La Justicia investiga a la Agencia Gubernamental de Control por
irregularidades en habilitaciones. Mientras, los empresarios
denunciantes y familiares de damnificados reciben amenazas telefónicas.
Juan recibe llamadas
anónimas a su trabajo, en las que una voz repite el nombre de su hija
muerta. AMariana la llaman a su casa para recomendarle que se cuide y
silencie sus denuncias. A Nazarena la amenazan con sacarle la pauta de
su programa de radio. Y a otra persona le dejan una foto del jardín de
sus hijos al lado del canasto de la basura con un encargo: silencio.
Todos cometieron el mismo pecado: denunciar a funcionarios de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC).
No se trata de un organismo cualquiera. La AGC fue creada por el
gobierno PRO con el objetivo de mejorar el sistema de habilitaciones y
control luego de la tragedia ocurrida en Cromañón. Sin embargo, en los
últimos dos años se convirtió en un área sensible e investigada por la
Justicia. El incendio de un geriátrico en Almagro, las denuncias de
extorsión de empresarios de la noche, cinco muertos por los derrumbes de
un gimnasio en Villa Urquiza y el boliche Beara en Palermo y la
presunta estafa con connivencia de empleados del gobierno porteño al
marido de una vedette pusieron en la picota a una agencia sospechada,
que ya tiene varios funcionarios imputados y cinco renuncias.
Pero según las experiencias recogidas por Diario Z, parece además que
denunciar estos ilícitos conlleva un costo adicional: el de los
aprietes y amenazas.
Juan Lizarraga perdió a su hija Ariana, quien murió luego de que el
entrepiso del boliche Beara de Palermo se desplomara sobre ella. A una
semana de la tragedia, comenzó a recibir llamadas anónimas de voces
que nombraban a su hija y cortaban el teléfono.
Nazarena Vélez, en cambio, denunció públicamente a funcionarios de la
AGC, quienes habrían actuado en connivencia con privados para
habilitar el ex Cine Los Ángeles con documentación robada a su esposo,
el empresario Fabián Rodríguez. Unos días después de la denuncia,
Rodríguez recibió llamadas "intimidatorias". Esta vez, según asegura, no
fueron anónimas, sino del diputado del PRO Avelino Tamargo.
"En un tono amistoso y jodón me decía que no hinchemos con la
denuncia porque Nazarena podía perder la pauta en su programa de FM La
Isla y que además yo iba a tener problemas con mi negocio particular",
señaló Rodríguez a Diario Z.
A estas intimidaciones se suma la sufrida por Mariana Bustos, que
luego de denunciar que su hogar está en peligro de derrumbe debido a
una construcción aledaña recibió numerosas llamadas durante la
madrugada que le valieron una protección policial. Del otro lado del
teléfono escuchaba: "Quedate tranquila, no te metas más, no sigas
denunciando".
Ante esta situación, los distintos denunciantes y damnificados
comenzaron a comunicarse entre ellos, compartir sus historias y
preocupaciones, hasta que el viernes 23 confluyeron en un café de
Palermo, junto a legisladores de distintas fuerzas, el defensor del
Pueblo adjunto, Gerardo Gómez Coronado, y el presidente de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel.
Todos coincidieron en que los casos denunciados forman parte de la
"negligencia y omisión del Gobierno de la Ciudad" en el área de
habilitaciones y control.
Pero los asistentes a la reunión no son los únicos que denuncian
irregularidades en el área. La diputada de SI en Nuevo Encuentro y
presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Delia Bisutti,
remarcó que tras la presentación en la Legislatura del titular de la
AGC, Javier Ibáñez, que se desligó de las denuncias de corrupción,
comenzaron a llegar otros testimonios que están siendo recolectados
para sumarlos a la causa, como el de dos dueños de un centro cultural
ubicado en Belgrano que sufrieron una excesiva demora de los trámites
de habilitación y que recibieron la visita de gestores que se "vendían
como poseedores de vínculos adentro de la AGCpara acelerar los
trámites", relataron a este diario.
El grupo de vecinos también fue recibido por el senador de Proyecto
Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik, quien se mostró preocupado por
lo que consideró como una situación "delicada y preocupante". "La idea
es plantear la problemática que sufrimos muchos vecinos de la Ciudad y
además estamos reclamando que se unifiquen las causas porque los
funcionarios implicados son los mismos", aseguró Bustos.
Consultado por Diario Z, un vocero de la AGC, aclaró que Ibáñez ya
dio sus explicaciones en el parlamento porteño y dijo que todo se
resolverá en la Justicia. Además resaltó que hubo cambios en el área,
para tratar de mejorar la gestión.
COMO CROMAGNON
"Nosotros creemos que esto va a terminar siendo una megacausa de
asociación ilícita seguida de muerte porque, sin duda, la finalidad de
toda esa red de corrupción es hacer dinero: las consecuencias están a
la vista", remarcó Lizarraga. "La AGC cayó en la misma lógica que antes
de Cromañón. Más allá de la corrupción, los controles no funcionan",
advirtió el legislador de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya.
La intención de los vecinos tuvo su correlato en la Justicia. El juez
Juan Ramos Padilla -quien venía investigando a la AGC por diversas
causas- pidió a través de un oficio, el expediente del caso Beara. Se
trata de la tragedia que se produjo hace un año, cuando el entrepiso del
local bailable cedió, provocando la muerte de Leticia Provedo y de
Ariana Lizarraga, la hija de Juan.
Desde entonces, la causa judicial tramita con pocos avances, en el
juzgado a cargo de Alicia Iermini, quien tiene un pedido de juicio
político por mal desempeño en la causa del asesinato de Walter
Bulacio.
El pedido de Ramos Padilla, busca unificar todas las causas, en la
idea de que existe una red de tráfico de influencias que cobra coimas a
boliches nocturnos, comerciantes y constructores para agilizar
habilitaciones, para advertir sobre posibles inspecciones y evitar o
levantar clausuras.
El juez no sólo investiga a los cinco funcionarios macristas que
renunciaron o fueron echados en el último año, envueltos en escándalos y
tragedias, sino que también tiene a la actual AGC en la mira. Una
serie de escuchas telefónicas que se encuentran en plena desgrabación
aportarían datos sobre la continuidad de prácticas non santas en el
sistema de control porteño.
Un dato no menor es que en el último allanamiento realizado a la AGC a
fines de agosto, además de los legajos de ex funcionarios, Padilla
ordenó secuestrar los del titular de la AGC Javier Ibáñez y del
director de Habilitaciones Especiales Pablo Seikuscas.
A esto se suma el procesamiento de la ex directora de Fiscalización
y Control, Vanesa Bercowski, que surgió de escuchas telefónicas en
poder del juez. En ellas, según trascendió, se habría detectado un
"sistema de avisos" al cual los dueños de los boliches estarían
"suscriptos" para evitar inspecciones.
Por las causas en las que entiende Ramos Padilla hay también tres
gestores privados imputados que habrían actuado como intermediarios
para lograr habilitaciones de locales bailables.
Los ángeles de Nazarena
El impacto mediático de las declaraciones de Nazarena Vélez tuvo su
correlato en la actuación de la Justicia. El marido de Vélez, Fabián
Rodríguez, empresario y confeso "ex macrista" fue víctima, según la
fiscal Graciela Gils Carbó, de una maniobra que involucró a
funcionarios de la AGC, quienes facilitaron que dos empresarios se
apropien del emprendimiento de cine y teatro Los Ángeles, del cual
Rodríguez era uno de sus titulares. La fiscal determinó que se había
fraguado una cesión de habilitación mediante firmas falsas. "Pidieron
la transferencia de la habilitación, que fue otorgada por Martín
Farrell, Pablo Seiskuscas y Martín Córdoba, sin atenerse a la
normativa específicamente dispuesta para ese trámite", explicó la
fiscal en su escrito. Ramos Padilla hizo lugar al pedido de indagatoria
de los tres funcionarios, aunque aún no ha fijado las fechas.
Según explicó el empresario Rodríguez a Diario Z, en 2008 adquirió
junto a su socio Rodrigo García el local del ex cine Los Ángeles,
ubicado en la avenida Corrientes al 1700, para habilitarlo como un
complejo teatral. Tiempo después, se asoció a otros dos empresarios,
Diego Noguera y Aldo Funes.
Entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, mientras estaba en Villa
Carlos Paz produciendo espectáculos de su esposa, según afirma
Rodríguez, sus socios transfirieron la habilitación a nombre de ellos,
pero de manera fraudulenta. Cuando regresó a Buenos Aires, no lo
dejaron ingresar en el teatro.La situación fue denunciada por Vélez en
el programa de Susana Giménez y el escándalo explotó. Según Rodríguez,
Tamargo lo "apretó". Meses antes había sido el propio Tamargo, quien
había presentado a Rodríguez y Farrell para "ayudarlo" en el trámite de
la habilitación.
Ya sin el complejo de cines, presuntamente estafado por sus ex
socios, en sede judicial, el empresario aceptó que el juez Ramos
Padilla interviniera sus teléfonos y los de Nazarena. Los resultados de
las escuchas resultaron interesantes para el juez y para la fiscal
Carbó: en un encuentro casual que se produjo en una heladería de la
Avenida del Libertador entre Nazarena y Samantha Farjat, la ex
mediática le comentó a la modelo que su novio, Leandro Camani, estaba
pasando por la misma situación que Rodríguez. Por eso se pusieron en
contacto. "Camani llamó y dijo que él no denunciaba nada en la Justicia
porque `la mueve' adentro de la AGC", cuenta Rodríguez.
El novio de Farjat se jactó de ser amigo y compinche del director de
Habilitaciones y Permisos, Manuel Sandberg Haedo, íntimo amigo de
Farrell.
Pero el tráfico de influencias Leandro Camani sería aún más
importante. Rodríguez detalló que en una de las llamadas "aconsejó
discontinuar con la causa porque él podía solucionarla". "Camani dijo
que él había conseguido el permiso para el funcionamiento de Beara".
El trámite, de hecho, estuvo a cargo de Pantarotto, abogado del
boliche. La habilitación de Beara está cuestionada porque fue otorgada
pese a recomendaciones en contrario. Las escuchas indicarían que,
además, hubo dinero de por medio.
Para los denunciantes, la irrupción del "caso Nazarena" representó
la posibilidad de hacer visible su reclamo. "Esperamos que la Justicia
avance y unifique las causas en el juzgado de Ramos Padilla, que ha
hecho un trabajo interesante porque no se limitó a investigar cada caso
en particular, sino que trata de desentrañar lo que está detrás de la
actuación gubernamental", se esperanzó el abogado de Mariana Bustos y
querellante en la causa del derrumbe de Villa Urquiza, Walter Mercury.
La causa que involucra a la AGCse remonta al 17 de noviembre de
2009, cuando dos ancianos comieron por última vez en la clínica de
rehabilitación de Santa María de los Buenos Ayres. Luego murieron
mientras otros 16 intentaban recuperarse de la intoxicación. Los
alimentos estaban podridos.
El caso llegó a manos del juez Padilla, quien desplazó a las
autoridades porteñas como auxiliares de la investigación luego de ver
cómo un camión de basura de la Ciudad retiraba objetos que podían ser
elementos probatorios. Sucedía justo cuando él inspeccionaba el lugar y
encontraba -entre otras bondades- medicamentos vencidos, deficiencias
en el suministro de agua y heladeras sin funcionar. Ninguna de estas
anomalías había sido detectada por las dos inspecciones previas que
había realizado en ese año la Agencia.
Tal vez eso fue lo que motivó a Ramos Padilla, a disponer que la
División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal allanara las
oficinas de Habilitaciones y del Ministerio de Salud porteños. Ése fue
el origen de la causa cuya instrucción aún continúa, alimentada
cotidianamente por derrumbes evitables, y denuncias de pedidos de
coimas e irregularidades varias a la hora de habilitar e inspeccionar.
Fuente: Diario Z, jueves 29 de septiembre de 2011
DZ/km
