Macri hace negocios con la necesidad y el derecho

Si hay algo que ha caracterizado a la gestión Macri en la ciudad de Buenos Aires es que entre la necesidad y el derecho, ve el negocio. La salud es uno de los tantos ámbitos donde el macrismo ha llevado adelante esta máxima, desde los primeros días de su gestión, hasta la fecha. 

Comencemos por recordar que a los veinte días de comenzada su gestión vetó la Ley 2.566 de producción pública de medicamentos (PPM), la cual contemplaba, entre otras cosas la producción de medicamentos “básicos, imprescindibles y huérfanos”, estos últimos son los que los laboratorios no producen. En el decreto 2135/007 alega que esa definición implica un “muy amplio espectro de drogas, lo que exigiría contar con una estructura significativa y con recursos técnicos y humanos capacitados para producir tan vasta gama de productos medicinales”. No es tan amplio el espectro, según la OMS con 100 medicamentos se estaría cubriendo el 80% de las enfermedades, teniendo en cuenta, además, que la ley vetada fue el producto de un acuerdo conseguido luego de muchos años. Ley que tenía partida asignada ya que había pasado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que la fundamentación en la falta de recursos no fue cierta. Y qué mejor ejemplo la reciente sanción de la ley de Producción Pública de Medicamentos por unanimidad en el Congreso de la Nación.

Los medicamentos constituyen una mercancía que impacta directamente sobre la cuestión del derecho a la vida y la salud. Pero como mercancía poseen además una dimensión económica muy importante, al tener la industria farmacológica la posibilidad de agregar valor a nuevos productos a través de la investigación, desarrollo y producción. Esto entraña la contradicción entre el derecho a la vida y la salud de la población, y el derecho de quienes invierten capital en investigación y desarrollo a cobrar su rentabilidad. Queda claro quienes priorizaron el derecho a la salud y quienes el derecho al capital. La Ley  Nacional de PPM podrá garantizar el abastecimiento de una amplia gama de medicamentos para los hospitales públicos, bajando considerablemente el gasto en la compra de los mismos. La falta de medicamentos en los hospitales es hoy un hecho, los hospitales de paro así lo demuestran, como la falta también de otros insumos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de los reclamos recibidos, entre ellos negar Cefalexina a una paciente inmunodeprimida cursando una enfermedad infecciosa (actuación 3505/09), emitió la Resolución 3970/09 donde recomendó a los Directores de Hospitales que garanticen la provisión de medicamentos. Pero la política de Macri se da en otro sentido: los locos, a la calle; total después se puede llamar a la UCEP para que los corra. El intento de Macri de avanzar con el cierre de los hospitales Borda, Moyano y Tobar García,  no tuvo que ver con mejorar las condiciones de vida de las personas que allí se encuentran internadas, ni  guarda relación con el sentido de la ley de Salud Mental (que no plantea el cierre de los manicomios, si no transformarlos en hospitales psiquiátricos de atención ambulatoria). En realidad, la intención era construir un “Parque Cívico”. La producción pública, ni la salud, le interesan a Macri. El negocio está en lo inmobiliario.

Fuente: Revista Hamartia, martes 12 de julio de 2011