­trol, reconoció durante su interpe­lación en la Legislatura, que se de­dica a rastrear a través de las redes sociales de internet, webs y blogs los lugares donde hay shows de música en vivo. "No creía que eso existía, hasta que me cayó un ins­pector con una hoja impresa de la invitación que hice para un show 17íntimo a través de Facebook", ase­guró el dueño de un bar ubicado en Belgrano.

Subversivas corcheas

Este lunes, más de mil perso­nas se movilizaron frente a la Je­fatura de Gobierno porteña y cor­taron la Avenida de Mayo con un reclamo doble: que se frenen las clausuras y que se reglamente la ley de Concertación Musical de la Ciudad, sancionada hace más de un año. Opinan que esto solucio­naría la situación de los espacios que desarrollan actividades cultu­rales y que son perseguidos por el Estado. "El macrismo inició una caza de brujas, una persecución grotesca de la música en vivo", aseguró Diego Boris, socio funda­dor de la Unión de Músicos Inde­pendientes e integrante del gru­po musical La Tolva. Boris pone de ejemplo el Café Vinilo, donde el bar está habilitado pero el escena­rio no: "Es un emblema, con eso te están diciendo que la música es un peligro", sintetizó. La marcha convocó a figuras como Liliana Herrero, Teresa Parodi y Leopoldo Federico, pero también a muchos jóvenes que se manifestaron con instrumentos musicales en plena calle. Ningún funcionario los re­cibió aunque quedó pendiente una cita con el ministro de Cultu­ra, Hernán Lombardi, y la Agencia Gubernamental de Control.

Explotación sexual habilitada

Miradas al sur, Domingo26 de septiembre de 2010

El sitio web de la Ciudad Salí Seguro, que calificaba como apto al boliche Beara, tiene en su listado a cuatro prostíbulos de Liniers. La noche de la tragedia de Palermo, dos inspectores visitaron el local

Salí Seguro, la página de internet donde se consigna el estado edilicio y grado de seguridad de los boliches y salones de fiestas porteños, contiene a prostíbulos dentro de su listado.
El portal está cuestionado luego del derrumbe del sector VIP en Beara Club, ya que calificaba a ese boliche de la avenida Scalabrini Ortiz como “regular”, esto es, “en buen estado”. El jueves 10 de septiembre, como resultado de la caída del entrepiso, en ese local murieron dos jóvenes mujeres y resultaron heridas más de 30 personas.
La página web fue puesta en marcha hace poco menos de un año, promocionada por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y jóvenes actores, y hasta el día de hoy invita a que se lea ya que, según señala, “podés informarte y priorizar tu seguridad al momento de salir a boliches y recitales”. Y de prostíbulos habría que agregar. Así, varios de esta clase de “locales” de Liniers figuran en Salí Seguro bajo el paraguas de “bares nocturnos”(ver gráfico). En casi todos los casos han sido allanados y clausurados en junio por el juez Sergio Torres a cargo del juzgado federal Número 12.
Historia de un horror habitual. Durante el verano pasado, una chica argentina de 19 años llegó a la avenida General Paz 10.610 por un aviso de trabajo. Frente a la garita de la Policía Federal en la esquina de General Paz y Rivadavia, al lado de la pizzería La Farola de Liniers, estaba el ingreso al calvario de la esclavitud sexual. La chica llegó ahí para hacer limpieza. Cumplió las ocho horas y quiso retirarse. Pero la encerraron y la violaron. Ella terminó sometida a constantes “clientes” que mantenían relaciones sexuales contra su voluntad de manera gratuita en lo que constituye el llamado “ablande”, así se denomina al proceso de quiebre de la voluntad de resistencia de una mujer o niña.
La joven logró liberarse en el medio de una trifulca entre varios “clientes” y los custodios del prostíbulo y se presentó en la sede de La Alameda, una organización que desde hace años viene peleando contra la explotación sexual y cuyos abogados asesoraron a la mujer para que, luego de un exhaustivo tratamiento psicológico, se presente a declarar. Pocas semanas después de su testimonio la Justicia federal allanó los cinco prostíbulos en los que era esclavizada.
Esos lugares fueron clausurados por los delitos de trata de personas, explotación de mujeres y reducción a la servidumbre. Sin embargo, el Gobierno porteño los legaliza en Salí Seguro para que cualquiera pueda concurrir.
El Cielo de Carhué, ubicado en Carhué 91, para el gobierno PRO es un bar nocturno habilitado. Poco importó que tuviera una orden de clausura judicial por funcionar allí un prostíbulo. Para el Gobierno también es bar nocturno el inmueble de avenida General Paz llamado Lucrecia, donde fue esclavizada la chica que declaró con identidad reservada en el juzgado de Torres. El tercer lugar de explotación sexual queda en Gana 112, ubicado a la vuelta de la iglesia San Cayetano. Vecinos de la agrupación Liniers Así No Te Queremos denunciaron la existencia de estos lugares ante la Procuración Nacional, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Justicia Contravencional hace 10 meses. “Es para llorar. No se puede ser tan corrupto. Comprobamos que denunciamos prostíbulos y resulta ser que se encuentran habilitados como bares nocturnos en Salí Seguro”.
Princess es un famoso prostíbulo en Liniers, ubicado en Cosquín 32 y que aún no fue allanado por la Justicia federal. Salí Seguro también es oficializado y categorizado por el gobierno macrista como bar nocturno y es el único de estos lugares de explotación sexual que aparece como clausurado.
En Montiel 56, sin nombre hay otra “casa de tolerancia” como se las llama en la Ley de Profilaxis y fue denunciado hace un año ante la Justicia y oficinas públicas. Hoy está clausurado. Pero para Salí Seguro sigue siendo un inocente bar nocturno. “Ésta es la prueba de la corrupción. Acá se mueve mucha guita”, cerró un vecino de Liniers que teme dar su identidad.

Los alertas. Pero la desidia de la página Salí Seguro, esa web que las dos chicas que murieron en Beara quizá miraron para ver si el boliche estaba en buenas condiciones tiene más inseguridades. Antes del derrumbe del entrepiso, dos arquitectos y padres de una víctima fallecida en República Cromañón informaron al propio titular de la AGC, Javier Ibáñez, de deficiencias en Salí Seguro tales como la aparición desproporcionada de fiestas privadas. “Existe una gran cantidad de locales que tenían vencido el plazo para presentar el certificado anual de habilitación. Quedaban dos conclusiones: o no estaban actualizados los datos o realmente figuraban como vigentes pero no habilitados”, sostuvo Raúl Morales ante el funcionario. En tanto, Adriana Magnoli, también madre de una víctima de Cromañón, le planteó a Ibáñez en esa audiencia: “Si bien se dice que son ‘fiestas privadas’ no es así ya que se promocionan por internet, a través de listas o llamando a teléfonos anónimos, donde puede ir cualquiera, con lo cual de privadas no tienen nada. Al margen de que se cobra la entrada (por consumición) y que generalmente tocan bandas”.
El titular de la Agencia de Control argumentó que esas fiestas se realizan en domicilios privados y eso implicaría pedir órdenes de allanamiento. Miradas al Sur accedió a un documento hasta ahora desconocido que deja en evidencia que Beara Club tenía modalidad de boliche aunque los inspectores no lo advirtieron.
En una inspección hecha en el boliche de la calle Scalabrini Ortiz el 6 de agosto, figura en el acta oficial, que “se desarrollaba una fiesta privada” con “150 personas” y que los medios de salida se encuentran “libres operables” y la “salida visible”. Para el abogado querellante de las víctimas de República Cromañón, José Iglesias, los inspectores “no pudieron dejar de ver que llegaron a ese boliche justamente por una publicidad en internet. Nadie invita a sus amigos a un fiesta íntima convocada por internet como lo demuestra ese papel”.
Una de las sobrevivientes de Beara, Denisse Domke, de 19 años, señaló en un reportaje que había patovicas y que “en la parte posterior del local existía una puerta que creíamos que era de emergencia, pero estaba cerrada con un candado enorme que todos intentaban romper con lo que encontraban pero era imposible”.