Un negocio oculto bajo la autopista

La iniciativa, impulsada por un consorcio privado, pone en riesgo la continuidad de actividades de escuelas y proyectos sociales que se desarrollan en el lugar. El proyecto fue aprobado sin debate en medio de un paquete de leyes.

Vecinos docentes y organizaciones sociales del barrio de San Telmo están en estado de alerta. Es que la Legislatura porteña, en la última sesión-ómnibus con su antigua composición, aprobó junto a decenas de proyectos que se sancionaron sin discusión, una iniciativa que autoriza la explotación de un importante negocio bajo la autopista 25 de Mayo: la construcción de un polo comercial-gastronómico-cultural, con el sugestivo nombre de Feria del Sur, en un sitio donde hoy funcionan un polideportivo utilizado por una escuela pública, un mercado de artesanos y dos emprendimientos dedicados a pibes del barrio, uno dependiente del Ministerio de Educación y otro, impulsado por una asociación civil. El proyecto, presentado en la Legislatura por el macrismo y aprobado a mano alzada por la mayoría de los legisladores, apunta a convertir en ley una propuesta privada, diseñada por el consorcio Servente-Lanusse-Criba-Crivelli, el mismo que explota el polo gastronómico y la estación de servicio bajo la Autopista Illia, en Retiro, un negocio otorgado hace 20 años por el entonces intendente Carlos Grosso. A diferencia de lo que se hizo en aquella ocasión, esta ley tiene doble lectura: habrá una audiencia pública y –seguramente– un debate legislativo antes de su aprobación final.

El proyecto, presentado por el diputado Cristian Ritondo –hasta el 10 de diciembre jefe de la bancada del PRO, ahora vicepresidente primero de la Legislatura–, autoriza al Poder Ejecutivo a llamar a licitación para “el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión” de un futuro centro denominado Feria del Sur, en los terrenos bajo la autopista AU1 “y las áreas linderas, entre la calle Bolívar y la media manzana entre Balcarce y Paseo Colón”, justo en el límite del Espacio para la Memoria que se levanta en el lugar donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Atlético.
La ley sancionada en primera lectura por la Legislatura autoriza el “llamado a licitación pública o concurso de proyectos integrales” para la concesión por un plazo de 20 años, a fin de desarrollar un “centro comercial, gastronómico y cultural”. El proyecto presentado por las empresas Constructora Lanusse S.A., CRIBA S.A., Crivelli Construcciones S.A. y Sevente prevé una inversión de 17 millones de pesos. Las empresas están mencionadas expresamente en el proyecto, lo que podría constituir una ventaja a la hora de competir con otras, similar a la que podía tener el caballo del comisario en las carreras cuadreras de antaño.
El proyecto se votó en bloque, junto a otros dos: el llamado a licitación pública para la concesión de 92 predios en espacios bajo las autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, y un permiso de uso precario de 19 predios, también bajo la autopista, a organizaciones sin fines de lucro. El más beneficiado es el Club San Telmo, que recibe la cesión de cuatro de esos predios.
Las tres iniciativas se aprobaron prácticamente sin debate. Sólo algunos legisladores se limitaron a aclarar su voto, por la negativa o por la abstención. El proyecto de la Feria del Sur fue aprobado por 55 legisladores. Hubo cuatro abstenciones (Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía, Sergio Abrevaya y Martín Hourest) y un voto negativo (Marcelo Parrilli).
Ante una consulta de Página/12 la diputada Sánchez Andía (Coalición Cívica) fundamentó su abstención: “No comprendimos el espíritu de esa feria, que no es para trasladar a los artesanos que sacaron de la calle Defensa sino un paseo comercial con locales, que de feria sólo tiene el nombre”, argumentó la legisladora. “Además –agregó– no existe un plan integral para definir el destino de los bajo autopistas en la ciudad”.
En uno de los espacios bajo la autopista funciona el polideportivo Martina Céspedes, utilizado por los alumnos de la Escuela Normal Nº 3. “Nunca se acercaron al colegio para consultarnos. Estamos preocupados porque el proyecto se aprobó entre gallos y medianoche y generó mucha resistencia en el barrio”, dijo a Página/12 la rectora de ese colegio, Silvia Ledo, quien será recibida la semana próxima por la viceministra de Educación, Ana Ravaglia, para tratar el tema.
En ese ministerio también se generó inquietud ya que en el mismo predio está una de las 32 sedes del Club de Jóvenes, un emprendimiento social que funciona al amparo de esa cartera desde que fue creado en 2003 por la gestión de Daniel Filmus, en el marco programa Deserción Cero. “Acá tenemos una matrícula de 180 pibes, de 13 a 19 años, que si pierden este lugar se quedan sin nada”, dijo a Página/12 Pablo Rodríguez, coordinador de ese centro. Ante una consulta de este diario, voceros de Educación aseguraron que “se trabaja en la búsqueda de lugares para reubicar las actividades que se desarrollan allí”. Es que en ese polideportivo además del Normal Nº 3, realizan actividades de educación física alumnos de otras escuelas del barrio.
En ese mismo lugar funciona la juegoteca de la Asociación Civil Creactivar y el Centro de Salud Nº 15, sede de formación de la Facultad de Psicología de la UBA, que dos veces por semana se convierte en un espacio para el acceso a los juegos para chicos que viven hacinados en hoteles o en condiciones habitacionales precarias. “Con manejos astutos de lobby, la ambición privada pasó por encima de largos procesos de construcción colectiva”, opinó el presidente de la asociación civil, Eduardo Tissera.
También resultarían afectados por el proyecto los trabajadores de la Cooperativa de Artesanos de Argentina, que tienen asignados locales sobre la calle Defensa, bajo la autopista. Allí funciona la Feria Gráfica, un proyecto de archivo editorial liderado por Efraín Cruz. Los artesanos promueven desde hace once años un proyecto de integración del área de anticuarios de la calle Defensa con el Parque Lezama, sectores separados drásticamente por la autopista. “No nos sorprende que el macrismo impulse este proyecto de explotación comercial. Lo que nos preocupa es que encuentre el apoyo de la oposición, de quienes creemos que son nuestros compañeros”, se lamentó Cruz.
Consultado por Página/12, el diputado Ritondo, impulsor del proyecto, sostuvo que la iniciativa contribuirá a “recuperar una zona abandonada de la ciudad” y aseguró que se encontrarán destinos para los emprendimientos sociales, aunque no dio precisiones.
Mientras tanto, vecinos y organizaciones preparan una estrategia para la audiencia pública, aún sin fecha.

Fuente: Pahina/12, 28 de enero de 2012

Macri, por las demoliciones sin límites legales

El jefe de Gobierno quiere librarse de la legislación que limita la industria inmobiliaria. Y llega hasta la picaresca trampeando en los horarios de las reuniones.

Antes de comenzar su segundo mandato, Mauricio Macri decidió sacarse de encima un tema que molesta a la industria de la construcción. En apenas diez días, el bloque del PRO en la Legislatura porteña tomó dos iniciativas particularmente agresivas contra la legislación que protege el patrimonio edificado de Buenos Aires y frena las demoliciones. Débil y contradictoria como es, esta legislación ya está afectando la plena libertad con que se demolía en la ciudad. Este viernes, los diputados oficialistas que revistan en la Comisión de Planeamiento legislativa montaron una suerte de comedia de errores para evitar que se renueve la ley 3056. Lo hicieron hasta trampeando en los horarios para evitar que la oposición estuviera siquiera presente en la reunión de comisión.

La ley que irrita al macrismo nació hace cuatro años como una salida de compromiso a la naciente crisis por el patrimonio edificado porteño. Recién asumido, el macrismo se encontró en diciembre de 2007 con una movilización cada vez más evidente sobre el tema. La solución, propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena, fue crear un régimen especial, por un año y en una zona parcial de la ciudad, que obligaba a un trámite especial a la hora de demoler cualquier cosa anterior a 1941.
Al año siguiente hubo que renovar la ley, que fue extendida a toda la Ciudad, acto que se repitió sin sobresaltos cada año. Hasta comenzó a considerarse tradicional que la renovación de la ley, cada año con un número diferente, quedara siempre para la maratónica sesión final del período ordinario. En lo que va del mes, Página/12 había recibido varias seguridades de que el trámite nuevamente sería rutinario.
Resulta difícil exagerar la importancia de la ley 3056, que funciona en definitiva como el único freno posible a la destrucción “por ventanilla” del patrimonio porteño. Bajo su amparo, todo pedido de demolición de edificios construidos hasta 1940 inclusive tiene que ser girado al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, una entidad que –como indica su nombre– tenía ante la plácida tarea de asesorar el ministro de Planificación Urbana en esos temas. Pero el Consejo recibió el poder de vetar las demoliciones, caso en el que el expediente debe ir a la Legislatura para que se vote su catalogación o se lo descarte y pueda ser demolido.
El Consejo nunca se destacó por su rigor, sigue funcionando dentro de un ministerio porteño muy afín a la industria de la construcción y está lleno de funcionarios que obedecen al macrismo. Pero su mera existencia frenó la demolición de cientos de edificios y creó dudas donde antes se sabía que cualquier pieza del patrimonio porteño podía ser destruida sin más. Si la ley no se renueva, el Consejo pierde sus poderes y la situación revierte a 2007, cuando se demolía libremente.
Para que los diputados traten con su voto un proyecto de ley, éste tiene que pasar por un trámite previo. En este caso, debe ser tratado en dos comisiones, la de Planeamiento y la de Cultura. Este viernes tocaba a Planeamiento verlo en su temario del día, y ahí comenzaron las cosas raras. La primera fue un cambio de horario que hizo que la reunión coincidiera con otras ya programadas. Los miembros de la oposición avisaron que llegarían tarde porque los esperaban en la reunión de Presupuesto. Puntualmente, llegaron los miembros por el PRO, con Christian Ritondo a la cabeza y, por fuerza de número, con quórum propio. En la reunión había representantes de Basta de Demoler, Proteger Barracas, Protocomuna Caballito y otros grupos barriales y hasta estaba Anchorena. Los macristas firmaron varios proyectos a tratar, incluyendo el que crea una zona de amortiguación en San Telmo para que no tengan que coexistir torres y casas coloniales. Y súbitamente, en un movimiento coordinado, se levantaron y se fueron, dejando sin firmar el crucial proyecto de renovación de la ley. Sólo el saliente Patricio Di Stefano, que preside la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, se animó a firmarla.
Los vecinos no salían de su asombro y los diputados opositores, cuando llegaron finalmente, no podían contener su furia. Sergio Abrevaya, Eduardo Epzsteyn y Juan Cabandié reclamaron a la presidenta de la comisión, Silvina Pedreira, por la evidente trampa. Pedreira se negó a reabrir el debate, mientras la directora de la comisión, Bárbara Rossen, comentaba abiertamente su acuerdo con “tumbar” una ley “que no me gusta”.
La salida de Ritondo y los suyos no fue discreta, por los vecinos que lo rodeaban. Uno de ellos, con cierta relación con uno de los macristas, le preguntó por qué hacían algo así en lugar de debatir y buscar los votos. “Porque lo ordena Macri –fue la dura respuesta–, se quiere sacar el tema de encima.”
Quienes presenciaron la chicana macrista no pudieron evitar relacionarla con la presentación, el jueves 17, de un proyecto de ley que descabeza de hecho otra comisión dedicada al patrimonio. En este caso fue el turno de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, un ente mixto del Ejecutivo y el Legislativo que tiene asiento en el CAAP y que en los dos últimos años se transformó en una molestia por sus reclamos ante las irregularidades con que se permiten demoliciones. Una tradición es que, ya que el Ejecutivo nombra a miembros obviamente oficialistas para esta comisión, su secretaría general queda para la oposición, ejercida hasta fin de año por la kirchnerista Mónica Capano.
Hace diez días, el macrista Di Stefano presentó un proyecto para nombrar a su propio jefe de asesores como nuevo secretario general y a otros tres macristas como vocales y suplentes. El proyecto iba a ser votado este jueves, pero tuvo que ser pospuesto por la oposición de las asociaciones patrimonialistas y la mala recepción que tuvo la idea hasta en el mismo PRO.

Fuente: Pagina/12, Domingo 27 de noviembre de 2011

Son 102 los parques y plazas donde quieren instalar bares

El PRO reflotó con cambios una iniciativa rechazada en 2008. Permitirían dos locales de hasta 20 m2 en cada espacio verde, con mesas y sillas. Los concesionarios podrían pagar con obras y servicios. Sería a cambio de un canon y mantenimiento

El Gobierno de Mauricio Macri presentó el proyecto en la Legislatura en 2008, a poco de asumir, pero debió retroceder rápidamente, ya que no solamente hubo rechazo de la oposición sino que también se plantearon dudas en el propio bloque del PRO. Ahora, tras el fuerte apoyo que recibió en las elecciones de julio, el macrismo retoma la idea: quiere otorgar concesiones en parques y plazas de la Ciudad para que se instalen bares y confiterías , operados por empresas privadas.
El nuevo proyecto lleva la firma del jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y es presentado como “un mecanismo de colaboración conjunta entre el Estado y los particulares”, con el objetivo de “incrementar los servicios que se ofrecen en las plazas, para que el vecino pueda disfrutarlas con mayor comodidad”. Entre los puntos más destacados figura que los bares y confiterías deberán contar con baños “de acceso público y gratuito”, mantenidos por los concesionarios.
El canon a pagar por los adjudicatarios debería ser fijado por el Gobierno porteño, pero en el artículo 3 del proyecto se contempla la posibilidad de que no sea en dinero, sino en obras y servicios para el espacio verde.
En 2008, diputados de la oposición cuestionaron lo que calificaron como un intento de privatizar el espacio público , costo político que tampoco querían pagar varios legisladores del PRO.
Entonces, muchos criticaron que el proyecto de ley no ponía límites prácticamente de ningún tipo: ni en cuanto a los parques y plazas que se podían concesionar, ni en cuanto al espacio que podían ocupar los bares y tampoco con respecto a las características edilicias.
Por ese motivo, el proyecto que acaba de presentar Ritondo reglamenta todos los detalles, hasta el extremo de establecer que la mostaza y el ketchup no podrán ofrecerse en pomos sino en sachets individuales.
Pero tal vez lo más importante es que el anexo del proyecto fija cuáles son las plazas en las que se podrán poner bares o confiterías. La lista es de 102 nombres . Incluye al Jardín Botánico y a los parques más grandes y más tradicionales de la Ciudad, como el Tres de Febrero, Chacabuco, Centenario, Lezama, Patricios, Rivadavia, Avellaneda y Los Andes. También a algunas de las plazas que más gente atraen los fines de semana, como la de Barrancas de Belgrano e Irlanda, en Gaona y Donato Alvarez, y hasta la Plaza Lavalle, frente a Tribunales. También se incluyen espacios verdes más chicos, como a la plaza Tupac Amaru (hasta el mes pasado, de los Virreyes) donde está la terminal del subte E, y la plaza del Angel Gris, que homenajea a Alejandro Dolina, en Avellaneda y Donato Alvarez.
En el texto también está específicamente determinado el tamaño de las edificaciones: podrá haber hasta dos locales en cada plaza o parque, con una superficie máxima de 20 metros cuadrados cada uno. Ese metraje no incluye la superficie en la que se podrán colocar mesas al aire libre.
Por lo demás, se reglamentan detalles que tienen que ver, por ejemplo, con la iluminación de los locales: “se hará por luz solar, siempre que sea posible; cuando se necesite emplear luz artificial, ésta deberá ser lo más semejante a la natural”.
“Los parques y las plazas son el espacio público por excelencia para el encuentro. Y se trata de que cada vez ofrezcan más servicios para que la gente las pueda disfrutar”, dijo Ritondo.
El proyecto recién se está comenzando a discutir formalmente en la comisión de Protección y Uso del Espacio Público, en la que no están representados todos los bloques de la oposición. De todas maneras, ya se expresaron rechazos ( ver Críticas...) : Rafael Gentili (Proyecto Sur) hizo una advertencia con la cual, en voz baja, acuerdan algunos macristas: “la Constitución porteña le adjudica la competencia sobre los espacios verdes a las Comunas, por lo que éstas van a tener que intervenir”.

Fuente: Clarin, jueves 10 de noviembre de 2011