domingo, 17 de julio de 2011

Pasaron de 500 a 1200 los pibes internados hogares de la ciudad

Basta con hacer un balance de la gestión de Mauricio Macri en niñez para que cualquiera pueda entender la “fiesta de pequeñas conveniencias” a la que refirió Fito Páez hablando del PRO. No hace falta ser pobre, no poder pagar guardería, jardín de infantes, internación, escuelas primaria o secundaria privados, para entender. Los derechos de los niños porteños están contemplados en la Ley 114 de Ciudad y en la 26.061 de Nación, de Protección Integral.

El desastre de la gestión macrista en niñez es una verdadera obra de ingeniería para desactivar solapadamente esas políticas y, por ejemplo, reconvertir ámbitos estatales en privados. Las políticas de protección para los más pequeños, a grandes rasgos, se divide en dos. Por un lado, está la parte ejecutora de las políticas que deben cumplir con la protección integral de los pibes, que en la Ciudad de Buenos Aires es la Dirección de Niñez, la que junto con la de Adicciones forman parte de la Subsecretaría de Promoción Social dentro del Ministerio que acercó a María Eugenia Vidal al Gobierno.

Por el otro lado, está el organismo de control creado por la Ley 114, que es el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en cuya gestación la legisladora de Diálogo por Buenos Aires, María Elena Naddeo tuvo mucho que ver. “Es el organismo de protección de derechos de la infancia y la adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires y está atravesando una muy fuerte crisis con origen en distintas problemáticas, y una de ellas es la falta de recursos. Para el propio Consejo y para dar respuesta a las familias que recurren a las defensorías y a los distintos servicios del Consejo”, dijo la legisladora a Miradas al Sur. Naddeo recuerda que “hace cinco años que está en vigencia la Ley 26.061, que establece que los organismos administrativos deberán encargarse de atender la problemática de la infancia y de tomar las medidas de protección vinculadas al derecho, a la educación, a la salud y a la vivienda. Pero en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de protección integral no funciona, los propios equipos no tienen los recursos, no hay soluciones para una familia que tiene los derechos vulnerados o para un chico que es víctima de la violencia”. Por eso, la legisladora afirma que se puede hablar de un “vaciamiento” que el macrismo le propinó al Consejo, el que según los trabajadores del organismo también tuvo su pata de asedio laboral.

Con el órgano de control herido, las áreas de Promoción Social se mueven a su gusto. Por eso es que su Programa de Fortalecimiento de Vínculos de los chicos con sus familias está prácticamente desactivado y, en cambio, hay un abuso de la institucionalización de pibes. La internación de los chicos pasó de medio millar, antes de la asunción de Macri, a una cifra que oscila entre los 1.100 y los 1.200 chicos confinados en hogares, según confía la Asesora Tutelar General del Gobierno de la Ciudad, Laura Musa. Un miembro de los diezmados equipos de emergencia confía que “están con una libreta buscando a qué pibe pueden internar”. Como la mayoría, pide quedar en el anonimato.

La internación es la última opción que contempla la Ley recién cuando todas las demás instancias de resocialización y revinculación familiar han sido agotadas. Pero en la gestión de Mauricio Macri, la internación parece ser prioridad y para colmo es promocionada como la presencia del Estado y no como la apropiación de un negocio. Porque la Ciudad no llega a tener ni el 10 por ciento de esos 1.200 chicos internados en predios estatales, sino que desvía el grueso de los fondos –tanto de Niñez como de Adicciones– a entidades privadas. Musa asegura que “el Gobierno de la Ciudad tiene contratados 98 lugares privados que alojan chicos, la mayoría de esos lugares, casi el 50 por ciento, están en la provincia de Buenos Aires porque acá cuesta más caro, lo que afecta aún más la posibilidad de revincular la familia con estos chicos”.

Tiempo argentino, domingo 17 de 2011

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