El pozo ciego de Mauricio

Miradas al sur, domingo 22 de agosto de 2010

Nuevos datos demuestran que tras la extraña muerte de un buzo en el entubamiento del Arroyo Maldonado, el Gobierno porteño no acató una orden de Prefectura para frenar las obras y ocultó el hecho.

El Gobierno de la Ciudad y la empresa italiana Ghella, constructora de los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado, no acataron una orden de Prefectura para detener las obras tras la confusa muerte del buzo Rodrigo Ojeda, ocurrida allí el 8 de abril. El pedido se formuló pocas horas después del fallecimiento, con la intención de preservar el lugar y poder hacer las averiguaciones correspondientes. Así surge del acta labrada por la entidad naval y a la que tuvo acceso Miradas al Sur. El Gobierno porteño y empresa desoyeron la orden, y muchas pruebas quedaron tapadas “con la intención de que el caso no trascienda”, según señaló una fuente de Prefectura que regularmente visita la obra. Y es que la incomodidad que tiene el Ejecutivo de la Ciudad por el caso no es menor, ya que la muerte del trabajador sucedió cuando pesaban sobre la obra dos fallos judiciales, tanto de primera como de segunda instancia, que aún están vigentes y que ordenan la suspensión de las actividades. Las demandas fueron presentadas ante los tribunales por los ex legisladores Milcíades Peña y Facundo Di Filippo junto al actual edil Sergio Abrevaya.
La firma Ghella, a cargo de la obra, está asociada a Iecsa cuyo presidente Ángelo Calcaterrra es primo hermano de Mauricio Macri. Tanto el juez en lo contencioso administrativo federal, Vicente Cataldo, como la Cámara de Apelaciones detectaron que no se hacían –ni se hacen– las inspecciones que la Ley exige, además de que tampoco se cumplían –ni se cumplen– elementales normas de protección laboral para los trabajadores. La publicación del hecho la semana pasada en Miradas al Sur motivó que el legislador de Encuentro Para la Victoria Juan Cabandié presente un pedido de informes ante el Ejecutivo porteño para saber por qué se ocultaron estos hechos. Las denuncias, al igual que en el caso del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, ponen bajo la lupa la falta de inspecciones en diversas obras de la Ciudad.

Se pudo evitar. “El 8 de abril a las 14 horas, Ojeda junto a otros tres buzos de la empresa Almirón SRL descendieron 30 metros bajo tierra para realizar tareas de reparación en la cabeza de la tuneladora”, relató uno de los testigos del hecho a Miradas al Sur. Durante dos horas intentaron abrir la escotilla que comunicaba con el sector donde se encontraba la máquina que debían arreglar, pero no lo lograron. Al desistir de la misión, los buzos fueron a una cámara (que no es la hiperbárica que debería estar allí, según establece la Ley) para compensar sus flujos sanguíneos por la presión que existe a esa profundidad. Al salir del pozo uno de ellos comenzó a sentir fuertes dolores de cadera, en tanto que otros empezaron a padecer mareos, sordera y varias molestias que les duraron hasta el día siguiente, cuando volvieron a la obra y entraron de nuevo a la cámara compensadora. Distinta fue la suerte de Ojeda. Al salir del pozo, se empezó a sentir mal, lo sentaron, se le dieron vuelta los ojos y se desvaneció. A las 17 llegó la ambulancia de la empresa Vittal. Los médicos intentaron reanimarlo pero, en el trayecto al Hospital Fernández, falleció.
La última inspección en la obra hecha por la Dirección General de Protección del Trabajo, a cargo de Enrique Rodríguez, fue en 2008. El titular de ese organismo es contador, a pesar de que por ley debe tener nivel terciario en materia de seguridad e higiene.
“Ojeda ya había alertado sobre la falta de protección laboral que allí existía”, señaló a Miradas al Sur un testigo de la muerte del buzo, quien agregó que “por las características de su labor, no debía trabajar más de seis horas por día”. Sin embargo, Ojeda ingresaba diariamente a la obra a las 7 de la mañana y salía a las 17. “Por su categoría como buzo, no podía estar haciendo tareas de refacción a tanta profundidad sino que éstas debían ser realizadas por personas con mayor experiencia. La empresa era conciente de esta situación pero no le importó”, destacó el testigo. El apuro por terminar la obra era tan grande que el deceso se produjo poco después de las 17, y a las 22 de ese mismo día, ya se habían retomado las tareas.

La punta de la pirámide. Pero los problemas en los túneles aliviadores del Maldonado no sólo ocurren en las profundidades, sino también en las alturas. Uno de sus principales directores es el ingeniero Eduardo Samuel Cohen quien no tiene título habilitante para estar al frente de la construcción de los túneles que buscan terminar con las históricas inundaciones que padece la Ciudad. Cohen –según señala la Ley que reglamentó la obra– debería ser ingeniero civil, pero es ingeniero eléctrico. Además cuenta con el antecedente de ser quien aprobó los planos truchos del boliche El Reventón, el salón bailable que pasó a llamarse República Cromañón cuando lo compró Omar Chabán. “Cohen estaba a cargo de inspeccionar el lugar. La Defensoría del Pueblo se lo exigió varias veces, pero nunca lo hizo. También se le pidió que reclame la instalación de extractores de aire y un sistema de energía de auxilio, pero tampoco lo llevó adelante. Con Aníbal Ibarra, Cohen fue Director General de Instalaciones Eléctricas”, advierte Gustavo Arce, familiar directo de una de víctima del incendio.

Apurados. “No les importa nada, ellos van a toda velocidad y hay muchas cosas que se están haciendo mal. Por ejemplo, para ahorrar costos, Ghella usa la mitad del acero que debería. En vez de utilizar 136 kilogramos de ese metal por metro cúbico de hormigón, se usan 75 kilogramos. En las últimas semanas hubo varias reuniones de trabajo ya que empezaron a aparecer rajaduras y no saben cómo resolverlas. Proponen ponerle una lechada, una masa de agua y cal que se usa en construcciones menores pero que no sirve para obras de semejante envergadura”, describió la fuente de Prefectura.
“La empresa no sólo no cumple con recaudos mínimos de seguridad laboral, sino que ha hecho varios pedidos oficiales al Gobierno porteño para que se le compense monetariamente supuestas demoras en las que habría incurrido el Estado en la aprobación de algunos aspectos técnicos; al decir de la empresa, eso los habría perjudicado”, agregó.
Milcíades Peña calificó como vergonzosa esta actitud. “Además de la negligencia y falta de inspecciones de parte del Estado, Ghella no quiere pagar un seguro de impacto ambiental aduciendo que son costos excesivos. Pero aún peor es la actitud del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que decidió hacerse cargo de este seguro, según se publicó días atrás en el Boletín Oficial. Chaín y Cohen deben renunciar ya mismo por todas las irregularidades cometidas y para evitar nuevas muertes”, reclamó Peña. “Ghella subvaluó el precio de la obra al momento de la licitación y ahora busca recuperar el valor con adicionales injustificados, que el Gobierno porteño concede sin reparo alguno. Además, quien ganó la licitación para realizar el estudio de impacto ambiental fue Geodata, también italiana, y curiosamente, socia de Ghella en varias obras a lo largo del mundo”, remató el ex legislador.