Los que tienen coronita

El edificio del ex Padelai es un símbolo de cómo se generan las políticas de exclusión en la Ciudad de Buenos Aires. En 2003 fue escenario de uno de los desalojos más violentos, que con gases y palos corrieron a las familias pobres que allí vivían. En agosto de 2009, la Legislatura dio trámite en tiempo récord -6 días -a la ley que cedió su uso gratuito y por 30 años al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Para poder hacer este regalo, la Ciudad debió pagar primero 12 millones de pesos a una empresa fantasmagórica. Luego, entregó los 5.970 metros cuadrados con una sola condición: que el CCEBA presentara “los plazos para realizar las obras, el proyecto arquitectónico y la línea de la programación cultural”, según establece el artículo 2 de la ley.
Hasta el momento, hasta los propios legisladores porteños desconocen si esa condición se cumplió.

El círculo se cierra entonces de manera paradojal: el mismo edificio que el gobierno porteño vació a los palos de familias pobres es habitado ahora por ocupas VIP a los que nadie pide explicaciones.
La propuesta que selló el destino del Padelai floreció recién en junio de 2008, cuando Mauricio Macri firmó un acuerdo para ceder el edificio al gobierno español. Para concretarlo fue necesario que la Legislatura porteña aprobara dos polémicas leyes:

1. La expropiación: Se concretó el 19 de marzo de 2009. Luego de conocerse el convenio con España, el abogado César Arias -hijo del ex ministro de Justicia de Carlos Menem- presentó una demanda en nombre de la cooperativa San Telmo Ltda, supuesta poseedora del 70% del edificio, de acuerdo a un convenio suscripto con el ex intendente Carlos Grosso. Macri envió entonces un proyecto de ley a la Legislatura para declarar de interés histórico el Padelai y destinar 12 millones de pesos al pago de su expropiación, que depositó en una cuenta del Banco Ciudad a nombre de la cooperativa. En agosto de 2009 la gerencia de Inspección del Inaes informó al gobierno de la Ciudad “el estado de incertidumbre planteado en torno a la situación institucional de la cooperativa”. Se perdieron los libros de actas y no se tiene registro de quiénes son sus socios, entre otras irregularidades. La única constancia que tiene el Inaes sobre esta empresa es que el último domicilio legal declarado es el estudio de abogados Mariño, Coconi y González.

En síntesis:

* El gobierno macrista destinó 12 millones de pesos a pagarle a una empresa que no cumple con los mínimos requisitos legales.
* A la fecha no está claro si se cobró el dinero depositado en el Banco Ciudad a nombre de esa cooperativa fantasmagórica.
* Tampoco si correspondía ese pago.
La expropiación se convirtió en ley en aquella sesión en la que la entonces diputada Patricia Walsh cubrió su banca con una bandera española para expresar lo que calificó un “acto de entrega y colonialismo”.

1. La cesión: Se aprobó en agosto de 2009, cuando la Legislatura dio trámite en tiempo récord a la ley que cedió el uso del Padelai al CCEBA: el ingreso del proyecto, su tratamiento en las respectivas comisiones y su aprobación consumió solo seis días. Las objeciones más importantes tuvieron que ver con los grandes enigmas del proyecto: no fijaba un cronograma de obras ni definía el monto de la inversión. Para enmendar este vacío, los legisladores acordaron agregar un artículo que condiciona la cesión a la presentación de los plazos para realizar las obras, el proyecto arquitectónico y la línea de la programación cultural. Los legisladores consultados por MU, y que en su momento objetaron estos puntos, no supieron informar si se cumplieron tales exigencias. El director de CCEBA Ricardo Ramón, en cambio, aseguró en octubre que “para las navidades, seguro” estarían terminados los pliegos del llamado a concurso para realizar las obras comprometidas. Dijo también: “Se trata de una licitación internacional y las pautas las estamos fijando junto con el Colegio de Arquitectos”. Sin embargo, el jueves 23 de diciembre el Colegio de Arquitectos aseguró a lavaca: “No hay novedades” sobre el concurso. No pueden, tampoco, asegurar que se haya avanzado en torno a las condiciones para realizarlo. Responden: “Acá está todo parado”.

Por lo pronto, el CCEBA se ha limitado a usar las paredes externas del edificio (el interior sigue inhabitable) para decorarlas con gigantografías e intervenciones, que custodia con cámaras de seguridad, a pesar de lo cual algunas fueron blanco de agresiones y amanecieron con tajos.

Expresan, así, las heridas de un barrio que se divide al ritmo de la especulación inmobiliaria, las expulsiones violentas y la ausencia de políticas sociales; la rapidez con que gobierno y legisladores otorgan dinero y espacios públicos para que ocupen unos aquello que niegan a otros; las continuidades y las paradojas, entre otras tantas cosas.
Expresan, también, una cultura: la otra.

Fuente: lavaca.org