El martes, concluida la feria judicial, el gobierno porteño perseguirá con una demanda contra un grupo de trabajadores del Teatro Colón, un inédito pago en concepto de indemnización por una suma que alcanza los $ 11 millones. Es fruto de un supuesto daño económico sufrido por haber tenido que levantar la temporada 2010 ante los conflictos laborales que se sucedieron luego de la reapertura de la sala principal. A este monto sumaron otros $ 44 millones en concepto “de daños futuros y potenciales”. La causa caratulada “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Benitez Susana Ines y Otros”, estará a cargo del juez Osvaldo Otheguy, del Juzgado porteño en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8.
Lejos de haber solucionado el conflicto en el seno de la que fuera la máxima casa de ópera de Sudamérica, el 17 de enero (tres días antes de la conferencia de prensa que diera el director general, Pedro Pablo García Caffi, para anunciar que había llegado a un acuerdo con Sutecba, uno de los gremios del teatro) el gobierno porteño inició la inusual demanda contra un grupo de trabajadores, entre los que están Maximo Parpagnoli, Susana Benitez, Pastor Mora, Carlos Fernandez, Patricia Perez, entre otros. Varios de ellos son quienes iniciaron juicios contra el Ente Autárquico Teatro Colón por el tema de la afectación del patrimonio cultural y frente al intento del director general de despedir alrededor de 400 empleados del Teatro. Algunos son además delegados de los trabajadores que representan al otro gremio –ATE Capital– mayoritario en la asamblea de trabajadores del Colón.
En esa presentación judicial, el gobierno de Mauricio Macri solicitó además que se disponga “la inhibición general de bienes –embargo– de los trabajadores del máximo coliseo”, a lo que agrega que “se ordene al personal no interferir en el normal funcionamiento del Teatro para la Temporada 2011” que tiene previsto comenzar sus funciones al público el 29 de marzo. Todo ello, según se sostiene, con el fin primordial de evitar el agravamiento del daño por parte del deudor y, a su vez, “custodiar el desarrollo de la temporada artística”.
“La causa del gobierno contra sus propios trabajadores es un acto de gravedad institucional. Dado que aquí el gobierno de Macri ha omitido que el Estado no es una empresa privada, no persigue fines económicos, sino por el contrario un interés superior, que en caso se presenta en garantizar y preservar la actividad cultural. No debe omitirse que las personas demandadas se encontraban ejerciendo un derecho constitucional a huelga, conjuntamente con más de 500 personas en el marco de una asamblea. Me pregunto por qué Macri y García Caffi pretenden provocar un grave daño económico tan solo a un grupo. Creo que persiguen generar el temor sobre la totalidad de los trabajadores, a partir de la destrucción del patrimonio económico de un grupo de familias de trabajadores. ¿A quién se le puede ocurrir que un músico del Teatro Colón pueda afrontar los costos de esta demanda millonaria?”, señaló Sebastián Alanís, uno de los abogados que defienden a los trabajadores. <
No hay comentarios:
Publicar un comentario