Denuncian pésimas condiciones en parador de la Ciudad

Desde hace dos años, la Asesoría Tutelar N° 1 viene observando y cuestionando la situación del parador Costanera Sur del Gobierno de la Ciudad.
El último informe de la Asesoría sostiene que "es difícil suponer que una familia puede estar mejor al ingresar en el parador Costanera Sur cuando las condiciones son casi las mismas que las de la calle" y derivó en la presentación de una acción de amparo que persigue que se "respete el derecho a la vivienda, a la salud y a la intimidad de las personas mayores de edad que -en virtud de la situación de calle que padecen- debieron alojarse en el único parador para familias que tiene el Gobierno de la Ciudad".

En distintas visitas, personal de la Asesoría Tutelar constató que, a pesar de que se había realizado pequeñas mejoras parciales, el parador sufría serios problemas. Entre ellos, condiciones de limpieza paupérrimas, falta de insumos (toallas, pañales y elementos de primeros auxilios), presencia de plagas, la existencia de un solo baño para mujeres (con apenas dos inodoros utilizables y dos duchas), falta de baños específicos para niñas y niños, ausencia de médico en el horario de 8 a 18 y falta de orientación -por parte de profesionales- para que las familias puedan resolver su problemática.
Frente a esta denuncia, Guadalupe Tagliaferri, directora general de Atención Inmediata del Gobierno de la Ciudad, manifiestó a Diario Z que "cuando asumimos en 2007, ese lugar estaba literalmente abandonado y sólo había 40 camas para hombres solos".
Acerca del estado edilicio, la funcionaria señaló: "Decidimos no hacer solamente una obra de refacción completa del lugar sino que, además, asumimos un compromiso que las gestiones anteriores no habían asumido, que fue destinar ese lugar para el alojamiento inmediato de las familias que se encontraban en situación de calle".
Actualmente el parador fue rebautizado como Centro de Inclusión Social para Familias Costanera. Es un espacio que alberga de manera transitoria a 140 personas diariamente, las 24 horas.
Más allá de que en el parador se brinda alojamiento transitorio y las cuatro comidas diarias, desde la Asesoría Tutelar se reclama solucionar los graves temas pendientes, y más allá de proveer un techo provisorio, que se garantice una vivienda digna y adecuada a las personas que recurren a este centro huyendo de una situación de calle o porque el subsidio habitacional es insuficiente para solucionar estructuralmente su problemática.

Fuente:  Diario Z, jueves 9 de junio de 2011

Memoria Activa condenó la postulación del rabino Bergman

La agrupación de familiares de víctimas del atentado de la AMIA Memoria Activa rechazó la candidatura del rabino Sergio Bergman, que encabeza la lista de legisladores del PRO.
En una Carta Abiera, Memoria activa expresó que "el Rabino Bergman aceptó participar de la misma lista que el Ing. Mauricio Macri, quien defendió y aún defiende al ex Comisario Palacios, que está imputado en la Causa encubrimiento por la Masacre AMIA" y que "aceptó participar de la misma lista que el Ing. Mauricio Macri, quien está imputado por escuchas ilegales a un familiar de las victimas de la Masacre AMIA".
La organización aseguró que "de esta manera confirma su expresa intención de enterrar la causa AMIA como cuando se retiró de Memoria Activa en Marzo de 1996".
Además, agregó que "el Rabino Bergman, a nuestro criterio, ofende las enseñanzas del Rabino Marshall Meyer quien se jugó la vida por defender los derechos humanos, la verdad y la justicia" y finalizó que "hace años no le interesan ni la VERDAD ni la JUSTICIA por los muertos de la AMIA".

Fuente: Diario Z, jueves 9 de junio de 2011

La educación pública con cartel de venta

El jardín funciona en un edificio alquilado, en Recoleta. Los dueños ya lo vendieron y el jardín funcionaría hasta fin de año. Hay dos proyectos para expropiar el lugar. Una escuela de Floresta atraviesa una situación similar.

Más de 150 chicos de entre 3 y 5 años no podrán cursar el año próximo en el jardín de infantes al que asisten, en el barrio de Recoleta, porque el edificio, alquilado por el gobierno porteño, ya fue vendido por sus dueños. El Jardín Nº 4 fue comprado por una empresa de emprendimientos inmobiliarios, al parecer, para construir una torre de departamentos. En busca de una solución, una delegación de padres se reunirá hoy por la mañana con el ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich. El diputado Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) anunció que presentará un proyecto para la expropiación del edificio. La iniciativa se sumará a la que presentó ayer el legislador Enzo Pagani (PRO). No es la primera vez que el gobierno porteño busca comprar este edificio: en 2005 se sancionó una ley de expropiación, pero la operación nunca se concretó.

“El predio está vendido.” Con esas palabras, la comunidad educativa se enteró de que el jardín, ubicado en Cabrera 3430, dejará de funcionar, ya que los nuevos dueños prevén hacer allí un emprendimiento inmobiliario. Los chicos, la mayoría de Almagro y Palermo, tendrían garantizadas las clases –jornada completa con comedor– hasta fin de año, pero sus padres no saben qué sucederá con el próximo ciclo lectivo. “El jardín corre peligro de cierre. Tenemos miedo de que no se encuentre una solución adecuada y que no se cumplan las promesas del gobierno”, contó Raúl Martínez, integrante de la cooperadora del jardín. Una de las principales preocupaciones es la ocupación de las vacantes para el próximo año: “Hay emergencia educativa en el nivel inicial. Estos chicos no tienen lugar en los jardines de la zona, porque hay otros en lista espera”, contó Verónica Pisetta, delegada de UTE.
Ante la compra del edificio donde funciona el jardín, los padres enviaron una nota, la Nº 8259971/2011, con fecha del pasado 27 de mayo, al Ministerio de Educación, con el propósito de explicar la problemática y transmitirle la “preocupación” por el futuro de sus hijos. El reclamo también llegó hasta al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, según contaron los padres. A pesar de estos reclamos, funcionarios de la cartera educativa recién se acercaron ayer a conversar con los padres.
Maximiliano Gulmanelli, titular de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, y el diputado Pagani visitaron la escuela. “Vamos a garantizar la continuidad de la matrícula del lugar. Está la decisión política de llevar adelante un proyecto de expropiación”, afirmó Pagani a Página/12. El legislador explicó que están “garantizadas” las clases este año, pero previniendo lo que pueda suceder en el próximo, presentaron el proyecto. “La escuela nunca fue propiedad del Gobierno de la Ciudad, perteneció a un particular que se la vendió a otro. Ahora está el compromiso de que, con la ley votada, pase al dominio del Estado”, dijo.
Los padres sospechan que el gobierno porteño mantenía una deuda por el pago de alquiler con los propietarios. Para reclamar una solución, pidieron una reunión con el ministro de Educación, Esteban Bullrich. El encuentro será hoy a la mañana, a partir de las 11.30. Antes de la reunión, habrá una conferencia de prensa convocada por Nenna para presentar un proyecto de expropiación del establecimiento. “Macri entrega en bandeja la educación pública a empresarios con voracidad por negocios inmobiliarios”, denunció el legislador. Advirtió que se quedarían “sin institución educativa 155 chicos, en una zona donde faltan vacantes. Esto viene a profundizar esa problemática”.
Los padres tienen sus dudas respecto de la solución que puedan brindar los proyectos de expropiación. En 2005, la Legislatura porteña sancionó la ley 1804, en la que se declaraba de “utilidad pública y sujeto a expropiación” el mismo inmueble. Además, establecía que debía ser asignado a la Secretaría de Educación porteña para ser destinado al jardín de infantes integral, ubicado en Cabrera 3430. Pero lo dispuesto no se llevó a cabo y prescribió. Similar es la situación de la primaria Nº 21, del barrio de Floresta. Parte del edificio de la escuela está a la venta. Si bien hay un proyecto de expropiación, con dictamen favorable, en la Legislatura porteña, aún resta que los diputados lo traten en el recinto.

Pagina/12, jueves 9 de junio de 2011

Macri busca correrse al centro para evitar la segunda vuelta

Por consejo de sus asesores, no hablará de seguridad y se concentrará en “temas sociales”.

Cuando Mauricio Macri tiene encuestas propias que lo benefician hace al revés que el resto de los candidatos porteños: no las difunde . Lo hizo en 2007 y mal no le fue. Lo hace también ahora. Es una estrategia que tiende a no levantar demasiado la atención , mucho menos en momentos en los que quienes marchan segundo y tercero se sacan chispas por ver quién llega al balotaje . Esas encuestas que en el macrismo mantienen en reserva le están dando al jefe de Gobierno una intención de voto del cuarenta por ciento.
Macri ya piensa en el diez por ciento que le falta para permanecer otros cuatro años en el poder. ¿Cómo lograrlo? Hoy el plan contempla una sorpresa propia de campaña: la intención es pegar una pirueta ideológica. Sus asesores le pidieron que se corra del centroderecha y que se exhiba como un postulante de centro . La movida fue diseñada para salir a la caza de algún voto progresista y para capturar el descontento de quienes nunca simpatizaron con el PRO pero sienten aún más aversión por cualquier lista que huela a kirchnerismo.
Hay algunas muestras claras que desnudan la iniciativa.
La primera acción fue que Macri dejara de hablar de Seguridad y de mano dura , el tema que, según los propios conductores de PRO, catapultó a su jefe al sillón de Bolívar 1 en las elecciones pasadas. La segunda será focalizar el discurso en cuestiones sociales . Y la tercera la pueden ver los habitantes que caminan la Ciudad: Macri posa en los afiches con trabajadores y “gente común”, como la llaman algunos macristas en privado.
No es casual que, después de un período de dudas, Macri haya elegido a su ministra de Desarrollo Social, Maria Eugenia Vidal, como compañera de fórmula. Fue una decisión que consultó con Jaime Durán Barba y que forma parte de la estrategia electoral. En una reunión de la mesa chica de noviembre pasado el asesor ecuatoriano había dicho que si su cliente no apostaba fuerte por “lo social” podía perder la elección.
“El voto de la derecha ya lo acaparamos todo y nos es fiel. Ahora vamos por el resto”, dicen cerca del jefe de Gobierno. “Aunque parezca increíble, en el sur de la Capital las encuestas nos dan mejor que en el norte ”, se dijo hace unos días en el despacho del mismo Macri. Sus asesores creen que los vecinos que disponen de menores ingresos valoran las mejoras en los lugares públicos, como escuelas y plazas. En cambio, quienes viven en el norte exigen que les resuelvan cuestiones más complejas, como la inseguridad y el tránsito .
“Mal que les pese a los candidatos que se presentan como progresistas, nosotros los podemos correr por izquierda porque hemos hecho más que los gobiernos anteriores , sobre todo más que a gestión Ibarra-Filmus”, sostiene Marcos Peña, el secretario general del Gobierno porteño.
Asociado desde siempre con ideas de derecha, Macri ha intentado escaparle al debate ideológico desde que desembarcó en la arena política. Durante esta campaña aquella actitud podría modificarse. Al menos, estudia hacerlo cuando debata por televisión con sus contrincantes, un debate previsto para el miércoles 29 en el canal TN, como adelantó ayer Clarín .
En los despachos abocados al debate preparan un borrador con consignas sociales que van desde la línea de créditos sociales que sacó el Banco Ciudad hasta la urbanización de villas y mejoras en la infraestructuras de las escuelas. Formarán parte de los spots televisivos y radiales del último tramo de la campaña.

Indagatoria a Palacios por las escuchas

El ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios fue citado a declaración indagatoria, acusado de haber realizado espionaje a diputados y dirigentes gremiales opositores a Mauricio Macri a través de una consultora de seguridad, en el marco de la causa por las escuchas telefónicas en la que está procesado.

Palacios fue convocado por el juez federal Norberto Oyarbide para el próximo 30 de este mes, y por los mismos hechos además fue citado el también ex jefe de la Metropolitana Osvaldo Chamorro para el 1 de julio. Ambos eran los dueños de la consultora Security Strategic Consultancy SRL, en cuyas computadoras se hallaron informes con datos patrimoniales y financieros de los legisladores Gonzalo Ruanova, Silvia La Ruffa y Diana Maffía, el dirigente del gremio de los empleados municipales Patricio Datarmini y el propio jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Clarin, jueves 9 de junio de 2011

El PRO busca quitar poder a las comunas

La iniciativa propone eliminar el sueldo de los miembros de la junta comunal, recorta la capacidad de establecer metas presupuestarias a escala barrial, y limita la planificación de obras públicas. La oposición la criticó con dureza.

A un mes de las elecciones convocadas para elegir a los representantes de las comunas, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, envió a la Legislatura una reforma a la Ley de Comunas que elimina el sueldo de los miembros de la Junta Comunal. Deja sólo la asignación para el presidente, a la vez que recorta las funciones de estas unidades en lo vinculado al uso del presupuesto y la planificación de obras en los barrios.
El proyecto, que será analizado por las comisiones de Descentralización y Asuntos Constitucionales, plantea la derogación de cinco artículos y la reforma de otros 13 de los 58 con que cuenta la ley orgánica de Comunas 1777, sancionada y promulgada en 2005, pero cuyas autoridades se votarán por primera vez en julio.
Macri intenta reformar, sobre todo, los aspectos que integran los capítulos que reglamentan las competencias y el presupuesto de las unidades de gestión.
Entre los argumentos de su iniciativa, sostiene que busca que las funciones que prevé conceder con su proyecto a las comunas estén en “un armónico equilibrio con las potestades del gobierno de la Ciudad”.
Para ello, impulsó la reforma que incluye, entre otros puntos, que el presidente de la Junta Comunal sea el único que perciba una remuneración (equivalente al 60% del ingreso de los diputados porteños).
En tanto, promueve que los restantes seis miembros realicen su trabajo “en forma honoraria” dado que “en principio carecen de una función específica más que expedirse con su voto en las decisiones de la Junta”.
De esta manera, contrapone la ley original que establece en su artículo 25 que todos los integrantes de cada una de las 15 Juntas Comunales reciban remuneración.
En otro tramo de su propuesta, el jefe de gobierno reforma el criterio de competencia patrimonial propia de cada Comuna, al exigirle a cada una de las unidades que “antes de cada 31 de agosto” eleve su presupuesto anual al Poder central para “su consideración y análisis”, así como indica que será el Ejecutivo el que fije “el tope de gastos”.
En su redacción original, el artículo 15 establece que “la aprobación del anteproyecto de presupuesto de cada comuna está a cargo de la Junta Comunal y se elabora a través de mecanismos que, a escala barrial, garantizan la participación de los vecinos en la fijación de metas, formulación y control presupuestario”.
El proyecto del macrismo dispone también cambios en las competencias concurrentes de las Comunas, estipuladas en la norma de 2005. Se le agrega la leyenda “que por ley se determine” a varios artículos que fijaban funciones relacionadas con la fiscalización, el control y ejecución de obras públicas en cada uno de los barrios. Además deroga el artículo 9, que impide al Ejecutivo “ejercer las funciones derivadas de las competencias exclusivas de las Comunas”, el 13, que permite la intervención en la elaboración y planificación de políticas en las áreas sociales, como salud, educación y ambiente; y el 28, 29 y 32, que fijan las atribuciones de los siete miembros de la Junta.

Tiempo Argentino, miercoles 7 de junio de 2011

La infancia es prioridad, pero no tanto

Macri inauguró veinte Centros de Primera Infancia que ya existían, fueron remodelados por el Estado y serán gestionados por ONG. Diecisiete son ilegales, porque las ONG no están registradas. Una de ellas pertenece al rabino Bergman.

Los veinte Centros de Primera Infancia (CPI), cuya “inauguración” viene siendo promocionada desde el año pasado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “no son ninguna novedad, porque se trata en realidad de lugares preexistentes que estaban y están a cargo de organizaciones no gubernamentales a las que ahora el Estado les paga”, aseguró la legisladora porteña Gabriela Cerruti, en diálogo con Página/12. Al mismo tiempo, la diputada de Nuevo Encuentro denunció que “en 17 de esos 20” CPI –donde se brinda asistencia a 1842 niños y niñas de 45 días a cuatro años de edad– se realizaron obras de infraestructura en forma ilegal, dado que las organizaciones que los gestionan “no cumplen con los requisitos necesarios de inscripción” en el Registro de Organismos No Gubernamentales del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, tal como lo establece la Ley 114, de Protección Integral de la niñez. Los CPI del gobierno macrista también fueron cuestionados por Laura Musa, titular de la Asesoría General Tutelar (AGT) del Ministerio Público de la Ciudad (ver aparte), porque “sólo cumplen un rol asistencial y no educativo, como corresponde”.

El año pasado, durante una visita al CPI Pamperito, en la villa 1.11.14, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, anunció que antes de que finalice su actual gestión se iban a “inaugurar 30 centros, para garantizar el cuidado integral de la niñez y asegurar que todos nuestros chicos puedan crecer y desarrollarse con igualdad de oportunidades”. Los CPI son uno de los principales caballitos de batalla de la ministra de Desarrollo Social porteña y candidata a vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, con vistas a las elecciones del 10 de julio.
Cerruti, que tuvo una fuerte polémica, en Twitter, con la diputada del PRO Carolina Stanley, aseguró que el gobierno porteño “dice ‘abrimos’ e ‘inauguramos’, pero no hicieron nada de eso, sólo firmaron convenios con ONG y, lo que es más grave todavía, hicieron obras en lugares que no son del Estado y eso es totalmente ilegal”. El mes pasado, la diputada presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes al Poder Ejecutivo, pero la iniciativa, hasta ahora, no ha prosperado.
Entre otras cosas, se pedía información acerca de la modalidad del convenio suscripto con las ONG y sobre la forma de pagos, montos, frecuencia, modalidad e importes abonados por cada niño/niña asistido en esos lugares. Para fundamentar que se trataba de “establecimientos preexistentes” y no CPI nuevos, se citó el caso del Jardín de Infantes Brotecitos, del sector privado de enseñanza, en Victorino de la Plaza 1060, del barrio de Núñez, mencionado en un pedido de informes anterior impulsado por la legisladora María Elena Naddeo.
Los CPI macristas que son cuestionados surgieron como respuesta a un planteo que involucró, en su momento, al ex ministro de Educación Mariano Narodowski y a la actual ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, quienes fueron condenados a pagar 50 pesos por día de multa hasta que presentaran un plan para superar la falta de vacantes para ocho mil niños porteños en el nivel inicial de la educación en el sector estatal. La medida fue dispuesta por el juez Guillermo Reacy, a partir de una demanda iniciada en diciembre de 2006, involucrando también a gobiernos anteriores, por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Los 20 CPI de Macri, además de apuntar sólo a dar una respuesta asistencial y no educativa, como correspondería, “no están debidamente inscriptos como lo manda la Ley 114, lo que significa que no se encuadran en la Ley 2881 de habilitaciones”, explicó Cerruti. El artículo 75 de la Ley 114 dice que la inscripción en el Registro de ONG constituye una “condición insoslayable para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con instituciones oficiales”.
Por esas razones, el único control que tienen es desde el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de su régimen de ONG, que autorizan inspecciones técnicas y administrativas para luego elevar informes a la titular del Consejo, Beatriz Orlowski de Amadeo. El 30 de mayo, la diputada Cerruti pidió informes al Consejo, acerca de si las ONG están debidamente inscriptas, en particular el centro Leandro N. Alem, en Carlos Calvo 1218, en el barrio de Constitución, que pertenece a la Fundación del rabino Sergio Bergman.
De la consulta realizada, surgió que sólo tres de los CPI están debidamente habilitados. Son ellos El Alfarero, en Luna 1955, de la Villa 21-24 de Barracas; La Legión de la Buena Voluntad, de Bogotá 3940, de Floresta, y San Juan Evangelista, dependiente de la Institución Salesiana Don Bosco, de Lamadrid 447, en el barrio de La Boca. Respecto del CPI del rabino Bergman, el Consejo notificó a su directora, Laura Cepeda, sobre lo ilegal de su situación. En el lugar se realizan reuniones del Programa Construcción Ciudadana, a cargo de Bergman.

Pagina /12, martes 7 de junio de 2011

La publicidad engañosa de Macri