La CHA denunció por discriminación al Instituto de la Vivienda porteño

Según esa ONG, el IVC confeccionó e hizo público un listado con direcciones del barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, en las que viven personas con VIH. Desde el organismo, que realizó reparaciones en esas unidades, lo negaron.

Un vecino del barrio Piedrabuena, de Villa Lugano, presentó en la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) una denuncia contra el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que habría confeccionado un listado de beneficiarios para la reforma de viviendas en el que se señala expresamente los domicilios donde había personas viviendo con VIH-sida.
El informe no lleva la firma de ningún responsable del IVC, aunque sí el membrete de la entidad porteña, con el título “Intervenciones médicas marzo 2011”, e identifica una cantidad de viviendas reparadas de manera prioritaria, porque sus habitantes padecen distintas enfermedades o en las que viven niños. Los denunciantes contaron que estos listados “fueron repartidos a los vecinos como informe de gestión”.  Desde el IVC, negaron que esta información sea pública y consignaron que se realiza sólo para tener claro cuáles son las familias que más urgentemente necesitan asistencia. El barrio se encuentra por ley en emergencia edilicia (ver aparte). El tema será tratado hoy en la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y se iniciarán acciones de amparo.
La CHA presentó el viernes una denuncia ante legisladores de la Ciudad, que hoy tratarán el tema para pedir explicaciones a los funcionarios porteños sobre esta denuncia que, de corroborarse, sería violatoria de la Ley Nacional de Lucha contra el sida Nº 23.798.
“El gobierno de la Ciudad va a tener que dar una explicación sobre la comisión de este delito, que constituye una violación de por lo menos una ley nacional, la de sida, en un acto claramente invasivo de los derechos de protección de datos personales. Esto retrotrae a los primeros tiempos de la pandemia, donde se señalaba, catalogaba y estigmatizaba al enfermo”, dijo a Tiempo Argentino Pedro Sottile, del área jurídica de la CHA.
En la lista se consigna la dirección exacta del beneficiario, la reparación que requirió su vivienda y la urgencia de la atención recibida. Ya sea porque allí viven niños o por la enfermedad que lo aqueja. En este caso, la denuncia es por los casos en los que se indica que las personas padecen VIH, pero también se consignan otras como “diabetes” o “discapacidad motriz”.
“Un antecedente del macrismo en este sentido fue cuando hicieron pública en el decreto 360/2009 una lista de personas internadas en el Hospital Borda. La justicia falló a favor de los perjudicados y ordenó la baja en el Boletín Oficial de estos datos, tanto en archivos digitales como la incautación de los papeles que se habían impreso con los nombres”, dijo a Tiempo Argentino Sebastián Alanís, entonces querellante en aquella causa.
“Incluir en documentación oficial y pública el lugar donde viven personas con sida afecta su privacidad y constituye una individualización prohibida en los términos de la ley. La publicidad de esta información puede dar lugar, por otra parte, a la  marginación de un grupo de por si vulnerable”, dijo la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Gabriela Alegre. 


Fuente: Tiempo Argentino, martes 28 de junio de 2011

Pertenecer al PRO tiene sus privilegios

Los préstamos concedidos suman en total más de un millón trescientos mil pesos. El de mayor monto lo consiguió Juan Curutchet, vicepresidente de la entidad. La oposición denunció el uso de lo público en beneficio privado. Los macristas dicen que todo está en regla.

 

Casi como al pasar, Mauricio Macri recomendó la semana pasada al público de una charla que sacaran créditos en el Banco Ciudad. Sus funcionarios ya le hicieron caso, empezando por su compañera de fórmula, María Eugenia Vidal, que tiene un crédito por 311 mil pesos con el banco que maneja el macrismo. Hay más: el vicepresidente de esa entidad, Juan Curutchet, también tiene un crédito por 607 mil pesos del banco que conduce. El legislador macrista Enzo Pagani es otro que se unió al club del crédito PRO, en su caso por 347 mil pesos. El gerente general del banco, Emilio Lanza, tiene otro por 64 mil. Entre todos, suman un millón 329 mil pesos. La oposición porteña cuestionó las políticas autosatisfactorias del PRO.

La polémica por los créditos de vivienda formó parte de la presentación del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, ayer en la Legislatura. Allí, Gonzalo Ruanova recordó que el Banco Ciudad “tiene utilidades por 613 millones de pesos y para un crédito hipotecario de 70 mil dólares te piden 11 mil pesos de ingreso del grupo familiar y 4400 pesos por cuota”. El legislador de Nuevo Encuentro también advirtió que “la Ciudad otorgó aproximadamente 5156 créditos hipotecarios a tasa fija de 18 por ciento (21,5 con costos financieros) y con un promedio de 113 mil pesos por préstamo”. El candidato remarcó que sólo el uno por ciento de los que necesitan vivienda califica para obtener un crédito.
Los fondos superavitarios del Banco Ciudad habían formado parte de otra polémica a fines del año pasado, cuando el macrismo intentó que se transfirieran 374 millones de pesos al gasto del gobierno porteño. La oposición rechazó esa iniciativa y sostuvo que Macri quería el dinero “para la campaña”. Desde la oposición, también cuestionaron que no se abrieran líneas de crédito blando para viviendas cuando existe –según los informes de los opositores– una crisis habitacional que abarca a cerca de 500 mil personas. Con este panorama, cuestionaron que los funcionarios macristas tengan sustanciales créditos concedidos por el Banco Ciudad:
- María Eugenia Vidal. Tiene una deuda de 311 mil pesos, por la que paga una cuota mensual de 4900.
- Juan Curutchet. El vicepresidente del banco sacó hace pocos meses un crédito por 607 mil pesos y paga una cuota de 9700 pesos por mes. La carta orgánica del banco le impide hacer operaciones en su entidad, pero exceptúa explícitamente los créditos hipotecarios para refacciones.
- Enzo Pagani. El legislador PRO tiene un crédito por 347 mil pesos. Paga una cuota mensual de 5560 pesos.
- Emilio Lanza. El gerente general del banco también tiene un crédito de su propio banco. En su caso, es por 64 mil pesos.
“Los funcionarios usan su influencia política para acceder a un crédito. Es la forma de manejarse de Macri. Un diputado y la ministra de Desarrollo Social que se niega a dar subsidios a gente desalojada se aprovechan para obtener un beneficio que ningún porteño puede obtener en esos montos”, advirtió la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, que preside la Comisión de Vivienda de la Legislatura. “El Banco Ciudad no ha hecho más flexible el acceso al crédito a la clase media ni tiene ningún programa para las clases más bajas. Hay iniciativas en la Legislatura que el PRO frena sistemáticamente”, remarcó la diputada porteña. “Es sistemático también el aprovechamiento de lo público para beneficio privado. La CC lo ha denunciado en materia de negocios en la publicidad oficial o en la obra pública con empresas constructoras amigas”, remarcó.
Por su parte, Ruanova consideró que “lo más grave es lo de las autoridades del Banco Ciudad. Quisiera saber en qué tiempos a un ciudadano le otorgan un crédito por ese monto. (El titular del banco, Federico) Sturzenegger les tiene que explicar a los porteños por qué tiene un banco público que lo que hace es satisfacer la demanda de los propios funcionarios. No se puede hacer el desentendido”. Su compañera de bloque, Gabriela Cerruti, planteó que “hay que sancionar la Ley de Etica Pública ya. No puede ser que el límite sea la condena penal. Existen los límites éticos que Macri y sus funcionarios parecen no conocer”.
Página/12 intentó consultar a Vidal y a Pagani, que prefirieron no responder sobre sus créditos. En el entorno de la candidata a vicejefa se limitaron a asegurar que su declaración jurada está en regla. Por su parte, Curutchet se defendió: “Reivindico el caso mío particular. Si iba sin ser vicepresidente, el crédito me lo daban igual. Saqué lo que saca cualquier vecino y con un monto bajo”.
–El monto es de 600 mil pesos. –El empleado del banco paga el 9 por ciento de tasa. Yo estoy pagando arriba del 20. Invitamos a cualquier funcionario nacional o de la Ciudad, del oficialismo y de las minorías, a que se acerquen al Banco Ciudad y obtengan los créditos en estas condiciones –ofreció.
Curutchet también explicó que los funcionarios porteños deben pasar por más controles porque sus cargos no tienen estabilidad. “La calificación crediticia es más exigente. Tienen que demostrar que, cuando se termina su mandato, pueden generar otros ingresos”, detalló.
–¿Y es el caso de Vidal? –Vidal tiene un historial durante los diez años previos en sector público, privado, ONG. Después de ser ministra, no caería en la indigencia.

Fuente: pagina/12, jueves 23 de junio de 2011

Parque Donado Holmberg, el ladrillo premium de Macri en Urquiza

Mientras los ojos de la Ciudad están puestos en los vaivenes de las próximas elecciones, un proyecto inmobiliario comienza a ganar altura. Se trata de la iniciativa que, a los ojos del PRO, permitirá a Mauricio Macri dejar una huella arquitectónica tan relevante como Puerto Madero. Tras un comienzo signado por desalojos y subastas desiertas, Parque Donado Holmberg, la apuesta "premium" del gobierno porteño para recuperar 14 manzanas ubicadas en la traza del fallido proyecto de la AU 3 (autopista 3), está en marcha.
Concretada la colocación del 60% de los 44 predios ofertados en esa zona de Villa Urquiza, la construcción del primer edificio de departamentos de la propuesta de lujo comenzará en junio. Parque Donado Holmberg ocupará una superficie delimitada por las calles Donado, Holmberg y las avenidas Congreso y De los Incas. El proyecto demandará unos tres años, y el conglomerado de viviendas contará con 4.000 habitantes.

Según precisaron a Diario Z fuentes de la Subsecretaría de Planeamiento, el primer proyecto en el área correrá por cuenta de la de la firma GYD, que levantará 40 unidades de dos y tres ambientes a un precio que rondará los 2.000 dólares el metro cuadrado. A este inicio de obras, confirmaron desde la dependencia oficial, le seguirá el desarrollo de otros dos emprendimientos de lujo cuyo puntapié inicial está pautado para julio.
"La superficie que todavía queda por vender será ofertada después de julio. La idea es promocionar el producto con el respaldo de obras que se estén llevando a cabo. Si no, puede pasar lo mismo que el año pasado, cuando las dudas tiraron abajo alguna licitación", confesó la fuente del organismo porteño.
Desde GYD, Daniel Mintzer confirmó el comienzo del proyecto. "La propuesta trata de ajustarse a la fisonomía del barrio. Los departamentos se asemejan a dúplex. Es un emprendimiento de cinco pisos, con unidades que van de los 55 a los 75 metros cuadrados. En 20 meses calculamos que la obra estará lista", indicó.
Este movimiento representa el primero de relevancia para la zona. Sucede que cuando en julio de 2010 se pusieron en marcha las subastas públicas mediante las cuales se comercializa cada lote, el Gobierno de la Ciudad se encontró con que no había interesados. "La tendencia comenzó a cambiar en el segundo llamado: ahí cuatro empresas se quedaron con cuatro lotes. Y en los llamados a licitación posteriores se armó una disputa que llevó el metro cuadrado de tierra a 700 dólares", aseguró un desarrollador que fue a todas las subastas.
Las buenas perspectivas de negocios que ofrece la zona -cuyo metro cuadrado construido subió en los últimos seis años y hoy alcanza los 1.760 dólares-, sumado al traslado de los antiguos ocupantes de los terrenos, la instalación de cámaras de seguridad y la promesa de obras viales, son lo que alienta a las constructoras a poner sus ladrillos. "Con el correr de las siete licitaciones que organizó el Gobierno, el interés fue creciendo. Nosotros también compramos dos lotes más en sociedad con Azzolini Construcciones", adelantó Mintzer.
Por fuera del entusiasmo de los desarrolladores, no falta quienes pronostican nubarrones para el sueño dorado de Mauricio Macri. Una de estas voces es la de Eduardo Epszteyn, diputado de Diálogo por Buenos Aires, quien no sólo relativizó el "éxito" de Parque Donado Holmberg, sino que además arrojó sombras respecto de cómo se saldaron los acuerdos con los ex residentes del lugar. "Si bien en su momento también aprobamos el proyecto porque nos pareció bueno, sé que no ha tenido los resultados esperados. Y que tampoco ha sido prolijo el modo en que se conformó a los vecinos del lugar. El barrio no podrá despegar hasta tanto no se cumplan los pagos que se prometieron a los habitantes del lugar. Eso, hasta donde sé, está bastante demorado", señaló.
Al momento de avanzar con Parque Donado Holmberg, el macrismo se comprometió ante 320 familias a entregar nuevas viviendas en el área o, en su defecto, dar subsidios de 150.000 pesos a cambio de abandonar los lotes ocupados.

Fuente: diario Z, jueves 12 de mayo de 2011

Cifras para entender por qué faltan viviendas

La ejecución presupuestaria de la gestión PRO cayó de casi el 87 por ciento en 2007 a menos de 46 ciento en 2009. A fines de 2010 no llegaba al 20 por ciento. Se trata de un informe del legislador Gustavo Ruanova con datos del propio gobierno porteño.

Los cruces entre el gobierno nacional y el porteño reavivaron la polémica sobre la política habitacional en la Ciudad, de cara al Presupuesto 2011 que deberá discutirse en febrero en la Legislatura. Un informe del equipo del legislador sabbatellista Gonzalo Ruanova –al que accedió Página/12– muestra la curva descendente de la inversión en viviendas de la administración de Mauricio Macri. La ejecución presupuestaria de la gestión PRO cayó de un 86,68 por ciento en 2007, a un 67,36 en 2008, a un 45,91 en 2009. Siempre según los datos del Ministerio de Hacienda porteño, en el tercer trimestre del año pasado se había ejecutado el 18,89. A esta pendiente resbaladiza, se le suma la cesión de terrenos destinados a viviendas sociales por parte de la gestión PRO, que fue frenada por un amparo que impulsó la Coalición Cívica.

Cuando fue el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano, todas las miradas se centraron en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que depende del macrismo. Desde el IVC discuten los propios números de la administración macrista y aseguran que la ejecución fue cercana al 70 por ciento.

Espiral descendente

El informe del equipo de Ruanova, en cambio, muestra una curva descendente de subejecución. También advierte que el porcentaje sobre el gasto total del presupuesto en vivienda viene derrumbándose desde 2006, cuando era del 3,92 por ciento. En 2007, fue del 2,91; en 2008, 2,4 por ciento y en 2009 fue del 1,49. En lo que iba de 2010, no superaba el 0,8 por ciento. “Ni siquiera tomando la evolución de la inversión en términos nominales se puede utilizar el típico argumento de la comunicación PRO de que durante el período de gestión del ingeniero se invirtió más que durante los gobiernos de Ibarra y Telerman”, concluye el informe, que señala que mientras el gasto total creció de 2007 a 2009 en un 63,1 por ciento, el de vivienda cayó un 17,9 por ciento.
En el trienio 2005-2007 se invirtió en vivienda 828 millones de pesos contra 638 millones en los tres años de Macri. La proporción de lo ejecutado viene en caída: 322 millones en 2008, 238 millones en 2009 y 77 millones en los primeros nueve meses de 2010 sobre un total de 409,5. Para empeorar la situación, el informe de Ruanova indica que de esos 77 millones, 38,5 corresponden en realidad a pago de salarios y no a inversión en nuevas viviendas. En los tres años de gestión PRO derivaron 591 millones de pesos que debían destinarse a vivienda a otras áreas. La construcción de viviendas también fue en una espiral descendente: según el informe, en 2006 se pidieron permisos para construir 1496 viviendas; en 2008 cayó a 274 viviendas, y en 2009 el IVC solicitó permisos para construir un total de... nueve viviendas.
El documento recuerda que en la Ciudad de Buenos Aires cerca de medio millón de personas tienen una situación de déficit habitacional, de las que 210 mil viven en villas y más de 30 mil en asentamientos precarios.
Desde el IVC, responden que los datos de Hacienda están desactualizados con respecto a la ejecución real: sostienen que en el tercer trimestre tenían el 30 por ciento ejecutado y que todo estaba “preparado administrativamente para la ejecución de obras a fin de año”. Aseguran que la ejecución al final de 2010 fue de entre un 67 y un 71, aunque la gestión PRO hasta ahora no lo publicó oficialmente.
En el IVC sostienen que en el año se construyeron cerca de 845 viviendas y que la mayoría estuvo a cargo de la Corporación del Sur. El informe de Ruanova, sin embargo, advierte que el ejecutado de la Corporación era de 33 millones, diez millones menos de lo que se invertía en 2006. En relación con los gastos totales, la inversión cayó del 0,53 por ciento a un magro 0,21 por ciento en 2009.

Ejecución cero

Con los números que fueron entregados hasta ahora por el gobierno de Macri, el informe señala que el gasto en propaganda de la gestión PRO fue de 119,3 millones, por lo que supera ampliamente a la cifra destinada a vivienda. Y se ejecutó en un 90 por ciento en los primeros nueve meses. “Lo que consolida la mirada sobre la ejecución presupuestaria y sobre el presupuesto de 2011 es que hay un problema grave de gestión: es una gestión cara y mala”, plantea Ruanova a Página/12. En su informe, desagrega los distintos programas de vivienda que tiene el IVC para mostrar que “la ejecución es casi nula”:
- “Colonia sola”: cero por ciento ejecutado.
- “Viviendas colectivas”: cero por ciento.
- “Mejor vivir”: 6,5 por ciento ejecutado.
- Programa de reintegración y transformación en villas: cero por ciento.
- Rehabilitación de conjuntos urbanos: 9,9 por ciento, que incluye gastos corrientes, por lo que la ejecución real es menor al 5 por ciento.
- Rehabilitación en La Boca: 0,3 por ciento, que consistió en préstamos y no en construcciones.
En el IVC responden, nuevamente, que esos programas fueron derivados a la Corporación del Sur. Y que en el caso de “Colonia sola”, donde un fallo judicial ordenaba el apuntalamiento y la refacción de unas 71 viviendas, “se ejecutó más del ciento por ciento de lo previsto”. Nuevamente, no existen números oficiales de la gestión PRO sobre esto.
Según el informe legislativo, el 60 por ciento del gasto se fue en pagar sueldos administrativos. La ejecución de créditos a familias con bajos recursos fue el otro 29,8 del dinero gastado. “Si consideramos sólo las construcciones a cargo del IVC, sobre 205 millones vigentes, se ejecutaron 1,7 millones, menos del 1 por ciento”, señala el informe. “Hay un problema que excede a Macri, pero se agudizó con su presencia, que es que la ciudad se construyó sobre una matriz de desigualdad. El problema del Indoamericano no es ni la pobreza, ni la ‘inmigración descontrolada’, esa declaración xenófoba y racista de Macri. El problema es la desigualdad”, plantea el legislador de Nuevo Encuentro.
“En la zona del Indoamericano, de cada mil pibes que nacen, trece se mueren por desnutrición infantil. De las 186 mil personas que viven en esa zona, el 23,3 por ciento está en estado de hacinamiento. El nivel de ingreso promedio de esa zona es de 914 pesos por familia. No cubre ni el nivel de indigencia”, advirtió Ruanova. “La no presencia del Estado sobre esa zona que tiene un retraso histórico en infraestructura, salud, abre un campo donde actúan los que especulan con la pobreza. El problema es que el Estado de ahí se retiró. Después volvió a los palos y a los gases lacrimógenos como quisieron entrar la Federal y la Metropolitana”, recordó Ruanova. En su informe, el legislador advierte que para 2011 el presupuesto prevé un aumento exponencial del dinero destinado a viviendas, que ascendería a 814,6 millones de pesos. “Macri, especulando con el año electoral, aumentó los presupuestos del IVC. El problema es la forma de gestionar y la forma que el jefe de Gabinete tiene de distribuir partidas. El año pasado sacó 17 millones de comedores escolares para gastar en propaganda”, recordó.

Terreno, se regala

El informe “Buenos Aires sin techo” de la comisión de Vivienda de la Legislatura, que preside Rocío Sánchez Andía, advertía sobre otra política del gobierno de Macri: en 2009 intentó enajenar 33 inmuebles del IVC, pero el proyecto fue rechazado por la oposición. A partir de allí –como advirtió el dirigente de la CC Facundo Di Filippo– fue transfiriendo los terrenos mediante resoluciones del directorio: cedieron un terreno al Banco Ciudad, que iba a ser para una cooperativa, y también mantienen la negativa a cumplir la ley que dictó la Legislatura para que en los terrenos de Casa Amarilla se hagan viviendas sociales. Página/12 publicó en su momento la respuesta del IVC al Club Boca Juniors en la que le sugerían que, a pesar de la ley, esos terrenos podrían venderse al cuadro de los amores de Macri.

Sánchez Andía presentó un amparo para evitar que se siguiera con esa política y obtuvo un fallo en el fuero contencioso administrativo: la jueza Alejandra Petrella resolvió que se detenga “cualquier acto de disposición, uso o cualquier actividad” sobre esos espacios. Su Señoría advirtió en la sentencia que se habían salteado la aprobación de la Legislatura para ceder esos terrenos.

Fuente: Pagina/12

Cuando el desalojo porteño es express

La Defensoría sostiene que la persecución es la única respuesta a los problemas de vivienda. En el 78 por ciento de los casos estudiados los expulsados no pudieron tener “una defensa material”.

La gestión PRO, a través del fiscal general Germán Garavano, desarrolló un sistema de desalojos, bajo la consigna de Horacio Rodríguez Larreta de que debían hacerse “despacito y en silencio”. Un informe de la Defesoría General porteña –al que accedió Página/12– revela las consecuencias de esa práctica. Según explica el documento, rige un protocolo que permite desalojar para restituir el predio o inmueble a quien lo reclama sin importar si se probó un delito. Se saca a los ocupantes sospechados de usurpación “sin escucharlos previamente”, a veces se los detiene, y al final del camino el 70 por ciento de las causas son archivadas. La estrategia del desalojo express –detalla el texto– derivó en que el 78 por ciento de los casos las personas expulsadas se vieran impedidas de contar con “una defensa material”, o sea un abogado que los defienda.

El informe se armó sobre una muestra de 240 casos que fueron seleccionados en forma aleatoria de las 1169 causas por usurpación que se iniciaron desde 2009. Señalan que “en el 70 por ciento de los casos no participó un defensor o defensora de modo previo a la restitución del inmueble y que en el 78 por ciento no existió una defensa material”, dado que al imputado no le llegó una intimación previa al desalojo. La Defensoría Pública advierte que el protocolo que estableció Garavano para los desalojos “viola el derecho a defensa en juicio y el debido proceso legal de los ocupantes de los inmuebles denunciados”.

Además, de las causas iniciadas en 2009, el 71,2 por ciento terminan siendo archivadas: el 21 por ciento por falta de pruebas, el 32 por ciento por “no constituir delito” y en el 14 por ciento se accede a una instancia de mediación. También advirtieron que el 15 por ciento de los casos no planteaban, en principio, un caso de usurpación.

En los conflictos de vivienda en las villas, las causas van al archivo la mitad de las veces (52,4 por ciento), por lo que los autores del informe concluyen en que “queda claro que el sistema judicial no da respuesta cuando el delito es cometido en contra de personas vulnerables”.

También advierten que en el 88 por ciento de los casos no se intimó previamente a los presuntos ocupantes a restituir el inmueble antes de proceder al desalojo. “Al retroceso en políticas públicas de vivienda se suma la persecución del aparato represivo estatal como única respuesta ofrecida por el Estado, lo que agrega otro factor de vulnerabilidad social: la estigmatización como delincuentes”, sostiene Be-ttina Castorino, secretaria de Derechos Humanos de la Defensoría.

La fiscalía general porteña contraatacó con una resolución en la que instruyó a los fiscales a notificar a los ocupantes de sus derechos y de la garantía de defensa, en un reconocimiento implícito a lo señalado por la Defensoría General. “No se ha hecho saber ni se ha detectado caso alguno en el cual se haya vulnerado el derecho de defensa en juicio y de ningún modo puede deducirse de la aplicación del protocolo”, se defendió Garavano en ese texto. También presentó sus propios números que dan cuenta de “los satisfactorios resultados obtenidos” en materia de desalojos: sostuvo que en el 93 por ciento de los casos no hizo falta una orden judicial para conseguir la restitución del inmueble.

“Si lo nuestro fuera una persecución estigmatizante tendríamos que llevar a la gente a juicio, pero precisamente porque no queremos eso es que lo evitamos. No hay condenas porque las soluciones son amistosas”, aseguró el fiscal general adjunto porteño Luis Cevasco, que coordina expedientes sobre usurpaciones. “La mayoría de las causas van a mediación: se hace un relevamiento, se da intervención al BAP (Buenos Aires Presente, el programa del gobierno porteño para personas en situación de calle) y otros organismos para ofrecer soluciones. Lo del Indoamericano fue distinto por lo masivo”, afirmó. “Tampoco queremos analizar todos los casos del mismo modo, porque acá hay familias necesitadas pero también están los que usurpan para conseguir subsidios y otros grupos que organizan las tomas para hacer negocios inmobiliarios”, sostuvo Cevasco.

Fuente: Pagina/12, sabado 15 de enero de 2011

Macri: “Reconozco la incapacidad de la Ciudad en esta situación”

POR ALGO SE EMPIEZA... FALTA QUE RECONOZCA LA INCAPACIDAD EN POLITICAS EDUCATIVAS, DE SALUD, DE VIVIENDA, POLITICAS DE COMO EJECUTAR UN PRESUPUESTO, ETC ETC ETC...

Diario Clarin, 10 de diciembre DE 2010

El jefe de Gobierno porteño volvió a reclamar al Ejecutivo Nacional trabajar en conjunto para resolver el tema. “Si tuviera la Federal a cargo, daría la orden de desalojo”, afirmó.
El jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, aseguró hoy que "si tuviese la Policía Federal" a su cargo, "daría la orden de desalojo del parque" Indoamericano, usurpado por más de 200 familias.

"Reconozco la incapacidad que tiene la Ciudad para administrar esta situación porque no tiene una fuerza policial al nivel del conflicto que estamos manejando", indicó el mandatario comunal.

En declaraciones radiales, el jefe de Gobierno dijo que tomó la decisión de “no pagar más con la plata de los vecinos a gente que viene a usurpar” y agregó que de continuar con este tipo de situaciones “nos vamos a terminar de destruir en un mar de violencia”.

“Con inmigración descontrolada no se puede. Acá había un discursito muy lindo, que se le ha dicho (a la gente) que venga a la Ciudad de Buenos Aires que les damos salud, educación y vivienda gratis. Dejemos de tener ese discurso“, afirmó el jefe comunal.

Macri reveló además que ayer habló por teléfono con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, para comunicarle que "necesitaba hablar" con Cristina Fernández "por este tema, que era muy grave. Necesito que trabajemos en conjunto para resolverlo".